DISPOSICIONES de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

Lunes 4 de junio de 2012

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 7, penúltimo párrafo, 8, penúltimo párrafo, 11, fracción VII, 18, segundo y tercer párrafos, 19, fracción I, inciso h) y tercer párrafo, 29, primer párrafo, 31, 32, 33, primer párrafo, 34, primer párrafo, 35, fracción IV, 37, primer y segundo párrafos, 40, primer párrafo, 51, fracción XI, 52, fracción V, 56, fracción II, segundo y último párrafos, 57, fracción III, 58, fracción VI, segundo párrafo, 59, segundo párrafo, 61, último párrafo, 63, 68, primer párrafo, 69, último párrafo, 70, tercer párrafo, 76, primer párrafo, y 76, segundo párrafo, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; así como 4, fracciones II, III, IV, V, VI, XI y XXXVI, 6, 16, fracciones I, VII y XVI, y 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y con el acuerdo de su Junta de Gobierno, respecto del contenido del Artículo 31, fracciones I y VI de la citada Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 12, fracción XV, de la mencionada Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y

CONSIDERANDO

Que con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009” (Decreto de expedición de LRASCAP), el 13 de agosto de 2009 el legislador distinguió la naturaleza y forma de organización de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de la de las sociedades financieras populares, y

Que resulta necesario establecer un cuerpo normativo único que regule de manera exclusiva al sector de sociedades cooperativas de ahorro, en función de su naturaleza jurídica, atendiendo a las características que a dicho sector le son propias y eliminando aquella regulación que no es afín a sus actividades por tratarse de  entidades que “no persiguen propósitos de especulación comercial o de lucro;

Que deben mantenerse los lineamientos prudenciales actualmente definidos en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a efecto de fomentar la estabilidad y correcto funcionamiento del propio sector, en protección a sus socios ahorradores,

Que durante el proceso de elaboración de la regulación esta Comisión escuchó la opinión de las sociedades que integran el sector de sociedades cooperativas de ahorro, atendiendo su preocupación por adaptar algunos aspectos de la regulación vigente a las necesidades de dicho sector, a fin de estar en posibilidades de dar cabal cumplimiento a las disposiciones que emanan de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y así lograr su adecuada regularización e integración, para con ello fomentar su sano y equilibrado desarrollo, esta Comisión ha resuelto expedir las siguientes:

DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO

Indice

TITULO PRIMERO

DEFINICIONES

TITULO SEGUNDO

DE LA AUTORIZACION Y OPERACION DE LAS SOCIEDADES

Capítulo I

De la documentación adicional que deberán acompañarse a las solicitudes de autorización para realizar o continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo

Capítulo II

De la asignación del nivel de operaciones

Capítulo III

De las operaciones que podrán realizar las Sociedades

Sección Primera

De las características de las operaciones pasivas

Sección Segunda

De las características de las operaciones activas

Sección Tercera

De las características de las operaciones de servicios

Sección Cuarta

Disposición Final

TITULO TERCERO

DE LOS PRESTAMOS DE LIQUIDEZ Y DE LA REGULACION PRUDENCIAL

Capítulo I

De los préstamos de liquidez que otorguen las Sociedades

Capítulo II

De la regulación prudencial

Sección Primera

De la regulación prudencial para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con un monto de activos totales iguales o inferiores a 10’000,000 de UDIS

Apartado A

Capital mínimo

Apartado B

Requerimientos de capitalización por riesgos

Apartado C

Control interno

Apartado D

Provisionamiento de cartera crediticia y bienes adjudicados

Apartado E

Lineamientos en materia de coeficiente de liquidez

Apartado F

Diversificación de riesgos en las operaciones

Sección Segunda

De la regulación prudencial para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con un monto de activos totales superiores a 10’000,000 de UDIS e iguales o inferiores a 50’000,000 de UDIS

Apartado A

Capital mínimo

Apartado B

Requerimientos de capitalización por riesgos

Apartado C

Administración de riesgos

Apartado D

Control interno

Apartado E

Proceso crediticio

Sub Apartado A

Lineamientos mínimos del manual de crédito

Sub Apartado B

Generalidades del manual de crédito

Sub Apartado C

Otras disposiciones

Apartado F

Provisionamiento de cartera crediticia y bienes adjudicados

Apartado G

Lineamientos en materia de coeficiente de liquidez

Apartado H

Diversificación de riesgos en las operaciones

Sección Tercera

De la regulación prudencial para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con un monto de activos totales superiores a 50’000,000 de UDIS e iguales o inferiores a 250’000,000 de UDIS

Apartado A

Capital mínimo

Apartado B

Requerimientos de capitalización por riesgos

Apartado C

Administración de riesgos

Apartado D

Control interno

Apartado E

Proceso crediticio

Sub Apartado A

Lineamientos mínimos del manual de crédito

Sub Apartado B

Generalidades del manual de crédito

Sub Apartado C

Otras disposiciones

Apartado F

Provisionamiento de cartera crediticia y bienes adjudicados

Apartado G

Lineamientos en materia de coeficiente de liquidez

Apartado H

Diversificación de riesgos en las operaciones

Sección Cuarta

De la regulación prudencial para las Sociedades Cooperativas de Ahorro Préstamo con un monto de activos totales superiores a 250’000,000 de UDIS

Apartado A

Capital mínimo

Apartado B

Requerimientos de capitalización por riesgos

Apartado C

Administración de riesgos

Apartado D

Control interno

Apartado E

Proceso crediticio

Sub Apartado A

Lineamientos mínimos del manual de crédito

Sub Apartado B

Generalidades del manual de crédito

Sub Apartado C

Otras disposiciones

Apartado F

Provisionamiento de cartera crediticia y bienes adjudicados

Apartado G

Lineamientos en materia de coeficiente de liquidez

Apartado H

Diversificación de riesgos en las operaciones

Capítulo III

De las provisiones preventivas adicionales

TITULO CUARTO

DE LA INFORMACION FINANCIERA Y SU REVELACION Y DE LA VALUACION DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO

Capítulo I

De los criterios de contabilidad

Capítulo II

De la valuación de Valores

Capítulo III

De la revelación de información financiera, estados financieros y textos que se anotarán al calce

Capítulo IV

Auditores externos independientes e informes de auditoría

Sección Primera

Disposiciones generales

Sección Segunda

Características y requisitos que deberán cumplir los despachos de auditoría externa y los auditores externos independientes

Sección Tercera

Del trabajo de los despachos de auditoría externa y de los auditores externos independientes

Sección Cuarta

De las opiniones e informes de auditoría externa independiente

Capítulo V

Microfilmación y digitalización de documentos relacionados con las operaciones activas, pasivas y de servicios

Sección Primera

De la Microfilmación y Grabación en general

Sección Segunda

De la conservación de documentos

Sección Tercera

Políticas y lineamientos de privacidad

TITULO QUINTO

DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS

Capítulo I

Categorías atendiendo al Nivel de Capitalización de las Sociedades

Capítulo II

De las Medidas Correctivas

Capítulo III

De las Medidas Correctivas Mínimas

Capítulo IV

De las Medidas Correctivas Especiales Adicionales

TITULO SEXTO

DEL COMITE DE SUPERVISION AUXILIAR

Capítulo I

De las políticas, lineamientos y planes de trabajo relativos a la supervisión auxiliar

Capítulo II

De los requisitos de los Miembros del Comité de Supervisión Auxiliar

TITULO SEPTIMO

DEL COMITE DE PROTECCION AL AHORRO COOPERATIVO

Capítulo I

Del cálculo de las aportaciones y régimen de inversión

Capítulo II

Del pago de obligaciones garantizadas

Capítulo III

De los requisitos de los miembros del Comité de Protección al Ahorro Cooperativo

TITULO OCTAVO

DEL ENVIO DE INFORMACION

Capítulo I

Del Registro de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Capítulo II

De los Reportes Regulatorios que deberá presentar el Fondo de Protección a la Comisión

Capítulo III

De los Reportes Regulatorios que deberán presentar las Sociedades a la Comisión y al Comité de Supervisión Auxiliar

Listado de Anexos

ANEXO A         PROYECCIONES FINANCIERAS A 3 AÑOS SOBRE EL BALANCE Y EL ESTADO DE RESULTADOS

ANEXO B         FORMATO DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS

ANEXO C         PROCEDIMIENTO PARA LA CALIFICACION Y CONSTITUCION DE ESTIMACIONES PREVENTIVAS

ANEXO D         PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE CAPITALIZACION POR RIESGOS DE MERCADO

ANEXO E         CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO

ANEXO F         FORMATO DE CALIFICACION DE CARTERA CREDITICIA

ANEXO G         INSTRUCTIVO PARA MICROFILMACION Y DESTRUCCION DE DOCUMENTOS

ANEXO H         INSTRUCTIVO PARA GRABACION Y DESTRUCCION DE DOCUMENTOS

ANEXO I           INFORME DE LA DESIGNACION DE MIEMBROS DEL COMITE DE SUPERVISION AUXILIAR

ANEXO J          EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES DE GRADO DE INVERSION

ANEXO K         INFORME DE LA DESIGNACION DE MIEMBROS DEL COMITE DE PROTECCION AL AHORRO COOPERATIVO

ANEXO L         DEL REGISTRO DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO

ANEXO M         REPORTES REGULATORIOS QUE DEBERA PRESENTAR EL FONDO DE PROTECCION A LA COMISION PARA PROPORCIONAR SU INFORMACION

ANEXO N         RESPONSABLES DE LA INFORMACION DEL FONDO DE PROTECCION Y RESPONSABLES DE SU ENVIO

ANEXO Ñ         REPORTES REGULATORIOS QUE DEBERAN PRESENTAR LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO A LA COMISION Y COMITE DE SUPERVISION AUXILIAR

ANEXO O         RESPONSABLES DE LA INFORMACION DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y RESPONSABLES DE SU ENVIO

TITULO PRIMERO

DEFINICIONES

Artículo 1.- Para efectos de las presentes disposiciones, se entenderá por:

I.                Auditor Interno, a la persona o área que desempeña dicha función en las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a que se refiere el inciso d) de la fracción V del Artículo 34 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

II.               CCP, al Costo de Captación a Plazo de pasivos denominados en moneda nacional que da a conocer el Banco de México a través del Diario Oficial de la Federación, o el indicador que lo sustituya.

III.              CETES, a la tasa anual de rendimiento equivalente a la de descuento, de los Certificados de la Tesorería de la Federación en moneda nacional emitidos a plazo de 28 días o al plazo que sustituya a este, en caso de días inhábiles, en colocación primaria. La tasa anual de rendimiento equivalente a la de descuento será la que semanalmente da a conocer el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante avisos en los periódicos de mayor circulación en el país.

IV.             Comisión, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

V.              Comité de Auditoría, al comité constituido por el Consejo de Administración, que tendrá las funciones descritas en los Apartados C de la Sección Primera, D de la Sección Segunda, D de la Sección Tercera y D de la Sección Cuarta del Capítulo II del Título Tercero de las presentes disposiciones y que apoyará al mencionado órgano de gobierno en la definición y actualización de los objetivos del Sistema de Control Interno y los lineamientos para su implementación, así como en su evaluación.

VI.             Comité de Crédito, al Comité de Crédito o su equivalente a que se refiere el inciso a) de la fracción V del Artículo 34 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

VII.            Comité de Protección al Ahorro Cooperativo, al órgano del Fondo de Protección encargado de administrar la cuenta de seguro de depósitos de dicho fondo, que se constituya de conformidad con lo señalado en el Título Cuarto de la Ley.

VIII.           Comité de Riesgos, al Comité de Riesgos a que se refiere el inciso b) de la fracción V del Artículo 34 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

IX.             Comité de Supervisión Auxiliar, al órgano del Fondo de Protección encargado de ejercer la supervisión auxiliar de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo en términos de la Ley.

X.              Comité Técnico, al órgano rector del Fondo de Protección a que se refiere la Ley.

XI.             Consejeros, a los miembros del Consejo de Administración de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

XII.            Consejo de Administración, al consejo de administración de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo a que se refiere la fracción II del Artículo 34 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

XIII.           Consejo de Vigilancia, al consejo de vigilancia de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo a que se refiere la fracción III del Artículo 34 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

XIV.          Cotitular, a la persona o personas físicas titulares de una misma Cuenta Colectiva.

XV.           Criterios de Contabilidad, a los criterios de contabilidad para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo a que se refiere el Capítulo I del Título Cuarto de las presentes disposiciones, y que se contienen en el Anexo E de estas disposiciones.

XVI.          Cuentas Colectivas, a las cuentas con más de un titular, pudiendo ser Solidarias o Mancomunadas.

XVII.         Cuentas Individuales, a las cuentas con un solo titular.

XVIII.        Cuentas Mancomunadas, a la Cuenta Colectiva en la que sea indispensable la firma de todos los cotitulares para efectuar retiros, cancelaciones o, en su caso, modificaciones a la propia Cuenta.

XIX.          Cuentas Solidarias, a la Cuenta Colectiva en la que cualquiera de los cotitulares puede disponer indistintamente del saldo de la propia Cuenta.

XX.           Director o Gerente General, al director o gerente general de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a que se refiere el inciso c) de la fracción V del Artículo 34 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, así como al Gerente General del Fondo de Protección, a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 43 de la Ley, según corresponda.

XXI.          Fondo de Protección, al fideicomiso constituido de conformidad con lo señalado en el Título Cuarto de la Ley.

XXII.         Grabación, a aquel acto mediante el cual un libro, registro o documento original, es transformado en una imagen en formato digital en medio óptico o magnético, utilizando equipos y programas de cómputo diseñados para tal efecto.

XXIII.        Grado de Inversión, al obtenido por las Sociedades de Inversión que ostenten las calificaciones a que se refiere el Artículo 269 de las presentes disposiciones.

XXIV.        Instrumentos de Deuda, a los activos objeto de inversión, cuya naturaleza corresponda a valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero, emitidos por emisores nacionales.

XXV.         Interesado, al titular de la o las operaciones objeto de protección, o su representante, o en caso de fallecimiento del titular que haya celebrado la operación, su(s) beneficiario(s).

XXVI.        Institución Calificadora de Valores, a aquella que dé a conocer la Comisión en la red electrónica mundial denominada Internet en el sitio http://www.cnbv.gob.mx.

XXVII.       Ley, a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, y sus diversas modificaciones.

XXVIII.      Ley de Cooperativas, a la Ley General de Sociedades Cooperativas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 1994, y sus diversas modificaciones.

XXIX.        Medidas Correctivas, a las Medidas Correctivas Especiales Adicionales y a las Medidas Correctivas Mínimas, conjuntamente.

XXX.         Medidas Correctivas Especiales Adicionales, a las Medidas Correctivas que las Sociedades deberán cumplir en términos de lo dispuesto por el Artículo 76 de la Ley.

XXXI.        Medidas Correctivas Mínimas, a las medidas que deberán cumplir las Sociedades de conformidad con lo previsto por los Artículos 76 y 77 de la Ley, así como por las presentes Disposiciones.

XXXII.       Microcrédito Productivo, en singular o plural, a los créditos otorgados por las Sociedades a sus Socios o a grupos de Socios, destinados a financiar la actividad productiva de los acreditados y cuya fuente de pago la constituyan los flujos originados por la propia actividad productiva.

En todo caso, los grupos de Socios señalados deberán ser obligados mancomunados o solidarios.

XXXIII.      Microfilmación, al acto mediante el cual un libro, registro o documento original, es filmado en una película.

XXXIV.     Miembros del Comité de Supervisión Auxiliar, al Presidente y los gerentes de las oficinas regionales que integran el Comité de Supervisión Auxiliar, en términos del Artículo 51 de la Ley.

XXXV.      Miembros del Consejo de Vigilancia, a las personas que integran el Consejo de Vigilancia.

XXXVI.     Nivel de Capitalización, a la relación que guarda el capital neto de las Sociedades respecto de sus requerimientos de capitalización por riesgos de crédito y de mercado, expresada en porcentaje.

XXXVII.    Registro, a la información de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que llevará el Fondo de Protección a través del Comité de Supervisión Auxiliar, a que se refieren los Artículos 7 y 9 de la Ley.

XXXVIII.   Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

XXXIX.     SITI, al Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información, el cual forma parte de la Oficialía de Partes de la Comisión y es el medio oficial para el envío y recepción de información a que se refieren estas disposiciones.

XL.            Sociedad o Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere la fracción X del Artículo 2 de la Ley con niveles de operación I a IV.

XLI.           Sociedad de Información Crediticia, en singular o plural, a las sociedades a que se refiere la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

XLII.          Socio, en singular o plural, a las personas que participen en el capital social de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

XLIII.         Supervisión Extra-situ, a la fase permanente del proceso de supervisión auxiliar, la cual estará compuesta por actividades de análisis y seguimiento. Dicha Supervisión Extra-Situ será realizada por los Miembros del Comité de Supervisión Auxiliar, así como por el personal de su estructura operativa, en las instalaciones del Fondo de Protección y de las oficinas regionales.

XLIV.        Supervisión In-situ, a la fase de inspección del proceso de supervisión auxiliar llevada a cabo mediante visitas de inspección en las oficinas, sucursales y demás establecimientos de la misma, que será realizada con la presencia física de los Miembros del Comité de Supervisión Auxiliar, así como por el personal de su estructura operativa directamente en las instalaciones de la Sociedad.

XLV.         Supervisor Auxiliar, en singular o plural, a aquellos Miembros del Comité de Supervisión Auxiliar y de sus oficinas regionales que, en términos de lo dispuesto por el Capítulo II del Título Sexto de las presentes disposiciones, sean designados para llevar a cabo las labores de supervisión auxiliar de las Sociedades.

XLVI.        TIIE, a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio que da a conocer el Banco de México a través del Diario Oficial de la Federación.

XLVII.       UDI, en singular o plural, a la unidad de cuenta llamada “Unidad de Inversión” establecida en el “Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995, tal como el mismo sea modificado o adicionado de tiempo en tiempo.

XLVIII.      Valores Gubernamentales, a los Certificados de la Tesorería de la Federación denominados en moneda nacional (CETES); Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal denominados en moneda nacional (BONDES) o en unidades de inversión (UDIBONOS); títulos emitidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, respecto de los cuales el Banco de México actúe como agente financiero para la emisión, colocación, compra y venta, en el mercado nacional (BONOS DE PROTECCION AL AHORRO (BPAs)).

Esta definición comprende, de igual forma a los valores emitidos por el Banco de México (Bonos de Regulación Monetaria (BREMS)), en términos de las disposiciones que para tal efecto emita el Banco de México, así como a cualesquier otro que dicho Instituto Central determine como tales.

TITULO SEGUNDO

DE LA AUTORIZACION Y OPERACIONES DE LAS SOCIEDADES

Capítulo I

De la documentación adicional que deberán acompañarse a las solicitudes de autorización para realizar o continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo

Artículo 2.- Las solicitudes de autorización para realizar o continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo de sociedades que tengan registrados un monto total de activos igual o superior al equivalente en moneda nacional a 2’500,000 UDIS, o bien, de aquellas que teniendo activos inferiores a dicha cantidad pretendan operar con un nivel de operación distinto al básico, deberán presentarse ante el Comité de Supervisión Auxiliar, por escrito y en duplicado, acompañadas además de la documentación e información que menciona el Artículo 11 de la Ley, de lo siguiente:

I.        La documentación que acredite la personalidad y facultades de quien promueve la solicitud, otorgadas por la sociedad, señalando un domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, así como el nombre de la o las personas autorizadas para tales efectos.

II.       La denominación de la sociedad solicitante o, en su caso, la propuesta de denominación.

III.      Curriculum vitae de las personas propuestas como Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, Director o Gerente General e integrantes del Comité de Crédito o de su equivalente.

IV.     Relación de los Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, Director o Gerente General e integrantes del Comité de Crédito o de su equivalente, así como de los funcionarios, hasta los dos primeros niveles de la estructura organizacional, o bien, de las personas que ocuparían dichos cargos.

V.      Reporte emitido por una Sociedad de Información Crediticia, que contenga antecedentes de por lo menos 5 años anteriores a la fecha en que se pretenda inicie el ejercicio del cargo, o del periodo que comprenda la información con la que, en su caso, cuente la Sociedad de Información Crediticia de que se trate, de las personas señaladas en la fracción III anterior, cuya fecha de emisión no exceda de 180 días naturales con relación a la fecha de presentación de los mismos ante el Comité de Supervisión Auxiliar.

VI.     En el caso de una sociedad de nueva creación, proyección a 3 años sobre el balance y estado de resultados, la cual deberá presentarse en el formato que como Anexo A se adjunta a las presentes disposiciones.

          Para efectos de las presentes disposiciones, se entenderá como sociedad de nueva creación, aquella que presente la solicitud de autorización ante el Comité de Supervisión Auxiliar dentro del año siguiente a su constitución.

VII.    Las sociedades que a la fecha de presentación de la solicitud de autorización se encuentren operando, deberán acompañar a su solicitud su balance general, así como su estado de resultados, este último por el periodo comprendido entre el 1 de enero del año que corresponda y la fecha de elaboración del balance general. Los citados documentos deberán presentarse de conformidad con el formato que como Anexo B se adjunta a las presentes disposiciones. La antigüedad de los mencionados documentos no podrá exceder de un año respecto de la fecha de presentación de la solicitud de autorización respectiva y deberán estar debidamente dictaminados por un auditor externo a su costa.

          Los estados financieros a que se refiere el párrafo anterior deberán estar preparados, de conformidad con los Criterios de Contabilidad. Asimismo, para la elaboración de los estados financieros referidos, las sociedades deberán contar con un avalúo bancario sobre sus bienes inmuebles, el cual no deberá tener una antigüedad mayor a un año de la fecha de la presentación de la solicitud de autorización a que se refiere el primer párrafo de esta fracción. El importe así determinado será considerado como el costo de adquisición de dichos activos para efectos de los estados financieros a que se refiere este párrafo. El valor comercial que proporcione dicho avalúo, será considerado como el costo de adquisición de dichos activos para efectos de los estados financieros a que se refiere este párrafo. A fin de separar el valor del terreno de las construcciones, se considerará la proporción que guarde cada uno de estos factores sobre el avalúo físico.

          Los estados financieros con que la sociedad deberá contar al momento de iniciar operaciones deberán reflejar, conforme a los Criterios de Contabilidad, los efectos financieros y operaciones realizadas entre la fecha de la presentación de la solicitud de autorización respectiva y la fecha de inicio de operaciones.

          Las citadas sociedades deberán reconocer dentro de un rubro denominado “Efecto por incorporación al régimen de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo”, el efecto neto en el capital contable de las sociedades por la aplicación de los Criterios de Contabilidad.

          Asimismo, para aquellas sociedades que a la fecha de solicitud de autorización hubieren reconocido en sus estados financieros efectos por inflación, deberán reconocer el efecto neto, tanto de la actualización del capital social como de los montos históricos y de la actualización de los rubros pertenecientes al capital contable distintos del capital social, dentro del rubro antes mencionado, mismo que podrá ser capitalizado o destinado a la constitución de otras reservas en el capital contable, según lo resuelva la asamblea una vez autorizada la sociedad.

          En el caso de aquellas sociedades que a la fecha de solicitud de autorización no hubieren reconocido en sus estados financieros efectos por inflación, deberán reconocer el efecto neto de los rubros pertenecientes al capital contable distintos del capital social, dentro del referido rubro “Efecto por incorporación al régimen de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo”, cuyo importe podrá ser capitalizado o destinado a la constitución de otras reservas en el capital contable, según lo resuelva la asamblea una vez autorizada la sociedad.

          Al respecto, las sociedades deberán presentar información relativa a los ajustes que resulten de la aplicación inicial de los Criterios de Contabilidad. Para estos efectos, deberán revelar en una nota aclaratoria, la cual formará parte integrante de sus estados financieros, un cuadro comparativo en el que se incluyan: (i) los rubros del balance general que se verán afectados por la aplicación inicial de los Criterios de Contabilidad señalados, con las cifras que la sociedad mostraría previamente a la aplicación de dichos criterios; (ii) los ajustes realizados a cada uno de los citados rubros, así como su efecto total en el rubro denominado “Efecto por incorporación al régimen de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo”, y (iii) las cifras de dichos rubros una vez incluidos los ajustes derivados del reconocimiento de los criterios antes mencionados. Asimismo, deberán incluir en la citada nota, una explicación detallada sobre las diferencias entre el tratamiento contable que venía aplicando la sociedad y el criterio de contabilidad correspondiente, respecto de cada uno los rubros por los cuales se realizó la afectación contable, como resultado de la aplicación inicial de los Criterios de Contabilidad señalados.

          El dictamen que al efecto se elabore, deberá realizarse, por lo menos, de conformidad con la metodología contenida en las Normas Internacionales de Auditoría, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, “International Auditing and Assurance Standards Board” de la Federación Internacional de Contadores, “International Federation of Accountants”, para lo cual el auditor externo deberá considerar lo señalado en los tres párrafos precedentes. Adicionalmente, las sociedades deberán informar los hechos posteriores que se hubieren conocido entre la fecha de los estados financieros y la fecha de presentación de la solicitud de autorización respectiva.

VIII.   Contrato celebrado con alguna Sociedad de Información Crediticia, así como las políticas y procedimientos aprobados por el Consejo de Administración que permitan implementar las medidas de control a que se refiere el Artículo 192 de las presentes disposiciones.

IX.     Manuales de crédito, de captación, control interno, administración integral de riesgos, tecnologías de la información y las políticas de identificación y conocimiento del Socio, según el nivel de regulación que le sea aplicable.

          El Comité de Supervisión Auxiliar, en el dictamen favorable que elabore respecto de la solicitud de autorización, deberá dar una opinión sobre el grado de cumplimiento de la sociedad a los manuales citados, en el caso de que previo a la presentación de la solicitud ya contare con ellos, con excepción de los relativos a las políticas de identificación y conocimiento del Socio.

Los documentos a que se refieren la fracción II del Artículo 11 de la Ley y las fracciones VI, VII y IX del presente artículo, podrán presentarse en medio electrónico.

Artículo 3.- Para efectos de lo dispuesto por la fracción V del Artículo 2 y del segundo párrafo del Artículo 5 de las presentes disposiciones, las Sociedades deberán establecer políticas que les permitan evaluar el historial crediticio de sus Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, Director o Gerente General e integrantes del Comité de Crédito, basados en la información que obtengan de las Sociedades de Información Crediticia. Al efecto, dichas políticas tomarán en cuenta, cuando menos:

I.        Criterios para valorar el contenido de los informes proporcionados por las Sociedades de Información Crediticia respectivas, que permitan calificar el perfil crediticio del candidato, en el evento de que cuente con adeudos vencidos u otro tipo de antecedentes crediticios que reflejen la generación de quebrantos a terceros o exista evidencia de conductas abusivas en la reestructuración de créditos.

II.       La información adicional que se requeriría a las personas que se ubiquen en los casos previstos en la fracción anterior.

III.      Los supuestos en los que se otorgaría o negaría el empleo, cargo o comisión a las personas que se ubiquen en las situaciones previstas en la fracción I anterior.

Artículo 4.- Las Sociedades deberán establecer mecanismos de control permanente que les permitan verificar en forma continua el cumplimiento de los requisitos, así como la inexistencia de impedimentos legales para que sus Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, Director o Gerente General puedan continuar en el desempeño de las funciones para las cuales hayan sido nombrados.

Artículo 5.- Las Sociedades deberán informar a la vicepresidencia de la Comisión encargada de su supervisión, así como a la Vicepresidencia Jurídica de la propia Comisión, los nombramientos de Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, Comité de Crédito, Comité de Auditoría, Director o Gerente General, según sea el caso, dentro de los 15 días hábiles posteriores a su designación, manifestando expresamente que los mismos cumplen con los requisitos establecidos en sus bases constitutivas.

Las Sociedades darán a conocer anualmente a la Comisión, durante el mes de mayo, los resultados de las gestiones que lleven a cabo en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 3 de las presentes disposiciones.

En caso de renuncia, remoción o destitución de Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, Director o Gerente General, las Sociedades deberán notificar a la Comisión dichos eventos, así como el motivo de los mismos, dentro de los 15 días hábiles posteriores a que estos ocurran.

Capítulo II De la asignación del nivel de operaciones

Artículo 6.- El Comité de Supervisión Auxiliar, en su dictamen respecto de la procedencia de la solicitud de autorización de alguna sociedad de nueva creación para operar como Sociedad, solo podrá proponer a la Comisión asignarle el nivel de operaciones I.

Artículo 7.- Tratándose del dictamen respecto de la procedencia de la solicitud de autorización para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo presentadas por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere el Artículo Tercero Transitorio del Artículo Primero del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, así como por aquellas con nivel básico que con posterioridad a su constitución o registro rebasen el límite de activos a que se refiere el Artículo 13 de la Ley, o bien, aquellas con activos inferiores al citado límite que soliciten autorización para operar con un nivel de operaciones distinto al básico, el Comité de Supervisión Auxiliar propondrá a la Comisión el nivel de operaciones de la sociedad, considerando el monto de los activos totales netos de sus correspondientes depreciaciones y estimaciones, de acuerdo con la tabla siguiente y con lo dispuesto por el Artículo 8 de las presentes disposiciones:

Nivel de Operaciones	Monto de Activos Totales (Netos de sus correspondientes depreciaciones y estimaciones)
Nivel I	Iguales o inferiores a 10’000,000 de UDIS
Nivel II	Superiores a 10’000,000 y hasta 50’000,000 de UDIS
Nivel III	Superiores a 50’000,000 y hasta 250’000,000 de UDIS
Nivel IV	Superiores a 250’000,000 de UDIS

 

Artículo 8.- El Comité de Supervisión Auxiliar, en adición a lo señalado en los Artículos 6 y 7 de estas disposiciones tomará en cuenta, para efectos de proponer a la Comisión el nivel de operaciones que, en su caso, pueda asignarse a la sociedad que se pretende autorizar, el análisis que realice sobre el programa general de operación, que presente la sociedad que se pretende autorizar en términos del Artículo 11, fracción II, de la Ley, así como los aspectos señalados en las fracciones siguientes:

I.        Sistemas para la generación de información.

II.       Grado de cumplimiento a los manuales a que se refiere la fracción IX del Artículo 2 de las presentes disposiciones, en caso de que previo a la presentación de la solicitud de autorización ya contare con ellos, con excepción de los relativos a las políticas de identificación y conocimiento del Socio.

III.      Equipos y sistemas de cómputo.

IV.     Estructura del sistema de control interno.

Si una vez evaluados los aspectos anteriores, a juicio del Comité de Supervisión Auxiliar o de la Comisión, la Sociedad no cuenta con la capacidad técnica y operativa para llevar a cabo las operaciones correspondientes al nivel de operaciones propuesto, la Comisión podrá modificar dicho nivel de operaciones y asignar un nivel inferior.

Artículo 9.- Las Sociedades solo podrán cambiar de nivel de operaciones, siempre y cuando acrediten a la Comisión que cumplen con los requisitos necesarios prudenciales asociados al tamaño de activos correspondientes al nivel de operaciones solicitado. La Comisión podrá denegar la solicitud de que se trate cuando la Sociedad solicitante tenga menos de 6 meses operando desde la fecha de la asignación del nivel de operaciones anterior.

Lo anterior, sin perjuicio de que la Comisión, en el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia directas o a través de la supervisión auxiliar realizada por el Comité de Supervisión Auxiliar, pueda asignarle a una Sociedad un nivel de operaciones inferior distinto al originalmente asignado, por no cumplir con los criterios y requisitos necesarios, o bien, ordene la suspensión temporal de todas o algunas de sus operaciones, cuando las citadas Sociedades infrinjan de manera grave o reiterada lo dispuesto por la Ley y las presentes disposiciones.

Capítulo III

De las operaciones que podrán realizar las Sociedades

Artículo 10.- Las Sociedades, atendiendo al nivel de operaciones que les sea asignado, podrán realizar las operaciones siguientes:

I.        Sociedades con nivel de operaciones I:

a)    Recibir depósitos a la vista, de ahorro, a plazo, retirables en días preestablecidos y retirables con previo aviso.

b)    Recibir préstamos y créditos de instituciones de crédito y demás instituciones financieras nacionales o extranjeras, fideicomisos públicos y organismos internacionales, así como de sus proveedores nacionales y extranjeros.

c)     Expedir y operar tarjetas de débito y tarjetas recargables.

d)    Recibir los apoyos del Comité de Protección al Ahorro Cooperativo, en términos del Artículo 55 de la Ley.

e)    Otorgar su garantía en términos del Artículo 55 de la Ley.

f)     Otorgar a sus Socios, préstamos o créditos a un plazo máximo de 36 meses.

g)    Otorgar créditos o préstamos de carácter laboral a sus trabajadores.

h)    Otorgar a otras Sociedades, previa aprobación del Comité Técnico, con cargo a sus excedentes de capital, préstamos de liquidez, mismos que deberán descontar de su capital, debiendo sujetarse a los requisitos y condiciones establecidos en el Capítulo I del Título Tercero de las presentes disposiciones.

i)      Descontar, dar en garantía o negociar títulos de crédito y afectar los derechos provenientes de los contratos de crédito o préstamo que realicen con sus Socios o de las operaciones autorizadas con las personas de las que reciban dichos créditos o préstamos, únicamente con fideicomisos públicos, constituidos por los gobiernos Federal, estatales o del Distrito Federal para el fomento económico, o con instituciones de crédito y organizaciones auxiliares del crédito, en términos de lo dispuesto por el Artículo 21 de la Ley.

j)      Constituir depósitos a la vista o a plazo en instituciones de crédito.

k)     Invertir en Valores Gubernamentales, bancarios y de sociedades de inversión en instrumentos de deuda en moneda nacional.

l)      Recibir y emitir órdenes de pago y transferencias.

m)   Fungir como receptor de pago de servicios por cuenta de terceros, siempre que lo anterior no implique para la Sociedad la aceptación de obligaciones directas o contingentes.

n)    Realizar la compra y venta de divisas en ventanilla por cuenta propia.

ñ)    Distribuir entre sus Socios, seguros que se formalicen a través de contratos de adhesión, por cuenta de alguna institución de seguros o sociedad mutualista de seguros, debidamente autorizadas de conformidad con la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y sujetándose a lo establecido en el Artículo 41 de la referida ley.

o)    Distribuir fianzas entre sus Socios, en términos de las disposiciones aplicables a dichas operaciones.

p)    Llevar a cabo la distribución y pago de productos, servicios y programas, todos ellos gubernamentales a favor de sus Socios.

q)    Celebrar, como arrendatarias, contratos de arrendamiento financiero sobre equipos de cómputo, transporte y demás que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto social, y adquirir los bienes que sean objeto de tales contratos.

r)     Celebrar contratos de arrendamiento sobre bienes muebles e inmuebles para la consecución de su objeto.

s)     Realizar inversiones permanentes en otras sociedades, siempre y cuando les presten servicios auxiliares, complementarios o de tipo inmobiliario, incluyendo inversiones en el capital social de la Federación a la que se encuentren afiliadas, en términos de lo previsto por el Artículo 78 Bis 1 de la Ley de Cooperativas.

t)      Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto y enajenarlos cuando corresponda.

u)    Recibir donativos.

v)     Aceptar mandatos y comisiones de entidades financieras, relacionados con su objeto.

w)    Las demás operaciones necesarias para la realización de su objeto social.

II.       Las Sociedades con nivel de operaciones II, además de las operaciones señaladas en la fracción I anterior, podrán efectuar las siguientes:

a)    Otorgar a sus Socios, préstamos o créditos por plazos de más de 36 y hasta 60 meses.

b)    Realizar operaciones de factoraje financiero con sus Socios o por cuenta de estos.

c)     Prestar servicios de caja de seguridad.

d)    Ofrecer el servicio de abono y descuento en nómina para beneficio de sus Socios.

e)    Realizar la compra venta de divisas en ventanilla, por cuenta propia o de terceros.

III.      Las Sociedades con nivel de operaciones III, además de las operaciones señaladas en las fracciones I y II anteriores, podrán efectuar las siguientes:

a)    Otorgar a sus Socios, préstamos o créditos a plazos superiores a 60 meses.

b)    Celebrar contratos de arrendamiento financiero con sus Socios.

c)     Prestar servicios de caja y tesorería.

IV.     Las Sociedades autorizadas con nivel de operaciones IV, además de las operaciones señaladas en las fracciones I, II y III anteriores, podrán efectuar las siguientes:

a)    Descontar, dar en garantía o negociar títulos de crédito, y afectar los derechos provenientes de los contratos de crédito o préstamo que realicen con sus Socios o de las operaciones autorizadas con las personas de las que reciban dichos créditos o préstamos, con cualquier persona física o moral, en términos de lo dispuesto por el Artículo 21 de la Ley.

b)    Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos, a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito.

c)     Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente, a sus Socios.

d)    Otorgar descuentos de toda clase, reembolsables a plazos congruentes con los de las operaciones pasivas que celebren.

Artículo 11.- La Comisión podrá autorizar a las Sociedades la realización de operaciones adicionales a las del nivel de operaciones que tengan asignado, siempre y cuando acrediten ante la vicepresidencia de la Comisión encargada de su supervisión, que cuentan con la capacidad técnica y operativa necesarias para la realización de dichas operaciones y la correcta administración de los riesgos asociados a estas.

Sección Primera

De las características de las operaciones pasivas

Artículo 12.- Las Sociedades, en la contratación de las operaciones pasivas señaladas por el Artículo 10 de las presentes disposiciones, deberán sujetarse a las disposiciones que resulten aplicables, así como a los términos y condiciones siguientes:

I.       Depósitos a la vista.

a)    Características generales

Las cuentas en que se lleven a cabo estos depósitos se clasificarán en cuatro niveles de operación, dependiendo de los requisitos para la apertura de la cuenta de que se trate, de conformidad con lo previsto en las “Disposiciones de carácter general a que se refieren los Artículos 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo” emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dichas cuentas deberán ajustarse a lo siguiente:

1.     En las cuentas clasificadas como nivel 1 y tarjetas recargables, la suma de los abonos en el transcurso de un mes calendario no podrá exceder al equivalente en moneda nacional a 750 UDIS. En ningún momento el saldo de las propias cuentas podrá exceder al equivalente en moneda nacional a 1,000 UDIS.

2.     En las cuentas clasificadas como nivel 2, la suma de los abonos en el transcurso de un mes calendario no podrá exceder al equivalente en moneda nacional a 3,000 UDIS.

3.     En las cuentas clasificadas como nivel 3, la suma de los abonos en el transcurso de un mes calendario no podrá exceder al equivalente en moneda nacional a 10,000 UDIS.

4.     En las cuentas clasificadas como nivel 4, el abono de recursos no tendrá límite, salvo que, en su caso, las Sociedades pacten alguno con sus Socios.

En las cuentas del nivel 2 las Sociedades podrán recibir depósitos mensuales adicionales al límite establecido, hasta por el equivalente en moneda nacional a 6,000 UDIS, siempre que el origen de los recursos provenga exclusivamente de subsidios relativos a programas gubernamentales de apoyo a determinados sectores de la población.

Para realizar el cálculo en UDIS de los límites señalados en este numeral, las Sociedades deberán tomar el valor de dicha unidad de cuenta del último día del mes calendario anterior al mes de que se trate.

Para determinar el monto máximo de los abonos en las cuentas de los niveles 1, 2 y 3 en el transcurso de un mes calendario, las Sociedades podrán no incluir los importes relativos a intereses, devoluciones por transferencias electrónicas de fondos y cualquier otra bonificación que dichas Sociedades realicen por el uso o manejo de la cuenta que, en su caso, se efectúen en el periodo de que se trate.

b)    Cuentahabientes

Estos depósitos podrán recibirse de personas físicas.

c)     Rendimientos

Las tasas de interés que, en su caso, las Sociedades utilicen para calcular los intereses que correspondan a los recursos que se mantengan en las cuentas se aplicarán sobre el promedio de los saldos diarios del período en el cual hayan estado vigentes.

Las Sociedades podrán determinar la periodicidad de pago de los intereses respectivos y reservarse el derecho de ajustar diariamente la tasa pactada.

d)    Abonos

Las Sociedades deberán permitir en todos los tipos de cuentas que se realicen abonos en efectivo y a través de transferencias electrónicas de fondos.

e)    Medios de disposición y de pago

Las Sociedades deberán permitir a sus Socios el acceso a los recursos de las cuentas, de conformidad con lo siguiente:

1.     Respecto de las cuentas del nivel 1, en las ventanillas de las sucursales de la Sociedad, previa identificación del Socio de conformidad con lo que al efecto hubiere establecido la propia Sociedad, así como con tarjetas de débito y tarjetas recargables.

