Tesis y jurisprudencias relevantes
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA. EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE CUATRO MESES PREVISTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, INICIA A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD DEMANDADA, DE LA EJECUTORIA QUE NEGÓ EL AMPARO AL QUEJOSO O CONFIRMÓ EL FALLO RECURRIDO.- |
Del análisis de los artículos 52, párrafo segundo, y 53, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que las autoridades deberán cumplimentar las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en un plazo de cuatro meses contados a partir de que el fallo correspondiente quede firme, así como que las sentencias quedan firmes –entre otros casos– cuando habiéndose interpuesto en su contra un recurso o juicio de que se trate, éste hubiere resultado infundado. Por ende, en aquellos casos en que la sentencia para efectos sea controvertida a través del juicio de amparo directo, o en su caso, el recurso de revisión fiscal, el cómputo del plazo de cuatro meses aludido, inicia a partir de que el Tribunal Colegiado que conoció y resolvió en dicha instancia, notifica la ejecutoria correspondiente a la autoridad demandada en el juicio natural; toda vez que, es precisamente en el momento en que surte efectos esa notificación cuanto lo resuelto por el referido Tribunal Revisor, surte plena eficacia jurídica respecto a la parte que es notificada, pues ahí conoce el sentido en el que fue resuelto dicho medio de defensa; tan es así, que el artículo 29, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que cuando se trate de la resolución definitiva pronunciada por el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en un amparo de su conocimiento, notificará a la autoridad que tenga el carácter de tercero perjudicado, por medio de oficio o por correo certificado con acuse de recibo, y que al oficio por el que se haga la citada notificación se acompañará el testimonio de la resolución de trato, lo que evidencía la trascendencia que la propia Ley de Amparo confiere al conocimiento que las partes deben tener de las ejecutorias dictadas en dicha materia. Esto es, en estos casos, el cómputo de cuatro meses previsto en el artículo 52 de referencia, debe iniciar -precisamente- desde el momento en que la demandada conoció que el juicio de garantías resultó infundado, pues en ese momento la ejecutoria de referencia surte plenos efectos respecto de dicha autoridad, considerándose ahí la firmeza de la sentencia a cumplimentar.