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Juan José Huerta La Crónica 21 septiembre 2007 |
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La Organización Internacional del Trabajo informa que el desempleo, la informalidad y la inactividad acechan el futuro laboral de unos 106 millones de jóvenes latinoamericanos y caribeños. “La cohesión social hoy emerge como preocupación central”, es la primera frase del documento “Cohesión Social en Iberoamérica”, del Ministerio de Planificación de Chile, orientado a alentar la reflexión sobre el tema central de la XVII Cumbre Iberoamericana, que se celebrará del 8 al 10 de noviembre de 2007, en Santiago de Chile. Es que la exclusión social se hace muy evidente en la región, pues el progreso económico, el dominio logrado sobre la naturaleza y la técnica y fenómenos como la globalización, internet y la revolución informática, no logran incorporar a grandes segmentos de la población a un verdadero desarrollo humano, aun en países como México, con un potencial tan grande y que ha tenido un largo período de relativa estabilidad política y económica. Nuestra nación tiene una asignatura pendiente en cuanto a generar más puestos de empleo para los mexicanos, mejores condiciones de trabajo y mayor estabilidad en el mismo, que reduzcan drásticamente la exclusión social y produzcan un mayor sentido de pertenencia de todos a una colectividad pujante que se llama México. Considérense estas cifras (en presentación diferente a la más complicada del sector laboral oficial) del actual “bono demográfico” que no estamos aprovechando en México: la población total es de alrededor de 105 millones de habitantes, de los cuales cerca de 32 millones son menores de 15 años, o sea, no están (teóricamente) en edad de trabajar. Adicionalmente, unos 8.5 millones de personas tienen más de 64 años, tampoco (teóricamente) en edad de trabajar. Ambos grupos suman 40.5 millones, por lo que las personas en edad de trabajar alcanzan 64.5 millones, pero el problema es que grandes segmentos no encuentran trabajo, o éste es temporal y en las condiciones más precarias. Sí, según las últimas cifras disponibles, el número de ocupados en México apenas suma 26.1 millones, de los cuales son empleados formales 14.7 millones (una quinta parte de ellos eventuales) y trabajadores informales 11.6 millones de personas. Hace unos días, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, estimó que este año serán creados un poco más de 700 mil nuevos empleos y 800 mil el año 2008, muy por debajo del millón 200 mil empleos que se necesitan crear cada año. Además, hay información que desde finales de noviembre de 2000 a agosto de este año, 69 por ciento de la cifra de nuevos empleos formales corresponde a empleos eventuales y sólo 31 por ciento a empleos permanentes. Esto da una idea de la amplísima brecha que en materia de empleo para su fuerza de trabajo tiene nuestro país, así como también del potencial que podría desarrollar con las políticas y medidas apropiadas para generarlo, política y medidas masivas de movilización de recursos para el aprovechamiento productivo de los millones de mexicanos que deberían estar trabajando. La situación es particularmente alarmante con relación a los jóvenes; lo atestiguan las miríadas de ellos que se ocupan como vendedores ambulantes, franeleros, llamadores por teléfono, guardias de seguridad, limpiaparabrisas, delincuentes. Esta es la batalla que el gobierno federal debería librar a fondo: activar ya un Plan de Inversión para el Empleo, la Educación y la Cohesión Social, en particular de los jóvenes, con políticas audaces que sirvan de catalizador para que trabajadores, iniciativa privada, la sociedad toda, vean con esperanza y optimismo su labor y tomen el impulso que les está faltando; ello combinado con una política eficaz de redistribución del ingreso, con un combate más frontal a la monopolización de sectores económicos, mediante las mejores artes de la negociación política, en bien de todos. Una especie de Plan Marshall, detonador del impulso social, que entusiasme y renueve las energías de la sociedad. Los recursos financieros para dicho Plan han de provenir de fuentes al alcance: los ingresos que produzca la reforma fiscal, cuya primera parte fue aprobada este mes; los ingresos petroleros extraordinarios derivados de los altos precios del petróleo, que significarían más fondos de inversión para Pemex; reducir el dispendio en muchos rubros del gasto gubernamental; eficiencia y transparencia del gasto social, para que los administradores no se queden con lo mejor del pastel; que en la reforma electoral no haya trampas que eviten la radical disminución de financiamiento a partidos, que todas las instancias de gobierno dejen de gastar las ingentes sumas de dinero en propaganda “institucional”. Se justificaría plenamente aprovechar la posibilidad que ofrece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para tener un déficit fiscal, con un horizonte bien fijado para compensarlo, una vez que se desaten las fuerzas del progreso y se generen más recursos fiscales. Entonces, la actitud reservada de un primer año tan difícil de gobierno ha de terminar, para dar paso a iniciativas consistentes con las urgentes necesidades de cohesión social. Como dice el informe chileno citado arriba: “de manera de complementar la ciudadanía política con una verdadera ciudadanía social”.
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