        Las Sociedades no deberán permitir que los recursos de estas cuentas y de las tarjetas de débito correspondientes se dispongan mediante teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo electrónico.

2.     En relación con las cuentas de los niveles 2, 3 y 4, en las ventanillas de las sucursales de la Sociedad, previa identificación del Socio de conformidad con lo que al efecto hubiere establecido la propia Sociedad y a través de los medios que las Sociedades determinen, tales como transferencias electrónicas de fondos, incluyendo el servicio conocido como domiciliación, y tarjetas de débito.

f)     Características de los medios de disposición y de pago

1.    Tarjetas de débito

Este medio de disposición y de pago podrá presentarse en las formas que determinen las Sociedades, tales como tarjetas y calcomanías, siempre y cuando en ellas se muestre claramente la denominación de las Sociedades emisoras o cualquier otra expresión, simbología, emblema o logotipo que las identifique.

Adicionalmente, las tarjetas de débito asociadas a cuentas de los niveles 2 a 4 podrán presentarse en microcircuitos contenidos en teléfonos móviles, siempre que, al utilizarse la aplicación respectiva, se muestre claramente la denominación de las Sociedades emisoras o cualquier otra expresión, simbología, emblema o logotipo que las identifique.

Las tarjetas de débito podrán utilizarse para:

i)      Disponer de efectivo en las sucursales de la Sociedad emisora, en cajeros automáticos, a través de comisionistas bancarios, así como en negocios afiliados.

ii)     Pagar bienes, servicios, créditos, impuestos, así como para realizar otros pagos que las Sociedades permitan a sus Socios.

En los contratos que suscriban con negocios afiliados, las Sociedades tendrán la obligación de permitir a los establecimientos optar por aceptar como medio de pago de los bienes y servicios que ofrecen solo tarjetas de débito; solo tarjetas de crédito, o bien, a tarjetas de débito y tarjetas de crédito indistintamente.

Las Sociedades deberán incorporar en el anverso de las tarjetas su fecha de vencimiento de manera visible. Tratándose de otras formas de tarjetas de débito que tengan vigencia definida, las Sociedades deberán darla a conocer a sus Socios en algún medio que deje constancia de ello.

2.     Tarjetas recargables

Además de lo señalado en la fracción anterior, respecto de estas tarjetas las Sociedades deberán observar lo siguiente:

i)      Oferta

Las Sociedades podrán ofrecerlas:

i.i)        En sus sucursales.

i.ii)       A través de medios electrónicos que pongan a disposición de sus Socios.

i.iii)      Por medio de cualquier otra persona que las propias Sociedades autoricen.

ii)     Información al público

Los términos y condiciones aplicables a estas tarjetas recargables deberán ponerse a disposición del público en la página de Internet de la Sociedad emisora, así como entregarse por escrito a las personas que las adquieran y contener, al menos, lo siguiente:

ii.i        Las formas en las que podrán usarse y abonarse.

ii.ii       Los conceptos, montos, periodicidad y vigencia de las comisiones que en su caso se cobren, así como el mecanismo mediante el cual se darán a conocer las modificaciones a tales comisiones.

ii.iii      La fecha de vencimiento.

ii.iv      El rendimiento que, en su caso, genere el saldo.

ii.v       Las medidas de seguridad para su uso.

ii.vi      Los procedimientos para reportar cualquier mal funcionamiento de la tarjeta recargable y, en su caso, el robo o extravío; así como para solicitar aclaraciones y para obtener la devolución de los recursos con motivo de la cancelación o terminación de su vigencia.

ii.vii     Los mecanismos para consultar el saldo y, en su caso, los movimientos.

ii.viii    Los mecanismos e información que deben proporcionar o utilizar para recibir abonos a través de transferencias electrónicas de fondos.

            Adicionalmente, deberá entregarse al Socio un comprobante de la adquisición de la tarjeta recargable correspondiente, el cual podrá servir como comprobante de la apertura de la cuenta.

iii)    Uso

Las tarjetas recargables referidas en este numeral solo podrán utilizarse en territorio nacional, por lo que no podrán usarse para disponer de efectivo ni efectuar pagos en el extranjero, así como tampoco para realizar transferencias electrónicas de fondos.

iv)    Devolución de recursos

Las Sociedades emisoras estarán obligadas a devolver a sus Socios el saldo de los recursos depositados en las tarjetas recargables cuando las cancelen; por mal funcionamiento de la tarjeta, o una vez terminada su vigencia.

Lo anterior, siempre que se acredite la propiedad de los recursos respectivos a través de la presentación o entrega de la tarjeta recargable de que se trate o, en su defecto, de la información o documentación señalada en alguno de los incisos siguientes:

iv.i)      El comprobante de la apertura de la cuenta o de la adquisición de la tarjeta recargable.

iv.ii)     El número de la tarjeta recargable y el número de identificación personal asociado a ella, en caso de que existan ambos.

iv.iii)    De cualquier otra forma que se establezca en los términos y condiciones emitidos por las Sociedades para la operación de dichas tarjetas recargables.

II.       Depósitos retirables en días preestablecidos.

a)    Cuentahabientes.

Estos depósitos podrán recibirse de personas físicas.

b)    Montos.

        Las Sociedades podrán pactar libremente con sus cuentahabientes, los montos y saldos mínimos a partir de los cuales estén dispuestas a recibir y mantener estos depósitos.

        Las Sociedades deberán reservarse invariablemente el derecho de no recibir nuevos depósitos en la cuenta de que se trate.

c)     Rendimientos.

        Las Sociedades podrán pactar libremente las tasas de interés que devenguen estos depósitos, las cuales podrán ser distintas para cada tipo de Socio que determine la propia Sociedad.

        La tasa pactada solo podrá revisarse y, en su caso, ajustarse, en los días preestablecidos en que el depositante pueda efectuar retiros.

        Las tasas se aplicarán sobre el promedio de los saldos diarios del principal en el periodo en el cual hayan estado vigentes.

        Las Sociedades podrán pactar libremente la periodicidad de pago de los intereses.

d)    Retiros.

        Estos depósitos solo podrán ser retirables en los días pactados en el contrato respectivo.

        Cuando alguno de los días de retiro sea inhábil, el depósito podrá retirarse el día hábil bancario inmediato siguiente. En este caso, los rendimientos continuarán devengándose hasta el día de pago, inclusive, a la tasa de interés originalmente pactada.

        Las Sociedades podrán pactar en los contratos respectivos que de presentarse el supuesto previsto en el párrafo precedente, el depósito pueda retirarse el día hábil bancario inmediato anterior. En los contratos también podrá establecerse que el retiro pueda efectuarse a elección del depositante en cualquiera de las dos opciones mencionadas.

        Las Sociedades se abstendrán de atender retiros en días distintos a los expresamente señalados en el contrato respectivo.

        No obstante lo anterior, las Sociedades podrán pactar que estos depósitos sean retirables también con previo aviso. En este caso, en el contrato correspondiente deberá establecerse el plazo con el cual deberá darse el previo aviso para los retiros y el monto máximo de estos.

III.     Depósitos de ahorro.

a)    Cuentahabientes.

Estos depósitos podrán recibirse de personas físicas.

b)    Montos.

        Las Sociedades podrán pactar libremente con sus cuentahabientes, mediante políticas de carácter general los montos y saldos mínimos a partir de los cuales estén dispuestas a recibir y mantener estos depósitos.

c)     Rendimientos.

        Estos depósitos devengarán intereses a la tasa que libremente determine la Sociedad depositaria. La tasa así determinada se aplicará de manera uniforme a todos los depositantes.

        Dicha tasa deberá revisarse y, en su caso, ajustarse por periodos mensuales.

        La tasa determinada para cada periodo mensual será aplicable al promedio de los saldos diarios en el propio periodo. Los intereses se pagarán por mensualidades vencidas, mediante abonos en la propia cuenta.

d)    Retiros.

        El ahorrador podrá disponer:

1.     A la vista, de la cantidad equivalente a 30 días de salario mínimo diario general en el Distrito Federal, o del 30 por ciento del saldo de la cuenta cuando la suma correspondiente a este porcentaje sea superior a aquella cantidad. Entre un retiro a la vista y otro, deberán transcurrir cuando menos 30 días.

2.     Mediante un aviso previo de 15 días, del 50 por ciento del saldo de su cuenta, y con otro aviso de 15 días más, podrán retirar el resto de sus ahorros.

No obstante lo establecido en este inciso, la Sociedad podrá pagar a la vista hasta el 100 por ciento del importe de la cuenta.

IV.     Depósitos a plazo fijo.

a)    Cuentahabientes.

        Estos depósitos podrán recibirse de personas físicas.

b)    Montos.

        Las Sociedades podrán pactar libremente con sus cuentahabientes, los montos mínimos a partir de los cuales estén dispuestas a recibir estos depósitos.

c)     Rendimientos.

        Al constituirse estos depósitos, las partes pactarán libremente, en cada caso, la tasa de interés.

        Las Sociedades determinarán libremente la periodicidad con la que vayan a pagar los intereses.

        Tratándose de renovaciones automáticas, la tasa aplicable en cada renovación deberá ser la señalada por la Sociedad para depósitos con las mismas características en la fecha valor de la renovación.

d)    Plazos.

        Al constituirse estos depósitos las partes pactarán, en cada caso, el plazo de los mismos. El plazo se pactará por días naturales, no debiendo ser menor a un día, y será forzoso para ambas partes.

e)    Retiros.

        Estos depósitos solo serán retirables al vencimiento del plazo contratado. Cuando alguno de los días de retiro sea inhábil el depósito podrá retirarse el día hábil inmediato siguiente. En este caso, los rendimientos continuarán devengándose hasta el día del pago, inclusive, a la tasa de interés originalmente pactada. En el mismo supuesto de día inhábil, se podrá pactar en el contrato que el depósito pueda retirarse el día hábil inmediato anterior o en cualquiera de las dos opciones mencionadas a elección del depositante.

f)     Documentación.

        Estos depósitos se documentarán en certificados de depósito a plazo, o bien, en constancias de depósito a plazo.

        Los certificados y las constancias, llevarán anotado el número progresivo que a cada uno le corresponda, el cual deberá ser distinto tanto para los certificados como para las constancias.

        Los certificados de depósito a plazo son títulos de crédito nominativos. Los depósitos documentados en tales certificados no podrán renovarse al vencimiento.

        Los depósitos documentados en constancias podrán ser renovados automáticamente a su vencimiento.

V.      Depósitos retirables con previo aviso.

a)    Cuentahabientes.

        Estos depósitos podrán recibirse de personas físicas.

b)    Montos.

        Las Sociedades podrán pactar libremente con sus cuentahabientes los montos y saldos mínimos a partir de los cuales estén dispuestas a recibir y mantener estos depósitos.

        Las Sociedades deberán reservarse invariablemente el derecho de no recibir nuevos depósitos en la cuenta de que se trate.

c)     Rendimientos.

        Las Sociedades podrán pactar libremente las tasas de interés que devenguen estos depósitos, las cuales podrán ser distintas para cada Socio.

        Las tasas se aplicarán sobre el promedio de los saldos diarios del periodo en el cual hayan estado vigentes.

        Las Sociedades podrán pactar libremente la periodicidad de pago de intereses.

d)    Retiros.

        En el contrato correspondiente deberá establecerse el plazo con el cual deberá darse el previo aviso para los retiros y el monto máximo de estos.

VI.     Asunción de obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito.

a)    Aceptaciones.

        Las Sociedades podrán aceptar letras de cambio en moneda nacional cuando:

1.     Hayan recibido previamente su importe o hayan contratado un crédito o una línea de crédito con el girador para cubrir dicho importe.

2.     Sean giradas por personas físicas o morales distintas a la Sociedad que las acepte, ya sea a la orden del girador o de quien este designe.

3.     Sean giradas a un plazo mayor a un día hábil.

4.     Sean negociables.

b)    Títulos de crédito avalados.

1.     Titulares.

        Podrán ser adquiridos por personas físicas.

2.     Emisión.

        Los avales sobre títulos de crédito se otorgarán con base en aperturas de crédito que la Sociedad avalista otorgue al suscriptor de los títulos.

        Atento a lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no es necesario que, precisamente en la fecha de suscripción de un pagaré, se indique el nombre del beneficiario. Por lo tanto, las Sociedades podrán avalar títulos de crédito sin la mención del beneficiario siempre y cuando, también conforme al precepto citado, se cumpla con dicho requisito con anterioridad a la presentación de los títulos para su pago o aceptación.

        La Sociedad avalista podrá descontar los títulos de crédito en la fecha en que los mismos hayan sido emitidos.

        Los acreedores, beneficiarios de los pagarés y los deudores, suscriptores de los títulos, podrán ser puestos en contacto por la Sociedad que otorgue el aval.

3.     Rendimientos.

        Las tasas de rendimiento de los pagarés serán pactadas libremente por acreedores y deudores.

4.     Plazos.

        Serán los que libremente convengan las partes, no debiendo ser menor a un día.

5.     Documentación.

        Los títulos de crédito avalados serán cualquier crédito en moneda nacional que una persona otorgue a una empresa, o bien, a una persona física que realice actividades empresariales, siempre y cuando dicho crédito se documente con pagarés sobre los cuales las Sociedades otorguen su aval. Para efectos de este numeral, se entenderá por empresa a cualquier sociedad mercantil u organismo descentralizado que realice preponderantemente actividades empresariales.

VII.    Recepción de préstamos y créditos de instituciones de crédito y demás instituciones financieras nacionales o extranjeras, así como de fideicomisos públicos y organismos internacionales, y de sus proveedores nacionales y extranjeros.

          Las Sociedades podrán recibir préstamos o créditos de instituciones de crédito y demás instituciones financieras nacionales o extranjeras, así como de fideicomisos públicos y organismos internacionales, y de sus proveedores nacionales y extranjeros, sujetándose para tales efectos a los contratos, programas, políticas o lineamientos que documenten dichas operaciones.

          La Comisión podrá autorizar la recepción de préstamos y créditos otorgados por personas distintas a las señaladas en la presente fracción, previa solicitud de la Sociedad correspondiente.

Los depósitos a que se refieren las fracciones I, inciso b), II, inciso a), III, inciso a), IV, inciso a) y V, inciso a) del presente artículo, se podrán realizar con menores de edad, en términos de la legislación común aplicable, siempre y cuando sus padres o tutores sean Socios. Dichos depósitos no otorgarán a los menores el carácter de Socios de la Sociedad de que se trate. Lo anterior, en el entendido de que en el momento en que se venza el plazo establecido en las bases constitutivas para que el depositante adquiera el carácter de Socio y siempre que se haya alcanzado la mayoría de edad, tales personas podrán optar por convertirse en Socios de la Sociedad o solicitar la entrega de sus recursos, una vez que venzan los plazos correspondientes a los respectivos depósitos.

Una vez vencido el plazo anterior, sin que los depositantes hubieran adquirido el carácter de Socio siendo mayores de edad, los depósitos serán transferidos a una cuenta concentradora.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será necesario tratándose de operaciones celebradas en el marco de programas tendientes a fomentar el ahorro de menores, siempre que los saldos respectivos no rebasen del equivalente en moneda nacional a 1,500 UDIS por depositante.

Sección Segunda

De las características de las operaciones activas

Artículo 13.- Las Sociedades, en la contratación de las operaciones activas señaladas por el Artículo 10 de las presentes disposiciones, deberán sujetarse a las disposiciones que resulten aplicables, así como a los términos y condiciones siguientes:

I.       Préstamos o créditos, en moneda nacional o UDIS.

a)    Plazos.

Las Sociedades con nivel de operaciones I podrán otorgar créditos por un plazo de hasta 36 meses.

Las Sociedades con nivel de operaciones II, podrán otorgar créditos por un plazo de más de 36 meses y hasta 60 meses.

Las Sociedades con nivel de operaciones III y IV, podrán otorgar créditos por  plazos superiores a 60 meses.

En ningún caso las Sociedades podrán otorgar créditos por plazos superiores a 30 años.

Adicionalmente, las Sociedades deberán ajustarse a los límites máximos de plazo y monto del crédito o préstamo que al efecto determine el Consejo de Administración de cada Sociedad, los cuales se ajustarán en lo establecido en el presente capítulo.

b)    Tasas de interés.

Las Sociedades podrán convenir con sus Socios la tasa de interés que pretendan cobrar por los préstamos o créditos, debiendo pactar una sola tasa de interés ordinaria y, en su caso, una sola tasa de interés moratoria.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán dividir en dos o más períodos el plazo de vigencia de los préstamos o créditos y establecer desde el momento del inicio de la vigencia del préstamo o crédito respectivo la tasa de interés aplicable a cada uno de los aludidos períodos. Cada período no deberá ser menor a 3 años.

La tasa de interés deberá determinarse conforme a alguna de las tres opciones siguientes:

1.     Una tasa fija.

2.     Una tasa variable, la cual podrá ser determinada bajo cualquier fórmula acordada con el Socio, siempre y cuando esta use como referencia una sola tasa que se elija de entre las señaladas en los incisos e) y f) de esta fracción, según se trate de préstamos o créditos denominados en moneda nacional o en UDIS.

3.     Una tasa variable con un límite máximo fijo.

Las tasas de interés pactadas se deberán calcular sobre saldos insolutos y sólo podrán cobrarse por anticipado en los supuestos que al efecto determine el Banco de México en términos de lo dispuesto por la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Tratándose de aperturas de líneas de crédito en las que las Sociedades no hayan renunciado al derecho de denunciarlas en cualquier tiempo, las partes podrán pactar que la tasa de interés aplicable se fijará en el momento en que se efectúe cada una de las disposiciones respectivas. Lo anterior, deberá ser acordado por las partes en los documentos en los que se instrumenten los préstamos o créditos.

c)     Modificación de la tasa de interés.

        Queda prohibido a las Sociedades modificar unilateralmente la tasa de interés a la alza o los mecanismos para determinarla, durante la vigencia del préstamo o crédito de que se trate.

        Lo anterior, no será aplicable a los préstamos o créditos que las Sociedades otorguen a sus empleados; en los que se pacte que la tasa de interés se incrementará en caso de que deje de existir la relación laboral. Al efecto, deberá convenirse expresamente desde el momento de contratar el préstamo o crédito, el incremento aplicable a la tasa de interés.

        Lo dispuesto en los párrafos precedentes es sin perjuicio de la facultad que tienen las partes de modificar mediante convenio las cláusulas de los instrumentos en los que se documenten los préstamos o créditos, incluyendo las relativas a la tasa de interés. En tal caso el Socio, al momento de pactar la modificación, deberá otorgar su consentimiento por escrito o por cualquier otro medio que deje constancia de ello.

        Tratándose de contratos de apertura de crédito en cuenta corriente en moneda nacional, las Sociedades, a través de los medios que pacten con sus Socios deberán darles a conocer las modificaciones a las tasas de interés, por lo menos con 30 días naturales de anticipación a la fecha prevista para que dichas modificaciones surtan efectos. Con motivo de lo anterior, los Socios en los términos que establezcan los contratos y dentro de los 60 días naturales siguientes a que surtan efectos las modificaciones, tendrán derecho a dar por terminado el contrato respectivo en caso de no estar de acuerdo con ellas, sin que la Sociedad pueda cobrarle cantidad adicional alguna por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieren generado a la fecha en que se dé por terminado el contrato.

d)    Tasa aplicable y periodo de cómputo de intereses.

        Las tasas de interés ordinarias y moratorias deberán expresarse exclusivamente en términos anuales simples, considerando años de 360 días.

        En el evento de que las Sociedades pacten la tasa de interés con base en una tasa de referencia, también deberán pactar que dicha tasa de referencia deberá ser la última publicada durante el período que se acuerde para la determinación de dicha tasa de interés, o la que resulte del promedio aritmético de dichas tasas, publicadas durante el referido período. Lo anterior, en el entendido de que el período de determinación de la tasa de interés, no necesariamente deberá coincidir con el período en que los intereses se devenguen.

e)    Tasas de referencia en moneda nacional.

        En los préstamos o créditos denominados en moneda nacional, únicamente se podrá utilizar como tasa de referencia: i) la TIIE; ii) CETES; iii) el CCP; iv) la Tasa Nafin (TNF) que se publique en el Diario Oficial de la Federación; v) la tasa que se hubiese pactado en los instrumentos que documenten préstamos o créditos de la banca de desarrollo o de fideicomisos públicos de fomento económico, únicamente en los préstamos o créditos que sean objeto de descuento con tales instituciones de banca de desarrollo o de esos fideicomisos, o que sean otorgados con recursos provenientes de dichas instituciones o fideicomisos; vi) la tasa ponderada de fondeo bancario o, vi) la tasa ponderada de fondeo gubernamental. Estas dos últimas tasas serán las que el Banco de México dé a conocer en su página electrónica en la red mundial Internet con el nombre de dominio www.banxico.org.mx.

        Tratándose de las tasas de referencia previstas en los numerales i) y ii), deberá indicarse el plazo de la TIIE o de los CETES al que esté referida la tasa de los Créditos.

f)     Tasas de referencia en UDIS.

        En los préstamos o créditos denominados en UDIS, únicamente podrá utilizarse como referencia la tasa de rendimiento en colocación primaria de UDIBONOS.

g)    Tasas de referencia sustitutivas.

        Cuando se acuerde una tasa de referencia, deberá pactarse una o más tasas de referencia sustitutivas en el evento de que deje de existir la tasa de referencia originalmente pactada, debiendo convenir el orden en que, en su caso, dichas tasas de referencia sustituirían de ser necesario a la originalmente pactada.

        Los acuerdos mencionados deberán quedar claramente establecidos desde el momento en que se otorgue el préstamo o crédito correspondiente y solo podrán modificarse conforme a lo previsto en los incisos b) y c)  de la presente fracción.

h)    Garantías.

        Tratándose de Sociedades con nivel de operaciones I, únicamente podrán otorgar créditos o préstamos revolventes, siempre y cuando dichas operaciones estén cubiertas al 100% por garantías líquidas que cumplan con lo que se establece en el Anexo C de las presentes disposiciones.

II.      Inversiones en valores autorizados por la Ley.

a)    Valores Gubernamentales.

        Las operaciones de compraventa con Valores Gubernamentales deberán denominarse en moneda nacional, salvo tratándose de las que se celebren con aquellos instrumentos denominados en UDIS.

b)    Títulos bancarios.

        Se entenderá por títulos bancarios: los certificados de depósito a plazo, las aceptaciones bancarias, los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, el papel comercial con aval bancario, y los bonos bancarios.

c)     Valores de sociedades de inversión en instrumentos de deuda.

III.      Operaciones de cesión o descuento con fideicomisos públicos, constituidos por los gobiernos Federal, estatales o del Distrito Federal para el fomento económico, así como con otras Sociedades y con el Fondo de Protección.

          Las Sociedades podrán ceder o descontar su cartera de crédito con o sin su responsabilidad, con fideicomisos públicos, constituidos por los gobiernos Federal, estatales o del Distrito Federal para el fomento económico, así como con otras Sociedades y con el Fondo de Protección, sin restricción alguna.

          No obstante lo anterior, el Comité Técnico, a través del Comité de Protección al Ahorro Cooperativo, previa opinión de la Comisión, en casos excepcionales podrá autorizar a las Sociedades que cedan o descuenten su cartera crediticia con personas distintas a las señaladas en la presente fracción, cuando su situación financiera así lo requiera.

IV.     Emisión de tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente.

          Las Sociedades deberán observar la “Circular 34/2010, dirigida a las instituciones de banca múltiple, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas relativa a las Reglas de Tarjetas de Crédito”, emitida por el Banco de México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2010 y las que la sustituyan.

Sección Tercera

De las características de las operaciones de servicios

Artículo 14.- Las Sociedades podrán recibir el pago de servicios por cuenta de terceros, siempre que lo anterior no implique para la Sociedad la aceptación de obligaciones directas o contingentes.

Las Sociedades podrán recibir pagos respecto de servicios que proporcionen terceros a sus Socios y al público en general, para lo cual deberán celebrar con dichos terceros, contratos de prestación de servicios para la situación de fondos.

Asimismo, las Sociedades al recibir los recursos de sus Socios deberán informarles el carácter con el que se reciben los recursos, lo que deberá constar en el recibo que para tales efectos extiendan.

En todos los casos, los recursos se reciben por cuenta y orden del tercero a favor de quien se efectúe el pago.

Artículo 15.- Las Sociedades, en la aceptación de mandatos y comisiones de entidades financieras relacionados con su objeto, deberán contar con la previa aprobación de su Consejo.

Asimismo, deberán informar a la Comisión y al Fondo de Protección respecto de los mandatos y comisiones que acepten.

Artículo 16.- Las Sociedades determinarán libremente, en función de sus costos y políticas, el importe de las cuotas y honorarios correspondientes a los servicios siguientes:

I.        Pagos por cuenta de sus Socios.

II.       Copias fotostáticas a solicitud del interesado.

III.      Compra y venta de divisas.

Sección Cuarta

Disposición Final

Artículo 17.- Las Sociedades, a fin de realizar cualquiera de las operaciones previstas en la Ley y en el presente Título, en términos distintos a los aquí señalados, deberán contar con la previa autorización de la Comisión.

Tratándose de la aceptación de documentos de cobro inmediato en firme, las Sociedades deberán acreditar previamente ante la vicepresidencia de la Comisión encargada de su supervisión, que cuentan con la capacidad técnica y operativa para la administración de los riesgos asociados y la prudente realización de dicha operación.

TITULO TERCERO

DE LOS PRESTAMOS DE LIQUIDEZ Y DE LA REGULACION PRUDENCIAL

Capítulo I

De los préstamos de liquidez que otorguen las Sociedades

Artículo 18.- Las Sociedades, en términos de lo previsto por el Artículo 19, fracción I, inciso h) de la Ley, podrán solicitar al Comité Técnico del Fondo de Protección les autorice el otorgamiento de préstamos de liquidez con cargo al patrimonio de una o más Sociedades, proponiendo al efecto el monto, destino, plazo, intereses, garantías y demás características de la operación de que se trate y, siempre que se ajusten a lo previsto en los lineamientos a que se refiere el Artículo 19 siguiente.

Artículo 19.- El Comité Técnico deberá establecer lineamientos y políticas generales, así como el contrato marco relativo a los préstamos de liquidez que se otorguen entre sí las Sociedades. Dichos lineamientos deberán contener como mínimo lo siguiente:

I.        Destino: Los préstamos únicamente podrán otorgarse con el objeto de atender problemas de liquidez que presenten las Sociedades acreditadas. Para ello, el Comité Técnico deberá evaluar en cada caso la situación financiera de las Sociedades y verificar que el destino de dichos préstamos, conste de forma expresa en los contratos respectivos.

II.       Plazo: Los préstamos se concederán a plazo no mayor de 270 días, incluyendo en dicho plazo las renovaciones que, en su caso, se otorguen.

III.      Garantías: Los préstamos deberán garantizarse a satisfacción de la Sociedad acreditante.

Artículo 20.- Corresponderá al Comité Técnico, en su caso, aprobar las solicitudes que para el otorgamiento de préstamos de liquidez les presenten las Sociedades.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 19 antes citado, el monto de cada uno de los préstamos de liquidez que se otorgue al amparo del contrato respectivo, deberá ser autorizado de forma previa por el Comité Técnico a más tardar a los 5 días hábiles siguientes a que se reciba completo el expediente por parte de dicho Comité.

Para otorgar la autorización del préstamo de liquidez de que se trate, el Comité Técnico deberá observar lo siguiente:

I.        Todo préstamo de liquidez deberá otorgarse o renovarse con cargo a los excedentes de capital neto mínimo requerido de la Sociedad acreditante, por lo que esta deberá descontarlo de su capital para efectos de los cálculos a que se refieren los Artículos 28, 54, 94 y 139 de las presentes disposiciones.

II.       El monto del préstamo o del conjunto de préstamos de liquidez que mantenga vigentes una Sociedad acreditante, no podrá exceder del 20 por ciento de su capital neto. En ningún caso las Sociedades podrán otorgar préstamos de liquidez cuando dicho otorgamiento conlleve a que estas sean reclasificadas en la categoría 2 a que se refiere el Artículo 77 de la Ley.

III.      El monto del préstamo o del conjunto de préstamos de liquidez que otorgue o renueve una Sociedad, no podrá ubicarla por debajo del coeficiente de liquidez que, conforme a las disposiciones aplicables, deba mantener.

Artículo 21.- En caso de falta de pago oportuno de un préstamo de liquidez, la Sociedad acreditante deberá comunicarlo a la Comisión y al Comité de Supervisión Auxiliar el día hábil siguiente al vencimiento, a fin de que este último investigue las causas de la mora. El resultado de la investigación deberá hacerse del conocimiento de la Comisión dentro de los 3 días hábiles siguientes a su conclusión. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de las acciones que correspondan a la Sociedad acreditante para la recuperación del crédito.

Capítulo II

De la regulación prudencial

Sección Primera

De la regulación prudencial para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con un monto de activos totales iguales o inferiores a 10’000,000 de UDIS

Artículo 22.- Lo dispuesto en la presente sección se aplicará a las Sociedades cuyos activos totales netos de sus correspondientes depreciaciones y estimaciones, sean iguales o inferiores al equivalente en pesos de 10’000,000 de UDIS.

Las Sociedades que al cierre de un trimestre calendario determinado sobrepasen el rango máximo del nivel de activos a que se refiere esta sección, contarán con un plazo de dos trimestres calendario adicionales durante los cuales podrán seguir cumpliendo con lo dispuesto en la presente sección.

En dicho plazo deberán adecuar sus procesos y manuales a los requerimientos correspondientes a su nuevo nivel de regulación prudencial.

Asimismo, para dar debido cumplimiento a la presente disposición deberán programar con anticipación, las fechas en las que estimen rebasarán el tamaño de activos máximos establecido para su nivel.

Apartado A

Capital mínimo

Artículo 23.- Las Sociedades deberán contar con un capital mínimo, el cual se integrará con la suma del capital social más las reservas de capital y, en su caso, el rubro denominado “Efecto por incorporación al régimen de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo” a que se refiere la fracción VII del Artículo 2 de las presentes disposiciones. El capital social deberá estar íntegramente suscrito y pagado. El capital mínimo para las Sociedades sujetas a la presente regulación será de 100,000 UDIS.

Cuando la situación financiera de alguna Sociedad lo requiera, la Comisión podrá otorgar por única ocasión un plazo de 6 meses a dicha Sociedad para cumplir con el capital mínimo a que se refiere el párrafo anterior.

Los Socios de las Sociedades podrán solicitar el retiro de sus aportaciones, siempre y cuando dicho retiro no resulte en un incumplimiento al capital mínimo o a los requerimientos de capitalización que deben observar las Sociedades conforme a la presente sección.

Apartado B

Requerimientos de capitalización por riesgos

Artículo 24.- Las Sociedades deberán mantener un capital neto el cual no podrá ser inferior al requerimiento de capital establecido en la presente sección. Para tales efectos, las operaciones deberán ser valuadas conforme a los Criterios de Contabilidad.

Se incluirán las operaciones a partir de la fecha en que se concierten, independientemente de la fecha de liquidación, entrega o vigencia, según sea el caso.

Se considerará que se ha transferido la propiedad de un activo, y que por lo tanto este no tendrá requerimientos de capitalización de acuerdo con lo establecido en la presente sección, siempre que la operación cumpla con todas y cada una de las condiciones establecidas para ser reconocida como una venta de activos, en el criterio referente al “Reconocimiento y baja de activos financieros” contenido en los Criterios de Contabilidad.

En caso de operaciones denominadas en UDIS, estas deberán convertirse a moneda nacional aplicando el valor de la UDI publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a la fecha a la que se estén determinando los requerimientos de capital.

Artículo 25.- Las Sociedades, para la determinación del requerimiento de capital por riesgo de crédito, deberán ajustarse al procedimiento que se describe en este artículo.

El requerimiento de capital por riesgo de crédito será el que se obtenga de aplicar un 8 por ciento al monto total de la cartera de créditos otorgados por las Sociedades, neta de las correspondientes provisiones para riesgos crediticios.

Adicionalmente, para efectos de lo señalado en el presente artículo, las Sociedades podrán deducir del monto total de cada crédito, hasta un 100 por ciento de los depósitos de dinero constituidos por el propio acreditado en la Sociedad, que cumplan con las condiciones para ser considerados una garantía en términos de lo dispuesto por el Apartado V del Anexo C de las presentes disposiciones. El importe a deducir no podrá ser superior al saldo insoluto del crédito.

Artículo 26.- Para efectos de lo previsto en esta sección, el capital neto estará compuesto por:

I.        El capital contable o patrimonio.

          Menos:

II.       Las partidas que se contabilicen en el activo de la Sociedad como intangibles o que, en su caso, impliquen el diferimiento de gastos o costos en el capital de la Sociedad, tales como:

a)    Los intangibles de cualquier tipo incluyendo el crédito mercantil.

b)    Cualquier partida con excepción de los activos fijos y los pagos anticipados menores a un año, que representen erogaciones o gastos cuyo conocimiento en el capital contable se difiera en el tiempo.

          Todos estos conceptos se restarán netos de sus correspondientes amortizaciones.

III.      Los préstamos de liquidez otorgados a otras Sociedades con base en lo establecido en el Artículo 19, fracción I, inciso h) de la Ley.

IV.     Los créditos que se otorguen netos de sus correspondientes estimaciones y las demás operaciones, que se realicen en contravención a las disposiciones aplicables. Quedarán incluidas en esta fracción las inversiones en inmuebles y en otros activos, netas de sus correspondientes depreciaciones, realizadas por las Sociedades en contravención a lo dispuesto en el Artículo 27 de la Ley, siempre que se hubieren efectuado con posterioridad a la entrada en vigor de dicho precepto legal.

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones y penas que procedan en términos de la Ley y demás normatividad aplicable.

V.      Los certificados excedentes o voluntarios suscritos de conformidad con lo previsto por el Artículo 51 de la Ley de Cooperativas, que no cumplan con las características señaladas en el Artículo 27 de las presentes disposiciones.

VI.     Las inversiones en cualquier instrumento de deuda cuyo pago por parte del emisor o deudor, según se trate, esté previsto que se efectúe, por haberlo así convenido entre las partes, después de cubrir otros pasivos, es decir, los títulos subordinados.

VII.    Los financiamientos y cualquier tipo de aportación a título oneroso, incluyendo sus accesorios, cuyos recursos, directa o indirectamente, se destinen a la adquisición de partes sociales o títulos representativos del capital de la propia Sociedad que presta los recursos.

Artículo 27.- Los certificados excedentes o voluntarios suscritos de conformidad con lo previsto por el Artículo 51 de la Ley de Cooperativas, deberán emitirse previa aprobación de la Asamblea General de Socios del programa a que se refiere la fracción I siguiente, a la que deberán presentarse los objetivos de dicha emisión. Lo anterior, a fin de considerarlos dentro del capital neto de las Sociedades.

Dichos certificados  deberán reunir las características siguientes:

I.        Emitirse al amparo de un programa en el cual se prevea el importe máximo autorizado de la emisión, así como su duración.

II.       Tendrán el plazo que se determine en la Asamblea General de Socios y al finalizar el mismo deberán liquidarse, a menos de que dichos certificados prevean la posibilidad de ser renovados de forma automática y se encuentre vigente el programa al amparo del cual fueron emitidos.

III.      Estar numerados y ser del mismo valor.

IV.     Contener lo siguiente:

a)    La tasa de rendimiento que, en su caso, pagarán dichos certificados al cierre del ejercicio, la cual no podrá ser superior al 150% del CCP de la fecha de emisión.

De conformidad con lo previsto por el Artículo 51 de la Ley de Cooperativas, la tasa de interés a que se refiere el párrafo anterior únicamente se pagará si la Sociedad tuviere remanente en el ejercicio correspondiente.

b)    El término señalado para su pago, condiciones y forma en que los certificados habrán de ser devueltos.

c)     El lugar y modo de pago.

d)    Las leyendas que a continuación se describen:

“Estos certificados son aportaciones al capital social de la Sociedad y no constituyen depósitos, por lo que no están sujetos a la cobertura que brinda el Fondo de Protección a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 54 de la Ley”.

“El tenedor de este certificado podrá solicitar el retiro del mismo, siempre y cuando dicho retiro no resulte en un incumplimiento al capital mínimo o a los requerimientos de capitalización que debe observar la Sociedad”.

En ningún caso los Socios podrán adquirir certificados excedentes por un importe que represente más del 2 por ciento del capital social, salvo que obtengan autorización de la Comisión, previo acreditamiento de la Sociedad de que con ello se podrían atender problemas de solvencia o liquidez.

Artículo 28.- La Sociedad deberá efectuar mensualmente el cómputo del Nivel de Capitalización, con base en saldos al día último del mes de que se trate. Estos cómputos deberán ser enviados a la Comisión y al Comité de Supervisión Auxiliar dentro de los siguientes 30 días a la fecha del cómputo, con base el formulario contenido en el Artículo 307 de las presentes disposiciones y en términos de lo señalado por el Artículo 308 de estas disposiciones. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá verificar la determinación de los requerimientos de capitalización así como el cómputo del Nivel de Capitalización, conforme lo dispuesto por el presente apartado, para lo cual, las Sociedades deberán proporcionar a dicha Comisión la información que sobre el particular les requiera.

La Comisión podrá requerir que le sea enviado el cómputo del Nivel de Capitalización con mayor periodicidad y en cualquier fecha para alguna Sociedad en específico, cuando juzgue que entre los días que transcurren entre un cómputo y otro, tal Sociedad está asumiendo riesgos notoriamente mayores a los que muestren las cifras de cierre de cada mes.

La Comisión, en términos del segundo párrafo del Artículo 19 de la Ley, resolverá respecto de los porcentajes de ponderación de riesgo y procedimiento para determinar el valor de conversión, que serán aplicables tratándose de operaciones análogas o conexas a las que se refiere el citado artículo.

Los requerimientos de capitalización y el cómputo del Nivel de Capitalización calculados por las Sociedades serán los utilizados para todos los efectos legales que correspondan. Lo anterior, salvo que la Comisión hubiere efectuado la verificación señalada en el primer párrafo del presente artículo y hubiere obtenido un cómputo diferente, caso en el cual el obtenido por la Comisión se considerará como definitivo y será el utilizado para todos los efectos legales conducentes.

Artículo 29.- La Comisión podrá exigir a cualquier Sociedad requerimientos de capitalización adicionales a los señalados en la presente regulación, cuando a su juicio así se justifique, tomando en cuenta, entre otros aspectos, la integración de su capital, la composición de sus activos, la eficiencia de sus sistemas de control interno y, en general, la exposición y administración de riesgos.

Artículo 30.- La Comisión dará a conocer el Nivel de Capitalización de las Sociedades y la fecha a la que corresponde, a través de la red electrónica mundial denominada Internet, en el sitio http://www.cnbv.gob.mx, mediante publicación de la última clasificación disponible en el Boletín Estadístico de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de la propia Comisión.

En el evento de que la Comisión no haya recibido de la Sociedad de que se trate la información relativa al cómputo del Nivel de Capitalización, conforme a lo dispuesto por el Artículo 28 de estas disposiciones, hará del conocimiento público dicha situación a través del medio a que se refiere el párrafo anterior. Ello, sin perjuicio de las facultades de inspección y vigilancia que ejerza la Comisión, así como de las sanciones que procedan en términos de las disposiciones aplicables.

Apartado C

Control interno

Artículo 31.- Para efectos del presente apartado de control interno se entenderá por:

I.        Riesgo de crédito o crediticio, a la pérdida potencial por la falta de pago de un acreditado o contraparte en las operaciones que efectúen las Sociedades.

II.       Sistema de control interno, al conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y registros que establezca la Sociedad, con el propósito de:

a)    Procurar mecanismos de operación que permitan identificar, vigilar y evaluar los riesgos que puedan derivarse del desarrollo de las actividades del negocio.

b)    Delimitar las diferentes funciones y responsabilidades del personal al interior de la Sociedad.

c)     Diseñar sistemas de información eficientes y completos.

d)    Coadyuvar a la observancia de las leyes y disposiciones aplicables.

Artículo 32.- El Consejo de Administración tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:

I.        Definir los lineamientos de control interno para el manejo prudente de la Sociedad, para lo cual deberá aprobar y revisar al menos cada 2 años el manual de control interno y el manual de crédito de la Sociedad. Adicionalmente, será el responsable de definir y aprobar los lineamientos, políticas y objetivos de la Sociedad.

          Al respecto, en el manual de control interno deberá señalarse lo dispuesto por las fracciones III y V del presente artículo.

