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Rogelio Carbajal Tejada La Crónica. 17 septiembre 2007, 02:08 hrs |
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Ha concluido una semana fundamental para el país. Dos reformas que modifican de fondo los sistemas fiscal y electoral fueron procesadas en el Congreso y son, por ello —y aunque a muchos les disguste el adjetivo— dos reformas de corte estructural. Después del receso veraniego en el que muchos apostaron al entrampamiento, sobre todo por la reforma fiscal, la Cámara y el Senado lograron acordar en forma sucesiva una serie de cambios que le otorgarán al Estado mexicano —por un lado— más de 300 mil millones de pesos en ingresos adicionales (para el año 2012) y —por otro— un nuevo y muy diferente mecanismo para competir por el poder. Las reformas fiscal y electoral, respectivamente, constituyen el segundo y tercer gran cambio que se ha procesado antes del primer año del sexenio de Felipe Calderón. El primero de ellos, ocurrido con las modificaciones a la Ley del ISSSTE, colocó al país en la ruta que dejó de caminarse en los seis años anteriores debido a una estéril confrontación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. Las dimensiones de las reformas votadas esta semana aún no han sido dimensionadas. En lo fiscal se le asigna al gobierno federal —tan sólo en el primer año de su vigencia— casi un cincuenta por ciento adicional de recursos con relación a los recursos no comprometidos en el presupuesto de este año. Para ponerlo en números: mientras en el año 2007 el gobierno federal cuenta con un presupuesto de 2,200 billones de pesos, de los cuales sólo 220 mil millones representan su margen de maniobra para incorporar programas o políticas novedosas que atiendan necesidades sociales, educativas, de salud o de infraestructura, con la reforma hacendaria aprobada —tan sólo en 2008— podrá contar con 120 mil millones de pesos más y para el año 2012 con poco más de 300 mil millones adicionales. Los números no son para despreciarse. Por el contrario. Y aunque es cierto que no resuelve en su totalidad el problema de la hacienda pública, sí coloca al país en el camino correcto para solventar, en el mediano plazo, la dependencia de los ingresos petroleros y con ello terminar por fortalecer a las finanzas públicas. No exenta de la polémica, la reforma fiscal incluye también un controvertido impuesto a las gasolinas y el diesel. Criticado por su supuesto impacto inflacionario, el aumento gradual de dos centavos por litro durante dieciocho meses a partir del próximo mes de enero, hará que tal repercusión sea prácticamente imperceptible. El impuesto aprobado contiene en el corto plazo una medida que, tarde o temprano, debe adoptarse, y que tiene que ver con el deber de los gobiernos estatales para proveerse por sí mismos de recursos que limiten su perversa e irresponsable dependencia de los ingresos federales. Al término de cinco años, no sólo este impuesto sino el derivado de la tenencia de vehículos también, será responsabilidad exclusiva de cada estado, y cada uno con su Congreso local deberá decidir si los regula o los deroga. Con todo ello, al término de la entrada en vigor de los impuestos —empresarial de tasa única (IETU), a las gasolinas (IEPS), contra la informalidad (IDE) y el poco mencionado impuesto a los juegos y sorteos- se espera que México recaude aproximadamente un 2.5% más del producto interno bruto. La meta a seguir está relacionada con una mayor captación, pero también con la necesaria disminución a la dependencia de los ingresos petroleros que son tan susceptibles a los mercados internacionales. La reforma es, por tanto, una reforma responsable con el país. La reforma electoral, aunque con ciertos bemoles, contiene cambios sustanciales en las reglas para competir por el poder que transformarán la forma de hacer campañas y de buscar el voto ciudadano. El solo hecho de que las tres fuerzas partidarias más grandes hayan coincidido en ella, despresuriza el ambiente político y envuelve al país en un clima de acuerdos que lo hace más susceptible a otros cambios que todavía se requieren con urgencia. Es quizá en este punto donde se encuentra la principal aportación de la reforma, más allá de la nueva relación entre medios de comunicación y el poder que de suyo es desde luego trascendental. Es quizá por ello que el presidente Felipe Calderón encuentre optimismo para que en los próximos meses se continúe con esta inercia de transformaciones que, sin duda, coloca al país en otro camino y que necesariamente repercutirá de forma positiva en la economía y en la confianza de los inversores. El círculo virtuoso reformas-crecimiento-reformas parece iniciar y con ello motivar un nuevo espacio para la colaboración. rogelio.carbajal@gmail.com
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