|
|
|
Lesly Mellado May La Jornada de Oriente 30 noviembre 2007 |
|
|
La primera sesión del día estuvo dedicada a la ley de ingresos, que se estima en 49 mil millones de pesos, y que consiguió los votos a favor de los diputados priistas e “independientes” (líderes magisteriales y del Panal), así como de la bancada panista, que sólo manifestó verbalmente su rechazo a dos medidas: el redondeo a 5 pesos para servicios que otorga el estado y una “deuda disfrazada” de 300 millones de pesos que llegarán del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para actualizar el sistema de catastro y registro civil. El diputado que criticó la ley de ingresos fue José Juan Espinosa, de Convergencia, quien se quejo porque durante las discusiones que se dieron en la Comisión de Hacienda no se presentó información suficiente, especialmente sobre el dinero que se ha gastado en lo que va de 2007. Jorge Gutiérrez, del PAN, señaló que para los legisladores uno, dos o tres pesos del redondeo en el cobro de servicios puede ser una cantidad mínima, pero no para los miles de ciudadanos que viven en situación de pobreza; por lo que su bancada rechazó la medida. Finanzas opacas Tras aprobar la ley de ingresos, se citó de inmediato a otra sesión para sacar la ley de egresos 2008, que generó más críticas que la primera, pero que pasó con 28 votos a favor del PRI y 12 en contra del PAN y Convergencia La bancada panista manifestó su rechazo en voz de Rafael Alejandro Micalco, secretario de la Comisión de Hacienda. La primera queja fue que el análisis del presupuesto del gobierno del estado se hizo en dos días, la Secretaría de Finanzas (SF) ocultó información y las reuniones se hicieron a puerta cerrada sin presencia de los medios de comunicación: “Esto contraviene cualquier principio de transparencia”. Agregó que en la iniciativa enviada por el Ejecutivo hay inconsistencias y citó como ejemplo que se estipula que el gasto corriente ascenderá a 17 mil millones de pesos, 13.9 mil millones de pesos para la SEP y 945 millones de pesos para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), lo que suman alrededor de 14.9 mil millones de pesos, sin que se especifique dónde serán distribuidos alrededor de 2.5 mil millones de pesos. También censuró que la oficina del titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) tenga asignada una partida presupuestal de 29.4 millones de pesos para gasto corriente, cuando esa área sólo cuenta con 10 trabajadores, cinco de base y cinco por honorarios; y en el mismo sentido cuestionó que para esa partida el secretario de Comunicaciones y Transportes tenga 25.6 millones de pesos. Otro señalamiento de los diputados del PAN es que para “subsidios, transferencias y ayudas” a la Secretaría de Gobernación (SG) le entregarán 5.2 millones de pesos: “Para nosotros es imperativo conocer a quién o a quiénes subsidia y ayuda esa dependencia, por qué motivos o razones lo hace, y con qué fines se efectúan estas ayudas”. Micalco agregó que en el presupuesto de la SF se tienen 31 millones de pesos por concepto de bienes muebles e inmuebles, la misma cantidad que en 2007: “¿Significará esto que adquirirán los mismos bienes que el año pasado? Es indispensable conocer cuáles bienes planean adquirir, información que no nos fue proporcionada”. Finalmente, señaló que la lista de inconsistencias era larga, y los anteriores ejemplos apenas una muestra de la opacidad que caracterizó a la SF, por lo que su bancada votó en contra de la ley de egresos. El diputado por Convergencia, José Juan Espinosa, también se manifestó en contra del presupuesto 2008 y entre sus argumentos citó: reducción del 5.2 por ciento, algo así como 6 millones de pesos para el Hospital del Niño Poblano, así como una baja del 17 por ciento al rubro de obra pública. Reprobó que el gobierno del estado haya aumentado en un 40 por ciento el presupuesto de la Sedeso: “Tenemos que baja el dinero para obra pública porque ese se puede auditar, se puede ver si efectivamente se realizó o no, pero dar más dinero a la Sedeso donde el recurso se reparte con tintes políticos, nos indica que habrá un pago de facturas por la pasada elección. Es más, en esta sesión también se va a autorizar la donación de un predio del ayuntamiento de Puebla para su sindicato de burócratas que operó a favor de un partido (el PRI) en los comicios”. Los diputados y líderes magisteriales Leticia Jasso y Cupertino Alejo, que se reunieron el miércoles con el titular de la SF para solicitar más recursos para la SEP, lo que obtuvieron en la sesión de ayer fue una promesa del priista Pericles Olivares de que tendrán apoyo de los recursos extraordinarios que reciba la entidad, pues no hubo posibilidad de modificar la partida registrada en la ley de egresos. Privatización de servicios En la sesión de ayer, la mayoría priista también aprobó la iniciativa del Ejecutivo para que la iniciativa privada construya carreteras, hospitales y universidades, que arrendará al gobierno del estado y a los ayuntamientos. La voz opositora al proyecto fue de José Juan Espinosa, quien consideró que al buscar la participación de empresarios en la dotación de servicios públicos, la administración estatal está reconociendo su incapacidad para hacerlo. Agregó que los contratos de “servicios a largo plazo” son concesiones disfrazadas que generarán un doble pago, pues por un lado el estado dotará de recursos a los empresarios y por otro los ciudadanos no estarán exentos de que éstos les cobren por los servicios. Por su parte, el diputado perredista Rodolfo Huerta aseveró: “Olvidemos posiciones ideológicas, mi voto es a favor, porque en la cuna del cardenismo, en Michoacán, un gobierno de mi partido también está haciendo este tipo de contratos” (sic). La bancada panista votó en contra de la medida. A decir del diputado Víctor León Castañeda, ahora que el PRI gobernará los municipios más grandes abre la posibilidad de contratos de largo plazo comprometiendo el dinero de las siguientes administraciones
|
|