          Asimismo, en el manual de crédito deberán establecerse los límites respecto al otorgamiento de préstamos o créditos, incluyendo el crédito neto que pueda otorgar la Sociedad y la proporción de la cartera otorgada a un solo pago de capital; así como el tipo de acreditados y de productos crediticios que ofrecerá la Sociedad.

II.       Aprobar el código de ética. Para tales efectos, podrá delegar esta función en un comité de apoyo integrado por el Director o Gerente General y por personas especializadas internas o externas, que designe el Consejo.

III.      Aprobar la estructura orgánica de la Sociedad y vigilar el cumplimiento de las medidas correctivas que se deriven de los informes que emita el Consejo de Vigilancia.

IV.     Nombrar al Auditor Interno de la Sociedad, así como al responsable para que documente en manuales, las políticas y procedimientos relativos a las operaciones propias de su objeto, las cuales deberán guardar congruencia con los lineamientos, políticas y objetivos establecidos por el mismo Consejo y concluidos los manuales correspondientes se envíen para autorización del mismo.

V.      Aprobar las políticas y procedimientos para la contratación de servicios con personas morales con las que la Sociedad mantenga vínculos patrimoniales, así como asegurarse de que tales operaciones se pacten en condiciones de mercado.

VI.     Verificar al menos de forma anual, que la Dirección o Gerencia General de la Sociedad cumpla con su objetivo de vigilar continuamente la efectividad y funcionalidad de los sistemas de control interno.

El Consejo de Administración podrá auxiliarse del comité de apoyo a que se refiere la fracción II del presente artículo o, en su caso, de terceros que acrediten ser expertos en la materia, para la elaboración de los manuales de crédito y de control interno a que se refiere el presente artículo, correspondiendo al propio Consejo de Administración su emisión y, en su caso, aprobar sus modificaciones.

Artículo 33.- Los manuales de operación de la Sociedad deberán apegarse como mínimo a los lineamientos, políticas y objetivos establecidos por el Consejo de Administración y en específico a lo siguiente:

I.        Manual de control interno.

Deberá contemplar el funcionamiento del sistema de control interno de la Sociedad, estableciendo:

a)    Los objetivos, las políticas y procedimientos de control interno.

b)    La estructura organizacional, especificando a los responsables de llevar a cabo las diversas funciones en la Sociedad.

c)     Los sistemas de información dentro de la Sociedad, los cuales deberán permitir que la información sobre el estado en que se encuentren los créditos y los depósitos sea completa y oportuna; dicha información deberá estar disponible para el Comité de Supervisión Auxiliar, la Comisión, así como para el personal que se considere autorizado para acceder a dicha información.

d)    La descripción de la normatividad interna de la Sociedad, es decir, de los manuales que existan y que se encuentren vigentes, así como su propósito.

II.       Manual de crédito.

          Deberá contener las políticas y los procedimientos de crédito, y como mínimo los lineamientos siguientes:

a)    Promoción y otorgamiento de crédito: Los métodos de aprobación y otorgamiento de crédito, entre los cuales deberá estar el procedimiento de autorizaciones automáticas a que se refiere el Artículo 40 de las presentes disposiciones.

        Las Sociedades deberán establecer dentro del manual de crédito, metodologías para la evaluación, aprobación y otorgamiento de los distintos tipos de crédito, debiendo observar en todo caso, según corresponda, lo siguiente:

1.     Ningún crédito podrá pasar a la etapa de análisis y evaluación, sin que se cuente con la información y documentación mínima que se haya establecido en el manual de crédito y en las disposiciones aplicables.

2.     La evaluación deberá considerar cuando menos:

i)      En su caso, la información que valide la experiencia de ahorro del acreditado.

ii)     La experiencia de pago del acreditado, revisando para tal efecto información cuya antigüedad no sea mayor a un mes, obtenida a través de una consulta realizada a alguna Sociedad de Información Crediticia, así como la información con la que cuente la propia Sociedad.

iii)    La capacidad de pago a través de los ingresos estimados del probable acreditado, de la relación entre el ingreso del posible deudor y el pago de la obligación y la relación entre el plazo de los créditos y la capacidad de generar recursos; así como del análisis de la totalidad de otros créditos y demás pasivos que el posible deudor tenga con la Sociedad y otras entidades financieras.

iv)    En caso de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, la situación financiera de la Sociedad de que se trate y, en general, la información y documentación presentada por el posible acreditado.

3.     El plazo de los créditos se deberá establecer en función de los plazos de los recursos captados.

4.     Cualquier cambio significativo a los términos y condiciones que hubieren sido pactados en un crédito, será motivo de una nueva evaluación y aprobación, debiéndose seguir al efecto, los procedimientos contenidos en el manual de crédito.

b)    Integración de expedientes de crédito: Las políticas y procedimientos para la integración de un expediente único por cada acreditado, en el cual se contenga cuando menos la documentación e información siguiente:

1.     Identificación del solicitante.

i)      Tratándose de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, escrituras constitutivas de la Sociedad acreditada y modificaciones a las mismas, debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad o de Comercio correspondiente y escrituras de otorgamiento de poderes en favor de las personas que suscriban el o los contratos y títulos de crédito.

ii)     En el caso de personas físicas, identificación oficial vigente con fotografía y firma tanto del acreditado como del aval u obligado solidario. En defecto de lo anterior, copia del acta de nacimiento y comprobantes que permitan conocer la identidad de la persona de que se trate. En su caso, adicionalmente copia del acta de matrimonio.

        En el caso de acreditados que representen un “Riesgo Común”, de conformidad con la definición que se establece en la fracción I del Artículo 45 de estas disposiciones, el expediente que se conforme deberá identificar la pertenencia del Socio al grupo de “Riesgo Común” al que corresponda. En todo caso, las Sociedades deberán establecer las medidas que permitan en todo momento identificar a los integrantes de los grupos de “Riesgo Común” que existan.

2.     La solicitud de crédito debidamente requisitada y, en su caso, copia del acta del Consejo de Administración o del Comité de Crédito en la que conste su aprobación, según corresponda.

3.     Tratándose de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, estados financieros internos, así como, en su caso, los últimos estados financieros dictaminados de la Sociedad acreditada, con firma autógrafa del representante legal y con una antigüedad no mayor a 180 días.

4.     Documentación que acredite su capacidad de pago.

5.     Copia de los contratos y títulos de crédito con los que se haya documentado el crédito.

        Los contratos y demás instrumentos jurídicos que documenten las operaciones, deberán ser aprobados por el área jurídica o un responsable designado por el Director o Gerente General, previamente a la celebración de las mismas. Para los créditos comerciales con garantías reales o personales, dicha aprobación deberá expresarse en cada caso, mediante firma en los documentos respectivos.

6.     La documentación que acredite haber formulado ante una Sociedad de Información Crediticia una consulta previa, en términos de lo previsto por el Capítulo III del Título Tercero de las presentes disposiciones, así como la información sobre el historial del acreditado respecto del cumplimiento de sus obligaciones con la Sociedad.

7.     En su caso, correspondencia con el acreditado, como cartas, telegramas, correos electrónicos y otros relacionados con modificaciones a los términos y condiciones del crédito otorgado.

8.     Comprobante de domicilio.

9.     Garantías.

        Documentación que deba recabarse con el fin de evidenciar la existencia de garantías a favor de la Sociedad por el crédito otorgado, e información relativa a la guarda, custodia y seguimiento que se dé respecto de las mismas, y

        Las Sociedades, en sus manuales de crédito podrán prever que los avalúos sean elaborados por un perito valuador bancario o por las personas que tengan reconocimiento en la Entidad Federativa de que se trate para realizar avalúos.

10.  Documentación relativa a una reestructura, en su caso, como son las condiciones de esta, su autorización y la información periódica del responsable de la cobranza judicial o extrajudicial del crédito, así como la documentación soporte correspondiente.

11.  Tratándose de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, evidencia de la aprobación efectuada por el Comité Técnico.

        Asimismo, en el manual de crédito deberá preverse quién es el personal responsable de integrar y actualizar los expedientes, así como de controlar el servicio de consulta de los mismos.

        La documentación e información contenida en los expedientes podrá conservarse en forma física, electrónica o microfilmada, siempre y cuando se encuentren disponibles en todo momento para su consulta.

c)     Evaluación y Seguimiento: La metodología para evaluar y dar seguimiento a cada uno de los créditos de su cartera, la cual deberá ser definida por el Comité de Crédito. Dicha metodología deberá considerar, entre otros, los factores siguientes:

1.     Los periodos de amortización del crédito y, en su caso, aquellos donde hubieren existido incumplimientos.

2.     La actualización de la información que se tenga del acreditado, como por ejemplo, cambio de domicilio, cambio de fuente de ingresos, entre otros.

3.     Mecanismos para verificar periódicamente el cumplimiento de los requerimientos mínimos de integración de expedientes de crédito.

d)    Recuperación de cartera crediticia.

Los créditos que, como resultado del seguimiento permanente o por haber caído en cartera vencida, previsiblemente tendrán problemas de recuperación, deberán ser objeto de una evaluación exhaustiva, con el fin de determinar oportunamente la posibilidad de establecer nuevos términos y condiciones que incrementen su probabilidad de recuperación.

Toda reestructuración de crédito deberá realizarse de común acuerdo con el acreditado respectivo y tendrá que someterse a las distintas etapas del proceso crediticio como cualquier crédito, incluyendo, en su caso, la aprobación del Comité de Crédito.

Tratándose de los procedimientos de cobranza judicial, el Director o Gerente General designará el o las áreas de negocio que realizarán las funciones correspondientes, las cuales deberán ser independientes de las áreas de crédito.

Igualmente, el manual de crédito deberá contener una sección específica de las políticas y procedimientos para la gestión y otorgamiento de Microcréditos Productivos, las cuales deberán ser congruentes con las aplicables al crédito en general y a los lineamientos mínimos a que se refiere la presente fracción.

Artículo 34.- Las políticas y procedimientos para el otorgamiento de Microcréditos Productivos por parte de las Sociedades, deberán estar contenidas en el manual de crédito y aprobadas por el Consejo de Administración y, al menos deberán contemplar lo siguiente:

I.        Describir detalladamente la metodología especializada para el otorgamiento de Microcréditos Productivos, que comprenda el análisis de la capacidad de pago del acreditado, el destino del crédito, los sistemas de información y la infraestructura aplicables.

II.       Establecer los plazos máximos de los Microcréditos Productivos, los cuales deberán sujetarse a la regulación de los niveles de operación que les aplique.

III.      Establecer el importe máximo que las Sociedades podrán entregar en operaciones de Microcrédito Productivo a un Socio, conforme a lo dispuesto por el Artículo 45, fracción I de las presentes disposiciones.

IV.     Asegurar que el endeudamiento máximo permisible para el acreditado no exceda de 18,000 UDIS en el sistema financiero mexicano, al momento de efectuar la consulta a que se refiere la fracción III del Artículo 35 de estas disposiciones.

V.      Los mecanismos de control interno que permitan dar cumplimiento a los requisitos mínimos establecidos en las presentes disposiciones.

Artículo 35.- Las Sociedades, dentro de sus procedimientos para la gestión y el otorgamiento de los Microcréditos Productivos establecidos en el manual de crédito, deberán incluir lo siguiente:

I.        Efectuar una visita de verificación o, en su caso, una inspección ocular en el lugar donde el acreditado realice la actividad productiva que será financiada.

II.       Efectuar un análisis de la capacidad de pago del acreditado, así como de la viabilidad de la actividad productiva a la que se destinará el Microcrédito Productivo, conforme a las políticas y procedimientos para su otorgamiento.

III.      Realizar una consulta ante una Sociedad de Información Crediticia, en términos de lo previsto por el Capítulo III del Título Tercero de las presentes disposiciones.

          En el evento de que el crédito de que se trate se renueve o reestructure, deberá actualizarse el reporte emitido por la Sociedad de Información Crediticia del acreditado. Asimismo, las Sociedades deberán reportar a las Sociedades de Información Crediticia el importe contingente de los Microcréditos Productivos que los deudores en esquemas mancomunados estarían obligados a pagar cada uno, en caso de incumplimiento del acreditado principal.

La información contenida en las fracciones anteriores, deberá contenerse en el expediente de crédito correspondiente que se integre en términos de lo dispuesto por el Artículo 33 de las presentes disposiciones, sin que les resulte aplicable lo dispuesto por los numerales 4 y 6 del inciso b) de la fracción II del citado Artículo 33.

Artículo 36.- Las Sociedades deberán contar con un Auditor Interno, quien deberá llevar a cabo, cuando menos una vez al año una auditoría de administración de riesgos que contemple, entre otros, el desarrollo de la administración del riesgo de crédito, de conformidad con lo establecido en la presente sección y el propio manual de crédito y en las disposiciones aplicables.

Los resultados de la auditoría a que se refiere el presente artículo, se asentarán en un informe de observaciones que contendrá, en su caso, recomendaciones para solucionar las irregularidades observadas. Dicho informe se presentará al Consejo de Administración, al Consejo de Vigilancia, al Comité de Auditoría y al Director o Gerente General.

Artículo 37.- El Consejo de Administración deberá constituir un Comité de Auditoría, cuyo objeto sea apoyar al citado Consejo en la definición de los lineamientos generales del sistema de control interno, así como en la verificación y evaluación de dicho sistema. Lo anterior, mediante la supervisión de las funciones de auditoría interna y, en su caso, externa, fungiendo como un canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores internos, externos y las autoridades supervisoras.

El Comité de Auditoría deberá integrarse con al menos tres y no más de cinco miembros propietarios del Consejo de Administración, uno de los cuales deberá presidirlo.

Para efectos de lo anterior, el Comité de Auditoría tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:

I.        Presentar informes al Consejo de Administración, cuando menos una vez al año, sobre la situación que guarda el sistema de control interno en general. Para lo anterior, habrá de efectuar las pruebas que considere necesarias, pudiendo al efecto apoyarse en el Auditor Interno. En los citados informes deberán especificarse, en su caso, las irregularidades que se detecten y las medidas preventivas recomendadas, así como aquellas que se hubieren adoptado para tales efectos.

II.       Asegurarse de que se lleve a cabo la vigilancia de las operaciones crediticias y de su apego a las medidas de control establecidas en el manual de crédito.

El Comité de Auditoría deberá sesionar, cuando menos trimestralmente, haciendo constar los acuerdos tomados en actas debidamente suscritas por todos y cada uno de los participantes.  Asimismo, dicho comité contará con la presencia del Auditor Interno, quien asistirá a las sesiones en calidad de invitado, sin derecho a voto. A las sesiones del Comité de Auditoría podrán asistir otros invitados con voz y sin voto, previa invitación de los integrantes del citado comité cuando estos así si lo considera necesario.

El Comité de Auditoría en la elaboración del informe a que se refiere la fracción I de este artículo escuchará a la Dirección General, al Auditor Interno y al responsable o responsables de las funciones de contraloría de la Sociedad. En caso de existir diferencia de opinión con estos últimos, al respecto del Sistema de Control Interno, deberán incorporarse en dicho informe, tales diferencias.

Artículo 38.- El Director o Gerente General en relación con el control interno tendrá las responsabilidades siguientes:

I.        La ejecución diaria del sistema de control interno conforme lo establezca el Consejo de Administración, dentro de la cual estará implementar medidas de acción en caso de contingencias que puedan afectar la operación o los sistemas de información de la Sociedad.

II.       El diseño de los manuales que estarán sujetos a la aprobación del Consejo de Administración, así como su difusión al personal.

III.      La vigilancia conjunta con el Comité de Auditoría , de que el sistema de control interno sea efectivo y funcional.

IV.     La orden para llevar a cabo una evaluación del estado que guarde el sistema de control interno en todos sus distintos aspectos, a solicitud del Comité de Supervisión Auxiliar o de la Comisión.

V.      La elaboración de reportes trimestrales para el Comité de Auditoría y el Consejo de Vigilancia, los cuales deberán mencionar:

a)    La situación actual de la cartera crediticia total.

b)    El estado que guarda la cartera vencida y los resultados del proceso de recuperación.

c)     El apego a los límites de crédito establecidos por el Consejo de Administración.

d)    Los acreditados más importantes de la Sociedad en cuanto al monto de sus créditos, así como los importes respectivos.

e)    Las operaciones realizadas con personas morales con las que la Sociedad mantenga vínculos patrimoniales, así como la información que soporte que tales operaciones fueron pactadas en condiciones de mercado.

          En caso de que se presente alguna desviación en los límites de crédito a que se refiere el inciso c) de esta fracción, se deberá notificar al Consejo de Administración de manera inmediata.

VI.     Establecer, directamente o a través de las personas que considere apropiadas, las funciones de contraloría interna, las cuales implicarán la adopción y seguimiento diario de medidas necesarias para revisar que las actividades de la Sociedad sean consistentes con los objetivos de esta, así como para verificar el estricto apego a las leyes, reglamentos internos, manuales y demás disposiciones aplicables. En ningún caso estas funciones podrán asignarse a personas o unidades que representen un conflicto de interés para su adecuado desempeño.

          Las citadas funciones de contraloría interna, así como su asignación al interior de la Sociedad, deberán estar documentadas en manuales.

          El personal responsable de las funciones a que hace referencia la presente fracción, deberá entregar un reporte de su gestión, cuando menos semestralmente, al Consejo de Vigilancia, y al Comité de Auditoría, así como al Director o Gerente General.

VII.    Informar por lo menos una vez al año al Consejo de Administración sobre el desempeño de las actividades a que se refiere este artículo, así como los resultados obtenidos.

VIII.   Informar trimestralmente al Consejo de Administración, al Consejo de Vigilancia y al Comité de Auditoría, sobre la exposición a riesgos, así como sobre la inobservancia de los límites de exposición a riesgos establecidos tanto internamente en la Sociedad, como por la regulación aplicable.

Artículo 39.- El Comité de Crédito o su equivalente será la instancia responsable de la aprobación de los créditos solicitados a la Sociedad, debiendo observar los lineamientos que al efecto se establezcan en el manual de crédito. El Comité de Crédito podrá delegar dicha función en subcomités y, en su caso, en los funcionarios de la Sociedad que al efecto determine.

Tratándose de créditos respecto de los cuales las Sociedades cuenten con garantías al 100 por ciento constituidas con dinero en efectivo en términos de lo dispuesto por el Apartado V del Anexo C de las presentes disposiciones, las Sociedades quedarán relevadas de la obligación de contar con la aprobación del Comité de Crédito o su equivalente. Lo anterior, con base en los límites que al respecto establezca su Consejo de Administración en el manual de crédito.

Artículo 40.- Las Sociedades podrán establecer en los manuales de crédito procesos de autorizaciones automáticas de créditos que permitan otorgar el crédito correspondiente a cualquier Socio. Dichos procesos deberán comprender lo siguiente:

I.        El establecimiento de la documentación mínima a ser entregada por tipo de crédito.

II.       Las características de los depósitos que el Socio deberá mantener en la Sociedad.

III.      El monto máximo a otorgar según el resultado de la información entregada.

IV.     El establecimiento de las tasas de interés conforme a sus políticas.

Las autorizaciones automáticas se podrán otorgar respecto de créditos para un mismo Socio, incluyendo a sus dependientes económicos, cuyo importe en lo individual o en su conjunto, no sea mayor a 10,000 UDIS.

Los funcionarios, Consejeros o miembros del Comité de Crédito, no podrán participar en ninguna etapa del proceso crediticio, cuando el crédito en cuestión pueda representar conflictos de intereses para dichas personas.

Apartado D

Provisionamiento de cartera crediticia y bienes adjudicados

Artículo 41.- Las Sociedades deberán calificar y constituir las estimaciones preventivas para riesgos crediticios correspondientes a su cartera crediticia de conformidad con la metodología establecida en los apartados contenidos en el Anexo C de las presentes disposiciones acorde con el tipo de crédito que corresponda.

Las Sociedades que otorguen Microcrédito Productivo, deberán utilizar la tabla de estimaciones preventivas para riesgos crediticios que se contiene en el inciso d) del Apartado II del Anexo C de las presentes disposiciones.

Salvo por lo dispuesto en el párrafo anterior, las Sociedades podrán optar por aplicar a la totalidad de su cartera la metodología establecida en el Apartado I del Anexo C, o bien, la metodología acorde con el tipo de crédito que corresponda.

Artículo 42.- La Comisión podrá ordenar lo siguiente:

I.        La constitución de estimaciones preventivas adicionales a las que deban crear las Sociedades como resultado de su proceso de calificación de cartera crediticia, hasta por la cantidad que se requiera para provisionar al 100 por ciento, en los casos siguientes:

a)    Tratándose de Sociedades que no se ajusten a la normatividad aplicable o a las políticas y procedimientos establecidos en materia de crédito.

b)    Si a su juicio así procediere, tomando en cuenta el riesgo de crédito asumido por la Sociedad en sus operaciones.

II.       La suspensión en el otorgamiento de nuevos créditos por parte de aquellas Sociedades cuya actividad crediticia, en lo general, presente graves deficiencias conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 43.- Las Sociedades deberán constituir semestralmente provisiones adicionales que reconozcan las potenciales pérdidas de valor por el paso del tiempo de los bienes adjudicados judicial o extrajudicialmente o recibidos en dación en pago, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

I.        En el caso de derechos de cobro y bienes muebles, se constituirán las provisiones conforme a lo siguiente:

RESERVAS PARA BIENES MUEBLES
TIEMPO TRANSCURRIDO A PARTIR DE LA ADJUDICACION O DACION EN PAGO (MESES)	PORCENTAJE DE RESERVA
Hasta 6	0%
Más de 6 y hasta 12	10%
Más de 12 y hasta 18	20%
Más de 18 y hasta 24	45%
Más de 24 y hasta 30	60%
Más de 30	100%

          El monto de reservas a constituir será el resultado de aplicar el porcentaje de reserva que corresponda conforme a la tabla anterior, al valor de los derechos de cobro o al valor de los bienes muebles recibidos en dación en pago o adjudicados obtenido conforme a los Criterios de Contabilidad.

II.       Tratándose de bienes inmuebles, se constituirán provisiones semestralmente de acuerdo con lo siguiente:

 

El monto de reservas a constituir será el resultado de aplicar el porcentaje de reserva que corresponda conforme a la tabla anterior, al valor de adjudicación de los bienes inmuebles obtenido conforme a los Criterios de Contabilidad.

En caso de que valuaciones posteriores a la adjudicación o dación en pago resulten en el registro contable de una disminución de valor de los derechos al cobro, valores, bienes muebles o inmuebles, los porcentajes de reservas preventivas a que hace referencia este artículo podrán aplicarse sobre dicho valor ajustado.

Apartado E

Lineamientos en materia de coeficiente de liquidez

Artículo 44.- Las Sociedades deberán mantener niveles de liquidez mínimos en relación con sus operaciones pasivas de corto plazo.

Para efectos de la presente regulación, se entenderá por “pasivos de corto plazo” a los pasivos cuyo plazo por vencer sea menor o igual a 30 días y los depósitos a la vista.

Las Sociedades deberán mantener una posición de por lo menos el equivalente al 10 por ciento de sus pasivos a corto plazo, invertidos en depósitos a la vista, así como en títulos bancarios, valores gubernamentales o en disponibilidades, cuyo plazo de vencimiento sea igual o menor a 30 días.

La Comisión podrá incrementar el coeficiente de liquidez cuando a su juicio y, tomando en cuenta los riesgos asumidos por la Sociedad de que se trate, dicha medida se justifique.

Apartado F

Diversificación de riesgos en las operaciones

Artículo 45.- Las Sociedades, para efectos de la diversificación de riesgos en sus operaciones, deberán ajustarse a lo siguiente:

I.        Diversificación de activos.

          El límite de financiamiento máximo que se podrá otorgar a una persona será el siguiente:

a)    Tratándose de financiamientos a Socios, no excederá del 7 por ciento del capital neto de la Sociedad.

b)    Tratándose de financiamientos a Sociedades, en términos de lo dispuesto por el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, la suma de dichos financiamientos no podrá exceder del 20 por ciento del capital neto de la Sociedad acreditante. En ningún caso las Sociedades podrán otorgar préstamos de liquidez cuando dicho otorgamiento conlleve a que estas sean reclasificadas en la categoría 2 a que se refiere el Artículo 77 de la Ley.

          Para efectos de la presente sección, se considerará dentro del cómputo de créditos otorgados a un Socio aquellos que representen un “Riesgo Común”, entendiendo como tal los créditos que la Sociedad le haya otorgado a los parientes por consanguinidad en primer grado en línea recta ascendente o descendente y, en su caso, al cónyuge, concubina o concubinario del acreditado, cuando alguna de estas personas dependa económicamente de la persona que solicita el crédito.

          Los financiamientos que cuenten con garantías incondicionales e irrevocables, que cubran el principal y los accesorios de los mismos, otorgadas por instituciones de crédito o fideicomisos y fondos de fomento económicos constituidos por el Gobierno Federal, así como los garantizados con valores emitidos por el Gobierno de México, o con efectivo, y los que cuenten con seguros de crédito a favor de la Sociedad, no computarán para efectos del límite máximo de financiamiento a que esta fracción se refiere, hasta por el equivalente al 75 por ciento del valor de dichas garantías. Se entenderá que un financiamiento se encuentra garantizado con efectivo, cuando el deudor constituya un depósito de dinero en la propia Sociedad acreditante y le otorgue un mandato irrevocable para aplicar los recursos respectivos al pago del financiamiento de que se trate.

          Tratándose de Microcréditos Productivos el importe máximo que las Sociedades podrán entregar a un Socio de manera directa, no podrá exceder de 12,000 UDIS.

          Para el caso de grupos de Socios que contraten mancomunadamente un Microcrédito Productivo, el monto máximo que las Sociedades podrán otorgar será de 20,000 UDIS y de 2,500 UDIS por cada uno de los Socios que integren el grupo.

          Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá autorizar límites hasta dos veces mayores a los establecidos en los dos párrafos anteriores siempre que las Sociedades acrediten la eficiencia de la gestión del Microcrédito Productivo, así como la adecuación de su proceso crediticio y sus políticas de administración de riesgos.

          Para efectos de lo dispuesto por la presente sección, se entenderá por financiamiento, a todo acto o contrato que implique la realización de una operación activa, directa o contingente, mediante el otorgamiento, reestructuración, renovación o modificación de cualquier préstamo o crédito, quedando también incluidas, en su caso, las inversiones en acciones o valores que no deban restarse del capital neto de las Sociedades. En este último caso, el límite será el previsto en el inciso a) anterior, respecto de Socios.

          No se considerarán como financiamiento, los créditos hipotecarios relacionados con viviendas, los que se utilicen para la adquisición de bienes de consumo duradero y los personales que se destinen al consumo, que otorguen las Sociedades, cuyo monto no exceda el equivalente en moneda nacional a 5,000 UDIS a la fecha de su concertación, así como las inversiones en bonos bancarios y pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, siempre y cuando sean emitidos por una institución de crédito que tenga calificación mínima de grado de inversión por parte de una Institución Calificadora de Valores en términos de lo establecido en las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión.

II.       Diversificación de pasivos.

          Los recursos captados por la Sociedad, provenientes de depósitos o préstamos otorgados por una sola persona no podrán representar más de una vez el capital neto de la Sociedad. No les será aplicable este criterio a los pasivos contraídos con los fideicomisos públicos y fondos de fomento nacionales e internacionales, con las instituciones de banca múltiple establecidas en el país, con las instituciones de banca de desarrollo nacionales o internacionales, ni con organismos internacionales.

III.      Excepciones.

          La Comisión, a solicitud de la Sociedad interesada, acompañada de la opinión del Comité de Supervisión Auxiliar, podrá autorizar en casos excepcionales, operaciones específicas por montos superiores a los límites señalados en las fracciones I y II anteriores.

Artículo 46.- Las Sociedades no tendrán que identificar los créditos que representen un “Riesgo Común” en los términos previstos por la fracción I del Artículo 45 de las presentes disposiciones, siempre y cuando la suma de los veinte créditos con mayor saldo insoluto otorgados por la Sociedad, no represente más del 10 por ciento de su cartera total y ningún crédito sea mayor al 3.5 por ciento de su capital neto. Para estos límites, no se considerará la parte cubierta en los términos señalados en el Artículo 45, fracción I, cuarto párrafo de estas disposiciones.

Para tales efectos, las Sociedades solo llevarán un control respecto de los vínculos patrimoniales y de parentesco de los acreditados a que se refiere el párrafo anterior que rebasen el 2 por ciento de su capital neto.

No obstante lo anterior, si la Sociedad contara con evidencia que le permitiera inferir la existencia de vínculos entre acreditados que, en su conjunto, pudiesen rebasar los límites de diversificación previstos por la fracción I del Artículo 45 de las presentes disposiciones, deberán establecer procedimientos de seguimiento del comportamiento de las personas de que se trate.

Sección Segunda

De la regulación prudencial para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con un monto de activos totales superiores  a 10’000,000 de UDIS e iguales o inferiores a 50’000,000 de UDIS

Artículo 47.- Lo dispuesto en la presente sección se aplicará a las Sociedades cuyos activos totales netos de sus correspondientes depreciaciones y estimaciones, sean superiores al equivalente en pesos de 10’000,000 de UDIS, pero inferiores o iguales al equivalente en pesos de 50’000,000 de UDIS.

Las Sociedades que al cierre de un trimestre calendario determinado sobrepasen el rango máximo del nivel de activos a que se refiere esta sección, contarán con un plazo de dos trimestres calendario adicionales, durante los cuales podrán seguir cumpliendo con lo dispuesto en la presente sección.

En dicho plazo deberán adecuar sus procesos y manuales a los requerimientos correspondientes a su nuevo nivel de regulación prudencial.

Asimismo, para dar debido cumplimiento a la presente disposición deberán programar con anticipación, las fechas en las que estimen rebasarán el tamaño de activos máximos establecido para su nivel.

Apartado A

Capital mínimo

Artículo 48.- Las Sociedades deberán contar con un capital mínimo, el cual se integrará con la suma del capital social más las reservas de capital y, en su caso, el rubro denominado “Efecto por incorporación al régimen de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo” a que se refiere la fracción VII del Artículo 2 de las presentes disposiciones. El capital social deberá estar íntegramente suscrito y pagado. El capital mínimo para las Sociedades sujetas a la presente regulación, será de 500,000 UDIS.

Cuando la situación financiera de alguna Sociedad lo requiera, la Comisión podrá otorgar por única ocasión un plazo de 6 meses a dicha Sociedad para cumplir con el capital mínimo a que se refiere el párrafo anterior.

Los Socios de las Sociedades podrán solicitar el retiro de sus aportaciones, siempre y cuando dicho retiro no resulte en un incumplimiento al capital mínimo o a los requerimientos de capitalización que deben observar las Sociedades conforme a la presente sección.

Apartado B

Requerimientos de capitalización por riesgos

Artículo 49.- Las Sociedades deberán mantener un capital neto en relación con los riesgos de crédito y de mercado en que incurran en su operación, el cual no podrá ser inferior a los requerimientos de capital establecidos en esta sección. Para tales efectos, las operaciones deberán ser valuadas conforme a los Criterios de Contabilidad.

Se incluirán las operaciones a partir de la fecha en que se concierten, independientemente de la fecha de liquidación, entrega o vigencia, según sea el caso.

Se considerará que se ha transferido la propiedad de un activo, y que por lo tanto este no tendrá requerimientos de capitalización de acuerdo con lo establecido en la presente sección, siempre que la operación cumpla con todas y cada una de las condiciones establecidas para ser reconocida como una venta de activos, en el criterio referente al “Reconocimiento y baja de activos financieros” contenido en los Criterios de Contabilidad.

En caso de operaciones denominadas en UDIS, estas deberán convertirse a moneda nacional aplicando el valor de la UDI publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a la fecha a la que se estén determinando los requerimientos de capital.

Artículo 50.- Las Sociedades, para la determinación de los requerimientos de capital por riesgo de crédito, deberán ajustarse al procedimiento siguiente:

I.        Clasificación de operaciones.

          Las Sociedades deberán clasificar sus activos y operaciones que originen pasivo contingente, en atención al riesgo de crédito y contraparte de la operación con independencia del activo subyacente, en alguno de los grupos siguientes:

a)    Grupo 1. Caja; valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal; créditos con garantía expresa del propio Gobierno Federal y operaciones contingentes realizadas con las personas señaladas en este inciso; así como las demás operaciones en donde la contraparte de las Sociedades sea alguna de las personas mencionadas en este grupo.

b)    Grupo 2. Depósitos, valores y créditos a cargo de o garantizados o avalados por instituciones de crédito y casas de bolsa; acciones de sociedades de inversión; créditos y valores a cargo de o garantizados o avalados por fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico; valores a cargo de organismos descentralizados del Gobierno Federal; así como los reportos y las demás operaciones en donde la contraparte de las Sociedades sea alguna de las personas mencionadas en este grupo.

c)     Grupo 3. Créditos, valores y demás activos que generen riesgo de crédito, en donde la contraparte de las Sociedades sea distinta a las personas mencionadas en los grupos previstos en los incisos a) y b) anteriores.

Sin limitación de lo establecido en la presente sección, los grupos en que se clasifiquen las operaciones expuestas a riesgo de crédito, estarán integrados por las operaciones en moneda nacional y en UDIS que se especifican en la presente fracción, según se trate, conforme a lo siguiente: i) los depósitos y las inversiones en valores comprenden a los respectivos intereses devengados; ii) las operaciones crediticias se entenderán en su más amplio sentido y comprenderán la toma de documentos de cobro inmediato, cartera vigente y vencida; préstamos al personal; refinanciamiento y capitalización de intereses; avales, intereses devengados, y comisiones y premios devengados, y iii) las inversiones con cargo al fondo de reservas para pensiones de personal y primas de antigüedad, se considerarán como una inversión más en el grupo a que correspondan.

II.       Cómputo de los activos.

Para efectos de determinar el capital neto requerido respecto de los activos mencionados en los incisos a), b) y c) de la fracción I anterior, se estará a lo siguiente:

a)    Tratándose de la cartera de créditos, esta computará neta de las correspondientes estimaciones.

b)    Referente a los valores y otros activos, estos computarán netos de las respectivas estimaciones, depreciaciones y castigos.

III.      Cálculo del requerimiento.

Los requerimientos de capital neto se determinarán aplicando el 8 por ciento a la suma de sus activos y de otras operaciones, ponderados conforme a lo siguiente:

 

En el caso de préstamos para la adquisición o construcción de vivienda personal que cuenten con una garantía de cuando menos el 50 por ciento del saldo insoluto del préstamo otorgada por alguna entidad pública de fomento, para fines de los requerimientos de capitalización las Sociedades considerarán la porción garantizada del crédito dentro del grupo 2 y la porción no garantizada restante dentro del grupo 3.

Adicionalmente, los requerimientos de capital a que se refiere el párrafo inmediato anterior gozarán de una reducción del 25 por ciento.

Para efectos de lo señalado en el presente artículo, las Sociedades podrán deducir del monto total de cada crédito, hasta un 100 por ciento de los depósitos de dinero constituidos por el propio acreditado en la Sociedad, que cumplan con las condiciones para ser considerados una garantía en términos de lo dispuesto por el Apartado V del Anexo C de las presentes disposiciones. El importe a deducir no podrá ser superior al saldo insoluto del crédito.

Artículo 51.- El requerimiento de capital por riesgo de mercado será el que se obtenga de aplicar un 1 por ciento al monto total que resulte de la suma de la cartera de créditos otorgada por las Sociedades, neta de las correspondientes estimaciones preventivas para riesgos crediticios, el total de las inversiones en valores y el saldo de los deudores por reporto, observando al efecto los criterios de contabilidad aplicables.

Artículo 52.- Para efectos de lo previsto en esta sección, el capital neto estará compuesto por:

I.       El capital contable o patrimonio.

         Menos:

II.       Las partidas que se contabilicen en el activo de la Sociedad como intangibles o que, en su caso, impliquen el diferimiento de gastos o costos en el capital de la Sociedad, tales como:

a)    Los intangibles de cualquier tipo incluyendo el crédito mercantil.

b)    Cualquier partida con excepción de los activos fijos y los pagos anticipados menores a un año, que represente erogaciones o gastos cuyo conocimiento en el capital contable se difiera en el tiempo.

Todos estos conceptos se restarán netos de sus correspondientes amortizaciones.

III.      Los préstamos de liquidez otorgados a otras Sociedades con base en lo establecido en el Artículo 19, fracción I, inciso h), de la Ley.

IV.     Los créditos que se otorguen netos de sus correspondientes estimaciones y las demás operaciones, que se realicen en contravención a las disposiciones aplicables. Quedarán incluidas en esta fracción las inversiones en inmuebles y en otros activos, netas de sus correspondientes depreciaciones, realizadas por las Sociedades en contravención a lo dispuesto en el Artículo 27 de la Ley, siempre que se hubieren efectuado con posterioridad a la entrada en vigor de dicho precepto legal.

          Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones y penas que procedan en términos de la Ley y demás normatividad aplicable.

V.      Los certificados excedentes o voluntarios suscritos de conformidad con lo previsto por el Artículo 51 de la Ley de Cooperativas, que no cumplan con las características señaladas en el Artículo 53 de las presentes disposiciones.

VI.     Las inversiones en cualquier instrumento de deuda cuyo pago por parte del emisor o deudor, según se trate, esté previsto que se efectúe, por haberlo así convenido entre las partes, después de cubrir otros pasivos, es decir, los títulos subordinados.

VII.    Los financiamientos y cualquier tipo de aportación a título oneroso, incluyendo sus accesorios, cuyos recursos, directa o indirectamente, se destinen a la adquisición de partes sociales o títulos representativos del capital de la propia Sociedad que presta los recursos.

Artículo 53.- Los certificados excedentes o voluntarios suscritos de conformidad con lo previsto por el Artículo 51 de la Ley de Cooperativas, deberán emitirse previa aprobación de la Asamblea General de Socios del programa a que se refiere la fracción I siguiente, a la que deberán presentarse los objetivos de dicha emisión. Lo anterior, a fin de considerarlos dentro del capital neto de las Sociedades.

Dichos certificados deberán reunir las características siguientes:

I.        Emitirse al amparo de un programa en el cual se prevea el importe máximo autorizado de la emisión, así como su duración.

II.       Tendrán el plazo que se determine en la Asamblea General de Socios y al finalizar el mismo deberán liquidarse, a menos de que dichos certificados prevean la posibilidad de ser renovados de forma automática y se encuentre vigente el programa al amparo del cual fueron emitidos.

III.      Estar numerados y ser del mismo valor.

IV.     Contener lo siguiente:

a)    La tasa de rendimiento que, en su caso, pagarán dichos certificados al cierre del ejercicio, la cual no podrá ser superior al 150% del CCP de la fecha de emisión.

De conformidad con lo previsto por el Artículo 51 de la Ley de Cooperativas, la tasa de interés a que se refiere el párrafo anterior únicamente se pagará  si la Sociedad tuviere remanente en el ejercicio correspondiente.

b)    El término señalado para su pago, condiciones y forma en que los certificados habrán de ser devueltos.

c)     El lugar y modo de pago.

d)    Las leyendas que a continuación se describen:

“Estos certificados son aportaciones al capital social de la Sociedad y no constituyen depósitos, por lo que no están sujetos a la cobertura que brinda el Fondo de Protección a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 54 de la Ley”.

“El tenedor de este certificado podrá solicitar el retiro del mismo, siempre y cuando dicho retiro no resulte en un incumplimiento al capital mínimo o a los requerimientos de capitalización que debe observar la Sociedad”.

En ningún caso los Socios podrán adquirir certificados excedentes por un importe que represente más del 2 por ciento del capital social, salvo que obtengan autorización de la Comisión, previo acreditamiento de la Sociedad de que con ello se podrían atender problemas de solvencia o liquidez.

Artículo 54.- La Sociedad deberá efectuar mensualmente el cómputo del Nivel de Capitalización, con base en saldos al día último del mes de que se trate. Estos cómputos deberán ser enviados a la Comisión y al Comité de Supervisión Auxiliar dentro de los siguientes 30 días a la fecha del cómputo, con base el formulario contenido en el Artículo 307 de las presentes disposiciones y en términos de lo señalado por el Artículo 308 de estas disposiciones. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá verificar la determinación de los requerimientos de capitalización así como el cómputo del Nivel de Capitalización, conforme lo dispuesto por el presente apartado, para lo cual, las Sociedades deberán proporcionar a dicha Comisión la información que sobre el particular les requiera.

La Comisión podrá requerir que le sea enviado el cómputo del Nivel de Capitalización con mayor periodicidad y en cualquier fecha para alguna Sociedad en específico, cuando juzgue que entre los días que transcurren entre un cómputo y otro, tal Sociedad está asumiendo riesgos notoriamente mayores a los que muestren las cifras de cierre de cada mes.

La Comisión, en términos del segundo párrafo del Artículo 19 de la Ley, resolverá respecto de los porcentajes de ponderación de riesgo y procedimiento para determinar el valor de conversión, que serán aplicables tratándose de operaciones análogas o conexas a las que se refiere el citado artículo.

Los requerimientos de capitalización y el cómputo del Nivel de Capitalización calculados por las Sociedades serán los utilizados para todos los efectos legales que correspondan. Lo anterior, salvo que la Comisión hubiere efectuado la verificación señalada en el primer párrafo del presente artículo y hubiere obtenido un cómputo diferente, caso en el cual el obtenido por la Comisión se considerará como definitivo y será el utilizado para todos los efectos legales conducentes.

Artículo 55.- La Comisión podrá exigir a cualquier Sociedad requerimientos de capitalización adicionales a los señalados en la presente regulación, cuando a su juicio así se justifique, tomando en cuenta, entre otros aspectos, la integración de su capital, la composición de sus activos, la eficiencia de sus sistemas de control interno y, en general, la exposición y administración de riesgos.

Artículo 56.- La Comisión dará a conocer el Nivel de Capitalización de las Sociedades y la fecha a la que corresponde, a través de la red electrónica mundial denominada Internet, en el sitio http://www.cnbv.gob.mx, mediante publicación de la última clasificación disponible en el Boletín Estadístico de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de la propia Comisión.

En el evento de que la Comisión no haya recibido de la Sociedad de que se trate la información relativa al cómputo del Nivel de Capitalización, conforme a lo dispuesto por el Artículo 54 de estas disposiciones, hará del conocimiento público dicha situación a través del medio a que se refiere el párrafo anterior. Ello, sin perjuicio de las facultades de inspección y vigilancia que ejerza la Comisión, así como de las sanciones que procedan en términos de las disposiciones aplicables.

Apartado C

Administración de riesgos

Artículo 57.- Para efectos del presente apartado se entenderá por:

I.        Administración de riesgos, al conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y acciones que se implementen para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los riesgos a que se encuentren expuestas las Sociedades.

II.       Riesgo de crédito o crediticio, a la pérdida potencial por la falta de pago de un acreditado o contraparte en las operaciones que efectúen las Sociedades.

III.      Riesgo de liquidez, a la pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales para la Sociedad; por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones, o bien, por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente.

IV.     Riesgo de mercado, a la pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo que inciden sobre la valuación de las posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivo contingente, tales como tasas de interés, índices de precios, entre otros.

V.      Riesgo operacional, a las posibles pérdidas para la Sociedad por errores o fallas en el desarrollo de las actividades administrativas y operativas del negocio.

Artículo 58.- Las Sociedades, en la administración del riesgo de crédito, deberán como mínimo:

I.        Por lo que hace al riesgo de crédito en general, establecer políticas y procedimientos que contemplen los aspectos siguientes:

a)    Límites de riesgo que la Sociedad está dispuesta a asumir.

b)    En su caso, sector económico y zona geográfica en los que la Sociedad podrá celebrar operaciones.

c)     Límites de riesgo a cargo de una persona o grupo de personas que representen un “Riesgo Común”, de conformidad con la definición que se establece en la fracción I del Artículo 85 de estas disposiciones.

d)    Vigilancia y control efectivo de la naturaleza, características, diversificación y calidad del portafolio de crédito.

e)    Límites en el crédito neto que pueda otorgar la Sociedad.

f)     Límites a la proporción de la cartera otorgada a un solo pago de capital.

II.       Por lo que hace al riesgo de la cartera crediticia:

a)    Medir, evaluar y dar seguimiento a su concentración por tipo de operación, calificación, sector económico, zona geográfica y acreditado.

b)    Dar seguimiento a su evolución y posible deterioro, con el propósito de anticipar pérdidas potenciales, así como analizar el valor de recuperación de la cartera vencida y estimar la pérdida esperada.

III.     Por lo que hace al riesgo crediticio en operaciones con instrumentos financieros:

a)    Diseñar procedimientos de control del riesgo de crédito de operaciones a plazo, de acuerdo con la liquidez de los activos relacionados con dicha operación y con la calidad crediticia de la contraparte.

b)    Estimar la exposición al riesgo con instrumentos financieros, tanto actual como futura.

c)     Calcular la probabilidad de incumplimiento de la contraparte.

d)    Analizar el valor de recuperación y estimar la pérdida esperada en la operación.

De acuerdo a la complejidad de sus operaciones, las Sociedades deberán realizar con la periodicidad que su Consejo determine el análisis de brechas de vencimiento de sus activos y pasivos, que les permitan gestionar su riesgo de liquidez y para los casos que se identifique que la sensibilidad a movimientos en los niveles de tasa en el mercado está afectando los ingresos y costos asociados a dichos activos o pasivos, deberán adicionalmente evaluar la conveniencia de agregar al análisis de brechas las fechas de repreciación, que les permita gestionar de mejor forma el riesgo de mercado.

Artículo 59.- En materia de administración de riesgos, el Consejo de Administración de cada Sociedad tendrá las responsabilidades siguientes:

I.        Aprobar los objetivos, políticas y procedimientos para la administración del riesgo de crédito y otros riesgos de la Sociedad, así como los límites de exposición al riesgo de crédito y otros.

II.       Designar al Auditor Interno de la Sociedad, así como a la persona que será responsable de la administración de riesgos, a propuesta del Director o Gerente General.

III.      Aprobar la realización de nuevas operaciones, productos o servicios, o bien la modificación de los ya existentes, a propuesta del Director o Gerente General, con opinión del personal responsable de la administración de riesgos y previo cumplimiento a lo establecido en el Artículo 67 de la Ley.

Las políticas y procedimientos mencionados en la fracción I del presente artículo, deberán incluirse en un manual de administración de riesgos y ser revisados cuando menos una vez al año. El Consejo de Administración podrá escuchar la opinión del comité de apoyo a que se refiere el Artículo 64 de estas disposiciones, para efectos de la aprobación de dicho manual, así como de sus modificaciones.

Artículo 60.- El personal responsable de la administración de riesgos, realizará cuando menos las funciones que se indican a continuación:

I.        Elaborar, en conjunto con el Director o Gerente General, el manual de administración de riesgos para someterlo a la aprobación del Consejo de Administración.

II.       Vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los riesgos a que se encuentre expuesta la Sociedad.

III.      Validar el cálculo de los requerimientos de capitalización por riesgos y el cumplimiento a los límites, con el objeto de verificar que los mismos se ajusten a las disposiciones aplicables.

IV.     Informar trimestralmente al Consejo de Administración y cuando menos mensualmente al Director o Gerente General, sobre la exposición a riesgos, así como sobre la inobservancia de los límites de exposición a riesgos establecidos tanto internamente en la Sociedad, como por la regulación aplicable.

V.      Informar al Director o Gerente General, así como al Consejo de Administración, sobre las medidas correctivas implementadas.

VI.     Recomendar al Director o Gerente General y a los responsables de las unidades de negocios, disminuir la exposición al riesgo a los límites previamente aprobados por el Consejo de Administración.

VII.    Dar opinión al Consejo de Administración sobre la realización de nuevas operaciones, productos o servicios, o bien para modificar los ya existentes, previo cumplimiento a lo establecido en el Artículo 67 de la Ley.

Artículo 61.- El Director o Gerente General deberá proponer al Consejo de Administración, la designación de la persona que será responsable de la administración de riesgos de la Sociedad, garantizando la independencia de dicha persona respecto de las áreas de negocios.

Asimismo, el Director o Gerente General será responsable de implementar medidas de acción en caso de contingencias que puedan afectar la operación o los sistemas de información de la Sociedad, así como difundir una mayor cultura en materia de administración de riesgos, diseñando programas de capacitación en esta materia para el personal involucrado en la operación o administración de riesgos de la Sociedad.

Artículo 62.- Las Sociedades deberán contar con un Auditor Interno independiente que lleve a cabo, cuando menos una vez al año, una auditoría de administración de riesgos que contemple, entre otros, el desarrollo de la administración del riesgo de crédito de conformidad con lo establecido en la presente sección y en el propio manual de políticas y procedimientos para la administración de riesgos de la Sociedad, así como de los riesgos de mercado y operacional.

Los resultados de la auditoría a que se refiere el presente artículo, se asentarán en un informe de observaciones que contendrá, en su caso, recomendaciones para solucionar las irregularidades observadas. Dicho informe se presentará al Consejo de Vigilancia, al Comité de Auditoría y al Director o Gerente General.

Apartado D

Control interno

Artículo 63.- Para los efectos del presente apartado, se entenderá por sistema de control interno, al conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y registros que establezca la Sociedad con el objeto de:

I.        Procurar mecanismos de operación que permitan identificar, vigilar y evaluar los riesgos que puedan derivarse del desarrollo de las actividades del negocio.

II.       Delimitar las diferentes funciones y responsabilidades del personal al interior de la Sociedad.

III.      Diseñar sistemas de información eficientes y completos.

IV.     Coadyuvar a la observancia de las leyes y disposiciones aplicables.

Artículo 64.- En materia del sistema de control interno, será responsabilidad del Consejo de Administración de cada Sociedad, definir y diseñar los lineamientos para el manejo prudente de la Sociedad. Asimismo, el Consejo de Administración deberá supervisar el establecimiento y vigilar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, para lo cual deberá aplicar entre otras, las medidas siguientes:

I.        Aprobar los manuales de políticas y procedimientos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, así como los manuales de administración de riesgos y de crédito, y un código de ética.

II.       Aprobar la estructura orgánica de la Sociedad, en la que se asegure la adecuada delimitación de funciones y asignación de responsabilidades.

III.      Verificar al menos de forma anual, que la Dirección o Gerencia General cumpla con su objetivo de vigilar continuamente la efectividad y funcionalidad de los sistemas de control interno.

IV.     Revisar los objetivos, políticas y procedimientos de control interno, por lo menos una vez al año.

V.      Aprobar las políticas y procedimientos para la contratación de servicios con personas morales con las que la Sociedad mantenga vínculos patrimoniales, así como asegurarse de que tales operaciones se pacten en condiciones de mercado.

VI.     Establecer mecanismos para asegurarse que el área o personas que desempeñen las funciones de contraloría no tengan conflictos de interés, respecto de las unidades de negocio sobre quienes desempeñen sus labores.

Los manuales de políticas y procedimientos de la Sociedad, así como el código de ética, deberán ser revisados anualmente.

Tratándose de la aprobación del código de ética, el Consejo de Administración podrá delegar esta función en un comité de apoyo integrado por especialistas nombrados por el Consejo de Administración, siempre y cuando participe en dicho comité el Director o Gerente General.

El Consejo de Administración podrá escuchar la opinión del comité de apoyo referido en este artículo para efectos de la aprobación de los manuales de administración de riesgos y de crédito, así como de sus modificaciones.

Artículo 65.- El Director o Gerente General de las Sociedades deberá documentar adecuadamente las políticas y procedimientos de todas las actividades de las Sociedades, en manuales de operación. Dichos manuales serán la base de la operación, así como la referencia para evaluar la efectividad y desempeño de los controles internos.

Los manuales de operación deberán ser revisados y, en su caso, actualizados por lo menos una vez al año conforme a lo dispuesto en el Artículo 64 de las presentes disposiciones, y deberán hacerse del conocimiento de los Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, así como de los funcionarios y empleados de la Sociedad que por sus funciones requieran conocerlos.

Artículo 66.- Los manuales de operación deberán considerar, cuando menos, los aspectos siguientes:

I.        La estructura organizacional y funcional de cada área de la Sociedad, así como las responsabilidades individuales asignadas.

II.       Los canales de comunicación y de flujo de información entre las distintas áreas de la Sociedad.

III.      Las políticas generales de operación.

IV.     Los mecanismos de control en los procedimientos operativos.

V.      En general, programas de contingencia y seguridad.

Artículo 67.- En materia de sistemas informáticos, los manuales de operación, deberán considerar las políticas, procedimientos y controles que permitan asegurar que dichos sistemas:

I.        Realicen las funciones para las que fueron diseñados, desarrollados o adquiridos.

II.       Se encuentren documentados y actualizados.

III.      Estén debidamente probados antes de ser implementados.

IV.     Cuenten con códigos de acceso para garantizar la integridad de la información generada por los sistemas, así como la de estos.

V.      Cuenten con mecanismos de respaldo y procedimientos de recuperación que garanticen la integridad de la información.

Artículo 68.- En materia de control interno, el Director o Gerente General será el encargado de la implementación y funcionamiento diario del sistema de control interno, para lo cual deberá:

I.        Verificar que el sistema de control interno funcione adecuadamente y conforme a los objetivos y estrategias determinados por el Consejo de Administración.

II        Elaborar reportes trimestrales para el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría y el Consejo de Vigilancia, los cuales deberán mencionar:

a)    La situación actual de la cartera crediticia total.

b)    El estado que guarda la cartera vencida y los resultados del proceso de recuperación.

c)     El apego a los límites de crédito establecidos por el Consejo de Administración.

d)    Los acreditados más importantes de la Sociedad en cuanto al monto de sus créditos, así como los importes respectivos.

e)    Las operaciones realizadas con personas morales con las que la Sociedad mantenga vínculos patrimoniales, así como la información que soporte que tales operaciones fueron pactadas en condiciones de mercado.

          En caso de que se presente alguna desviación en los límites de crédito a que se refiere el inciso c) de esta fracción, se deberá notificar al Consejo de Administración de manera inmediata.

III.      Establecer, directamente o a través de las personas que considere apropiadas, las funciones de contraloría interna.

IV.     Realizar las acciones necesarias para que:

a)    Se tomen las medidas preventivas y correctivas necesarias a fin de subsanar cualquier deficiencia detectada, además de conservar un registro de dichas medidas, así como de las causas que motivaron la implementación de las mismas.

b)    Exista una clara delimitación de funciones y responsabilidades entre las unidades de la Sociedad, así como la independencia entre las áreas o funciones que así lo requieran.

c)     Los manuales de operación se hagan del conocimiento de los Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia así como de los funcionarios y empleados que por sus funciones requieran conocerlos.

V.      Informar por lo menos una vez al año al Consejo de Administración sobre el desempeño de las actividades a que se refiere este artículo, así como los resultados obtenidos.

Artículo 69.- Con el fin de coadyuvar al funcionamiento del sistema de control interno, las Sociedades deberán asegurar que se lleven a cabo las funciones de contraloría. Dichas funciones, implicarán el establecimiento y seguimiento diario de medidas para vigilar que las actividades referentes a la operación de la Sociedad sean consistentes con los objetivos de la misma y se lleven a cabo en estricto apego a las leyes y demás disposiciones aplicables.

Las funciones de contraloría deberán contemplar, por lo menos, los aspectos siguientes:

I.        Establecer medidas encaminadas a asegurar el apego de los distintos procesos, operaciones y transacciones a la regulación aplicable a la Sociedad.

II.       Establecer normas, procedimientos y medidas para vigilar que los procesos de documentación y liquidación diaria de operaciones y transacciones se efectúan de manera adecuada y conforme a los objetivos y lineamientos de la Sociedad, así como con observancia a los límites de exposición al riesgo de crédito y otros..

III.      Diseñar controles para que tanto la elaboración de información financiera, como la información generada y proporcionada al Comité de Supervisión Auxiliar y a las autoridades sea precisa, íntegra, confiable y oportuna.

Las funciones de contraloría interna que, en principio, corresponden a la Dirección o Gerencia General de la Sociedad, podrán ser asignadas a un área específica o, en su caso, a personal distribuido en varias áreas. El personal que realice tales funciones incluso podrá ser independiente jerárquicamente de la Dirección o Gerencia General; sin que en ningún caso las referidas funciones de contraloría puedan atribuirse a personas o unidades que representen un conflicto de interés para su adecuado desempeño.

Las citadas funciones de contraloría interna, así como su asignación al interior de la Sociedad, deberán estar documentadas en manuales.

El personal responsable de las funciones a que hace referencia el presente artículo, deberá entregar un reporte de su gestión, cuando menos semestralmente, al Consejo de Vigilancia y al Comité de Auditoría; así como al Director o Gerente General.

Artículo 70.- Las Sociedades deberán implementar un código de ética, aprobado por el Consejo de Administración o, en su caso, por el comité de apoyo a que hace referencia el Artículo 64 de estas disposiciones, en el cual se establezcan reglas apropiadas y prudentes que gobiernen la conducta y el comportamiento adecuado de sus Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, funcionarios y empleados, en su interacción con los Socios y al interior de la propia Sociedad. El código de ética debe contemplar los aspectos siguientes, como mínimo:

I.        Guardar consistencia con la legislación aplicable, incluyendo las diferentes regulaciones, y disposiciones reglamentarias conducentes.

II.       Respetar la confidencialidad de los Socios, de las operaciones de la Sociedad y en general de la información institucional.

El código de ética deberá ser revisado por lo menos una vez al año, conforme a lo dispuesto en el Artículo 64 de las presentes disposiciones, y deberá hacerse del conocimiento de los Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, funcionarios y empleados de la Sociedad.

Artículo 71.- El Consejo de Administración deberá constituir un Comité de Auditoría, cuyo objeto sea apoyar al citado consejo en la definición de los lineamientos generales del sistema de control interno, así como en la verificación y evaluación de dicho sistema. Lo anterior, mediante la supervisión de las funciones de auditoría interna y, en su caso, externa, fungiendo como un canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores internos, externos y las autoridades supervisoras.

El Comité de Auditoría deberá integrarse con al menos tres y no más de cinco miembros propietarios del Consejo de Administración, uno de los cuales deberá presidirlo.

El Comité de Auditoría  deberá informar al Consejo de Administración, cuando menos una vez al año, sobre la situación que guarda el sistema de control interno de la Sociedad, para lo cual deberá efectuar las pruebas que considere necesarias, pudiendo al efecto apoyarse en el Auditor Interno. El informe respectivo deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

I.        Las deficiencias, desviaciones o aspectos del sistema de control interno que, en su caso, requieran una mejoría, tomando en cuenta para tal efecto los informes de los responsables de las funciones de contraloría interna.

II.       La mención y seguimiento de la implementación de las medidas preventivas y correctivas derivadas de las observaciones de la Comisión, así como de la evaluación del sistema de control interno realizada por el propio Comité de Auditoría.

III.      La valoración del desempeño de las funciones de contraloría interna.

IV.     Los aspectos significativos del sistema de control interno que pudieran afectar el desempeño de las actividades de la Sociedad.

El Comité de Auditoría deberá sesionar, cuando menos trimestralmente, haciendo constar los acuerdos tomados en actas debidamente suscritas por todos y cada uno de los participantes. Asimismo, dicho comité contará con la presencia del Auditor Interno, quien asistirá a las sesiones en calidad de invitado, sin derecho a voto. A las sesiones del Comité de Auditoría podrán asistir otros invitados con voz y sin voto, previa invitación de los integrantes del citado comité cuando estos así si lo considera necesario.

El Comité de Auditoría en la elaboración del informe a que se refiere este artículo escuchará a la Dirección General, al Auditor Interno y al responsable o responsables de las funciones de contraloría de la Sociedad. En caso de existir diferencia de opinión con estos últimos, al respecto del Sistema de Control Interno, deberán incorporarse en dicho informe, tales diferencias.

Apartado E

Proceso crediticio

Artículo 72.- Para efectos del presente apartado, se entenderá por actividad crediticia la colocación por parte de las Sociedades de los recursos, tanto propios como los captados de terceros, mediante aval, las operaciones de préstamo, o cualquier operación que de manera directa o indirecta le puedan generar derechos de crédito a su favor.

Sub Apartado A

Lineamientos mínimos del manual de crédito

Artículo 73.- Las Sociedades deberán contar con un manual de crédito aprobado por el Consejo de Administración, al cual deberá sujetarse el Comité de Crédito o su equivalente. El Consejo de Administración podrá escuchar la opinión del comité de apoyo a que se refiere el Artículo 64 de estas disposiciones, para efectos de la aprobación de dicho manual, así como de sus modificaciones. El manual deberá contener las políticas y procedimientos de crédito, con los lineamientos mínimos en las etapas del proceso crediticio siguientes:

I.        Promoción y otorgamiento de crédito.

a)    Las Sociedades deberán establecer dentro del manual de crédito, metodologías para la evaluación, aprobación y otorgamiento de los distintos tipos de crédito debiendo observar en todo caso, según corresponda, lo siguiente:

1.     Ningún crédito podrá pasar a la etapa de análisis y evaluación, sin que se cuente con la información y documentación mínima que se haya establecido en el manual de crédito y en las disposiciones aplicables.

2.     La evaluación deberá considerar cuando menos:

i)      En su caso, la información que valide la experiencia de ahorro del acreditado.

ii)     La experiencia de pago del acreditado, revisando para tal efecto información cuya antigüedad no sea mayor a un mes, obtenida a través de una consulta realizada a alguna Sociedad de Información Crediticia, así como la información con la que cuente la propia Sociedad.

iii)    La capacidad de pago a través de los ingresos estimados del probable acreditado, de la relación entre el ingreso del posible deudor y el pago de la obligación y la relación entre el plazo de los créditos y la capacidad de generar recursos; así como del análisis de la totalidad de otros créditos y demás pasivos que el posible deudor tenga con la Sociedad y otras entidades financieras.

iv)    En caso de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, la situación financiera de la Sociedad de que se trate y, en general, la información y documentación presentada por el posible acreditado.

3.     El plazo de los créditos se deberá establecer en función de los plazos de los recursos captados.

4.     En el caso de créditos con garantías reales, se revisará el estado físico, la situación jurídica y los seguros de los bienes de que se trate. Asimismo, tratándose de garantías personales, se evaluará al garante como a cualquier otro acreditado.

5.     Cualquier cambio significativo a los términos y condiciones que hubieren sido pactados en un crédito, será motivo de una nueva evaluación y aprobación, debiéndose seguir al efecto, los procedimientos contenidos en el manual de crédito.

b)    Las Sociedades podrán establecer en los manuales de crédito procesos de autorizaciones automáticas de créditos que permitan otorgar el crédito correspondiente a cualquier Socio. Dichos procesos deberán comprender lo siguiente:

1.     El establecimiento de la documentación mínima a ser entregada por tipo de crédito.

2.     Las características de los depósitos que el Socio deberá mantener en la Sociedad.

3.     El monto máximo a otorgar según el resultado de la información entregada.

4.     El establecimiento de las tasas de interés conforme a sus políticas.

Las autorizaciones automáticas se podrán otorgar respecto de créditos para un mismo Socio, incluyendo a sus dependientes económicos, cuyo importe en lo individual o en su conjunto, no sea mayor a 10,000 UDIS.

Los funcionarios, Consejeros o miembros del Comité de Crédito, no podrán participar en ninguna etapa del proceso crediticio, cuando el crédito en cuestión pueda representar conflictos de intereses para dichas personas.

c)     Adicionalmente, las Sociedades podrán establecer metodologías para la aprobación y otorgamiento de créditos cuyo monto sea considerable, según las características de las operaciones que realice la Sociedad, para lo cual deberá tomarse en cuenta, por lo menos, lo siguiente:

1.     Contar con la documentación mínima indispensable que establezca el propio manual de crédito.

2.     La información que valide la experiencia de ahorro o de pago del acreditado.

3.     La capacidad del acreditado para cumplir con sus obligaciones.

4.     La determinación de un parámetro o escala de medición que indique el riesgo del potencial acreditado.

d)    El Comité de Crédito o su equivalente será la instancia responsable de la aprobación de los créditos solicitados a la Sociedad, debiendo observar los lineamientos que al efecto se establezcan en el manual de crédito. El Comité de Crédito podrá delegar dicha función en subcomités y, en su caso, en los funcionarios de la Sociedad que al efecto determine.

        Tratándose de créditos respecto de los cuales las Sociedades cuenten con garantías al 100 por ciento constituidas con dinero en efectivo en términos de lo dispuesto por el Apartado V del Anexo C de las presentes disposiciones, las Sociedades quedarán relevadas de la obligación de contar con la aprobación del Comité de Crédito o su equivalente. Lo anterior, con base en los límites que al respecto establezca su Consejo de Administración en el manual de crédito.

II.      Control de políticas y procedimientos crediticios.

          Las Sociedades, deberán llevar un control de la actividad crediticia, a través de un área independiente  de las involucradas en el proceso de otorgamiento de crédito. El objetivo de esta función de control será verificar:

a)    Que la actividad crediticia se esté desarrollando conforme a la normatividad aplicable y a las políticas y procedimientos establecidos en el manual de crédito.

b)    Que el expediente de crédito esté integrado con la adecuada documentación de las operaciones, y los antecedentes del Socio.

c)     Que los funcionarios y empleados de la Sociedad estén cumpliendo con las responsabilidades que les hayan sido encomendadas, sin exceder las facultades que les fueron delegadas.

El área a que se refiere la presente fracción deberá proporcionar un reporte cuando menos trimestralmente, al Comité de Auditoría, al Consejo de Vigilancia y a la Dirección o Gerencia General sobre las desviaciones que, en su caso, detecte con respecto a las políticas, procedimientos y normatividad vigente en materia de crédito y deberá mantener dicho reporte a disposición del auditor externo y de las autoridades competentes.

III.      Evaluación y seguimiento.

          Las Sociedades deberán establecer una metodología para evaluar y dar seguimiento a cada uno de los créditos de su cartera, incluyendo las garantías y a los garantes, la cual deberá ser definida por el Comité de Crédito. Dicha metodología deberá considerar, entre otros, los factores siguientes:

a)    Los periodos de amortización del crédito y, en su caso, aquellos donde hubieren existido incumplimientos.

b)    La actualización de la información que se tenga del acreditado, como por ejemplo, cambio de domicilio, cambio de fuente de ingresos, entre otros.

c)     Mecanismos para verificar periódicamente el cumplimiento de los requerimientos mínimos de integración de expedientes de crédito.

          Las evaluaciones deberán ser más frecuentes tratándose de créditos clasificados como cartera vencida, o bien respecto de los cuales no se hayan cumplido cabalmente los términos y condiciones convenidos.

IV.     Recuperación de cartera crediticia.

          Los créditos que, como resultado del seguimiento permanente o por haber caído en cartera vencida, previsiblemente tendrán problemas de recuperación, deberán ser objeto de una evaluación exhaustiva, con el fin de determinar oportunamente la posibilidad de establecer nuevos términos y condiciones que incrementen su probabilidad de recuperación.

          Toda reestructuración de crédito deberá realizarse de común acuerdo con el acreditado respectivo y tendrá que someterse a las distintas etapas del proceso crediticio como cualquier crédito, incluyendo la aprobación del Comité de Crédito.

          Tratándose de los procedimientos de cobranza judicial, el Director o Gerente General designará el o las áreas de negocio que realizarán las funciones correspondientes, las cuales deberán ser independientes de las áreas de crédito.

V.      Sistemas automatizados.

          Las Sociedades deberán contar con sistemas automatizados que permitan generar información completa y oportuna sobre el estado en que se encuentren los créditos, de forma tal que pueda darse seguimiento oportuno y confiable a los mismos, así como tener medidas concretas para la recuperación de información en casos de contingencia.

VI.     Integración de expedientes de crédito.

          Las Sociedades deberán establecer las políticas y procedimientos para la integración de un expediente único por cada acreditado, el cual contendrá cuando menos la documentación e información que se detalla a continuación.

          Las Sociedades deberán instrumentar un mecanismo de control y verificación que permita detectar documentación e información faltante en los expedientes de crédito. Asimismo, deberán designar al personal responsable de integrar y actualizar los expedientes, así como de controlar el servicio de consulta de los mismos.

          En el caso de acreditados que representen un “Riesgo Común”, de conformidad con la definición que se establece en la fracción I del Artículo 85 de estas disposiciones, el expediente que se conforme deberá identificar la pertenencia del Socio al grupo de “Riesgo Común” al que corresponda. En todo caso, las Sociedades deberán establecer las medidas que permitan en todo momento identificar a los integrantes de los grupos de “Riesgo Común” que existan.

          La documentación e información que deberá establecerse en los manuales, para efectos de la integración de los expedientes de crédito será, cuando menos, la siguiente:

a)      Identificación del solicitante:

1.     Tratándose de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, escrituras constitutivas de la Sociedad acreditada y modificaciones a las mismas, debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad o de Comercio correspondiente, y escrituras de otorgamiento de poderes en favor de las personas que suscriban el o los contratos y títulos de crédito.

2.     En el caso de personas físicas, identificación oficial vigente con fotografía y firma tanto del acreditado como del aval u obligado solidario. En defecto de lo anterior, copia del acta de nacimiento y comprobantes que permitan conocer la identidad de la persona de que se trate. En su caso, adicionalmente copia del acta de matrimonio.

b)      Otorgamiento y seguimiento:

1.     Solicitud de crédito debidamente requisitada y, en su caso, copia del acta del Consejo de Administración o del Comité de Crédito en la que conste su aprobación, según corresponda.

2.     Tratándose de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, estados financieros internos, así como, en su caso, los últimos estados financieros dictaminados de la Sociedad acreditada y, en su caso, del aval u obligado solidario, con firma autógrafa del representante legal y con una antigüedad no mayor a 180 días.

3.     Documentación que acredite la capacidad de pago de los Socios.

4.     Copia de los contratos y títulos de crédito con los que se haya documentado el crédito.

        Los contratos y demás instrumentos jurídicos que documenten las operaciones, deberán ser aprobados por el área jurídica o un responsable designado por el Director o Gerente General, previamente a la celebración de las mismas. Para los créditos comerciales con garantías reales o personales, dicha aprobación deberá expresarse en cada caso, mediante firma en los documentos respectivos.

5.     La documentación que acredite haber formulado ante una Sociedad de Información Crediticia una consulta previa, en términos de lo previsto por el Capítulo III del Título Tercero de las presentes disposiciones, así como la información sobre el historial del acreditado respecto del cumplimiento de sus obligaciones con la Sociedad.

6.     En su caso, correspondencia con el acreditado, como cartas, telegramas y otros relacionados con modificaciones a los términos y condiciones del crédito otorgado.

c)      Comprobante de domicilio.

d)      Garantías.

          Documentación que deba recabarse con el fin de evidenciar la existencia de garantías a favor de la Sociedad por el crédito otorgado, e información relativa a la guarda, custodia y seguimiento que se dé respecto de las mismas, tales como:

1.     Pólizas de seguros de las garantías en favor de la Sociedad.

2.     Certificado de libertad de gravamen o verificación de inscripción de las garantías ante el Registro Público de la Propiedad o del Comercio.

3.     Reportes de la Sociedad, sobre la verificación de la existencia, legitimidad, valor y demás características de las garantías.

Las Sociedades, en sus manuales de crédito podrán prever que los avalúos sean elaborados por un perito valuador bancario o por las personas que tengan reconocimiento en la Entidad Federativa de que se trate para realizar avalúos.

e)      Reestructuración.

          En su caso, la documentación relativa a la reestructura del crédito, que incluya:

1.     Análisis o estudios de viabilidad de la reestructura.

2.     Las condiciones y la autorización de reestructura o convenio judicial.

3.     Información periódica del responsable de la cobranza judicial o extrajudicial del crédito, así como la documentación soporte correspondiente.

f)       Tratándose de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, la aprobación efectuada por el Comité Técnico.

Igualmente, el manual de crédito deberá contener una sección específica de las políticas y procedimientos para la gestión y otorgamiento de Microcréditos Productivos, las cuales deberán ser congruentes con las aplicables al crédito en general y a los lineamientos mínimos a que se refiere la presente fracción.

Adicionalmente a la documentación que en esta fracción se especifica, deberá incluirse cualquier otra información necesaria para evaluar tanto al acreditado como al crédito en particular, incluyendo las garantías respectivas, de conformidad con las disposiciones aplicables y los requerimientos de la autoridad.

La documentación e información contenida en los expedientes podrá conservarse en forma física, electrónica o microfilmada, siempre y cuando se encuentren disponibles en todo momento para su consulta.

Sub Apartado B

Generalidades del manual de crédito

Artículo 74.- Las Sociedades, además de los lineamientos mínimos establecidos en las fracciones I a VI del Artículo 73 de las presentes disposiciones, deberán delimitar las distintas funciones y responsabilidades en el desarrollo de la actividad crediticia, procurando en todo momento la independencia en sus actividades para evitar conflictos de interés, tomando en cuenta, entre otras, las medidas siguientes:

I.        El establecimiento de estrategias, políticas y procedimientos de crédito, así como su implementación.

II.       La promoción, otorgamiento de crédito y la recuperación de la cartera crediticia, de conformidad con las fracciones I y IV del Artículo 73 de estas disposiciones.

III.      El control y la revisión del cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos de crédito, de conformidad con la fracción II del Artículo 73 de estas disposiciones.

IV.     La evaluación y seguimiento del riesgo de crédito de la Sociedad, de conformidad con la fracción III del Artículo 73 de las presentes disposiciones.

Artículo 75.- El manual de crédito deberá ser revisado y actualizado por lo menos una vez al año por el Comité de Crédito o su equivalente, en conjunto con el Director o Gerente General y, en su caso, las modificaciones deberán ser sometidas a la autorización del Consejo de Administración, quien podrá escuchar las propuestas de modificación que realice el comité de apoyo a que se refiere el Artículo 64 de estas disposiciones.

Artículo 76.- El Director o Gerente General será el responsable de la adecuada implementación, así como de la debida aplicación de las estrategias relacionadas con la actividad crediticia contenidas en el manual de crédito.

Artículo 77.- Las políticas y procedimientos para el otorgamiento de Microcréditos Productivos por parte de las Sociedades, deberán estar contenidas en el manual de crédito y aprobadas por el Consejo de Administración y, al menos deberán contemplar lo siguiente:

I.        Describir detalladamente la metodología especializada para el otorgamiento de Microcréditos Productivos, que comprenda el análisis de la capacidad de pago del acreditado, el destino del crédito, los sistemas de información y la infraestructura aplicables.

II.       Establecer los plazos máximos de los Microcréditos Productivos, los cuales deberán sujetarse a la regulación de los niveles de operación que les aplique.

III.      Establecer el importe máximo que las Sociedades podrán entregar en operaciones de Microcrédito Productivo a un Socio, conforme a lo dispuesto por el Artículo 85, fracción I de las presentes disposiciones.

IV.     Asegurar que el endeudamiento máximo permisible para el acreditado no exceda de 18,000 UDIS en el sistema financiero mexicano, al momento de efectuar la consulta a que se refiere la fracción III del Artículo 78 de estas disposiciones.

V.      Los mecanismos de control interno que permitan dar cumplimiento a los requisitos mínimos establecidos en las presentes disposiciones.

Artículo 78.- Las Sociedades, dentro de sus procedimientos para la gestión y el otorgamiento de los Microcréditos Productivos establecidos en el manual de crédito, deberán incluir lo siguiente:

I.        Efectuar una visita de verificación o, en su caso, una inspección ocular en el lugar donde el acreditado realice la actividad productiva que será financiada.

II.       Efectuar un análisis de la capacidad de pago del acreditado, así como de la viabilidad de la actividad productiva a la que se destinará el Microcrédito Productivo, conforme a las políticas y procedimientos para su otorgamiento.

III.      Realizar una consulta ante una Sociedad de Información Crediticia, en términos de lo previsto por el Capítulo III del Título Tercero de las presentes disposiciones.

En el evento de que el crédito de que se trate se renueve o reestructure, deberá actualizarse el reporte emitido por la Sociedad de Información Crediticia del acreditado. Asimismo, las Sociedades deberán reportar a las Sociedades de Información Crediticia el importe contingente de los Microcréditos Productivos que los deudores en esquemas mancomunados estarían obligados a pagar cada uno, en caso de incumplimiento del acreditado principal.

La información contenida en las fracciones anteriores, deberá contenerse en el expediente de crédito correspondiente que se integre en términos de lo dispuesto por el Artículo 73 de las presentes disposiciones, sin que les resulte aplicable lo dispuesto por los numerales 3 y 5 del inciso b) de la fracción VI del citado Artículo 73.

Sub Apartado C

Otras disposiciones

Artículo 79.- Los funcionarios, Consejeros o miembros del Comité de Crédito, no podrán participar en ninguna etapa del proceso crediticio, cuando el crédito en cuestión pueda representar conflictos de intereses para dichas personas.

Artículo 80.- La Comisión podrá ordenar la suspensión en el otorgamiento de nuevos créditos por parte de aquellas Sociedades cuya actividad crediticia, en lo general, presente graves deficiencias conforme a las disposiciones aplicables.

Apartado F

Provisionamiento de cartera crediticia y bienes adjudicados

Artículo 81.- Las Sociedades deberán calificar y constituir las estimaciones preventivas para riesgos crediticios correspondientes a su cartera crediticia de conformidad con la metodología establecida en los Apartados contenidos en el Anexo C de las presentes disposiciones acorde con el tipo de crédito que corresponda.

Las Sociedades que otorguen Microcrédito deberán utilizar la tabla de estimaciones preventivas para riesgos crediticios que se contiene en el inciso d) del Apartado II del Anexo C de las presentes disposiciones.

Las Sociedades podrán optar por aplicar a la totalidad de su cartera la metodología establecida en el Apartado I del Anexo C, o bien, la metodología acorde con el tipo de crédito que corresponda.

Artículo 82.- La Comisión podrá ordenar la constitución de estimaciones preventivas adicionales a las que deban crear las Sociedades como resultado de su proceso de calificación de cartera crediticia, hasta por la cantidad que se requiera para provisionar al 100 por ciento, en los casos siguientes:

I.        Tratándose de Sociedades que no se ajusten a la normatividad aplicable o a las políticas y procedimientos establecidos en materia de crédito.

II.       Si a su juicio así procediere, tomando en cuenta el riesgo de crédito asumido por la Sociedad en sus operaciones.

Artículo 83.- Las Sociedades deberán constituir semestralmente provisiones adicionales que reconozcan las potenciales pérdidas de valor por el paso del tiempo de los bienes adjudicados judicial o extrajudicialmente o recibidos en dación en pago, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

I.        En el caso de derechos de cobro y bienes muebles, se constituirán las provisiones conforme a lo siguiente:

 

El monto de reservas a constituir será el resultado de aplicar el porcentaje de reserva que corresponda conforme a la tabla anterior, al valor de los derechos de cobro o al valor de los bienes muebles recibidos en dación en pago o adjudicados obtenido conforme a los Criterios de Contabilidad.

II.       Tratándose de bienes inmuebles, se constituirán provisiones semestralmente de acuerdo con lo siguiente:

 

El monto de reservas a constituir será el resultado de aplicar el porcentaje de reserva que corresponda conforme a la tabla anterior, al valor de adjudicación de los bienes inmuebles obtenido conforme a los Criterios de Contabilidad.

En caso de que valuaciones posteriores a la adjudicación o dación en pago resulten en el registro contable de una disminución de valor de los derechos al cobro, valores, bienes muebles o inmuebles, los porcentajes de reservas preventivas a que hace referencia este artículo podrán aplicarse sobre dicho valor ajustado.

Apartado G

Lineamientos en materia de coeficiente de liquidez

Artículo 84.- Las Sociedades deberán mantener niveles de liquidez mínimos en relación con sus operaciones pasivas de corto plazo.

Para efectos de la presente regulación, se entenderá por “pasivos de corto plazo” a los pasivos cuyo plazo por vencer sea menor o igual a 30 días y los depósitos a la vista.

Las Sociedades deberán mantener una posición de por lo menos el equivalente al 10 por ciento de sus pasivos a corto plazo, invertidos en depósitos a la vista, así como en títulos bancarios, valores gubernamentales o en disponibilidades, cuyo plazo de vencimiento sea igual o menor a 30 días.

La Comisión podrá incrementar el coeficiente de liquidez cuando a su juicio y, tomando en cuenta los riesgos asumidos por la Sociedad de que se trate, dicha medida se justifique.

Apartado H

Diversificación de riesgos en las operaciones

Artículo 85.- Las Sociedades, para efectos de la diversificación de riesgos en sus operaciones, deberán observar lo siguiente:

I.        Diversificación de activos.

          El límite de financiamiento máximo que se podrá otorgar a una persona será el siguiente:

a)    Tratándose de financiamientos a Socios, no excederá del 5 por ciento del capital neto de la Sociedad.

b)    Tratándose de financiamientos a Sociedades, en términos de lo dispuesto por el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, la suma de dichos financiamientos no podrá exceder del 20 por ciento del capital neto de la Sociedad acreditante.  En ningún caso las Sociedades podrán otorgar préstamos de liquidez cuando dicho otorgamiento conlleve a que estas sean reclasificadas en la categoría 2 a que se refiere el Artículo 77 de la Ley.

          Para efectos del presente apartado, se considerará dentro del cómputo de créditos otorgados a una persona física aquellos que representen un “Riesgo Común”, entendiendo como tal los créditos que la Sociedad le haya otorgado a los parientes por consanguinidad en primer grado en línea recta ascendente o descendente y, en su caso, al cónyuge, concubina o concubinario del acreditado, cuando alguna de estas personas dependa económicamente de la persona que solicita el crédito.

          Los financiamientos que cuenten con garantías incondicionales e irrevocables, que cubran el principal y los accesorios de los mismos, otorgadas por instituciones de crédito o fideicomisos y fondos de fomento económicos constituidos por el Gobierno Federal, así como los garantizados con valores emitidos por el Gobierno de México, o con efectivo, y los que cuenten con seguros de crédito a favor de la Sociedad, no computarán para efectos del límite máximo de financiamiento a que esta fracción se refiere, hasta por el equivalente al 75 por ciento del valor de dichas garantías. Se entenderá que un financiamiento se encuentra garantizado con efectivo, cuando el deudor constituya un depósito de dinero en la propia Sociedad acreditante y le otorgue un mandato irrevocable para aplicar los recursos respectivos al pago del financiamiento de que se trate.

          Tratándose de Microcréditos Productivos el importe máximo que las Sociedades podrán entregar a un Socio de manera directa, no podrá exceder de 12,000 UDIS.

          Para el caso de grupos de Socios que contraten mancomunadamente un Microcrédito Productivo, el monto máximo que las Sociedades podrán otorgar será de 20,000 UDIS y de 2,500 UDIS por cada uno de los Socios que integren el grupo.

          Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá autorizar límites hasta dos veces mayores a los establecidos en los dos párrafos anteriores, siempre que las Sociedades acrediten la eficiencia de la gestión del Microcrédito Productivo, así como la adecuación de su proceso crediticio y sus políticas de administración de riesgos.

          Para efectos de lo dispuesto por la presente sección, se entenderá por financiamiento, a todo acto o contrato que implique la realización de una operación activa, directa o contingente, mediante el otorgamiento, reestructuración, renovación o modificación de cualquier préstamo o crédito, quedando también incluidas, en su caso, las inversiones en acciones o valores que no deban restarse del capital neto de las Sociedades.

          No se considerarán como financiamiento, los créditos hipotecarios relacionados con viviendas, los que se utilicen para la adquisición de bienes de consumo duradero y los personales que se destinen al consumo, que otorguen las Sociedades, cuyo monto no exceda el equivalente en moneda nacional a 5,000 UDIS a la fecha de su concertación, así como las inversiones en bonos bancarios y pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento que realicen en instituciones de crédito calificadas como grado de inversión por una Institución Calificadora de Valores.

II.       Diversificación de pasivos.

          Los recursos captados por la Sociedad, provenientes de depósitos o préstamos otorgados por una sola persona no podrán representar más de una vez el capital neto de la Sociedad. No les será aplicable este criterio a los pasivos contraídos con los fideicomisos públicos y fondos de fomento nacionales e internacionales, con las instituciones de banca múltiple establecidas en el país, con las instituciones de banca de desarrollo nacionales e internacionales, ni con organismos internacionales.

III.      Excepciones.

          La Comisión, a solicitud de la Sociedad interesada, acompañada de la opinión del Comité de Supervisión Auxiliar, podrá autorizar en casos excepcionales, operaciones específicas por montos superiores a los límites señalados en las fracciones I y II anteriores.

Artículo 86.- Las Sociedades no tendrán que identificar los créditos que representen un “Riesgo Común” en los términos previstos por la fracción I del Artículo 85 de las presentes disposiciones, siempre y cuando la suma de los veinte créditos con mayor saldo insoluto otorgados por la Sociedad, no represente más del 10 por ciento de la cartera total de la Sociedad y ningún crédito sea mayor al 3.5 por ciento del capital neto de esta. Para estos límites, no se considerará la parte cubierta en los términos señalados en el Artículo 85, fracción I, cuarto párrafo de estas disposiciones.

Para tales efectos, las Sociedades solo llevarán un control respecto de los vínculos patrimoniales y de parentesco de los acreditados a que se refiere el párrafo anterior, que rebasen el 2 por ciento de su capital neto.

No obstante lo anterior, si la Sociedad contara con evidencia que le permitiera inferir la existencia de vínculos entre acreditados que, en su conjunto, pudiesen rebasar los límites de diversificación previstos por la fracción I del Artículo 85 de las presentes disposiciones, deberán establecer procedimientos de monitoreo para el seguimiento del comportamiento de las personas de que se trate.

Sección Tercera

De la regulación prudencial para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con un monto de activos totales superiores a 50’000,000 de UDIS  e iguales o inferiores a 250’000,000 de UDIS

Artículo 87.- Lo dispuesto en la presente sección se aplicará a las Sociedades cuyos activos totales netos de sus correspondientes depreciaciones y estimaciones, sean superiores al equivalente en pesos de 50’000,000 de UDIS, pero iguales o inferiores al equivalente en pesos de 250’000,000 de UDIS.

Las Sociedades que al cierre de un trimestre calendario determinado sobrepasen el rango del nivel de activos a que se refiere esta sección, contarán con un plazo de dos trimestres calendario, adicionales durante los cuales podrán seguir cumpliendo con lo dispuesto en la presente sección.

En dicho plazo deberán adecuar sus procesos y manuales a los requerimientos correspondientes a su nuevo nivel de regulación prudencial.

Asimismo, para dar debido cumplimiento a la presente disposición deberán programar con anticipación, las fechas en las que estimen rebasarán el tamaño de activos máximos establecido para su nivel.

Apartado A

Capital mínimo

Artículo 88.- Las Sociedades deberán contar con un capital mínimo, el cual se integrará con la suma del capital social más las reservas de capital y, en su caso, el rubro denominado “Efecto por incorporación al régimen de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo” a que se refiere la fracción VII del Artículo 2 de las presentes disposiciones. El capital social deberá estar íntegramente suscrito y pagado. El capital mínimo para las Sociedades sujetas a la presente regulación, será de 4’000,000 UDIS.

Cuando la situación financiera de alguna Sociedad lo requiera, la Comisión podrá otorgar por única ocasión un plazo de 6 meses a dicha Sociedad para cumplir con el capital mínimo a que se refiere el párrafo anterior.

Los Socios de las Sociedades podrán solicitar el retiro de sus aportaciones, siempre y cuando dicho retiro no resulte en un incumplimiento al capital mínimo o a los requerimientos de capitalización que deben observar las Sociedades conforme a la presente sección.

Apartado B

Requerimientos de capitalización por riesgos

Artículo 89.- Las Sociedades deberán mantener un capital neto en relación con los riesgos en que incurran en su operación, el cual no podrá ser inferior a los requerimientos de capital establecidos en esta sección. Para tales efectos, las operaciones deberán ser valuadas conforme a los Criterios de Contabilidad.

Se incluirán las operaciones a partir de la fecha en que se concierten, independientemente de la fecha de liquidación, entrega o vigencia, según sea el caso.

Se considerará que se ha transferido la propiedad de un activo, y que por lo tanto este no tendrá requerimientos de capitalización de acuerdo con lo establecido en la presente sección, siempre que la operación cumpla con todas y cada una de las condiciones establecidas para ser reconocida como una venta de activos, en el criterio referente al “Reconocimiento y baja de activos financieros” contenido en los Criterios de Contabilidad.

En caso de operaciones denominadas en UDIS, estas deberán convertirse a moneda nacional aplicando el valor de la UDI publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a la fecha a la que se estén determinando los requerimientos de capital.

Artículo 90.- Las Sociedades, para la determinación de los requerimientos de capital por riesgo de crédito, deberán ajustarse al procedimiento siguiente:

I.        Clasificación de operaciones.

          Las Sociedades deberán clasificar sus activos y operaciones que originen pasivo contingente, en atención al riesgo de crédito y contraparte de la operación con independencia del activo subyacente, en alguno de los grupos siguientes:

a)    Grupo 1. Caja; valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal; créditos con garantía expresa del Gobierno Federal y operaciones contingentes realizadas con las personas señaladas en este inciso; así como las demás operaciones en donde la contraparte de las Sociedades sea alguna de las personas mencionadas en este grupo.

b)    Grupo 2. Depósitos, valores y créditos a cargo de o garantizados o avalados por instituciones de crédito y casas de bolsa; acciones de sociedades de inversión; créditos y valores a cargo de o garantizados o avalados por fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico; valores y créditos a cargo de organismos descentralizados del Gobierno Federal; así como los reportos y las demás operaciones en donde la contraparte de las Sociedades sea alguna de las personas mencionadas en este grupo.

c)     Grupo 3. Créditos, valores y demás activos que generen riesgo de crédito, en donde la contraparte de las Sociedades sea distinta a las personas mencionadas en los grupos previstos en los incisos a) y b) anteriores.

          Sin limitación de lo establecido en la presente sección, los grupos en que se clasifiquen las operaciones expuestas a riesgo de crédito, estarán integrados por las operaciones en moneda nacional y en UDIS que se especifican en esta fracción, según se trate, conforme a lo siguiente: i) los depósitos y las inversiones en valores comprenden a los respectivos intereses devengados; ii) las operaciones crediticias se entenderán en su más amplio sentido y comprenderán la toma de documentos de cobro inmediato, cartera vigente y vencida; préstamos al personal; refinanciamiento y capitalización de intereses; avales, intereses devengados, y comisiones y premios devengados, y iii) las inversiones con cargo al fondo de reservas para pensiones de personal y primas de antigüedad, se considerarán como una inversión más en el grupo a que correspondan.

II.       Cómputo de los activos.

          Para efectos de determinar el capital neto requerido respecto de los activos mencionados en los incisos a), b) y c) de la fracción I anterior, se estará a lo siguiente:

a)    Tratándose de la cartera de créditos, esta computará neta de las correspondientes estimaciones.

b)    Referente a los valores y otros activos, estos computarán netos de las respectivas estimaciones, depreciaciones y castigos.

III.      Cálculo del requerimiento.

          Los requerimientos de capital neto se determinarán aplicando el 8 por ciento a la suma de sus activos y de otras operaciones, ponderados conforme a lo siguiente:

 

En el caso de préstamos para la adquisición o construcción de vivienda personal que cuenten con una garantía de cuando menos el 50 por ciento del saldo insoluto del préstamo otorgada por alguna entidad pública de fomento, para fines de los requerimientos de capitalización las Sociedades considerarán la porción garantizada del crédito dentro del grupo 2 y la porción no garantizada restante dentro del grupo 3.

Adicionalmente, los requerimientos de capital a que se refiere el párrafo inmediato anterior gozarán de una reducción del 25 por ciento.

Para efectos de lo señalado en el presente artículo, las Sociedades podrán deducir del monto total de cada crédito, hasta un 100 por ciento de los depósitos de dinero constituidos por el propio acreditado en la Sociedad, que cumplan con las condiciones para ser considerados una garantía en términos de lo dispuesto por el Apartado V del Anexo C de las presentes disposiciones. El importe a deducir no podrá ser superior al saldo insoluto del crédito.

Artículo 91.- El requerimiento de capital por riesgo de mercado será el que se obtenga de aplicar un 30 por ciento al monto total que resulte del cálculo del requerimiento de capital por riesgo de crédito determinado conforme a lo establecido por el Artículo 90 de las presentes disposiciones.

Las Sociedades podrán optar por utilizar el “Procedimiento para la determinación de los requerimientos de capital por riesgo de mercado” a que se refiere el Anexo D de las presentes disposiciones, siempre y cuando dichas Sociedades cuenten con la autorización de la Comisión, previa opinión del Comité de Supervisión Auxiliar. Lo anterior, en el entendido de que una vez que se utilice la metodología prevista por el citado Anexo D, la Sociedad no podrá determinar sus requerimientos de capitalización por riesgos de mercado conforme a lo previsto en el presente artículo.

La Comisión podrá exigir la aplicación del procedimiento de requerimiento de capital por riesgo de mercado contenido en el Anexo D de las presentes disposiciones, cuando en ejercicio de sus facultades de supervisión, llegaran a detectar que una Sociedad se aparte de lo previsto en el Apartado C de la presente sección.

Artículo 92.- Para efectos de lo previsto en esta sección, el capital neto estará compuesto por:

I.        El capital contable o patrimonio.

         Menos:

II.       Las partidas que se contabilicen en el activo de la Sociedad como intangibles o que, en su caso, impliquen el diferimiento de gastos o costos en el capital de la Sociedad, tales como:

a)    Los intangibles de cualquier tipo incluyendo el crédito mercantil.

b)    Cualquier partida con excepción de los activos fijos y los pagos anticipados menores a un año, que represente erogaciones o gastos cuyo conocimiento en el capital contable se difiera en el tiempo.

          Todos estos conceptos se restarán netos de sus correspondientes amortizaciones.

III.      Los préstamos de liquidez otorgados a otras Sociedades con base en lo establecido en el Artículo 19, fracción I, inciso h), de la Ley.

IV.     Los créditos que se otorguen netos de sus correspondientes estimaciones y las demás operaciones, que se realicen en contravención a las disposiciones aplicables. Quedarán incluidas en esta fracción las inversiones en inmuebles y en otros activos, netas de sus correspondientes depreciaciones, realizadas por las Sociedades en contravención a lo dispuesto en el Artículo 27 de la Ley, siempre que se hubieren efectuado con posterioridad a la entrada en vigor de dicho precepto legal.

          Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones y penas que procedan en términos de la Ley y demás normatividad aplicable.

V.      Los certificados excedentes o voluntarios suscritos de conformidad con lo previsto por el Artículo 51 de la Ley de Cooperativas, que no cumplan con las características señaladas en el Artículo 93 de las presentes disposiciones.

VI.     Las inversiones en cualquier instrumento de deuda cuyo pago por parte del emisor o deudor, según se trate, esté previsto que se efectúe, por haberlo así convenido entre las partes, después de cubrir otros pasivos, es decir, los títulos subordinados.

VII.    Los financiamientos y cualquier tipo de aportación a título oneroso, incluyendo sus accesorios, cuyos recursos, directa o indirectamente, se destinen a la adquisición de partes sociales o títulos representativos del capital de la propia Sociedad que presta los recursos.

Artículo 93.- Los certificados excedentes o voluntarios suscritos de conformidad con lo previsto por el Artículo 51 de la Ley de Cooperativas, deberán emitirse previa aprobación de la Asamblea General de Socios del programa a que se refiere la fracción I siguiente, a la que deberán presentarse los objetivos de dicha emisión. Lo anterior, a fin de considerarlos dentro del capital neto de las Sociedades.

Dichos certificados deberán reunir las características siguientes:

I.        Emitirse al amparo de un programa en el cual se prevea el importe máximo autorizado de la emisión, así como su duración.

II.       Tendrán el plazo que se determine en la Asamblea General de Socios y al finalizar el mismo deberán liquidarse, a menos de que dichos certificados prevean la posibilidad de ser renovados de forma automática y se encuentre vigente el programa al amparo del cual fueron emitidos.

III.      Estar numerados y ser del mismo valor.

IV.     Contener lo siguiente:

a)    La tasa de rendimiento que, en su caso, pagarán dichos certificados al cierre del ejercicio, la cual no podrá ser superior al 150% del CCP de la fecha de emisión.

        De conformidad con lo previsto por el Artículo 51 de la Ley de Cooperativas, la tasa de interés a que se refiere el párrafo anterior únicamente se pagará  si la Sociedad tuviere remanente en el ejercicio correspondiente.

b)    El término señalado para su pago, condiciones y forma en que los certificados habrán de ser devueltos.

c)     El lugar y modo de pago.

d)    Las leyendas que a continuación se describen:

“Estos certificados son aportaciones al capital social de la Sociedad y no constituyen depósitos, por lo que no están sujetos a la cobertura que brinda el Fondo de Protección a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 54 de la Ley”.

“El tenedor de este certificado podrá solicitar el retiro del mismo, siempre y cuando dicho retiro no resulte en un incumplimiento al capital mínimo o a los requerimientos de capitalización que debe observar la Sociedad”.

En ningún caso los Socios podrán adquirir certificados excedentes por un importe que represente más del 2 por ciento del capital social, salvo que obtengan autorización de la Comisión, previo acreditamiento de la Sociedad de que con ello se podrían atender problemas de solvencia o liquidez.

Artículo 94.- La Sociedad deberá efectuar mensualmente el cómputo del Nivel de Capitalización, con base en saldos al día último del mes de que se trate. Estos cómputos deberán ser enviados a la Comisión y al Comité de Supervisión Auxiliar dentro de los siguientes 30 días a la fecha del cómputo, con base el formulario contenido en el Artículo 307 de las presentes disposiciones y en términos de lo señalado por el Artículo 308 de estas disposiciones. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá verificar la determinación de los requerimientos de capitalización así como el cómputo del Nivel de Capitalización, conforme lo dispuesto por el presente apartado, para lo cual, las Sociedades deberán proporcionar a dicha Comisión la información que sobre el particular les requiera.

La Comisión podrá requerir que le sea enviado el cómputo del Nivel de Capitalización con mayor periodicidad y en cualquier fecha para alguna Sociedad en específico, cuando juzgue que entre los días que transcurren entre un cómputo y otro, tal Sociedad está asumiendo riesgos notoriamente mayores a los que muestren las cifras de cierre de cada mes.

La Comisión en términos del segundo párrafo del Artículo 19 de la Ley, resolverá respecto de los porcentajes de ponderación de riesgo y procedimiento para determinar el valor de conversión, que serán aplicables tratándose de operaciones análogas o conexas a las que se refiere el citado artículo.

Los requerimientos de capitalización y el cómputo del Nivel de Capitalización calculados por las Sociedades serán los utilizados para todos los efectos legales que correspondan. Lo anterior, salvo que la Comisión hubiere efectuado la verificación señalada en el primer párrafo del presente artículo y hubiere obtenido un cómputo diferente, caso en el cual el obtenido por la Comisión se considerará como definitivo y será el utilizado para todos los efectos legales conducentes.

Artículo 95.- La Comisión podrá exigir a cualquier Sociedad requerimientos de capitalización adicionales a los señalados en la presente regulación, cuando a su juicio así se justifique, tomando en cuenta, entre otros aspectos, la integración de su capital, la composición de sus activos, la eficiencia de sus sistemas de control interno y, en general, la exposición y administración de riesgos.

Artículo 96.- La Comisión dará a conocer el Nivel de Capitalización de las Sociedades y la fecha a la que corresponde, a través de la red electrónica mundial denominada Internet, en el sitio http://www.cnbv.gob.mx, mediante publicación de la última clasificación disponible en el Boletín Estadístico de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de la propia Comisión.

En el evento de que la Comisión no haya recibido de la Sociedad de que se trate la información relativa al cómputo del Nivel de Capitalización, conforme a lo dispuesto por el Artículo 94 de estas disposiciones, hará del conocimiento público dicha situación a través del medio a que se refiere el párrafo anterior. Ello, sin perjuicio de las facultades de inspección y vigilancia que ejerza la Comisión, así como de las sanciones que procedan en términos de las disposiciones aplicables.

Apartado C

Administración de riesgos

Artículo 97.- Para efectos del presente apartado se entenderá por:

I.        Administración de riesgos, al conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y acciones que se implementen para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los riesgos a que se encuentren expuestas las Sociedades.

II.       Riesgo de crédito o crediticio, a la pérdida potencial por la falta de pago de un acreditado o contraparte en las operaciones que efectúen las Sociedades.

III.      Riesgo de liquidez, a la pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales para la Sociedad; por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones, o bien, por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente.

IV.     Riesgo de mercado, a la pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo que inciden sobre la valuación de las posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivo contingente, tales como tasas de interés, índices de precios, entre otros.

V.      Riesgo operacional, a las posibles pérdidas para la Sociedad por errores o fallas en el desarrollo de las actividades administrativas y operativas del negocio.

Artículo 98.- Las Sociedades, en la administración del riesgo de crédito, deberán como mínimo:

I.        Por lo que hace al riesgo de crédito en general, establecer políticas y procedimientos que contemplen los aspectos siguientes:

a)    Límites de riesgo que la Sociedad está dispuesta a asumir.

b)    En su caso, sector económico y zona geográfica en los que la Sociedad podrá celebrar operaciones.

c)     Límites de riesgo a cargo de una persona o grupo de personas que representen un “Riesgo Común”, de conformidad con la definición que se establece en la fracción I del Artículo 130 de las presentes disposiciones.

d)    Vigilancia y control efectivo de la naturaleza, características, diversificación y calidad del portafolio de crédito.

e)    Límites en el crédito neto que pueda otorgar la Sociedad.

f)     Límites a la proporción de la cartera otorgada a un solo pago de capital.

II.       Por lo que hace al riesgo de la cartera crediticia:

a)    Medir, evaluar y dar seguimiento a su concentración por tipo de operación, calificación, sector económico, zona geográfica y acreditado.

b)    Dar seguimiento a su evolución y posible deterioro, con el propósito de anticipar pérdidas potenciales, así como analizar el valor de recuperación de la cartera vencida y estimar la pérdida no esperada.

c)     Estimar su exposición al riesgo considerando su valor a lo largo del tiempo.

d)    Estimar la probabilidad de incumplimiento por parte de los deudores.

III.      Por lo que hace al riesgo crediticio en operaciones con instrumentos financieros:

a)    Diseñar procedimientos de control del riesgo de crédito de operaciones a plazo, de acuerdo con la liquidez de los activos relacionados con dicha operación y con la calidad crediticia de la contraparte.

b)    Estimar la exposición al riesgo con instrumentos financieros, tanto actual como futura.

c)     Calcular la probabilidad de incumplimiento de la contraparte.

d)    Analizar el valor de recuperación y estimar la pérdida esperada en la operación.

Artículo 99.- Las Sociedades, en la administración del riesgo de liquidez, deberán como mínimo:

I.        Medir y vigilar el riesgo ocasionado por el descalce derivado de diferencias entre los flujos de efectivo proyectados en distintas fechas, considerando para tal efecto todos los activos y pasivos de la Sociedad.

II.       Evaluar la diversificación de las fuentes de fondeo a que tenga acceso la Sociedad.

III.      Contar con un plan que incorpore las acciones a seguir en caso de requerimientos de liquidez.

Artículo 100.- En materia de administración de riesgos, el Consejo de Administración de cada Sociedad tendrá las responsabilidades siguientes:

I.        Aprobar los objetivos, políticas y procedimientos para la administración de riesgos, así como los límites de exposición al riesgo.

II.       Designar a la persona que será responsable de la administración de riesgos de la Sociedad, a propuesta del Director o Gerente General, así como vigilar que la realización de las operaciones se ajuste a los objetivos, políticas y procedimientos para la administración de riesgos aprobados por el citado Consejo.

III.      Aprobar la realización de nuevas operaciones, productos o servicios, o bien la modificación de los ya existentes, a propuesta del Director o Gerente General, con opinión del personal responsable de la administración de riesgos y previo cumplimiento a lo establecido en el Artículo 67 de la Ley.

Los objetivos, políticas y procedimientos mencionados en la fracción I anterior, deberán incluirse en un manual de administración de riesgos y ser revisados cuando menos una vez al año. El Consejo de Administración podrá escuchar la opinión del comité de apoyo a que se refiere el Artículo 107 de estas disposiciones, para efectos de la aprobación de dicho manual, así como de sus modificaciones.

Artículo 101.- El personal responsable de la administración de riesgos, realizará cuando menos las funciones que se indican a continuación:

I.        Elaborar en conjunto con el Director o Gerente General y para aprobación del Consejo de Administración:

a)    El manual que contenga los objetivos, políticas y procedimientos para la administración de riesgos para someterlo a la aprobación del Consejo de Administración.

b)    Los límites de exposición a los distintos tipos de riesgo.

c)     Las metodologías, modelos y parámetros para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los riesgos a que se encuentre expuesta la Sociedad.

II.       Dar opinión al Consejo de Administración sobre la realización de nuevas operaciones, productos o servicios, o bien para modificar los ya existentes, previo cumplimiento a lo establecido en el Artículo 67 de la Ley.

III.      Vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los riesgos a que se encuentre expuesta la Sociedad.

IV.     Informar trimestralmente al Consejo de Administración y cuando menos mensualmente al Director o Gerente General, sobre la exposición a riesgos, así como sobre la inobservancia de los límites de exposición a riesgos establecidos tanto internamente en la Sociedad, como por la regulación aplicable.

V.      Informar al Director o Gerente General, así como al Consejo de Administración, sobre las medidas correctivas implementadas.

VI.     Recomendar al Director o Gerente General y a los responsables de las unidades de negocios, disminuir la exposición al riesgo a los límites previamente aprobados por el Consejo de Administración.

VII.    Validar el cálculo de los requerimientos de capitalización por riesgos y el cumplimiento a los límites, con el objeto de verificar que los mismos se ajusten a las disposiciones aplicables.

VIII.   De acuerdo a la complejidad de sus operaciones, las Sociedades deberán realizar con la periodicidad que su Consejo determine el análisis de brechas de vencimiento de sus activos y pasivos, que les permitan gestionar su liquidez y para los casos que se identifique que la sensibilidad a movimientos en los niveles de tasa en el mercado está afectando los ingresos y costos asociados a dichos activos o pasivos deberán adicionalmente evaluar la conveniencia de agregar al análisis de brechas las fechas de repreciación, que les permita gestionar de mejor forma el riesgo de mercado.

El personal citado en el primer párrafo de este artículo, tendrá que ser independiente de las áreas de negocios a fin de evitar conflictos de intereses y asegurar una adecuada separación de responsabilidades.

Artículo 102.- El manual de políticas y procedimientos para la administración de riesgos deberá contemplar, cuando menos, los aspectos que se indican a continuación:

I.        Los objetivos sobre la exposición al riesgo de crédito, de mercado y de liquidez.

II.       La determinación o procedimiento para calcular los límites de los riesgos.

III.      El tipo de reportes que elaborarán, así como la forma y periodicidad con la que deberá informarse al Consejo de Administración, al Director o Gerente General y a las unidades de negocio, sobre la exposición al riesgo de la Sociedad.

IV.     Las medidas de control interno, así como las correspondientes para corregir las desviaciones que se observen sobre los límites de exposición al riesgo.

V.      El proceso para la aprobación de propuestas de nuevas operaciones y servicios, así como de estrategias o iniciativas de administración de riesgos.

VI.     Los planes de acción en caso de contingencias por caso fortuito o fuerza mayor.

VII.    Los mecanismos de corrección en caso de que se excedan los límites de riesgo autorizados.

El manual deberá ir acompañado de los modelos y metodologías para la valuación de los riesgos aprobados por la persona responsable de la administración del riesgo de crédito.

Artículo 103.- El Director o Gerente General deberá proponer al Consejo de Administración para su aprobación, lo siguiente:

I.        La designación de la persona que será responsable de la administración de riesgos de la Sociedad, garantizando la independencia de dicha persona respecto de las áreas de negocios.

II.       El manual de políticas y procedimientos para la administración de riesgos así como sus modificaciones.

III.      Los límites de exposición al riesgo.

IV.     Las políticas, lineamientos y manuales que, en términos de la ley deban ser aprobados por el Consejo de Administración.

El Director o Gerente General será responsable de implementar medidas de acción en caso de contingencias que puedan afectar la operación o los sistemas de información de la Sociedad, así como difundir una mayor cultura en materia de administración de riesgos diseñando programas de capacitación en esta materia para el personal involucrado en la operación o administración de riesgos de la Sociedad.

Artículo 104.- El Auditor Interno a que se refiere el Artículo 114 de las presentes disposiciones, deberá llevar a cabo, cuando menos una vez al año l, una auditoría de administración de riesgos que contemple, entre otros, los aspectos siguientes:

I.        La implementación de mecanismos de administración de riesgos de conformidad con lo establecido en el presente apartado y en el propio manual de políticas y procedimientos para la administración de riesgos de la Sociedad.

II.       La existencia de independencia del personal responsable de la administración de riesgos y las unidades de negocios.

III.      La consistencia, precisión, integridad, oportunidad y validez de las fuentes de información utilizadas en los modelos de medición de riesgos.

IV.     La revisión de las modificaciones en los modelos de medición de riesgos y su correspondiente aprobación por la persona responsable de la administración de riesgos.

V.      El proceso de aprobación de los modelos de medición de riesgos utilizados por el personal de las unidades de negocios y de control de operaciones.

Los resultados de la auditoría a que se refiere el presente artículo, se asentarán en un informe que contendrá, en su caso, recomendaciones para solucionar las irregularidades observadas. Dicho informe se presentará al Consejo de Vigilancia, al Comité de Auditoría, y al Director o Gerente General.

Apartado D

Control interno

Artículo 105.- Para los efectos del presente apartado, se entenderá por sistema de control interno, al conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y registros que establezca la Sociedad con el objeto de:

I.        Procurar mecanismos de operación que permitan identificar, vigilar y evaluar los riesgos que puedan derivarse del desarrollo de las actividades del negocio.

II.       Delimitar las diferentes funciones y responsabilidades del personal al interior de la Sociedad.

III.      Diseñar sistemas de información eficientes y completos.

IV.     Coadyuvar en la observancia de las leyes y disposiciones aplicables.

Artículo 106.- En materia del sistema de control interno, será responsabilidad del Consejo de Administración de cada Sociedad, definir y diseñar los lineamientos para el manejo prudente de la Sociedad. Asimismo, el Consejo de Administración deberá supervisar el establecimiento y vigilar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, para lo cual deberá aplicar entre otras, las medidas siguientes:

I.        Aprobar los manuales de políticas y procedimientos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, así como los manuales de administración de riesgos y de crédito, y un código de ética.

II.       Aprobar la estructura orgánica de la Sociedad en la que se asegure la adecuada delimitación de funciones y asignación de responsabilidades.

III.      Verificar al menos de forma anual, que la Dirección o Gerencia General de la Sociedad cumpla con su objetivo de vigilar continuamente la efectividad y funcionalidad de los sistemas de control interno.

IV.     Revisar los objetivos, políticas y procedimientos de control interno, por lo menos una vez al año, para lo cual podrá escuchar la opinión del Consejo de Vigilancia.

V.      Aprobar las políticas y procedimientos para la contratación de servicios con personas morales con las que la Sociedad mantenga vínculos patrimoniales, así como asegurarse de que tales operaciones se pacten en condiciones de mercado

VI.     Establecer mecanismos para asegurarse que el área o, en su caso, las distintas personas que desempeñen las funciones de contraloría no tengan conflictos de interés, respecto de las distintas unidades de negocio sobre quienes desempeñen sus labores.

Los manuales de políticas y procedimientos de la Sociedad, así como el código de ética, deberán ser revisados anualmente.

Tratándose de la aprobación del código de ética, el Consejo de Administración podrá delegar esta función en un comité de apoyo integrado por especialistas nombrados por el Consejo de Administración, siempre y cuando participe en dicho comité el Director o Gerente General.

El Consejo de Administración podrá escuchar la opinión del comité de apoyo referido en este artículo para efectos de la aprobación de los manuales de administración de riesgos y de crédito, así como de sus modificaciones.

Artículo 107.- El Director o Gerente General de las Sociedades deberá documentar adecuadamente las políticas y procedimientos de todas las actividades de las Sociedades, en manuales de operación. Dichos manuales serán la base de la operación, así como la referencia para evaluar la efectividad y desempeño de los controles internos.

Los manuales de operación deberán ser revisados y, en su caso, actualizados por lo menos una vez al año conforme a lo dispuesto en el Artículo 106 de estas disposiciones, y deberán hacerse del conocimiento de los Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, funcionarios y empleados de la Sociedad que por sus funciones requieran conocerlos.

Artículo 108.- Los manuales de operación deberán considerar, cuando menos, los aspectos siguientes:

I.        La estructura organizacional y funcional de cada área de la Sociedad, así como las responsabilidades individuales asignadas.

II.       Los canales de comunicación y de flujo de información entre las distintas áreas de la Sociedad.

III.      Las políticas generales de operación y, en caso de ser aplicable, los procedimientos operativos claramente descritos y documentados, así como mecanismos para la revisión periódica de los mismos.

IV.     Los mecanismos de control en los procedimientos operativos, a fin de asegurar que todas las transacciones sean autorizadas, procesadas y registradas correctamente, incluyendo las medidas que se consideren necesarias para prevenir la comisión de ilícitos.

V.      En general, programas de contingencia y seguridad, cuyo funcionamiento deberá ser sometido regularmente a pruebas de efectividad y hacerse del conocimiento del personal.

Artículo 109.- En materia de sistemas informáticos, los manuales de operación, deberán considerar las políticas, procedimientos y controles que permitan asegurar que dichos sistemas:

I.        Realicen las funciones para las que fueron diseñados, desarrollados o adquiridos.

II.       Se encuentren documentados y actualizados.

III.      Estén debidamente probados antes de ser implementados.

IV.     Cuenten con códigos de acceso para garantizar la integridad de la información generada por los sistemas, así como la de estos.

V.      Cuenten con mecanismos de respaldo y procedimientos de recuperación que garanticen la integridad de la información.

Artículo 110.- En materia de control interno, el Director o Gerente General será el encargado de la implementación y funcionamiento diario del sistema de control interno, para lo cual deberá:

I.        Verificar que el sistema de control interno funcione adecuadamente conforme a los objetivos y estrategias determinadas por el Consejo de Administración.

II        Elaborar reportes trimestrales para el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría y el Consejo de Vigilancia, los cuales deberán mencionar:

a)    La situación actual de la cartera crediticia total.

b)    El estado que guarda la cartera vencida y los resultados del proceso de recuperación.

c)     El apego a los límites de crédito establecidos por el Consejo de Administración.

d)    Los acreditados más importantes de la Sociedad en cuanto al monto de sus créditos, así como los importes respectivos.

e)    Las operaciones realizadas con personas morales con las que la Sociedad mantenga vínculos patrimoniales, así como la información que soporte que tales operaciones fueron pactadas en condiciones de mercado.

          En caso de que se presente alguna desviación en los límites de crédito a que se refiere el inciso c) de esta fracción, se deberá notificar al Consejo de Administración de manera inmediata.

III.      Establecer, directamente o a través de las personas que considere apropiadas, las funciones de contraloría interna.

IV.     Realizar las acciones necesarias para que:

a)    Se tomen las medidas preventivas y correctivas necesarias a fin de subsanar cualquier deficiencia detectada, además de conservar un registro de dichas medidas, así como de las causas que motivaron la implementación de las mismas.

b)    Exista una clara delimitación de funciones y responsabilidades entre las unidades de la Sociedad, así como la independencia entre las áreas o funciones que así lo requieran.

c)     Los manuales de operación se hagan del conocimiento de los Consejeros, miembros del Consejo de Vigilancia así como de los funcionarios y empleados que por sus funciones requieran conocerlos.

V.      Informar por lo menos una vez al año al Consejo de Administración sobre el desempeño de las actividades a que se refiere este artículo y el siguiente, así como los resultados obtenidos.

Asimismo, el Director o Gerente General o, en su caso, el comité de apoyo a que se refiere el Artículo 106 de estas disposiciones, deberá someter a la aprobación del Consejo de Administración, los manuales de operación señalados en el Artículo 107 de las presentes disposiciones, y la adopción de un código de ética.

Artículo 111.- Para cumplir con las responsabilidades respecto del sistema de control interno, el Director o Gerente General deberá asegurarse de que se lleven a cabo, entre otras, las acciones siguientes:

I.        Identificar y evaluar los factores internos y externos que pueden afectar la consecución de las estrategias y objetivos de la Sociedad.

II.       Implementar las estrategias y políticas de la Sociedad, asegurando que las actividades a todos los niveles se desarrollen en línea con los citados objetivos y estrategias.

III.      Establecer los mecanismos de control y administrativos de conformidad con las leyes, y demás disposiciones aplicables, incluyendo la normatividad emitida internamente en la propia Sociedad.

Artículo 112.- El Consejo de Administración deberá constituir un Comité de Auditoría, cuyo objeto sea apoyar al citado Consejo en la definición de los lineamientos generales del sistema de control interno, así como en la verificación y evaluación de dicho sistema. Lo anterior, mediante la supervisión de las funciones de auditoría interna y externa., fungiendo como un canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores internos, externos y las autoridades supervisoras.

El Comité de Auditoría deberá integrarse con al menos tres y no más de cinco miembros propietarios del Consejo de Administración, uno de los cuales deberá presidirlo.

Para efectos de lo anterior, el Comité de Auditoría tendrá, cuando menos las funciones y responsabilidades siguientes:

I.        Proponer para aprobación del Consejo de Administración:

a)    Los manuales de políticas y procedimientos necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema de control interno de la Sociedad.

b)    La designación del Auditor Interno de la Sociedad.

c)     La designación del auditor externo de la Sociedad, así como el alcance de su trabajo.

d)    La adopción de un código de ética.

e)    La determinación de las bases para la elaboración de información financiera precisa, íntegra y oportuna, que coadyuve a la adecuada toma de decisiones.

II.       Supervisar y evaluar al menos una vez al año o por requerimiento de la autoridad supervisora, que las funciones de auditoría interna tanto en los aspectos contables como de control interno, se desempeñen de conformidad con estándares de calidad adecuados y de manera efectiva.

III.      Vigilar las actividades de los auditores externos, quienes tendrán que informar los resultados de sus actividades directamente al Auditor Interno.

IV.     Vigilar que las políticas, procedimientos y operaciones se desarrollen en concordancia con las leyes y demás disposiciones normativas aplicables, incluyendo los manuales y demás lineamientos establecidos por el propio Consejo de Administración, así como proveer lo necesario para que la información financiera sea precisa, íntegra y oportuna.

V.      Informar al Consejo de Administración, por lo menos una vez al año, sobre la situación que guarda el sistema de control interno de la Sociedad.

VI.     Informar periódicamente al Consejo de Administración sobre los avances de la auditoría externa.

VII.    Revisar en coordinación con el Director o Gerente General al menos una vez al año o cuando existan cambios significativos en la operación de la Sociedad, los manuales a que se refiere el artículo 118 de las presentes disposiciones. En todo caso, tratándose del manual de crédito, en su revisión también deberá participar el Comité de Crédito.

El Comité de Auditoría deberá sesionar, cuando menos trimestralmente, haciendo constar los acuerdos tomados en actas debidamente suscritas por todos y cada uno de los participantes.  Asimismo, dicho comité contará con la presencia del Auditor Interno, quien asistirá a las sesiones en calidad de invitado, sin derecho a voto. A las sesiones del Comité de Auditoría podrán asistir otros invitados con voz y sin voto, previa invitación de los integrantes del citado comité cuando estos así si lo considera necesario.

Artículo 113.- Con el fin de coadyuvar al funcionamiento del sistema de control interno, las Sociedades deberán asegurar que se lleven a cabo las funciones de contraloría. Dichas funciones implicarán el establecimiento y seguimiento diario de medidas para vigilar que las actividades referentes a la operación de la Sociedad sean consistentes con los objetivos de la misma y se lleven a cabo en estricto apego a las leyes y demás disposiciones aplicables.

Las funciones de contraloría deberán contemplar, por lo menos, los aspectos siguientes:

I.        Establecer medidas encaminadas a asegurar el apego de los distintos procesos, operaciones y transacciones a la regulación aplicable a la Sociedad.

II.       Establecer normas, procedimientos y medidas para vigilar que los procesos de documentación y liquidación diaria de operaciones y transacciones se efectúan de manera adecuada y conforme a los objetivos y lineamientos de la Sociedad, así como con observancia a los límites de exposición al riesgo de crédito y otros.

III.      Diseñar controles para que tanto la elaboración de información financiera, como la información generada y proporcionada al Comité de Supervisión Auxiliar y a las autoridades sea precisa, íntegra, confiable y oportuna.

Las funciones de contraloría interna que, en principio, corresponden a la Dirección o Gerencia General de la Sociedad, podrán ser asignadas a un área específica o, en su caso, a personal distribuido en varias áreas. El personal que realice tales funciones incluso podrá ser independiente jerárquicamente de la Dirección o Gerencia General; sin que en ningún caso las referidas funciones de contraloría puedan atribuirse a personas o unidades que representen un conflicto de interés para su adecuado desempeño.

Las citadas funciones de contraloría interna, así como su asignación al interior de la Sociedad, deberán estar documentadas en manuales.

El personal responsable de las funciones a que hace referencia el presente artículo, deberá entregar un reporte de su gestión, cuando menos semestralmente, al Consejo de Vigilancia, al Comité de Auditoría, así como al Director o Gerente General.

Artículo 114.- El Auditor Interno  deberá verificar, entre otros aspectos, el funcionamiento adecuado del sistema de control interno, para lo cual, deberá evaluar la adecuada implementación y cumplimiento de las políticas y procedimientos en materia de control interno establecidos por el Consejo de Administración.

Asimismo, para cumplir con los objetivos señalados en el párrafo anterior, el Auditor Interno tendrá las funciones y responsabilidades siguientes:

I.        Evaluar el funcionamiento operativo de las distintas áreas de la Sociedad, así como su apego a los manuales de políticas y procedimientos.

II.       Revisar que todos los sistemas informáticos cumplan con los objetivos para los cuales fueron diseñados.

III.      Vigilar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.

IV.     Vigilar las actividades de los auditores externos.

Los resultados de sus revisiones y evaluaciones deberán reportarse al Director o Gerente General, al Consejo de Vigilancia y al Comité de Auditoría cuando menos trimestralmente, y deberán dar seguimiento a las deficiencias detectadas para que sean corregidas oportunamente.

Artículo 115.- Las Sociedades deberán implementar un código de ética, aprobado por el Consejo de Administración o, en su caso, por el comité de apoyo a que hace referencia el Artículo 106 de estas disposiciones, en el cual se establezcan reglas apropiadas y prudentes que gobiernen la conducta y el comportamiento adecuado de sus Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, funcionarios y empleados, en su interacción con los Socios y al interior de la propia Sociedad. El código de ética debe contemplar, como mínimo, los aspectos siguientes:

I.        Guardar consistencia con la legislación aplicable, incluyendo las diferentes regulaciones, y disposiciones reglamentarias conducentes.

II.       Respetar la confidencialidad de los Socios, de las operaciones de la Sociedad y, en general, de la información institucional.

El código de ética deberá ser revisado por lo menos una vez al año, conforme a lo dispuesto en el Artículo 106 de las presentes disposiciones, y deberá hacerse del conocimiento de los Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, funcionarios y empleados de la Sociedad.

Artículo 116.- En la elaboración del informe a que se refiere la fracción V del artículo 112, el Comité de Auditoría  de las Sociedades deberá efectuar las pruebas que considere necesarias. El informe respectivo deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

I.        Las deficiencias, desviaciones o aspectos del sistema de control interno que, en su caso, requieran una mejoría, tomando en cuenta para tal efecto los informes de los responsables de las funciones de contraloría interna.

II.       La mención y seguimiento de la implementación de las medidas preventivas y correctivas derivadas de las observaciones de la Comisión, así como de la evaluación del sistema de control interno realizada por el propio Comité de Auditoría.

III.      La valoración del desempeño de las funciones de contraloría interna.

IV.     Los aspectos significativos del sistema de control interno que pudieran afectar el desempeño de las actividades de la Sociedad.

El Comité de Auditoría en la elaboración del informe a que se refiere este artículo escuchará a la Dirección General, al Auditor Interno y al responsable o responsables de las funciones de contraloría de la Sociedad. En caso de existir diferencia de opinión con estos últimos, al respecto del Sistema de Control Interno, deberán incorporarse en dicho informe, tales diferencias.

Apartado E

Proceso crediticio

Artículo 117.- Para efectos del presente apartado, se entenderá por actividad crediticia la colocación por parte de las Sociedades de los recursos, tanto propios como los captados de terceros, mediante aval, las operaciones de préstamo, o cualquier operación que de manera directa o indirecta le puedan generar derechos de crédito a su favor.

Sub Apartado A

Lineamientos mínimos del manual de crédito

Artículo 118.- Las Sociedades deberán contar con un manual de crédito aprobado por el Consejo de Administración, al cual deberá sujetarse el Comité de Crédito o su equivalente. El Consejo de Administración podrá escuchar la opinión del comité de apoyo a que se refiere el Artículo 106 de estas disposiciones, para efectos de la aprobación de dicho manual, así como de sus modificaciones. El manual deberá contener las estrategias, políticas y procedimientos de crédito, con los lineamientos mínimos en las etapas del proceso crediticio siguientes:

I.        Promoción y otorgamiento de crédito.

a)    Las Sociedades deberán establecer dentro del manual de crédito, metodologías para la evaluación, aprobación y otorgamiento de los distintos tipos de crédito debiendo observar en todo caso, según corresponda, lo siguiente:

1.       Ningún crédito podrá pasar a la etapa de análisis y evaluación, sin que se cuente con la información y documentación mínima que se haya establecido en el manual de crédito y en las disposiciones aplicables.

2.       La evaluación deberá considerar cuando menos:

i)      En su caso, la información que valide la experiencia de ahorro del acreditado.

ii)     La experiencia de pago del acreditado, revisando para tal efecto información cuya antigüedad no sea mayor a un mes, obtenida a través de una consulta realizada a alguna Sociedad de Información Crediticia, así como la información con la que cuente la propia Sociedad.

iii)    La capacidad de pago a través de los ingresos estimados del probable acreditado, de la relación entre el ingreso del posible deudor y el pago de la obligación y la relación entre el plazo de los créditos y la capacidad de generar recursos; así como del análisis de la totalidad de otros créditos y demás pasivos que el posible deudor tenga con la Sociedad y otras entidades financieras.

iv)    En caso de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, la situación financiera de la Sociedad de que se trate y, en general, la información y documentación presentada por el posible acreditado.

3.       El plazo de los créditos se deberá establecer en función de los plazos de los recursos captados.

4.       En el caso de créditos con garantías reales, se revisará el estado físico, la situación jurídica y los seguros de los bienes de que se trate. Asimismo, tratándose de garantías personales, se evaluará al garante como a cualquier otro acreditado.

5.       Los contratos y demás instrumentos jurídicos que documenten las operaciones, deberán ser aprobados por el área jurídica o un responsable designado por el Director o Gerente General, previamente a la celebración de las mismas. Para los créditos comerciales con garantías reales o personales, dicha aprobación deberá expresarse en cada caso, mediante firma en los documentos respectivos.

6.       Cualquier cambio significativo a los términos y condiciones que hubieren sido pactados en un crédito, será motivo de una nueva evaluación y aprobación, debiéndose seguir al efecto, los procedimientos contenidos en el manual de crédito.

b)    Las Sociedades podrán establecer en los manuales de crédito procesos de autorizaciones automáticas de créditos que permitan otorgar el crédito correspondiente a cualquier Socio. Dichos procesos deberán comprender lo siguiente:

1.       El establecimiento de la documentación mínima a ser entregada por tipo de crédito.

2.       Las características de los depósitos que el Socio deberá mantener en la Sociedad.

3.       El monto máximo a otorgar según el resultado de la información entregada.

4.       El establecimiento de las tasas de interés conforme a sus políticas.

Las autorizaciones automáticas se podrán otorgar respecto de créditos para un mismo Socio, incluyendo a sus dependientes económicos, cuyo importe en lo individual o en su conjunto, no sea mayor a 10,000 UDIS.

Los funcionarios, Consejeros o miembros del Comité de Crédito, no podrán participar en ninguna etapa del proceso crediticio, cuando el crédito en cuestión pueda representar conflictos de intereses para dichas personas.

c)     El Comité de Crédito o su equivalente será la instancia responsable de la aprobación de los créditos solicitados a la Sociedad, debiendo observar los lineamientos que al efecto se establezcan en el manual de crédito. El Comité de Crédito podrá delegar dicha función en subcomités y, en su caso, en los funcionarios de la Sociedad que al efecto determine.

Tratándose de créditos respecto de los cuales las Sociedades cuenten con garantías al 100 por ciento constituidas con dinero en efectivo en términos de lo dispuesto por el Apartado V del Anexo C de las presentes disposiciones, las Sociedades quedarán relevadas de la obligación de contar con la aprobación del Comité de Crédito o su equivalente. Lo anterior, con base en los límites que al respecto establezca su Consejo de Administración en el manual de crédito.

II.      Control de políticas y procedimientos crediticios.

a)    Las Sociedades, deberán llevar un control de la actividad crediticia, a través de un área independiente de las involucradas en el proceso de otorgamiento de crédito. El objetivo de esta función de control será verificar:

1.     Que la actividad crediticia se esté desarrollando conforme a la normatividad aplicable y a las políticas y procedimientos establecidos en el manual de crédito.

2.     Que el expediente de crédito esté integrado con la adecuada documentación de las operaciones, y los antecedentes del Socio.

3.     Que los funcionarios y empleados de la Sociedad estén cumpliendo con las responsabilidades que les hayan sido encomendadas, sin exceder las facultades que les fueron delegadas.

b)    El área de contraloría de crédito deberá proporcionar un reporte cuando menos trimestralmente, al Comité de Auditoría y Consejo de Vigilancia sobre las desviaciones que, en su caso, detecte con respecto a las políticas, procedimientos y normatividad vigente en materia de crédito y con mayor frecuencia a la Dirección o Gerencia General, y deberá mantener dicho reporte a disposición del auditor externo y de las autoridades competentes.

III.     Evaluación y seguimiento.

          Las Sociedades deberán establecer una metodología para evaluar y dar seguimiento a cada uno de los créditos de su cartera, incluyendo las garantías y a los garantes, la cual deberá ser definida por el Comité de Crédito. Dicha metodología deberá considerar, entre otros, los factores siguientes:

a)    Los periodos de amortización del crédito y, en su caso, aquellos donde hubieren existido incumplimientos.

b)    La actualización de la información que se tenga del acreditado, como por ejemplo, cambio de domicilio, cambio de fuente de ingresos, entre otros.

c)     Mecanismos para verificar periódicamente el cumplimiento de los requerimientos mínimos de integración de expedientes de crédito.

          Las evaluaciones deberán ser más frecuentes tratándose de créditos clasificados como cartera vencida, o bien respecto de los cuales no se hayan cumplido cabalmente los términos y condiciones convenidos.

IV.     Recuperación de cartera crediticia.

          Los créditos que, como resultado del seguimiento permanente o por haber caído en cartera vencida, previsiblemente tendrán problemas de recuperación, deberán ser objeto de una evaluación exhaustiva, con el fin de determinar oportunamente la posibilidad de establecer nuevos términos y condiciones que incrementen su probabilidad de recuperación.

          Toda reestructuración de crédito deberá realizarse de común acuerdo con el acreditado respectivo y tendrá que someterse a las distintas etapas del proceso crediticio como cualquier crédito, incluyendo la aprobación del Comité de Crédito.

          Las funciones de recuperación de cartera crediticia vencida y en proceso de cobranza judicial, deberán ser desempeñadas por un área independiente de las áreas de negocios.

V.      Sistemas automatizados.

          Las Sociedades deberán contar con sistemas automatizados de información de crédito, los cuales como mínimo deberán:

a)    Permitir la debida interrelación e intercambio de información entre las distintas áreas que participan en el proceso crediticio.

b)    Generar reportes confiables, evitar entradas múltiples y la manipulación de datos, así como permitir la conciliación automática, oportuna y transparente de la contabilidad.

c)     Mantener controles adecuados que procuren su seguridad tanto física como lógica, así como medidas concretas para la recuperación de la información en casos de contingencia.

d)    Proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones en materia de crédito, por parte del Consejo de Administración, la Dirección o Gerencia General.

VI.     Integración de expedientes de crédito.

Las Sociedades deberán establecer las políticas y procedimientos para la integración de un expediente único por cada acreditado.

En el caso de acreditados que representen un “Riesgo Común”, de conformidad con la definición que se establece en la fracción I del Artículo 130 de estas disposiciones, el expediente que se conforme deberá identificar la pertenencia del Socio al grupo de “Riesgo Común” al que corresponda. En todo caso, las Sociedades deberán establecer las medidas que permitan en todo momento identificar a los integrantes de los grupos de “Riesgo Común” que existan.

Las Sociedades deberán designar personal responsable de integrar y actualizar los expedientes, así como de controlar el servicio de consulta de los mismos.

Asimismo, instrumentarán un mecanismo de control y verificación que permita detectar documentación e información faltante en los expedientes de crédito.

La documentación e información que deberá establecerse en los manuales, para efectos de la integración de los expedientes de crédito será, cuando menos, la siguiente:

a)      Identificación del solicitante.

1.     Tratándose de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, escrituras constitutivas de la Sociedad acreditada y modificaciones a las mismas, debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad o de Comercio correspondiente; y escrituras de otorgamiento de poderes en favor de las personas que suscriban el o los contratos o títulos de crédito.

2.     En el caso de personas físicas, identificación oficial vigente con fotografía y firma tanto del acreditado como del aval u obligado solidario. En defecto de lo anterior,  copia del acta de nacimiento y comprobantes que permitan conocer la identidad de la persona de que se trate. En su caso, adicionalmente copia del acta de matrimonio.

b)      Otorgamiento y seguimiento.

1.     Solicitud de crédito debidamente requisitada y, en su caso, copia del acta del Consejo de Administración o del Comité de Crédito en la que conste su aprobación, según corresponda.

2.     Estudios de crédito y, en su caso, tratándose de créditos de la cartera comercial, estudios de viabilidad económica.

3.     Copia de los contratos y títulos de crédito con los que se haya documentado el crédito.

4.     Cédula de calificación vigente, en su caso, así como toda la información utilizada para elaborar la calificación, tales como:

i)      Tratándose de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, estados financieros internos, así como, en su caso, los últimos estados financieros dictaminados de la Sociedad acreditada y, en su caso, del aval u obligado solidario, con firma autógrafa del representante legal, con una antigüedad no mayor a 180 días.

ii)     Flujo de efectivo.

5.     Documento que soporte el análisis llevado a cabo sobre la capacidad de pago del deudor y, en su caso, del aval u obligado solidario.

6.     Documentación que acredite su capacidad de pago.

7.     La documentación que acredite haber formulado ante una Sociedad de Información Crediticia una consulta previa, en términos de lo previsto por el Capítulo III del Título Tercero de las presentes disposiciones, así como la información sobre el historial del acreditado respecto del cumplimiento de sus obligaciones con la Sociedad.

8.     En su caso, correspondencia con el acreditado, como cartas, telegramas y otros relacionados con modificaciones a los términos y condiciones del crédito otorgado.

c)      Comprobante de domicilio.

d)      Garantías.

          Documentación que deba recabarse con el fin de evidenciar la existencia de garantías a favor de la Sociedad por el crédito otorgado, e información relativa a la guarda, custodia y seguimiento que se dé respecto de las mismas, tales como:

i)      Avalúos de los bienes que garanticen el adeudo.

Las Sociedades, en sus manuales de crédito podrán prever que los avalúos sean elaborados por un perito valuador bancario o por las personas que tengan reconocimiento en la Entidad Federativa de que se trate para realizar avalúos.

ii)     Pólizas de seguros de las garantías en favor de la Sociedad.

iii)    Certificado de libertad de gravamen y verificación de inscripción de las garantías ante el Registro Público de la Propiedad o del Comercio.

iv)    Reportes de la Sociedad, sobre la verificación de la existencia, legitimidad, valor y demás características de las garantías.

e)      Reestructuración.

En su caso, la documentación relativa a la reestructura del crédito, que incluya:

1.     Análisis o estudios de viabilidad de la reestructura.

2.     Las condiciones y la autorización de reestructura o convenio judicial.

3.     Información periódica del responsable de la cobranza judicial o extrajudicial del crédito, así como la documentación soporte correspondiente.

f)       Tratándose de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, la aprobación efectuada por el Comité Técnico.

Igualmente, el manual de crédito deberá contener una sección específica de las políticas y procedimientos para la gestión y otorgamiento de Microcréditos Productivos, las cuales deberán ser congruentes con las aplicables al crédito en general y a los lineamientos mínimos a que se refiere la presente fracción.

Adicionalmente a la documentación que en esta fracción se especifica, deberá incluirse cualquier otra información necesaria para evaluar tanto al acreditado como al crédito en particular, incluyendo las garantías respectivas, de conformidad con las disposiciones aplicables y los requerimientos de la autoridad.

La documentación e información contenida en los expedientes podrá conservarse en forma física, electrónica o microfilmada, siempre y cuando se encuentren disponibles en todo momento para su consulta.

Sub Apartado B

Generalidades del manual de crédito

Artículo 119.- Las Sociedades, además de los lineamientos mínimos establecidos en las fracciones I a VI del Artículo 118 de las presentes disposiciones, deberán delimitar las distintas funciones y responsabilidades en el desarrollo de la actividad crediticia, procurando en todo momento la independencia en sus actividades para evitar conflictos de interés, tomando en cuenta, entre otras, las medidas siguientes:

I.        El establecimiento de estrategias, políticas y procedimientos de crédito, así como su implementación.

II.       La promoción, otorgamiento de crédito y la recuperación de la cartera crediticia, de conformidad con las fracciones I y IV del Artículo 118 de estas disposiciones.

III.      El control y la revisión del cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos de crédito, de conformidad con la fracción II del Artículo 118 de las presentes disposiciones.

IV.     La evaluación y seguimiento del riesgo de crédito de la Sociedad, de conformidad con la fracción III del Artículo 118 de estas disposiciones.

Artículo 120.- El manual de crédito deberá ser revisado y actualizado por lo menos una vez al año por el Comité de Crédito o su equivalente, en conjunto con el Director o Gerente General y, en su caso, las modificaciones deberán ser sometidas a la autorización del Consejo de Administración, el cual podrá escuchar la opinión del comité de apoyo a que hace referencia el Artículo 107 de las presentes disposiciones.

Artículo 121.- El Director o Gerente General será el responsable de la adecuada implementación, así como de la debida aplicación de las estrategias relacionadas con la actividad crediticia contenidas en el manual de crédito.

Artículo 122.- Las políticas y procedimientos para el otorgamiento de Microcréditos Productivos por parte de las Sociedades, deberán estar contenidas en el manual de crédito y aprobadas por el Consejo de Administración y, al menos deberán contemplar lo siguiente:

I.        Describir detalladamente la metodología especializada para el otorgamiento de Microcréditos Productivos, que comprenda el análisis de la capacidad de pago del acreditado, el destino del crédito, los sistemas de información y la infraestructura aplicables.

II.       Establecer los plazos máximos de los Microcréditos Productivos, los cuales deberán sujetarse a la regulación de los niveles de operación que les aplique.

III.      Establecer el importe máximo que las Sociedades podrán entregar en operaciones de Microcrédito Productivo a un Socio, conforme a lo dispuesto por el Artículo 130, fracción I de las presentes disposiciones.

IV.     Asegurar que el endeudamiento máximo permisible para el acreditado no exceda de 18,000 UDIS en el sistema financiero mexicano, al momento de efectuar la consulta a que se refiere la fracción III del Artículo 123 de estas disposiciones.

V.      Los mecanismos de control interno que permitan dar cumplimiento a los requisitos mínimos establecidos en las presentes disposiciones.

Artículo 123.- Las Sociedades, dentro de sus procedimientos para la gestión y el otorgamiento de los Microcréditos Productivos establecidos en el manual de crédito, deberán incluir lo siguiente:

I.        Efectuar una visita de verificación o, en su caso, una inspección ocular en el lugar donde el acreditado realice la actividad productiva que será financiada.

II.       Efectuar un análisis de la capacidad de pago del acreditado, así como de la viabilidad de la actividad productiva a la que se destinará el Microcrédito Productivo, conforme a las políticas y procedimientos para su otorgamiento.

II.       Realizar una consulta ante una Sociedad de Información Crediticia, en términos de lo previsto por el Capítulo III del Título Tercero de las presentes disposiciones.

En el evento de que el crédito de que se trate se renueve o reestructure, deberá actualizarse el reporte emitido por la Sociedad de Información Crediticia del acreditado. Asimismo, las Sociedades deberán reportar a las Sociedades de Información Crediticia el importe contingente de los Microcréditos Productivos que los deudores en esquemas mancomunados estarían obligados a pagar cada uno, en caso de incumplimiento del acreditado principal.

La información contenida en las fracciones anteriores, deberá contenerse en el expediente de crédito correspondiente que se integre en términos de lo dispuesto por el Artículo 118 de las presentes disposiciones, sin que les resulte aplicable lo dispuesto por los numerales 2, 5 y 6 del inciso b) de la fracción VI del citado Artículo 118.

Sub Apartado C

Otras disposiciones

Artículo 124.- Los funcionarios, Consejeros o miembros del Comité de Crédito, no podrán participar en ninguna etapa del proceso crediticio, cuando el crédito en cuestión pueda representar conflictos de intereses para dichas personas.

Artículo 125.- La Comisión podrá ordenar la suspensión en el otorgamiento de nuevos créditos por parte de aquellas Sociedades cuya actividad crediticia, en lo general, presente graves deficiencias.

Apartado F

Provisionamiento de cartera crediticia y bienes adjudicados

Artículo 126.- Las Sociedades deberán calificar y constituir las estimaciones preventivas para riesgos crediticios correspondientes a su cartera crediticia de conformidad con la metodología establecida en los apartados contenidos en el Anexo C de las presentes disposiciones acorde con el tipo de crédito que corresponda.

Las Sociedades que otorguen Microcrédito Productivo, deberán utilizar la tabla de estimaciones preventivas para riesgos crediticios que se contiene en el inciso d) del Apartado II del Anexo C de las presentes disposiciones.

Artículo 127.- La Comisión podrá ordenar la constitución de estimaciones preventivas adicionales a las que deban crear las Sociedades como resultado de su proceso de calificación de cartera crediticia, hasta por la cantidad que se requiera para provisionar al 100 por ciento, en los casos siguientes:

I.        Tratándose de Sociedades que no se ajusten a la normatividad aplicable o a las políticas y procedimientos establecidos en materia de crédito.

II.       Si a su juicio así procediere, tomando en cuenta el riesgo de crédito asumido por la Sociedad en sus operaciones.

Artículo 128.- Las Sociedades deberán constituir semestralmente provisiones adicionales que reconozcan las potenciales pérdidas de valor por el paso del tiempo de los bienes adjudicados judicial o extrajudicialmente o recibidos en dación en pago, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

I.        En el caso de derechos de cobro y bienes muebles, se constituirán las provisiones conforme a lo siguiente:

 

          El monto de reservas a constituir será el resultado de aplicar el porcentaje de reserva que corresponda conforme a la tabla anterior, al valor de los derechos de cobro o al valor de los bienes muebles recibidos en dación en pago o adjudicados obtenido conforme a los Criterios de Contabilidad.

II.       Tratándose de bienes inmuebles, se constituirán provisiones semestralmente de acuerdo con lo siguiente:

 

El monto de reservas a constituir será el resultado de aplicar el porcentaje de reserva que corresponda conforme a la tabla anterior, al valor de adjudicación de los bienes inmuebles obtenido conforme a los Criterios de Contabilidad.

En caso de que valuaciones posteriores a la adjudicación o dación en pago resulten en el registro contable de una disminución de valor de los derechos al cobro, valores, bienes muebles o inmuebles, los porcentajes de reservas preventivas a que hace referencia este artículo podrán aplicarse sobre dicho valor ajustado.

Apartado G

Lineamientos en materia de coeficiente de liquidez

Artículo 129.- Las Sociedades deberán mantener niveles de liquidez mínimos en relación con sus operaciones pasivas de corto plazo.

Para efectos de la presente regulación, se entenderá por “pasivos de corto plazo” a los pasivos cuyo plazo por vencer sea menor o igual a 30 días y los depósitos a la vista.

Las Sociedades deberán mantener una posición de por lo menos el equivalente al 10 por ciento de sus pasivos de corto plazo invertidos en depósitos a la vista, así como en títulos bancarios, valores gubernamentales o en disponibilidades, cuyo plazo de vencimiento sea igual o menor a 30 días.

La Comisión podrá incrementar el coeficiente de liquidez cuando a su juicio y, tomando en cuenta los riesgos asumidos por la Sociedad de que se trate, dicha medida se justifique.

Apartado H

Diversificación de riesgos en las operaciones

Artículo 130.- Las Sociedades, para efectos de la diversificación de riesgos en sus operaciones, deberán observar lo siguiente:

I.        Diversificación de activos.

          El límite de financiamiento máximo que se podrá otorgar a una persona será el siguiente:

a)    Tratándose de financiamientos a Socios, no excederá del 3 por ciento del capital neto de la Sociedad.

b)    Tratándose de financiamientos a Sociedades, en términos de lo dispuesto por el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, la suma de dichos financiamientos no podrá exceder del 20 por ciento del capital neto de la Sociedad acreditante.  En ningún caso las Sociedades podrán otorgar préstamos de liquidez cuando dicho otorgamiento conlleve a que estas sean reclasificadas en la categoría 2 a que se refiere el Artículo 77 de la Ley.

          Para efectos del presente apartado, se considerará dentro del cómputo de créditos otorgados a una persona física, aquellos que representen un “Riesgo Común”, entendiendo como tal los créditos que la Sociedad le haya otorgado a los parientes por consanguinidad en primer grado en línea recta ascendente o descendente y, en su caso, al cónyuge, concubina o concubinario del acreditado, cuando alguna de estas personas dependa económicamente de la persona que solicita el crédito.

          Los financiamientos que cuenten con garantías incondicionales e irrevocables, que cubran el principal y los accesorios de los mismos, otorgadas por instituciones de crédito o fideicomisos y fondos de fomento económicos constituidos por el Gobierno Federal, así como los garantizados con valores emitidos por el Gobierno de México, o con efectivo, y los que cuenten con seguros de crédito a favor de la Sociedad, no computarán para efectos del límite máximo de financiamiento a que esta fracción se refiere, hasta por el equivalente al 75 por ciento del valor de dichas garantías. Se entenderá que un financiamiento se encuentra garantizado con efectivo, cuando el deudor constituya un depósito de dinero en la propia Sociedad acreditante y le otorgue un mandato irrevocable para aplicar los recursos respectivos al pago del financiamiento de que se trate.

          Tratándose de Microcréditos Productivos el importe máximo que las Sociedades podrán entregar a un Socio de manera directa, no podrá exceder de 12,000 UDIS.

          Para el caso de grupos de Socios que contraten mancomunadamente un Microcrédito Productivo, el monto máximo que las Sociedades podrán otorgar será de 20,000 UDIS y de 2,500 UDIS por cada uno de los Socios que integren el grupo.

          Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá autorizar límites hasta dos veces mayores a los establecidos en los dos párrafos anteriores, siempre que las Sociedades acrediten la eficiencia de la gestión del Microcrédito Productivo, así como la adecuación de su proceso crediticio y sus políticas de administración de riesgos.

          Para efectos de lo dispuesto por el presente apartado, se entenderá por financiamiento, a todo acto o contrato que implique la realización de una operación activa, directa o contingente, mediante el otorgamiento, reestructuración, renovación o modificación de cualquier préstamo o crédito, quedando también incluidas, en su caso, las inversiones en acciones o valores que no deban restarse del capital neto de las Sociedades.  En este último caso, el límite será el previsto en el inciso a) anterior, respecto de Socios.

          No se considerarán como financiamiento, los créditos hipotecarios relacionados con viviendas, los que se utilicen para la adquisición de bienes de consumo duradero y los personales que se destinen al consumo, que otorguen las Sociedades, cuyo monto no exceda a 5,000 UDIS a la fecha de su concertación, así como las inversiones en bonos bancarios y pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento que realicen las Sociedades en instituciones de crédito calificadas como grado de inversión por una Institución Calificadora de Valores.

II.       Diversificación de pasivos.

          Los recursos captados por la Sociedad, provenientes de depósitos o préstamos otorgados por una sola persona o empresa no podrán representar más de una vez el capital neto de la Sociedad. No les será aplicable este criterio a los pasivos contraídos con los fideicomisos públicos y fondos de fomento nacionales e internacionales, con las instituciones de banca múltiple establecidas en el país, con las instituciones de banca de desarrollo nacionales e internacionales, ni con organismos internacionales.

III.      Excepciones.

          La Comisión, a solicitud de la Sociedad interesada, acompañada de la opinión del Comité de Supervisión Auxiliar, podrá autorizar en casos excepcionales, operaciones específicas por montos superiores a los límites señalados en las fracciones I y II anteriores.

Artículo 131.- Las Sociedades no tendrán que identificar los créditos que representen un “Riesgo Común” en los términos previstos por la fracción I del Artículo 130 de las presentes disposiciones, siempre y cuando la suma de los veinte créditos con mayor saldo insoluto otorgados por la Sociedad, no represente más del 10 por ciento de la cartera total de la Sociedad y ningún crédito sea mayor al 3.5 por ciento del capital neto de esta. Para estos límites, no se considerará la parte cubierta en los términos señalados en el Artículo 130 fracción I, cuarto párrafo de estas disposiciones.

Para tales efectos, las Sociedades solo llevarán un control respecto de los vínculos patrimoniales y de parentesco de los acreditados a que se refiere el párrafo anterior, que rebasen el 2 por ciento de su capital neto.

No obstante lo anterior, si la Sociedad contara con evidencia que le permitiera inferir la existencia de vínculos entre acreditados que, en su conjunto, pudiesen rebasar los límites de diversificación previstos por la fracción I del Artículo 130 de las presentes disposiciones, deberán establecer procedimientos de monitoreo para el seguimiento del comportamiento de las personas de que se trate.

Sección Cuarta

De la regulación prudencial para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con un monto de activos totales superiores a 250’000,000 de UDIS

Artículo 132.- Lo dispuesto en la presente sección se aplicará a las Sociedades cuyos activos totales netos de sus correspondientes depreciaciones y estimaciones, sean superiores al equivalente en pesos de 250’000,000 de UDIS.

Apartado A

Capital mínimo

Artículo 133.- Las Sociedades deberán contar con un capital mínimo, el cual se integrará con la suma del capital social más las reservas de capital y, en su caso, el rubro denominado “Efecto por incorporación al régimen de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo” a que se refiere la fracción VII del Artículo 2 de las presentes disposiciones. El capital social deberá estar íntegramente suscrito y pagado. El capital mínimo para las Sociedades sujetas a la presente regulación, será de 22’500,000 de UDIS.

Cuando la situación financiera de alguna Sociedad lo requiera, la Comisión podrá otorgar por única ocasión un plazo de 6 meses a dicha Sociedad para cumplir con el capital mínimo a que se refiere el párrafo anterior.

Los Socios de las Sociedades podrán solicitar el retiro de sus aportaciones, siempre y cuando dicho retiro no resulte en un incumplimiento al capital mínimo o a los requerimientos de capitalización que deben observar las Sociedades conforme a la presente sección.

Apartado B

Requerimientos de capitalización por riesgos

Artículo 134.- Las Sociedades deberán mantener un capital neto en relación con los riesgos en que incurran en su operación, el cual no podrá ser inferior a los requerimientos de capital establecidos en esta sección. Para tales efectos, las operaciones deberán ser valuadas conforme a los Criterios de Contabilidad.

Se incluirán las operaciones a partir de la fecha en que se concierten, independientemente de la fecha de liquidación, entrega o vigencia, según sea el caso.

Se considerará que se ha transferido la propiedad de un activo, y que por lo tanto este no tendrá requerimientos de capitalización de acuerdo con lo establecido en la presente sección, siempre que la operación cumpla todas y cada una de las condiciones establecidas para ser reconocida como una venta de activos, en el criterio referente al “Reconocimiento y baja de activos financieros” contenido en los Criterios de Contabilidad.

En caso de operaciones denominadas en UDIS, estas deberán convertirse a moneda nacional aplicando el valor de la UDI publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a la fecha a la que se estén determinando los requerimientos de capital.

Artículo 135.- Las Sociedades, para la determinación de los requerimientos de capital por riesgo de crédito, deberán ajustarse al procedimiento siguiente:

I.       Clasificación de operaciones.

Las Sociedades deberán clasificar sus activos y operaciones que originen pasivo contingente, en atención al riesgo de crédito y contraparte de la operación con independencia del activo subyacente, en alguno de los grupos siguientes:

a)      Grupo 1. Caja; valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal; créditos con garantía expresa del Gobierno Federal y operaciones contingentes realizadas con las personas señaladas en este inciso; así como las demás operaciones en donde la contraparte de las Sociedades sea alguna de las personas mencionadas en este grupo.

b)      Grupo 2. Depósitos, valores y créditos a cargo de o garantizados o avalados por instituciones de crédito y casas de bolsa; acciones de sociedades de inversión; créditos y valores a cargo de o garantizados o avalados por fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico; valores y créditos a cargo de organismos descentralizados del Gobierno Federal; así como los reportos y las demás operaciones en donde la contraparte de las Sociedades sea alguna de las personas mencionadas en este grupo.

c)      Grupo 3. Créditos, valores y demás activos que generen riesgo de crédito, en donde la contraparte de las Sociedades sea distinta a las personas mencionadas en los grupos previstos en los incisos a) y b) anteriores.

Sin limitación de lo establecido en la presente sección, los grupos en que se clasifiquen las operaciones expuestas a riesgo de crédito, estarán integrados por las operaciones en moneda nacional y en UDIS que se especifican en la presente fracción, según se trate, conforme a lo siguiente: i) los depósitos y las inversiones en valores comprenden a los respectivos intereses devengados; ii) las operaciones crediticias se entenderán en su más amplio sentido y comprenderán la toma de documentos de cobro inmediato, cartera vigente y vencida; préstamos al personal; refinanciamiento y capitalización de intereses; avales, intereses devengados, y comisiones y premios devengados; iii) las inversiones con cargo al fondo de reservas para pensiones de personal y primas de antigüedad, se considerarán como una inversión más en el grupo a que correspondan, y iv) para determinar la persona acreditada y la moneda de la operación, se considerarán las características del financiamiento otorgado por medio de la operación de descuento, en la cartera tomada a descuento con responsabilidad del cedente, y se considerarán las características de crédito objeto del descuento en las operaciones de cesión de cartera con responsabilidad del cedente (títulos descontados con endoso).

II.       Cómputo de los activos.

          Para efectos de determinar el capital neto requerido respecto de los activos mencionados en los incisos a), b) y c) de la fracción I anterior, se estará a lo siguiente:

a)    Tratándose de la cartera de créditos, esta computará neta de las correspondientes estimaciones.

b)    Referente a los valores y otros activos, estos computarán netos de las respectivas estimaciones, depreciaciones y castigos.

III.      Cálculo del requerimiento.

          Los requerimientos de capital neto se determinarán aplicando el 8 por ciento a la suma de sus activos y de otras operaciones, ponderados conforme a lo siguiente:

 

          En el caso de préstamos para la adquisición o construcción de vivienda personal que cuenten con una garantía de cuando menos el 50 por ciento del saldo insoluto del préstamo otorgada por alguna entidad pública de fomento, para fines de los requerimientos de capitalización las Sociedades considerarán la porción garantizada del crédito dentro del grupo 2 y la porción no garantizada restante dentro del grupo 3.

          Adicionalmente, los requerimientos de capital a que se refiere el párrafo inmediato anterior gozarán de una reducción del 25 por ciento.

          Para efectos de lo señalado en el presente artículo, las Sociedades podrán deducir del monto total de cada crédito, hasta un 100 por ciento de los depósitos de dinero constituidos por el propio acreditado en la Sociedad, que cumplan con las condiciones para ser considerados una garantía en términos de lo dispuesto por el Apartado V del Anexo C de las presentes disposiciones. El importe a deducir no podrá ser superior al saldo insoluto del crédito.

Artículo 136.- El requerimiento de capital por riesgo de mercado será el que se obtenga de aplicar un 30 por ciento al monto total que resulte del cálculo del requerimiento de capital por riesgo de crédito determinado conforme a lo establecido por el Artículo 135 de las presentes disposiciones.

Las Sociedades podrán optar por utilizar el “Procedimiento para la determinación de los requerimientos de capital por riesgo de mercado” a que se refiere el Anexo D de las presentes disposiciones, siempre y cuando dichas Sociedades cuenten con la autorización de la Comisión, previa opinión del Comité de Supervisión Auxiliar. Lo anterior, en el entendido de que una vez que se utilice la metodología prevista por el citado Anexo D de estas disposiciones, la Sociedad no podrá determinar sus requerimientos de capitalización por riesgos de mercado conforme a lo previsto en el presente artículo.

La Comisión podrá exigir la aplicación del procedimiento de requerimiento de capital por riesgo de mercado contenido en el Anexo D de las presentes disposiciones, cuando en ejercicio de sus facultades de supervisión, llegara a detectar que una Sociedad se aparte de lo previsto en el Apartado C de la presente sección.

Artículo 137.- Para efectos de lo previsto en esta sección, el capital neto estará compuesto por:

I.        El capital contable o patrimonio.

          Menos:

II.       Las inversiones en cualquier instrumento de deuda cuyo pago por parte del emisor o deudor, según se trate, esté previsto que se efectúe, por haberlo así convenido entre las partes, después de cubrir otros pasivos, es decir, los títulos subordinados.

III.      Los financiamientos y cualquier tipo de aportación a título oneroso, incluyendo sus accesorios, cuyos recursos, directa o indirectamente, se destinen a la adquisición de partes sociales o títulos representativos del capital de la propia Sociedad que presta los recursos.

IV.     Las partidas que se contabilicen en el activo de la Sociedad como intangibles o que, en su caso, impliquen el diferimiento de gastos o costos en el capital de la Sociedad, tales como:

a)    Los intangibles de cualquier tipo incluyendo el crédito mercantil.

b)    Cualquier partida con excepción de los activos fijos y los pagos anticipados menores a un año, que represente erogaciones o gastos cuyo conocimiento en el capital contable se difiera en el tiempo.

          Todos estos conceptos se restarán netos de sus correspondientes amortizaciones.

V.      Los préstamos de liquidez otorgados a otras Sociedades con base en lo establecido en el Artículo 19, fracción I, inciso h), de la Ley.

VI.     Los créditos que se otorguen netos de sus correspondientes estimaciones y las demás operaciones, que se realicen en contravención a las disposiciones aplicables. Quedarán incluidas en esta fracción las inversiones en inmuebles y en otros activos, netas de sus correspondientes depreciaciones, realizadas por las Sociedades en contravención a lo dispuesto en el Artículo 27 de la Ley, siempre que se hubieren efectuado con posterioridad a la entrada en vigor de dicho precepto legal.

          Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones y penas que procedan en términos de la Ley y demás normatividad aplicable.

VII.    Los certificados excedentes o voluntarios suscritos de conformidad con lo previsto por el Artículo 51 de la Ley de Cooperativas, que no cumplan con las características señaladas en el Artículo 138 de las presentes disposiciones.

Artículo 138.- Los certificados excedentes o voluntarios suscritos de conformidad con lo previsto por el Artículo 51 de la Ley de Cooperativas, deberán emitirse previa aprobación de la Asamblea General de Socios del programa a que se refiere la fracción I siguiente, a la que deberán presentarse los objetivos de dicha emisión. Lo anterior, a fin de considerarlos dentro del capital neto de las Sociedades.

Dichos certificados deberán reunir las características siguientes:

I.        Emitirse al amparo de un programa en el cual se prevea el importe máximo autorizado de la emisión, así como su duración.

II.       Tendrán el plazo que se determine en la Asamblea General de Socios y al finalizar el mismo deberán liquidarse, a menos de que dichos certificados prevean la posibilidad de ser renovados de forma automática y se encuentre vigente el programa al amparo del cual fueron emitidos.

III.      Estar numerados y ser del mismo valor.

IV.     Contener lo siguiente:

a)    La tasa de rendimiento que, en su caso, pagarán dichos certificados al cierre del ejercicio, la cual no podrá ser superior al 150% del CCP de la fecha de emisión.

        De conformidad con lo previsto por el Artículo 51 de la Ley de Cooperativas, la tasa de interés a que se refiere el párrafo anterior únicamente se pagará si la Sociedad tuviere remanente en el ejercicio correspondiente.

b)    El término señalado para su pago, condiciones y forma en que los certificados habrán de ser devueltos.

c)     El lugar y modo de pago.

d)    Las leyendas que a continuación se describen:

        “Estos certificados son aportaciones al capital social de la Sociedad y no constituyen depósitos, por lo que no están sujetos a la cobertura que brinda el Fondo de Protección a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 54 de la Ley”.

        “El tenedor de este certificado podrá solicitar el retiro del mismo, siempre y cuando dicho retiro no resulte en un incumplimiento al capital mínimo o a los requerimientos de capitalización que debe observar la Sociedad”.

En ningún caso los Socios podrán adquirir certificados excedentes por un importe que represente más del 2 por ciento del capital social, salvo que obtengan autorización de la Comisión, previo acreditamiento de la Sociedad de que con ello se podrían atender problemas de solvencia o liquidez.

Artículo 139.- La Sociedad deberá efectuar mensualmente el cómputo del Nivel de Capitalización, con base en saldos al día último del mes de que se trate. Estos cómputos deberán ser enviados a la Comisión y al Comité de Supervisión Auxiliar dentro de los siguientes 30 días a la fecha del cómputo, con base el formulario contenido en el Artículo 307 de las presentes disposiciones y en términos de lo señalado por el Artículo 308 de estas disposiciones. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá verificar la determinación de los requerimientos de capitalización así como el cómputo del Nivel de Capitalización, conforme lo dispuesto por el presente apartado, para lo cual, las Sociedades deberán proporcionar a dicha Comisión la información que sobre el particular les requiera.

La Comisión podrá requerir que le sea enviado el cómputo del Nivel de Capitalización con mayor periodicidad y en cualquier fecha para alguna Sociedad en específico, cuando juzgue que entre los días que transcurren entre un cómputo y otro, tal Sociedad está asumiendo riesgos notoriamente mayores a los que muestren las cifras de cierre de cada mes.

La Comisión en términos del segundo párrafo del Artículo 19 de la Ley, resolverá respecto de los porcentajes de ponderación de riesgo y procedimiento para determinar el valor de conversión, que serán aplicables tratándose de operaciones análogas o conexas a las que se refiere el citado artículo.

Los requerimientos de capitalización y el cómputo del Nivel de Capitalización calculados por las Sociedades serán los utilizados para todos los efectos legales que correspondan. Lo anterior, salvo que la Comisión hubiere efectuado la verificación señalada en el primer párrafo del presente artículo y hubiere obtenido un cómputo diferente, caso en el cual el obtenido por la Comisión se considerará como definitivo y será el utilizado para todos los efectos legales conducentes.

Artículo 140.- La Comisión podrá exigir a cualquier Sociedad requerimientos de capitalización adicionales a los señalados en la presente regulación, cuando a su juicio así se justifique, tomando en cuenta, entre otros aspectos, la integración de su capital, la composición de sus activos, la eficiencia de sus sistemas de control interno y, en general, la exposición y administración de riesgos.

Artículo 141.- La Comisión dará a conocer el Nivel de Capitalización de las Sociedades y la fecha a la que corresponde, a través de la red electrónica mundial denominada Internet, en el sitio http://www.cnbv.gob.mx, mediante publicación de la última clasificación disponible en el Boletín Estadístico de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de la propia Comisión.

En el evento de que la Comisión no haya recibido de la Sociedad de que se trate la información relativa al cómputo del Nivel de Capitalización, conforme a lo dispuesto por el Artículo 139 de estas disposiciones, hará del conocimiento público dicha situación a través del medio a que se refiere el párrafo anterior. Ello, sin perjuicio de las facultades de inspección y vigilancia que ejerza la Comisión, así como de las sanciones que procedan en términos de las disposiciones aplicables.

Apartado C

Administración de riesgos

Artículo 142.- Para efectos del presente apartado se entenderá por:

I.        Administración de riesgos, al conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y acciones que se implementen para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los riesgos a que se encuentren expuestas las Sociedades.

II.       Riesgo de crédito o crediticio, a la pérdida potencial por la falta de pago de un acreditado o contraparte en las operaciones que efectúen las Sociedades.

III.      Riesgo de liquidez, a la pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales para la Sociedad; por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones, o bien, por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente.

IV.     Riesgo de mercado, a la pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo que inciden sobre la valuación de las posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivo contingente, tales como tasas de interés, índices de precios, entre otros.

V.      Riesgo operacional: a las posibles pérdidas para la Sociedad por errores o fallas en el desarrollo de las actividades administrativas y operativas del negocio.

Artículo 143.- Las Sociedades, en la administración del riesgo del crédito, deberán como mínimo:

I.        Por lo que hace al riesgo de crédito en general, establecer políticas y procedimientos que contemplen los aspectos siguientes:

a)    Límites de riesgo que la Sociedad está dispuesta a asumir.

b)    En su caso, sector económico y zona geográfica en los que la Sociedad podrá celebrar operaciones.

c)     Límites de riesgo a cargo de una persona o grupo de personas que representen un “Riesgo Común”, de conformidad con la definición que se establece en la fracción I del Artículo 188 de estas disposiciones.

d)    Vigilancia y control efectivo de la naturaleza, características, diversificación y calidad del portafolio de crédito.

e)    El análisis del riesgo crediticio global de la Sociedad, considerando al efecto tanto las operaciones de otorgamiento de crédito como con instrumentos financieros. Dicho análisis deberá ser comparado con los límites de exposición al riesgo establecidos.

f)     Límites en el crédito neto que pueda otorgar la Sociedad.

g)    Límites a la proporción de la cartera otorgada a un solo pago de capital.

II.       Por lo que hace al riesgo de la cartera crediticia:

a)    Medir, evaluar y dar seguimiento a su concentración por tipo de operación, calificación, sector económico, zona geográfica y acreditado.

b)    Dar seguimiento a su evolución y posible deterioro, con el propósito de anticipar pérdidas potenciales, así como analizar el valor de recuperación de la cartera vencida y estimar la pérdida no esperada.

c)     Estimar su exposición al riesgo considerando su valor a lo largo del tiempo.

d)    Estimar la probabilidad de incumplimiento por parte de los deudores.

III.     Por lo que hace al riesgo crediticio en operaciones con instrumentos financieros:

a)    Diseñar procedimientos de control del riesgo de crédito de operaciones a plazo, de acuerdo con la liquidez de los activos relacionados con dicha operación y con la calidad crediticia de la contraparte.

b)    Estimar la exposición al riesgo con instrumentos financieros, tanto actual como futura.

c)     Calcular la probabilidad de incumplimiento de la contraparte.

d)    Analizar el valor de recuperación y estimar la pérdida esperada en la operación.

Artículo 144.- Las Sociedades, en la administración del riesgo de liquidez, deberán como mínimo:

I.        Medir y vigilar el riesgo ocasionado por el descalce derivado de diferencias entre los flujos de efectivo proyectados en distintas fechas, considerando para tal efecto todos los activos y pasivos de la Sociedad.

II.       Evaluar la diversificación de las fuentes de fondeo a que tenga acceso la Sociedad.

III.      Cuantificar la pérdida potencial derivada de la venta anticipada o forzosa de activos, a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones de manera oportuna, así como por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente.

IV.     Contar con un plan que incorpore las acciones a seguir en caso de requerimientos de liquidez.

Artículo 145.- Las Sociedades, en la administración del riesgo de mercado, deberán como mínimo:

I.        Evaluar y dar seguimiento a las inversiones en valores, utilizando para tal efecto los modelos de valor en riesgo que tengan la capacidad de medir la pérdida potencial en dichas posiciones, asociada a movimientos de precios o tasas de interés, con un nivel de probabilidad dado y sobre un periodo específico.

II.       Definir normas cuantitativas y cualitativas para la elaboración y uso de los modelos de valor en riesgo.

III.      Procurar la homogeneidad entre los modelos de valuación de las posiciones e instrumentos financieros, utilizados por el personal responsable de la administración de riesgos y aquellos aplicados por las diversas unidades de negocios.

IV.     Evaluar la diversificación del riesgo de mercado de sus posiciones.

V.      Comparar sus exposiciones estimadas de riesgo de mercado con los resultados efectivamente observados.

VI.     Allegarse de información histórica de los factores de riesgo que afectan las posiciones de la Sociedad, a fin de calcular el riesgo de mercado.

VII.    Contar con sistemas de vigilancia que permitan estimar las pérdidas potenciales generadas por las brechas en las tasas de interés de las posiciones activas y pasivas de la Sociedad.

VIII.   De acuerdo a la complejidad de sus operaciones, las Sociedades deberán realizar con la periodicidad que su Consejo determine el análisis de brechas de vencimiento de sus activos y pasivos, que les permitan gestionar su liquidez y para los casos que se identifique que la sensibilidad a movimientos en los niveles de tasa en el mercado está afectando los ingresos y costos asociados a dichos activos o pasivos deberán adicionalmente evaluar la conveniencia de agregar al análisis de brechas las fechas de repreciación, que les permita gestionar de mejor forma el riesgo de mercado.

Artículo 146.- El Consejo de Administración de cada Sociedad deberá aprobar los objetivos, políticas y procedimientos para la administración de riesgos, así como los límites sobre la exposición al riesgo. Al efecto, el citado Consejo deberá aprobar a propuesta del Comité de Riesgos el manual aplicable. El Consejo deberá revisar cuando menos una vez al año los objetivos, políticas y procedimientos para la administración de riesgos de la Sociedad. El Consejo de Administración podrá escuchar la opinión del Comité de Auditoría a que se refiere el Artículo 166 de estas disposiciones, para efectos de la aprobación de dicho manual, así como de sus modificaciones.

Artículo 147.- El Director o Gerente General deberá hacer observar la independencia entre el personal responsable de la administración integral de riesgos y el de negocios, así como difundir una mayor cultura en materia de administración de riesgos, adoptando al efecto entre otras medidas:

I.        Programas de revisión del cumplimiento de objetivos, procedimientos y controles en la celebración de operaciones.

II.       Sistemas de almacenamiento, procesamiento y manejo de información que permitan el desarrollo de una administración de riesgos.

III.      Difusión y, en su caso, implementación de las medidas de acción para casos de contingencia por caso fortuito o fuerza mayor.

IV.     Programas de capacitación para el personal responsable de la administración integral de riesgos y para todo aquel involucrado en las operaciones que impliquen riesgo para la Sociedad.

Artículo 148.- El Consejo de Administración de cada Sociedad deberá constituir un comité cuyo objeto será la administración de los riesgos a que se encuentra expuesta la Sociedad, así como vigilar que la realización de las operaciones se ajusten a los objetivos, políticas y procedimientos para la administración de riesgos aprobados por el citado consejo.

El Comité de Riesgos deberá integrarse por al menos dos miembros del Consejo de Administración, uno de los cuales deberá presidirlo, el Director o Gerente General, el responsable de la administración integral de riesgos y los de las distintas unidades de negocios involucradas en la toma de riesgos que al efecto señale el propio consejo, estos últimos, participando con voz pero sin voto. Dicho comité contará con la presencia del Auditor Interno de la Sociedad, el cual será nombrado por el Consejo de Administración de esta, quien asistirá en calidad de invitado sin voz ni voto. El Comité de Riesgos se deberá reunir cuando menos una vez al mes, adicionalmente todas las sesiones y acuerdos del Comité de Riesgos deberán hacerse constar en actas debidamente circunstanciadas y suscritas por todos y cada uno de sus integrantes.

Artículo 149.- El Comité de Riesgos para el desarrollo de su objeto desempeñará las funciones siguientes:

I.        Proponer para aprobación del Consejo de Administración:

a)    El manual que contenga los objetivos, políticas y procedimientos para la administración integral de riesgos.

b)    Los límites de exposición al riesgo consolidado y global, por línea y unidad de negocio, así como por tipo de riesgo.

c)     La estrategia de asignación de recursos para la realización de operaciones.

II.      Aprobar:

a)    La metodología para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los riesgos a que se encuentra expuesta la Sociedad.

b)    Los modelos, parámetros y escenarios que habrán de utilizarse para llevar a cabo la medición y el control de los riesgos.

III.      Dar opinión al Consejo de Administración sobre la realización de nuevas operaciones, productos o servicios, o bien para modificar los ya existentes, previo cumplimiento a lo establecido en el Artículo 67 de la Ley.

IV.     Designar a la persona que será responsable de la administración integral de riesgos.

V.      Informar al Consejo de Administración cuando menos trimestralmente, sobre la exposición al riesgo asumido por la Sociedad y los efectos negativos que se podrían producir en la operación de la misma, así como sobre la inobservancia de los límites de exposición al riesgo establecidos.

VI.     Informar al Consejo de Administración sobre las medidas correctivas implementadas.

Artículo 150.- El Comité de Riesgos podrá ajustar o, en su caso, autorizar se excedan los límites de exposición a riesgo, cuando las condiciones y el entorno de la Sociedad así lo requiera, informando al Consejo de Administración oportunamente sobre el ejercicio de las facultades a que se hace mención.

Artículo 151.- El Comité de Riesgos para llevar a cabo la administración de riesgos, se apoyará en personal especializado cuyo objeto será identificar, medir, vigilar e informar los riesgos cuantificables que enfrenta la Sociedad en sus operaciones, tales como riesgos de crédito, de mercado y de liquidez. El personal responsable de la administración integral de riesgos será independiente de las unidades de negocios, a fin de evitar conflictos de intereses y asegurar una adecuada separación de responsabilidades.

Artículo 152.- El personal responsable de la administración integral de riesgos, para el cumplimiento de su objeto desempeñará cuando menos las funciones que se indican a continuación:

I.        Vigilar que la administración de riesgos sea integral y considere los riesgos en que incurre la Sociedad dentro de sus diversas líneas y unidades de negocios.

II.       Proponer la metodología y aplicarla una vez aprobada por el Comité de Riesgos para identificar, medir y vigilar los distintos tipos de riesgos a que se encuentra expuesta la Sociedad, así como los límites, utilizando para tal efecto los modelos, parámetros y escenarios para la medición y control del riesgo establecidos por el citado comité.

III.      Informar al Comité de Riesgos y al Director o Gerente General sobre:

a)    La exposición global y por tipo de riesgo de la Sociedad, así como la específica de cada unidad de negocio, la cual se informará adicionalmente a los responsables de las unidades de negocios.

b)    Las desviaciones que, en su caso, se presenten con respecto a los límites de exposición al riesgo establecidos, proponiendo cuando así corresponda las acciones correctivas necesarias.

Los informes a que se refiere esta fracción deberán presentarse mensualmente, o bien, con la frecuencia que se requiera en atención al dinamismo de los riesgos. Asimismo, se entregará diariamente al Director o Gerente General y a los responsables de las unidades de negocios, un informe sobre el comportamiento de los riesgos de mercado de la Sociedad.

IV.     Investigar y documentar las causas que originan desviaciones a los límites de exposición al riesgo establecidos, identificar si dichas desviaciones se presentan en forma reiterada e informar de manera oportuna sus resultados al Comité de Riesgos, al Director o Gerente General y al Auditor Interno.

V.      Recomendar al Director o Gerente General y a los responsables de las unidades de negocios, disminuir la exposición al riesgo a los límites previamente aprobados por el Consejo de Administración.

VI.     Validar con base en la información que habrán de proporcionarle las unidades administrativas correspondientes de la Sociedad, los requerimientos de capitalización por riesgos de crédito y de mercado con que deberá cumplir esta última, con el objeto de verificar que se ajusten a las disposiciones aplicables.

Artículo 153.- Para llevar a cabo la medición, vigilancia y control de los riesgos y la valuación de las posiciones de la Sociedad, el personal responsable de la administración integral de riesgos deberá:

I.        Contar con modelos y sistemas de medición de riesgos que incorporen información de mercado, en donde se refleje de forma precisa el valor de las posiciones y su sensibilidad a los diversos factores de riesgo.

II.       Llevar a cabo estimaciones de la exposición al riesgo de la Sociedad, ligadas a resultados o al valor del capital de la misma.

III.      Asegurarse de que la información sobre las posiciones de la Sociedad utilizada en los modelos y sistemas de medición de riesgos, sea precisa, íntegra y oportuna.

IV.     Efectuar revisiones periódicas a los supuestos contenidos en los modelos y sistemas.

V.      Comparar periódicamente las estimaciones de la exposición al riesgo contra los resultados efectivamente observados para el mismo periodo de medición.

Artículo 154.- Los sistemas a que se refiere la fracción I del Artículo 153 de las presentes disposiciones deberán:

I.        Permitir la medición, vigilancia y control de los riesgos a que se encuentra expuesta la Sociedad, así como la generación de informes al respecto.

II.       Considerar para efectos de análisis:

a)    Los diferentes tipos de riesgos, tales como riesgo de mercado, de crédito, de liquidez y operacional.

b)    Los factores de riesgo tales como tasas de interés e índices de precios, considerando su impacto sobre el valor de capital y el estado de resultados de la Sociedad.

c)     La exposición al riesgo, por línea y unidad de negocio, así como por tipo de riesgo de la Sociedad.

d)    Las concentraciones de riesgo, incorporando un tratamiento especial a las operaciones con instrumentos financieros que puedan afectar la posición consolidada de la Sociedad.

e)    Las técnicas de medición adecuadas para el análisis requerido y que permitan identificar los supuestos y los parámetros utilizados en dicha medición.

III.      Evaluar el riesgo asociado con los activos, pasivos y posiciones fuera de balance de la Sociedad.

El personal responsable de la administración integral de riesgos complementará su medición de riesgos con la realización de pruebas bajo condiciones extremas, que permitan identificar el riesgo que enfrentaría la Sociedad en dichas condiciones y reconocer las posiciones o estrategias que hacen más vulnerable a la propia Sociedad.

Artículo 155.- Las Sociedades deberán contar con informes o reportes internos que se basen en datos íntegros, precisos y oportunos relacionados con la administración de sus riesgos y que contengan como mínimo:

I.        La exposición al riesgo consolidada, por línea y unidad de negocio, así como por tipo de riesgo de la Sociedad.

II.       El grado de cumplimiento de las políticas y procedimientos de administración de riesgos.

III.      Los resultados de los diferentes análisis de sensibilidad y pruebas bajo condiciones extremas.

IV.     Los resúmenes de los resultados de las auditorías por lo que hace al cumplimiento de las políticas y procedimientos de administración de riesgos, así como sobre las evaluaciones de los sistemas de medición de riesgos.

V.      Los casos en que los límites de exposición al riesgo fueron excedidos, ya sea que se contara o no con autorización previa.

Cualquier cambio significativo en el contenido y estructura de los informes, así como en las metodologías empleadas en la medición de riesgos, deberá especificarse dentro de los propios informes.

Artículo 156.- El manual de políticas y procedimientos para la administración integral de riesgos deberá contemplar, cuando menos, los aspectos que se indican a continuación:

I.        Los límites de exposición al riesgo, así como los mecanismos de corrección en caso de que se excedan los límites de riesgo autorizados.

II.       Una estructura organizacional diseñada para llevar a cabo la administración de riesgos.

III.      Las facultades y responsabilidades en función del empleo o cargo que se desempeñe, cuando este último implique la toma de riesgos para la Sociedad.

IV.     Los riesgos por tipo de operación y línea de negocios.

V.      La determinación o procedimiento para calcular los límites para la toma de riesgos a nivel consolidado, por línea y unidad de negocio, por tipo de riesgo y en forma individual, por acreditado o contraparte.

VI.     El tipo de reportes que elaborarán, así como la forma y periodicidad con la que deberá informarse al Consejo de Administración, al Comité de Riesgos, al Director o Gerente General y a las unidades de negocios, sobre la exposición al riesgo de la Sociedad y de cada unidad de negocios.

VII.    Las medidas de control interno, así como las necesarias para corregir las desviaciones que se observen sobre los límites de exposición al riesgo.

VIII.   El proceso para la aprobación de propuestas de nuevas operaciones, servicios y líneas de negocios, así como de estrategias o iniciativas de administración de riesgos y, en su caso, de coberturas.

IX.     Los planes de acción en caso de contingencias por caso fortuito o fuerza mayor.

El manual deberá ir acompañado de los modelos y metodologías para la valuación de los riesgos, aprobados por el Comité de Riesgos, así como de los requerimientos de los sistemas de procesamiento de información y para el análisis de riesgos.

Artículo 157.- Las Sociedades deberán contar con un Auditor Interno que deberá llevar a cabo cuando menos una vez al año o con una mayor frecuencia de acuerdo con las condiciones de los mercados en que participen, una auditoría de administración de riesgos que contemple, entre otros, los aspectos siguientes:

I.        La implementación de mecanismos de administración de riesgos de conformidad con lo establecido en el presente apartado y en el propio manual de políticas y procedimientos para la administración integral de riesgos de la Sociedad.

II.       La organización del personal responsable de la administración integral de riesgos y la existencia de independencia de este, respecto de las unidades de negocios.

III.      La suficiencia, integridad, consistencia y grado de integración de los sistemas de procesamiento de información y para el análisis de riesgos, así como de su contenido.

IV.     La consistencia, precisión, integridad, oportunidad y validez de las fuentes de información utilizadas en los modelos de medición.

V.      Revisar las modificaciones en los modelos de medición de riesgos y su correspondiente aprobación por el Comité de Riesgos.

VI.     El proceso de aprobación de los modelos de medición de riesgos utilizados por el personal de las unidades de negocios y de control de operaciones.

VII.    Los cambios relevantes en la naturaleza de los instrumentos financieros adquiridos, en los límites de exposición al riesgo y en las medidas de control interno, ocurridos durante el periodo de revisión.

VIII.   El desarrollo de las funciones del área de contraloría interna.

En todo caso, las Sociedades podrán encomendar a un auditor externo la realización de la auditoría referida en el presente artículo.

Artículo 158.- Los resultados de la auditoría a que se refiere el Artículo 157 anterior, se asentarán en un informe que contendrá, en su caso, recomendaciones para solucionar las irregularidades observadas. Dicho informe se presentará al Consejo de Administración, al Consejo de Vigilancia, al Comité de Auditoría, al Comité de Riesgos y al Director o Gerente General.

Apartado D

Control interno

Artículo 159.- Para los efectos del presente apartado, se entenderá por sistema de control interno, al conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y registros que establezca la Sociedad con el objeto de:

I.        Procurar adecuados mecanismos de operación, acordes con las estrategias y fines de la Sociedad, que permitan identificar, vigilar y evaluar los riesgos que puedan derivarse del desarrollo de las actividades del negocio, minimizando las posibles pérdidas en que puedan incurrir por la realización de actos o hechos voluntarios o involuntarios.

II.       Delimitar las diferentes funciones y responsabilidades del personal al interior de la Sociedad.

III.      Diseñar sistemas de información administrativa y financiera, correcta, precisa, íntegra, confiable y oportuna.

IV.     Coadyuvar en la observancia de las leyes y disposiciones aplicables.

Artículo 160.- En materia del sistema de control interno, será responsabilidad del Consejo de Administración de cada Sociedad, definir y diseñar los lineamientos para el manejo prudente de la Sociedad. Asimismo, el Consejo de Administración deberá supervisar el establecimiento y vigilar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, para lo cual deberá aplicar entre otras, las medidas siguientes:

I.        Aprobar los manuales de políticas y procedimientos, que sean necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, así como los manuales de administración de riesgos y de crédito, y un código de ética.

II.       Aprobar la estructura orgánica de la Sociedad en la que se asegure la adecuada delimitación de funciones y asignación de responsabilidades.

III.      Verificar al menos de forma anual, que la Dirección o Gerencia General y el Comité de Auditoría cumplan con su objetivo de vigilar continuamente la efectividad y funcionalidad de los sistemas de control interno.

IV.     Revisar los objetivos, políticas y procedimientos de control interno, por lo menos una vez al año, para lo cual podrá escuchar la opinión del Comité de Auditoría.

V.      Aprobar las políticas y procedimientos para la contratación de servicios con personas morales con las que la Sociedad mantenga vínculos patrimoniales, así como asegurarse de que tales operaciones se pacten en condiciones de mercado.

VI.     Establecer los mecanismos para asegurarse de que el área o, en su caso, las distintas personas que desempeñen las funciones de contraloría no tengan conflictos de interés respecto de las distintas unidades de negocio sobre quienes desempeñan sus labores.

Los manuales de políticas y procedimientos de la Sociedad, así como el código de ética, deberán ser revisados anualmente.

Artículo 161.- El Director o Gerente General de las Sociedades deberá documentar adecuadamente las políticas y procedimientos de todas las actividades de las Sociedades, en manuales de operación. Dichos manuales serán la base de la operación, así como la referencia para evaluar la efectividad y desempeño de los controles internos.

Los manuales de operación deberán ser revisados y, en su caso, actualizados por lo menos una vez al año en coordinación con el Auditor Interno, para su aprobación por el Consejo de acuerdo con lo señalado en el Artículo 160 de las presentes disposiciones. Igualmente, deberán hacerse del conocimiento de los Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia y de los funcionarios y empleados de la Sociedad que por sus funciones requieran conocerlos.

Artículo 162.- Los manuales deberán considerar, cuando menos, los aspectos siguientes:

I.        La estructura organizacional y funcional de cada área de la Sociedad, así como las responsabilidades individuales asignadas.

II.       Los canales de comunicación y de flujo de información entre las distintas áreas de la Sociedad.

III.      Las políticas generales de operación y, en caso de ser aplicables, los procedimientos operativos claramente descritos y documentados, así como mecanismos para la revisión periódica de los mismos.

IV.     Los mecanismos de control en los procedimientos operativos, a fin de asegurar que todas las transacciones sean autorizadas, procesadas y registradas correctamente, incluyendo las medidas que se consideren necesarias para prevenir la comisión de ilícitos.

V.      En general, programas de contingencia y seguridad, cuyo funcionamiento deberá ser sometido regularmente a pruebas de efectividad y hacerse del conocimiento del personal.

Artículo 163.- En materia de sistemas informáticos, los manuales de operación, deberán considerar las políticas, procedimientos y controles que permitan asegurar que dichos sistemas:

I.        Realicen las funciones para las que fueron diseñados, desarrollados o adquiridos.

II.       Se encuentren documentados y actualizados.

III.      Estén debidamente probados antes de ser implementados.

IV.     Cuenten con códigos de acceso para garantizar la integridad de la información generada por los sistemas, así como la de estos.

V.      Cuenten con mecanismos de respaldo y procedimientos de recuperación que garanticen la integridad de la información.

Artículo 164.- En materia de control interno, el Director o Gerente General será el encargado de la implementación y funcionamiento diario del sistema de control interno, para lo cual deberá:

I.        Verificar que el sistema de control interno funcione adecuadamente conforme a los objetivos y estrategias determinadas por el Consejo de Administración.

II        Elaborar reportes trimestrales para el Comité de Auditoría y el Consejo de Vigilancia, los cuales deberán mencionar:

a)    La situación actual de la cartera crediticia total.

b)    El estado que guarda la cartera vencida y los resultados del proceso de recuperación.

c)     El apego a los límites de crédito establecidos por el Consejo de Administración.

d)    Los acreditados más importantes de la Sociedad en cuanto al monto de sus créditos, así como los importes respectivos.

e)    Las operaciones realizadas con personas morales con las que la Sociedad mantenga vínculos patrimoniales, así como la información que soporte que tales operaciones fueron pactadas en condiciones de mercado.

          En caso de que se presente alguna desviación en los límites de crédito a que se refiere el inciso c) de esta fracción, se deberá notificar al Consejo de Administración de manera inmediata.

III.      Establecer, directamente o a través de las personas que considere apropiadas, las funciones de contraloría interna.

IV.     Realizar las acciones necesarias para que:

a)    Se tomen las medidas preventivas y correctivas necesarias a fin de subsanar cualquier deficiencia detectada, además de conservar un registro de dichas medidas, así como de las causas que motivaron la implementación de las mismas.

b)    Exista una clara delimitación de funciones y responsabilidades entre las unidades de la Sociedad, así como la independencia entre las áreas o funciones que así lo requieran.

c)     Los manuales de operación se hagan del conocimiento de los Consejeros, miembros del Consejo de Vigilancia así como de los funcionarios y empleados que por sus funciones requieran conocerlos.

V.      Informar por lo menos una vez al año al Consejo de Administración sobre el desempeño de las actividades a que se refiere este artículo y el siguiente, así como los resultados obtenidos.

Artículo 165.- Para cumplir con las responsabilidades respecto del sistema de control interno, el Director o Gerente General deberá asegurarse de que se lleven a cabo, entre otras, las acciones siguientes:

I.        Identificar y evaluar los factores internos y externos que pueden afectar la consecución de las estrategias y objetivos de la Sociedad.

II.       Implementar las estrategias y políticas de la Sociedad, asegurando que las actividades a todos los niveles se desarrollen en línea con los citados objetivos y estrategias.

III.      Establecer los mecanismos de control y administrativos de conformidad con las leyes, y demás disposiciones aplicables, incluyendo la normatividad emitida internamente en la propia Sociedad.

Artículo 166.- El Consejo de Administración deberá constituir un Comité de Auditoría cuyo objetivo sea apoyar al citado Consejo en la definición de los lineamientos generales del sistema de control interno, así como en la verificación y evaluación de dicho sistema. Lo anterior, mediante la supervisión de las funciones de auditoría interna y externa, fungiendo como un canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores internos, externos y las autoridades supervisoras.

El Comité de Auditoría deberá integrarse con al menos tres y no más de cinco miembros propietarios del Consejo de Administración, uno de los cuales deberá presidirlo.

Artículo 167.- Para lograr los objetivos anteriormente señalados, el Comité de Auditoría tendrá, cuando menos las funciones y responsabilidades siguientes:

I.        Proponer para aprobación del Consejo de Administración:

a)    Los manuales de políticas y procedimientos necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema de control interno de la Sociedad.

b)    La designación del Auditor Interno de la Sociedad.

c)     La designación del auditor externo de la Sociedad, así como el alcance de su trabajo.

d)    La adopción de un código de ética.

e)    La determinación de las bases para la elaboración de información financiera precisa, íntegra y oportuna, que coadyuve a la adecuada toma de decisiones.

II.       Supervisar y evaluar al menos una vez al año o por requerimiento de la autoridad supervisora, que las funciones de auditoría interna tanto en los aspectos contables como de control interno, se desempeñen de conformidad con estándares de calidad adecuados y de manera efectiva.

III.      Vigilar las actividades de los auditores externos, quienes tendrán que informar los resultados de sus actividades directamente al Auditor Interno..

IV.     Vigilar que las políticas, procedimientos y operaciones se desarrollen en concordancia con las leyes y demás disposiciones normativas aplicables, incluyendo los manuales y demás lineamientos establecidos por el propio Consejo de Administración, así como proveer lo necesario para que la información financiera sea precisa, íntegra y oportuna.

V.      Revisar en coordinación con el Director o Gerente General al menos una vez al año o cuando existan cambios significativos en la operación de la Sociedad, los manuales a que se refiere el Artículo 161 de las presentes disposiciones. En todo caso, tratándose del manual de crédito, en su revisión también deberá participar el Comité de Crédito.

VI      Vigilar la independencia del área de Auditoría Interna respecto de las demás unidades de negocio y administrativas de la Sociedad. En caso de falta de independencia, informar al Consejo.

VII.    Revisar, con base en los informes de las áreas de Auditoría Interna y externa cuando menos una vez al año o cuando lo requiera la Comisión, que el programa de Auditoría Interna se lleve a cabo de conformidad con estándares de calidad adecuados en materia contable y de controles internos y que las actividades del área de Auditoría Interna se realicen con efectividad. Asimismo, deberá elaborar informes periódicos sobre los avances de la auditoría externa.

VIII.   Aprobar, previa opinión del director general, el programa anual de trabajo del área de Auditoría Interna.

IX.     Informar al Consejo de Administración, cuando menos una vez al año, sobre la situación que guarda el sistema de control interno de la Sociedad, para lo cual deberá efectuar las pruebas que considere necesarias. El informe respectivo deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

a)    Las deficiencias, desviaciones o aspectos del sistema de control interno que, en su caso, requieran una mejoría, tomando en cuenta para tal efecto los informes de los responsables de las funciones de contraloría interna.

b)    La mención y seguimiento de la implementación de las medidas preventivas y correctivas derivadas de las observaciones de la Comisión, así como de la evaluación del sistema de control interno realizada por el propio Consejo de Vigilancia.

c)     La valoración del desempeño de las funciones de contraloría interna.

d)    Los aspectos significativos del sistema de control interno que pudieran afectar el desempeño de las actividades de la Sociedad.

El Comité de Auditoría deberá sesionar, cuando menos trimestralmente, haciendo constar los acuerdos tomados en actas debidamente suscritas por todos y cada uno de los participantes.  Asimismo, dicho comité contará con la presencia del Auditor Interno, quien asistirá a las sesiones en calidad de invitado, sin derecho a voto. A las sesiones del Comité de Auditoría podrán asistir otros invitados con voz y sin voto, previa invitación de los integrantes del citado comité cuando estos así si lo considera necesario.

El Comité de Auditoría en la elaboración del informe a que se refiere la fracción XI de este artículo escuchará a la Dirección General, al Auditor Interno y al responsable o responsables de las funciones de contraloría de la Sociedad. En caso de existir diferencia de opinión con estos últimos, al respecto del Sistema de Control Interno, deberán incorporarse en dicho informe, tales diferencias.

Artículo 168.- El Auditor Interno deberá verificar, entre otros aspectos, el funcionamiento adecuado del sistema de control interno, para lo cual, deberá evaluar la adecuada implementación y cumplimiento de las políticas y procedimientos en materia de control interno establecidos por el Consejo de Administración.

Para cumplir con los objetivos señalados en el párrafo anterior, el área de auditoría interna tendrá las funciones y responsabilidades siguientes:

I.        Evaluar mediante pruebas sustantivas, procedimentales y de cumplimiento, el funcionamiento operativo de las distintas áreas de la Sociedad, así como su apego a los manuales de políticas y procedimientos que les sean aplicables, incluyendo el cumplimiento del código de ética por parte de Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, funcionarios y empleados.

II.       Revisar que los sistemas informáticos, incluyendo los contables, operacionales y de cualquier otro tipo, cumplan con los objetivos para los cuales fueron implementados o diseñados, así como verificar que dichos sistemas generen información suficiente, íntegra, consistente y que fluya adecuadamente. En todo caso, deberá revisarse que la Institución cuente con planes de contingencia y medidas necesarias para evitar pérdidas de información, así como para, en su caso, su recuperación o rescate.

III.      Vigilar los flujos de todo tipo de transacciones u operaciones que se lleven a cabo en la Sociedad, con el objeto de identificar fallas potenciales en cualquier aspecto del sistema de control interno.

IV.     Vigilar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo la calidad de los reportes requeridos por las autoridades y los procedimientos para evitar el lavado de dinero y demás operaciones sospechosas.

V.      Facilitar a los auditores externos la información necesaria, a fin de que estos últimos determinen la oportunidad y alcance de sus procedimientos de auditoría y puedan efectuar su análisis sobre la calidad de los controles internos.

VI.     Verificar la efectiva segregación de funciones y ejercicio de facultades atribuidas a cada unidad de negocios, en la estructura organizacional de la Sociedad.

Artículo 169.- El Auditor Interno deberá reportar al Consejo de Vigilancia, al Comité de Auditoría y al Director o Gerente General, cuando menos trimestralmente, los resultados de las revisiones y evaluaciones a que se refieren las fracciones I a VI del Artículo 168 de las presentes disposiciones, siendo a la vez responsable de informarles oportunamente sobre la detección de cualquier deficiencia o desviación en la materia.

De igual manera, el Auditor Interno deberá dar seguimiento a las deficiencias detectadas y reportadas a que se refiere el párrafo anterior, con el fin de que sean rectificadas oportunamente, debiendo formular un reporte al respecto. Los reportes sobre las citadas deficiencias o desviaciones detectadas, así como los reportes sobre el seguimiento de las mismas, deberán estar disponibles en cualquier momento, tanto para el Consejo de Administración, como para las autoridades supervisoras.

Artículo 170.- El Auditor Interno deberá contar con programas anuales para el desarrollo de sus funciones, que contemplen, al menos, los aspectos siguientes:

I.        La periodicidad con la que se realizarán las auditorías en cada área, tomando en cuenta el tipo de revisión que se efectúe.

II.       El plazo máximo de realización de la auditoría según su tipo.

III.      Procedimientos para llevar a cabo la auditoría.

IV.     Rotación de personal según las áreas sujetas a revisión.

V.      Características mínimas de los informes según el alcance y tipo de auditoría realizada.

Artículo 171.- Con el fin de coadyuvar al funcionamiento del sistema de control interno, las Sociedades deberán asegurarse de que se lleven a cabo funciones de contraloría. Dichas funciones implicarán el establecimiento y seguimiento diario de medidas para vigilar que las actividades referentes a la operación de la Sociedad sean consistentes con los objetivos de la misma y se lleven a cabo en estricto apego a las leyes y demás disposiciones aplicables.

Las funciones de contraloría deberán contemplar, por lo menos, los aspectos siguientes:

I.        Establecer medidas encaminadas a asegurar el apego de los distintos procesos, operaciones y transacciones a la regulación aplicable a la Sociedad.

II.       Establecer normas, procedimientos y medidas para vigilar que los procesos de documentación y liquidación diaria de operaciones y transacciones, se efectúan de manera adecuada y conforme a los objetivos y lineamientos de la Sociedad, así como con observancia a los límites de exposición al riesgo de crédito y otros.

III.      Diseñar controles para que tanto la elaboración de la información financiera, como la información generada y proporcionada al Comité de Supervisión Auxiliar y a las autoridades sea precisa, íntegra, confiable y oportuna.

Las funciones de contraloría interna que, en principio, corresponden a la Dirección o Gerencia General de la Sociedad, podrán ser asignadas a un área específica o, en su caso, a personal distribuido en varias áreas. El personal que realice tales funciones incluso podrá ser independiente jerárquicamente de la Dirección o Gerencia General; sin que en ningún caso las referidas funciones de contraloría puedan atribuirse a personas o unidades que representen un conflicto de interés para su adecuado desempeño.

Las citadas funciones de contraloría interna, así como su asignación al interior de la Sociedad, deberán estar documentadas en manuales.

El personal responsable de las funciones a que hace referencia el presente artículo, deberá entregar un reporte de su gestión, cuando menos semestralmente, al Consejo de Vigilancia, al Comité de Auditoría, , así como al Director o Gerente General.

Artículo 172.- Las Sociedades deberán implementar un código de ética aprobado por el Consejo de Administración, en el cual se establezcan reglas apropiadas y prudentes que gobiernen la conducta y el comportamiento adecuado de sus Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, funcionarios y empleados, en su interacción con los Socios y al interior de la propia Sociedad.

El código de ética debe contemplar, como mínimo, los aspectos siguientes:

I.        Guardar consistencia con la legislación aplicable, incluyendo las diferentes regulaciones, y disposiciones reglamentarias conducentes.

II.       Respetar la confidencialidad de los Socios, de las operaciones de la Sociedad y, en general, de la información institucional.

El código de ética deberá ser revisado por lo menos una vez al año, conforme a lo dispuesto en el Artículo 160 de las presentes disposiciones, y deberá hacerse del conocimiento de los Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, funcionarios y empleados de la Sociedad.

Apartado E

Proceso crediticio

Artículo 173.- Para efectos del presente apartado, se entenderá por actividad crediticia a la colocación por parte de las Sociedades de los recursos, tanto propios como los captados de terceros, mediante aval, las operaciones de préstamo, o cualquier operación que de manera directa o indirecta le puedan generar derechos de crédito a su favor.

Sub Apartado A

Lineamientos mínimos del manual de crédito

Artículo 174.- Las Sociedades deberán contar con un manual de crédito aprobado por el Consejo de Administración a propuesta del Comité de Auditoría a que se refiere el Artículo 160 de estas disposiciones, al cual deberá sujetarse el Comité de Crédito o su equivalente. El manual deberá contener las estrategias, políticas y procedimientos de crédito, con los lineamientos mínimos en las etapas del proceso crediticio siguientes:

I.       Promoción y otorgamiento de crédito.

a)    Las Sociedades deberán establecer dentro del manual de crédito, metodologías para la evaluación, aprobación y otorgamiento de los distintos tipos de crédito debiendo observar en todo caso, según corresponda, lo siguiente:

1.     Ningún crédito podrá pasar a la etapa de análisis y evaluación, sin que se cuente con la información y documentación mínima que se haya establecido en el manual de crédito y en las disposiciones aplicables.

2.     La evaluación deberá considerar cuando menos:

i)      En su caso, la información que valide la experiencia de ahorro del acreditado.

ii)     La experiencia de pago del acreditado, revisando para tal efecto información cuya antigüedad no sea mayor a un mes, obtenida a través de una consulta realizada a alguna Sociedad de Información Crediticia, así como la información con la que cuente la propia Sociedad.

iii)    La capacidad de pago a través de los ingresos estimados del probable acreditado, de la relación entre el ingreso del posible deudor y el pago de la obligación y la relación entre el plazo de los créditos y la capacidad de generar recursos; así como del análisis de la totalidad de otros créditos y demás pasivos que el posible deudor tenga con la Sociedad y otras entidades financieras.

iv)    En caso de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, la situación financiera de la Sociedad de que se trate y, en general, la información y documentación presentada por el posible acreditado.

3.     El plazo de los créditos se deberá establecer en función de los plazos de los recursos captados.

4.     En el caso de créditos con garantías reales, se revisará el estado físico, la situación jurídica y los seguros de los bienes de que se trate. Asimismo, tratándose de garantías personales, se evaluará al garante como a cualquier otro acreditado.

5.     Los contratos y demás instrumentos jurídicos que documenten las operaciones, deberán ser aprobados por el área jurídica o un responsable designado por el Director o Gerente General, previamente a la celebración de las mismas. Para los créditos comerciales con garantías reales o personales, dicha aprobación deberá expresarse en cada caso, mediante firma en los documentos respectivos.

6.     Cualquier cambio significativo a los términos y condiciones que hubieren sido pactados en un crédito, será motivo de una nueva evaluación y aprobación, debiéndose seguir al efecto, los procedimientos contenidos en el manual de crédito.

b)    El Comité de Crédito o su equivalente será la instancia responsable de la aprobación de los créditos solicitados a la Sociedad, debiendo observar los lineamientos que al efecto se establezcan en el manual de crédito. El Comité de Crédito podrá delegar dicha función en subcomités y, en su caso, en los funcionarios de la Sociedad que al efecto determine.

Tratándose de créditos respecto de los cuales las Sociedades cuenten con garantías al 100 por ciento constituidas con dinero en efectivo en términos de lo dispuesto por el Apartado V del Anexo C de las presentes disposiciones, las Sociedades quedarán relevadas de la obligación de contar con la aprobación del Comité de Crédito o su equivalente. Lo anterior, con base en los límites que al respecto establezca su Consejo de Administración en el manual de crédito.

c)     Las Sociedades podrán establecer en los manuales de crédito procesos de autorizaciones automáticas de créditos que permitan otorgar el crédito correspondiente a cualquier Socio. Dichos procesos deberán comprender lo siguiente:

1.     El establecimiento de la documentación mínima a ser entregada por tipo de crédito.

2.     Las características de los depósitos que el Socio deberá mantener en la Sociedad.

3.     El monto máximo a otorgar según el resultado de la información entregada.

4.     El establecimiento de las tasas de interés conforme a sus políticas.

Las autorizaciones automáticas se podrán otorgar respecto de créditos para un mismo Socio, incluyendo a sus dependientes económicos, cuyo importe en lo individual o en su conjunto, no sea mayor a 10,000 UDIS.

Los funcionarios, Consejeros o miembros del Comité de Crédito, no podrán participar en ninguna etapa del proceso crediticio, cuando el crédito en cuestión pueda representar conflictos de intereses para dichas personas.

II.       Control de políticas y procedimientos crediticios.

a)    Las Sociedades deberán llevar un control de la actividad crediticia, a través de un área independiente de las involucradas en el proceso de otorgamiento de crédito. El objetivo de esta función de control será verificar:

1.     Que la actividad crediticia se esté desarrollando, conforme a la normatividad aplicable y a las políticas y procedimientos establecidos en el manual de crédito.

2.     Que el expediente de crédito esté integrado con la adecuada documentación de las operaciones y los antecedentes del Socio.

3.     Que los funcionarios y empleados de la Sociedad estén cumpliendo con las responsabilidades que les hayan sido encomendadas, sin exceder las facultades que les fueron delegadas.

b)    El área responsable de la función de contraloría de crédito a que se refiere la disposición anterior, como mínimo deberá:

1.     Corroborar la entrega en tiempo y forma de los diversos archivos, reportes e informes entre los distintos funcionarios, áreas y órganos sociales involucrados en la actividad crediticia de la Sociedad, así como la entrega de dichos documentos a las autoridades competentes. Lo anterior incluye comprobar que exista un adecuado control de los expedientes de crédito.

2.     Revisar que la calificación de la cartera crediticia se realice de acuerdo a la normatividad vigente y al manual de la Sociedad. Esta revisión podrá efectuarse a través de un muestreo representativo de la cartera crediticia de la Sociedad.

3.     Vigilar que la cobranza administrativa y, en su caso, judicial, se realice conforme a las políticas y procedimientos establecidos en el manual de crédito y a la normatividad aplicable.

4.     Realizar revisiones y evaluar los sistemas de información de crédito.

5.     Cerciorarse de que las áreas correspondientes den seguimiento individual y permanente a cada uno de los créditos de la Sociedad y, en su caso, se cumpla con las distintas etapas que al efecto establezca el manual de crédito durante la vigencia de los mismos.

6.     Verificar que el registro contable de estimaciones, quitas, castigos, eliminaciones, quebrantos y recuperaciones, cumpla con lo previsto en el manual de crédito, el cual deberá establecer en forma expresa los distintos eventos, requisitos y condiciones para tal efecto, así como los funcionarios facultados para autorizar y solicitar el registro contable correspondiente, y llevar una bitácora en la que se asienten las creaciones de estimaciones, quitas, castigos, eliminaciones, quebrantos y recuperaciones.

c)     El área de contraloría de crédito deberá proporcionar un reporte cuando menos trimestralmente, al Comité de Auditoría, al Consejo de Vigilancia y a la Dirección o Gerencia General sobre las desviaciones que, en su caso, detecte con respecto a las políticas, procedimientos y normatividad vigente en materia de crédito y deberá mantener dicho reporte a disposición del auditor externo y de las autoridades competentes.

III.     Evaluación y seguimiento.

          Las Sociedades deberán establecer una metodología para evaluar y dar seguimiento a cada uno de los créditos de su cartera, incluyendo las garantías y a los garantes, la cual deberá ser definida por el Comité de Crédito. Dicha metodología deberá considerar, entre otros, los factores siguientes:

a)    Los periodos de amortización del crédito y, en su caso, aquellos donde hubieren existido incumplimientos.

b)    La actualización de la información que se tenga del acreditado, como por ejemplo, cambio de domicilio, cambio de fuente de ingresos, entre otros.

c)     Mecanismos para verificar periódicamente el cumplimiento de los requerimientos mínimos de integración de expedientes de crédito.

         El tratamiento que se dé a los garantes, deberá ser el mismo que a los acreditados.

          Las evaluaciones deberán ser más frecuentes tratándose de créditos clasificados como cartera vencida, o bien respecto de los cuales no se hayan cumplido cabalmente los términos y condiciones convenidos.

IV.     Recuperación de cartera crediticia.

          Los créditos que, como resultado del seguimiento permanente o por haber caído en cartera vencida, previsiblemente tendrán problemas de recuperación, deberán ser objeto de una evaluación exhaustiva, con el fin de determinar oportunamente la posibilidad de establecer nuevos términos y condiciones que incrementen su probabilidad de recuperación.

          Toda reestructuración de crédito deberá realizarse de común acuerdo con el acreditado respectivo y tendrá que someterse a las distintas etapas del proceso crediticio como cualquier crédito, incluyendo la aprobación del Comité de Crédito o su equivalente.

          Las funciones de recuperación de cartera crediticia vencida y en proceso de cobranza judicial, deberán ser desempeñadas por un área independiente de las áreas de negocios.

V.      Sistemas automatizados.

          Las Sociedades deberán contar con sistemas automatizados de información de crédito, los cuales como mínimo deberán:

a)    Permitir la debida interrelación e intercambio de información entre las distintas áreas que participan en el proceso crediticio.

b)    Generar reportes confiables, evitar entradas múltiples y la manipulación de datos, así como permitir la conciliación automática, oportuna y transparente de la contabilidad.

c)     Mantener controles adecuados que procuren su seguridad tanto física como lógica, así como medidas concretas para la recuperación de la información en casos de contingencia.

d)    Proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones en materia de crédito, por parte del Consejo de Administración, la Dirección o Gerencia General.

VI.     Integración de expedientes de crédito.

Las Sociedades deberán establecer las políticas y procedimientos para la integración de un expediente único por cada acreditado.

En el caso de acreditados que representen un “Riesgo Común”, de conformidad con la definición que se establece en la fracción I del Artículo 188 de estas disposiciones, el expediente que se conforme deberá identificar la pertenencia del Socio al grupo de “Riesgo Común” al que corresponda. En todo caso, las Sociedades deberán establecer las medidas que permitan en todo momento identificar a los integrantes de los grupos de “Riesgo Común” que existan.

De la información que los acreditados proporcionen de manera periódica a las Sociedades, deberá conservarse en el expediente respectivo, la que corresponda a los dos últimos ejercicios.

Las Sociedades deberán designar personal responsable de integrar y actualizar los expedientes, así como de controlar el servicio de consulta de los mismos.

Asimismo, instrumentarán un mecanismo de control y verificación que permita detectar documentación e información faltante en los expedientes de crédito.

La documentación e información que deberá establecerse en los manuales, para efectos de la integración de los expedientes de crédito será, cuando menos, la siguiente:

a)    Identificación del solicitante.

1.     Tratándose de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, escrituras constitutivas de la Sociedad acreditada y modificaciones a las mismas, debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad o de Comercio correspondiente; y escrituras de otorgamiento de poderes en favor de las personas que suscriban el o los contratos o títulos de crédito.

2.     En el caso de personas físicas, identificación oficial vigente con fotografía y firma tanto del acreditado como del aval u obligado solidario. En defecto de lo anterior,  copia del acta de nacimiento y comprobantes que permitan conocer la identidad de la persona de que se trate. En su caso, adicionalmente copia del acta de matrimonio.

b)    Otorgamiento y seguimiento.

1.     Solicitud de crédito debidamente requisitada y, en su caso, copia del acta del Consejo de Administración o del Comité de Crédito en la que conste su aprobación, según corresponda.

2.     Estudios de crédito y, en su caso, tratándose de créditos de la cartera comercial, estudios de viabilidad económica.

3.     Copia de los contratos y de los títulos de crédito con los que se haya documentado el crédito, en su caso.

4.     Cédula de calificación vigente, en su caso, así como toda la información utilizada para elaborar la calificación, tales como:

i)      Tratándose de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, estados financieros internos, así como, en su caso, los últimos estados financieros dictaminados de la Sociedad acreditada y, en su caso, del aval u obligado solidario, con firma autógrafa del representante legal, con una antigüedad no mayor a 180 días.

ii)     Flujo de efectivo.

5.     Documento que soporte el análisis llevado a cabo sobre la capacidad de pago del deudor y, en su caso, del aval u obligado solidario.

6.     Documentación que acredite su capacidad de pago.

7.     La documentación que acredite haber formulado ante una Sociedad de Información Crediticia una consulta previa, en términos de lo previsto por el Capítulo III del Título Tercero de las presentes disposiciones, así como la información sobre el historial del acreditado respecto del cumplimiento de sus obligaciones con la Sociedad.

8.     En su caso, correspondencia con el acreditado, como cartas, telegramas y otros relacionados con modificaciones a los términos y condiciones del crédito otorgado.

c)     Comprobante de domicilio.

d)    Garantías.

1.     Documentación que deba recabarse con el fin de evidenciar la existencia de garantías a favor de la Sociedad por el crédito otorgado, e información relativa a la guarda, custodia y seguimiento que se dé respecto de las mismas, tales como:

i)      Avalúos de los bienes que garanticen el adeudo.

        Las Sociedades, en sus manuales de crédito podrán prever que los avalúos sean elaborados por un perito valuador bancario o por las personas que tengan reconocimiento en la Entidad Federativa de que se trate para realizar avalúos.

ii)     Pólizas de seguros de las garantías en favor de la Sociedad.

iii)    Certificado de libertad de gravamen o verificación de inscripción de las garantías ante el Registro Público de la Propiedad o del Comercio.

2.     Reportes de la Sociedad, sobre la verificación de la existencia, legitimidad, valor y demás características de las garantías.

e)    Reestructuración.

En su caso, la documentación relativa a la reestructura del crédito, que incluya:

1.     Análisis o estudios de viabilidad de la reestructura.

2.     Las condiciones y la autorización de reestructura o convenio judicial.

3.     Información periódica del responsable de la cobranza judicial o extrajudicial del crédito, así como la documentación soporte correspondiente.

f)     Tratándose de préstamos de liquidez a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, la aprobación efectuada por el Comité Técnico.

Igualmente, el manual de crédito deberá contener una sección específica de las políticas y procedimientos para la gestión y otorgamiento de Microcréditos Productivos, las cuales deberán ser congruentes con las aplicables al crédito en general y a los lineamientos mínimos a que se refiere la presente fracción.

Adicionalmente a la documentación que se especifica en esta fracción, deberá incluirse cualquier otra información necesaria para evaluar tanto al acreditado como al crédito en particular, incluyendo las garantías respectivas, de conformidad con las disposiciones aplicables y los requerimientos de la autoridad.

La documentación e información contenida en los expedientes podrá conservarse en forma física, electrónica o microfilmada, siempre y cuando se encuentren disponibles en todo momento para su consulta.

Sub Apartado B

Generalidades del manual de crédito

Artículo 175.- Las Sociedades, además de los lineamientos mínimos establecidos en las fracciones I a VI del Artículo 174 de las presentes disposiciones, deberán delimitar las distintas funciones y responsabilidades en el desarrollo de la actividad crediticia, tomando en cuenta, entre otras, las medidas siguientes:

I.        El establecimiento de estrategias, políticas y procedimientos de crédito, así como su implementación.

II        La promoción, otorgamiento de crédito y la recuperación de la cartera crediticia, de conformidad con las fracciones I y IV del Artículo 174 de estas disposiciones.

III.      El control y la revisión del cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos de crédito, de conformidad con la fracción II del Artículo 174 de las presentes disposiciones.

IV.     La evaluación y seguimiento del riesgo de crédito de la Sociedad, de conformidad con la fracción III del Artículo 174 de estas disposiciones.

Artículo 176.- Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 165 de las presentes disposiciones, el manual de crédito deberá ser revisado y actualizado por lo menos una vez al año por el Director o Gerente General en conjunto con el Comité de Crédito y, en su caso, las modificaciones deberán ser sometidas a la aprobación del Consejo de Administración.

Artículo 177.- El Director o Gerente General será el responsable de la adecuada implementación, así como de la debida aplicación de las estrategias relacionadas con la actividad crediticia contenidas en el manual de crédito.

Artículo 178.- En el desarrollo de las funciones y responsabilidades a que se refiere el Artículo 175 de estas disposiciones, deberá procurarse en todo momento independencia en la realización de sus respectivas actividades, a fin de evitar conflictos de interés.

Artículo 179.- Las políticas y procedimientos para el otorgamiento de Microcréditos Productivos por parte de las Sociedades, deberán estar contenidas en el manual de crédito y aprobadas por el Consejo de Administración y, al menos deberán contemplar lo siguiente:

I.        Describir detalladamente la metodología especializada para el otorgamiento de Microcréditos Productivos, que comprenda el análisis de la capacidad de pago del acreditado, el destino del crédito, los sistemas de información y la infraestructura aplicables.

II.       Establecer los plazos máximos de los Microcréditos Productivos, los cuales deberán sujetarse a la regulación de los niveles de operación que les aplique.

III.      Establecer el importe máximo que las Sociedades podrán entregar en operaciones de Microcrédito Productivo a un Socio, conforme a lo dispuesto por el Artículo 188, fracción I de las presentes disposiciones.

IV.     Asegurar que el endeudamiento máximo permisible para el acreditado no exceda de 18,000 UDIS en el sistema financiero mexicano, al momento de efectuar la consulta a que se refiere la fracción III del Artículo 180 de estas disposiciones.

V.      Los mecanismos de control interno que permitan dar cumplimiento a los requisitos mínimos establecidos en las presentes disposiciones.

Artículo 180.- Las Sociedades, dentro de sus procedimientos para la gestión y el otorgamiento de los Microcréditos Productivos establecidos en el manual de crédito, deberán incluir lo siguiente:

I.        Efectuar una visita de verificación o, en su caso, una inspección ocular en el lugar donde el acreditado realice la actividad que será financiada.

II.       Efectuar un análisis de la capacidad de pago del acreditado, así como de la viabilidad de la actividad productiva a la que se destinará el Microcrédito Productivos, conforme a las políticas y procedimientos para su otorgamiento.

III.      Realizar una consulta ante una Sociedad de Información Crediticia, en términos de lo previsto por el Capítulo III del Título Tercero de las presentes disposiciones.

          En el evento de que el crédito de que se trate se renueve o reestructure, deberá actualizarse el reporte emitido por la Sociedad de Información Crediticia del acreditado. Asimismo, las Sociedades deberán reportar a las Sociedades de Información Crediticia el importe contingente de los Microcréditos Productivos que los deudores en esquemas mancomunados estarían obligados a pagar cada uno, en caso de incumplimiento del acreditado principal.

La información contenida en las fracciones anteriores, deberá contenerse en el expediente de crédito correspondiente que se integre en términos de lo dispuesto por el Artículo 174 de las presentes disposiciones, sin que les resulte aplicable lo dispuesto por los numerales 2, 4, 5, 6 y 7 del inciso b) de la fracción VI del citado Artículo 174.

Sub Apartado C

Otras disposiciones

Artículo 181.- Los funcionarios, Consejeros o miembros del Comité de Crédito, no podrán participar en ninguna etapa del proceso crediticio, cuando el crédito en cuestión pueda representar conflictos de intereses para dichas personas.

Artículo 182.-  La Comisión podrá ordenar la suspensión en el otorgamiento de nuevos créditos por parte de aquellas Sociedades cuya actividad crediticia, en lo general, presente graves deficiencias.

Apartado F

Provisionamiento de cartera crediticia y bienes adjudicados

Artículo 183.- Las Sociedades deberán calificar y constituir las estimaciones preventivas para riesgos crediticios correspondientes a su cartera crediticia de conformidad con la metodología establecida en el Anexo C de las presentes disposiciones, acorde con el tipo de crédito que corresponda, salvo para los créditos comerciales a que se refiere el Artículo 184 de estas disposiciones.

Las Sociedades que otorguen Microcrédito Productivo, deberán utilizar la tabla de estimaciones preventivas para riesgos crediticios que se contiene en el inciso d) del Apartado II del Anexo C de las presentes disposiciones.

Artículo 184.- Las Sociedades cada 3 meses, deberán calificar individualmente los créditos de su cartera crediticia comercial cuyo saldo sea igual o mayor a un importe equivalente en moneda nacional a novecientas mil UDIS a la fecha de la calificación, incluyendo aquellos créditos a cargo de un mismo deudor cuya suma en su conjunto sea igual o mayor a dicho importe, aplicando la metodología general que para las instituciones de crédito emita la Comisión, sin la posibilidad de certificar modelos internos.

Artículo 185.- La Comisión podrá ordenar la constitución de estimaciones preventivas adicionales a las que deban crear las Sociedades como resultado de su proceso de calificación de cartera crediticia, hasta por la cantidad que se requiera para provisionar al 100 por ciento, en los casos siguientes:

I.        Tratándose de Sociedades que no se ajusten a la normatividad aplicable o a las políticas y procedimientos establecidos en materia de crédito.

II.       Si a su juicio así procediere, tomando en cuenta el riesgo de crédito asumido por la Sociedad en sus operaciones.

Artículo 186.- Las Sociedades deberán constituir semestralmente provisiones adicionales que reconozcan las potenciales pérdidas de valor por el paso del tiempo de los bienes adjudicados judicial o extrajudicialmente o recibidos en dación en pago, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

I.        En el caso de derechos de cobro y bienes muebles, se constituirán las provisiones conforme a lo siguiente:

RESERVAS PARA BIENES MUEBLES
TIEMPO TRANSCURRIDO A PARTIR DE LA ADJUDICACION O DACION EN PAGO (MESES)	PORCENTAJE DE RESERVA
Hasta 6	0%
Más de 6 y hasta 12	10%
Más de 12 y hasta 18	20%
Más de 18 y hasta 24	45%
Más de 24 y hasta 30	60%
Más de 30	100%

 

          El monto de reservas a constituir será el resultado de aplicar el porcentaje de reserva que corresponda conforme a la tabla anterior, al valor de los derechos de cobro o al valor de los bienes muebles recibidos en dación en pago o adjudicados obtenido conforme a los Criterios de Contabilidad.

II.       Tratándose de bienes inmuebles, se constituirán provisiones semestralmente de acuerdo con lo siguiente:

 

El monto de reservas a constituir será el resultado de aplicar el porcentaje de reserva que corresponda conforme a la tabla anterior, al valor de adjudicación de los bienes inmuebles obtenido conforme a los Criterios de Contabilidad.

En caso de que valuaciones posteriores a la adjudicación o dación en pago resulten en el registro contable de una disminución de valor de los derechos al cobro, valores, bienes muebles o inmuebles, los porcentajes de reservas preventivas a que hace referencia este artículo podrán aplicarse sobre dicho valor ajustado.

Apartado G

Lineamientos en materia de coeficiente de liquidez

Artículo 187.- Las Sociedades deberán mantener niveles de liquidez mínimos en relación con sus operaciones pasivas de corto plazo.

Para efectos de la presente regulación, se entenderá por “pasivos de corto plazo” a los pasivos cuyo plazo por vencer sea menor o igual a 30 días y los depósitos a la vista.

Las Sociedades deberán mantener una posición de por lo menos el equivalente al 10 por ciento de sus pasivos de corto plazo invertidos en depósitos a la vista, así como en títulos bancarios, valores gubernamentales o en disponibilidades, cuyo plazo de vencimiento sea igual o menor a 30 días.

La Comisión podrá incrementar el coeficiente de liquidez cuando a su juicio y tomando en cuenta los riesgos asumidos por la Sociedad de que se trate, dicha medida se justifique.

Apartado H

Diversificación de riesgos en las operaciones

Artículo 188.- Las Sociedades, para efectos de la diversificación de riesgos en sus operaciones, deberán observar lo siguiente:

I.        Diversificación de activos.

          El límite de financiamiento máximo que se podrá otorgar a una persona será el siguiente:

a)    Tratándose de financiamientos a Socios, no excederá del 3 por ciento del capital neto de la Sociedad.

b)    Tratándose de financiamientos a Sociedades, en términos de lo dispuesto por el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, la suma de dichos financiamientos no podrá exceder del 20 por ciento del capital neto de la Sociedad acreditante.  En ningún caso las Sociedades podrán otorgar préstamos de liquidez cuando dicho otorgamiento conlleve a que estas sean reclasificadas en la categoría 2 a que se refiere el Artículo 77 de la Ley.

          Para efectos del presente apartado, se considerará dentro del cómputo de créditos otorgados a una persona física, aquellos que representen un “Riesgo Común”, entendiendo como tal los créditos que la Sociedad le haya otorgado a los parientes por consanguinidad en primer grado en línea recta ascendente o descendente y, en su caso, al cónyuge, concubina o concubinario del acreditado, cuando alguna de estas personas dependa económicamente de la persona que solicita el crédito.

          Los financiamientos que cuenten con garantías incondicionales e irrevocables, que cubran el principal y los accesorios de los mismos, otorgadas por instituciones de crédito o fideicomisos y fondos de fomento económicos constituidos por el Gobierno Federal, así como los garantizados con valores emitidos por el Gobierno de México, o con efectivo, y los que cuenten con seguros de crédito a favor de la Sociedad, no computarán para efectos del límite máximo de financiamiento a que esta fracción se refiere, hasta por el equivalente al 75 por ciento del valor de dichas garantías. Se entenderá que un financiamiento se encuentra garantizado con efectivo, cuando el deudor constituya un depósito de dinero en la propia Sociedad acreditante y le otorgue un mandato irrevocable para aplicar los recursos respectivos al pago del financiamiento de que se trate.

          Tratándose de Microcréditos Productivos el importe máximo que las Sociedades podrán entregar a un Socio de manera directa, no podrá exceder de 12,000 UDIS.

          Para el caso de grupos de Socios que contraten mancomunadamente un Microcrédito Productivo, el monto máximo que las Sociedades podrán otorgar será de 20,000 UDIS y de 2,500 UDIS por cada uno de los Socios que integren el grupo.

          Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá autorizar límites hasta dos veces mayores a los establecidos en los dos párrafos anteriores, siempre que las Sociedades acrediten la eficiencia de la gestión del Microcrédito Productivo, así como la adecuación de su proceso crediticio y sus políticas de administración de riesgos.

          Para efectos de lo dispuesto por el presente apartado, se entenderá por financiamiento, a todo acto o contrato que implique la realización de una operación activa, directa o contingente, mediante el otorgamiento, reestructuración, renovación o modificación de cualquier préstamo o crédito, quedando también incluidas, en su caso, las inversiones en acciones o valores que no deban restarse del capital neto de las Sociedades. En este último caso, el límite será el previsto en el inciso a) anterior, respecto de Socios.

          No se considerarán como financiamiento, los créditos hipotecarios relacionados con viviendas, los que se utilicen para la adquisición de bienes de consumo duradero y los personales que se destinen al consumo, que otorguen las Sociedades, cuyo monto no exceda el equivalente en moneda nacional a 5,000 UDIS a la fecha de su concertación, así como las inversiones en bonos bancarios y pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento que las Sociedades realicen en instituciones de crédito calificadas como grado de inversión por una Institución Calificadora de Valores.

II.       Diversificación de pasivos.

          Los recursos captados por la Sociedad, provenientes de depósitos o préstamos otorgados a la Sociedad por una sola persona o empresa no podrán representar más de una vez el capital neto de la Sociedad. No les será aplicable este criterio a los pasivos contraídos con los fideicomisos públicos y fondos de fomento nacionales e internacionales, con las instituciones de banca múltiple establecidas en el país, con las instituciones de banca de desarrollo nacionales e internacionales, ni con organismos internacionales.

III.      Excepciones.

          La Comisión, a solicitud de la Sociedad interesada, acompañada de la opinión del Comité de Supervisión Auxiliar, podrá autorizar en casos excepcionales, operaciones específicas por montos superiores a los límites señalados en las fracciones I y II del presente artículo.

Artículo 189.- Las Sociedades no tendrán que identificar los créditos que representen un “Riesgo Común” en los términos previstos por la fracción I del Artículo 188 de las presentes disposiciones, siempre y cuando la suma de los veinte créditos con mayor saldo insoluto otorgados por la Sociedad, no represente más del 10 por ciento de la cartera total de la Sociedad y ningún crédito sea mayor al 1 por ciento del capital neto de esta. Para estos límites, no se considerará la parte cubierta en los términos señalados en el Artículo 188, fracción I, cuarto párrafo de estas disposiciones.

Para tales efectos, las Sociedades solo llevarán un control respecto de los vínculos patrimoniales y de parentesco de los acreditados a que se refiere el párrafo anterior, que rebasen el 1 por ciento de su capital neto.

No obstante lo anterior, si la Sociedad contara con evidencia que le permitiera inferir la existencia de vínculos entre acreditados que, en su conjunto, pudiesen rebasar los límites de diversificación previstos por la fracción I Artículo 188 de las presentes disposiciones, deberán establecer procedimientos de monitoreo para el seguimiento del comportamiento de las personas de que se trate.

Capítulo III

De las provisiones preventivas adicionales

Artículo 190.- Las Sociedades deberán constituir provisiones preventivas adicionales a las que deben crear como resultado del proceso de calificación de su cartera de crédito, hasta por la cantidad que se requiera para provisionar al 100 por ciento aquellos créditos que sean otorgados sin que exista en los expedientes de crédito respectivos, documentación que acredite haber formulado ante alguna Sociedad de Información Crediticia una consulta previa a su otorgamiento, respecto al historial crediticio del solicitante que corresponda y, en su caso, de las personas que funjan como avalistas, fiadores u obligados solidarios en la operación. Al respecto, las Sociedades solo deberán consultar el historial crediticio de las personas que funjan como avalistas, fiadores u obligados solidarios en la operación cuando el reporte del solicitante del crédito presente adeudos con más del 15 por ciento de los saldos totales vencidos por periodos superiores a 90 días.

Las Sociedades, para efectos del presente artículo, consultarán el historial crediticio de las personas físicas solicitantes de crédito, así como de otras Sociedades, tratándose de los préstamos a que se refiere el inciso h) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley .

Las Sociedades solo podrán liberar las provisiones preventivas adicionales constituidas conforme a lo señalado en el primer párrafo de este artículo, 3 meses después de que obtengan el informe emitido por una Sociedad de Información Crediticia respecto del acreditado de que se trate y lo integren al expediente de crédito correspondiente.

Artículo 191.- Las Sociedades quedarán exceptuadas de lo previsto en el Artículo 190 de las presentes disposiciones, tratándose de:

I.        Créditos cuyos solicitantes tengan relación laboral con la Sociedad acreditante y otorguen su consentimiento irrevocable para que el pago se realice mediante deducciones que se efectúen a su salario.

II.       Créditos cuyo importe en moneda nacional sea equivalente o menor a 1,000 UDIS, al momento de ser otorgados, o bien, se encuentren denominados en dicha unidad hasta por el mismo monto.

III.      Créditos respecto de los cuales las Sociedades cuenten con garantías constituidas al 100 por ciento con dinero en efectivo en términos de lo dispuesto por el Apartado V del Anexo C de las presentes disposiciones, que puedan asegurar la aplicación de dichos recursos a la totalidad del monto del crédito de que se trate.

IV.     Microcréditos Productivos otorgados a personas físicas residentes en Zonas Rurales por debajo de 1,000 UDIS. Se entenderá por Zona Rural a las localidades con una población inferior a 15,000 habitantes de acuerdo a la última información que haga pública el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las cuales cuenten con índices de marginación medio, alto y muy alto conforme a la última información que haga pública el Consejo Nacional de Población.

Artículo 192.- Las Sociedades deberán contar con políticas y procedimientos aprobados por el Consejo de Administración que permitan implementar medidas de control para identificar, evaluar y limitar de manera oportuna la toma de riesgos en el otorgamiento de créditos, basados en la información que obtengan de Sociedades de Información Crediticia, en las que se prevea, cuando menos, lo siguiente:

I.        Criterios para valorar el contenido de los informes proporcionados por la Sociedad de Información Crediticia respectiva, que permitan calificar los grados de riesgo de un determinado solicitante de crédito y, en su caso, de sus avalistas, fiadores y obligados solidarios, cuando cuenten con adeudos vencidos u otro tipo de antecedentes crediticios.

II.       La información adicional que se requeriría a las personas que se ubiquen en los supuestos previstos en la fracción anterior.

III.      Los supuestos en los que se otorgaría o negaría el crédito, a las personas que se ubiquen en los supuestos previstos en la fracción I anterior.

IV.     El porcentaje de provisionamiento adicional, aplicable a los créditos de que se trate, así como los supuestos en que proceda su liberación.

V.      El establecimiento de mecanismos de información oportuna al Consejo de Administración acerca de la autorización y otorgamiento de créditos a las personas que se ubiquen en los supuestos previstos en la fracción I anterior.

VI.     Criterios que permitan identificar que los acreditados y, en su caso, los avalistas, fiadores u obligados solidarios se encuentren vinculados con alguna de las conductas o supuestos siguientes:

a)    Han sido declarados por sentencia firme en concurso mercantil, y cometido actos y conductas dolosas que hubieren causado o agravado el incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones.

b)    Han cometido fraude o propiciado pérdida al otorgante por fraude comprobado.

c)     Sean titulares de créditos que se encuentran en cartera vencida y no es posible localizar al acreditado.

d)    Han desviado recursos a fines distintos a los pactados en los contratos de crédito.

e)    Han dispuesto sin autorización del otorgante del crédito, de las garantías que lo respaldan.

f)     Han enajenado o cambiado el régimen de propiedad de sus bienes o permitido gravámenes sobre los mismos, cuando estos están garantizando un crédito, sin consentimiento previo del acreedor.

g)    Se encuentren en proceso de adjudicación de un bien mueble o inmueble.

h)    El otorgante del crédito haya sido favorecido por una resolución judicial en una demanda interpuesta contra el solicitante.

VII.    Criterios que permitan evaluar el nivel de endeudamiento de los acreditados en función de las distintas obligaciones que se registren en los reportes de crédito.

Las Sociedades incorporarán en sus manuales de crédito las mencionadas políticas y procedimientos, observando lo previsto por el Capítulo II del presente Título, de conformidad con el nivel de activos que tenga cada Sociedad.

Artículo 193.- La Comisión, en ejercicio de sus facultades de supervisión y vigilancia, podrá vetar u ordenar modificaciones a dichas políticas y procedimientos, cuando no cumplan con lo dispuesto en el presente capítulo.

TITULO CUARTO

DE LA INFORMACION FINANCIERA Y SU REVELACION Y DE LA VALUACION DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO

Capítulo I

De los criterios de contabilidad

Artículo 194.- Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV, se ajustarán a los criterios de contabilidad a que se refieren las disposiciones del presente capítulo.

Al respecto, los términos definidos en el Artículo 1 de las presentes disposiciones no son aplicables al presente capítulo ni al Anexo E de estas disposiciones. Asimismo, los términos definidos en el Anexo E no son aplicables al resto de las presentes disposiciones.

Para efectos del presente capítulo, por nivel de capitalización se entenderá lo definido al efecto en el propio Artículo 1 de estas disposiciones.

Las consultas, comunicados y autorizaciones relacionadas con lo dispuesto en el presente capítulo, deberán presentarse a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por conducto del Comité de Supervisión Auxiliar.

Artículo 195.- Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV, deberán llevar su contabilidad de acuerdo con los criterios que se adjuntan a las presentes disposiciones como Anexo E, los cuales se encuentran divididos en las series y criterios que a continuación se indican:

Serie A.

Criterios relativos al esquema general de la contabilidad para sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

A-1   Esquema básico del conjunto de criterios de contabilidad aplicables a sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

A-2   Aplicación de normas particulares.

A-3   Aplicación de normas generales.

A-4   Aplicación supletoria a los criterios de contabilidad.

Serie B.

Criterios relativos a los conceptos que integran los estados financieros.

B-1   Disponibilidades.

B-2   Inversiones en valores.

B-3   Reportos.

B-4   Cartera de crédito.

B-5   Bienes adjudicados.

B-6   Avales.

B-7   Custodia y administración de bienes.

B-8   Mandatos.

Serie C.

Criterios aplicables a conceptos específicos.

C-1   Reconocimiento y baja de activos financieros.

C-2   Partes relacionadas.

C-3   Consolidación de entidades de propósito específico.

Serie D.

Criterios relativos a los estados financieros básicos.

D-1   Balance general.

D-2   Estado de resultados.

D-3   Estado de variaciones en el capital contable.

D-4   Estado de flujos de efectivo.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá emitir criterios contables especiales cuando la solvencia o estabilidad de más de una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV, pueda verse afectada por condiciones de carácter sistémico.

Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá autorizar a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV, que lleven a cabo procesos de saneamiento financiero o reestructuración corporativa, registros contables especiales que procuren su adecuada solvencia o estabilidad.

En todo caso, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV, deberán revelar en sus estados financieros, así como en cualquier comunicado público de información financiera, que cuentan con una autorización para aplicar el registro contable especial de que se trata, por encontrarse en un proceso de saneamiento financiero o reestructuración corporativa, o bien, con un criterio contable especial en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo de la presente fracción; una amplia explicación de los criterios o registros contables especiales aplicados, así como los que se debieron haber realizado de conformidad con los criterios de contabilidad generales; los importes que se hubieran registrado y presentado tanto en el balance general como en el estado de resultados de no contar con la autorización para aplicar el criterio o registro contable especial, y una explicación detallada sobre los conceptos y montos por los cuales se realizó la afectación contable, entre otros. Tratándose de estados financieros anuales, dicha revelación deberá hacerse a través de una nota específica a los mismos.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá revocar los criterios o registros especiales referidos, en caso de incumplimiento a los requisitos de revelación antes señalados y los que, en su caso, le sean requeridos por esta.

Capítulo II

De la valuación de Valores

Artículo 196.- Las disposiciones previstas en este capítulo tienen por objeto establecer los requisitos que deberán seguir las Sociedades en materia de valuación de los Valores que formen parte de su balance general.

Artículo 197.- Para efectos del presente capítulo, se entenderá por:

I.        Estado de Cuenta, en singular o plural, al documento a que hace referencia el Artículo 13 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y en el cual se presentan los saldos y detallan los movimientos observados en las operaciones de inversión contratadas por una Sociedad.

II.       Medio de Consulta, en singular o plural, a los medios para realizar la consulta de los Estados de Cuenta por parte de las Sociedades acordados con las entidades financieras, donde aquellas mantengan las cuentas de inversión a que hace referencia el Artículo 13 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

III.      Precio Actualizado para Valuación, al precio de mercado o teórico para cada uno de los Valores, obtenido a partir de los Estados de Cuenta que las entidades financieras entreguen a las Sociedades.

IV.     Valuación Directa a Vector, al procedimiento aplicado por las entidades financieras en las que la Sociedad mantenga cuentas de inversión, para multiplicar el número de títulos en posición por el Precio Actualizado para Valuación reportado en los Estados de Cuenta correspondientes.

V.      Valores, los considerados como tales por la Ley del Mercado de Valores.

Artículo 198.- Las Sociedades deberán considerar como Precio Actualizado para Valuación, al reportado en los Estados de Cuenta que emitan las entidades financieras en las que mantengan cuentas de inversión, o bien, al obtenido a través de los Medios de Consulta que las referidas entidades pongan a su disposición para tal efecto, en el entendido de que dichas entidades financieras deberán valuar los Valores, reportos, así como cualquier operación que sobre dichos Valores se realice que de conformidad con las disposiciones aplicables puedan formar parte del balance general de las Sociedades, aplicando la Valuación Directa a Vector. Tratándose de Cartera de Crédito las Sociedades deberán ajustarse a las disposiciones aplicables en materia de calificación de cartera crediticia.

Artículo 199.- Las Sociedades considerarán como valor razonable de los Valores que conformen su balance general, el Precio Actualizado para Valuación que se obtenga de las entidades financieras en las que mantengan cuentas de inversión conforme a lo previsto en el Artículo 198 de estas disposiciones.

Artículo 200.- Las Sociedades reconocerán diariamente los Precios Actualizados para Valuación que les sean dados a conocer por las entidades financieras en términos de lo señalado por el Artículo 198 de las presentes disposiciones, procediendo en consecuencia a efectuar en su contabilidad los registros correspondientes.

Artículo 201.- El área de auditoría interna de las Sociedades llevará a cabo revisiones periódicas y sistemáticas, acorde con su programa anual de trabajo, que permitan verificar el debido cumplimiento a lo establecido en este capítulo.

Capítulo III

De la revelación de información financiera, estados financieros y textos que se anotarán al calce

Artículo 202.- Las Sociedades se ajustarán a las bases establecidas en el presente capítulo para la formulación, publicación y textos que se anotarán al calce de los estados financieros básicos.

I.        Formulación de estados financieros.

          Las Sociedades deberán formular sus estados financieros básicos de conformidad con los Criterios de Contabilidad a que se refiere el Artículo 195 de las presentes disposiciones, o los que los sustituyan.

          Los estados financieros básicos de las Sociedades se elaborarán, en su caso, en forma consolidada con sus subsidiarias.

          Cuando en las presentes disposiciones se aluda al concepto de estados financieros básicos consolidados de las Sociedades y se trate de aquellas que carezcan de entidades sujetas a consolidación conforme a los criterios de contabilidad, deberá entenderse que se hace referencia a estados financieros individuales.

II.       Expresión de las cifras.

          Las Sociedades expresarán sus estados financieros básicos en miles de pesos, lo que se indicará en el encabezado de los mismos.

III.      Información al calce.

          Las Sociedades deberán anotar al calce de los estados financieros básicos consolidados, las constancias siguientes:

a)    Balance general:

“El presente balance general, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 32, 34 y 40 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.”

b)    Estado de resultados:

“El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV,  emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 32, 34 y 40 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.”

c)     Estado de variaciones en el capital contable:

“El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV,, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 32, 34 y 40 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.”

d)    Estado de flujos de efectivo:

“El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 32, 34 y 40 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.”

          Las Sociedades, en el evento de que existan hechos que se consideren relevantes de conformidad con los criterios de contabilidad, deberán incluir notas aclaratorias por separado para cualquiera de los estados financieros básicos consolidados, expresando tal circunstancia al calce de los mismos con la constancia siguiente: “Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero”.

          Asimismo, las Sociedades anotarán al calce de los estados financieros básicos consolidados a que se refiere el presente artículo, el nombre del dominio de la página electrónica de la red mundial denominada “Internet” de la Comisión, en que se podrá consultar aquella información financiera, que en cumplimiento de las disposiciones de carácter general, se le proporciona periódicamente tanto a dicha Comisión, como al Comité de Supervisión Auxiliar.

          Tratándose del balance general, las Sociedades anotarán al calce de dicho estado financiero, el monto histórico del capital social, desglosándolo en certificados de aportación ordinarios, excedentes o voluntarios y para capital de riesgo.

IV.     Aprobación.

          Los estados financieros básicos consolidados con cifras a marzo, junio y septiembre deberán presentarse para su aprobación al Consejo de Administración dentro del mes inmediato siguiente al de su fecha, acompañados con la documentación complementaria de apoyo necesaria, a fin de que dicho consejo cuente con elementos suficientes para conocer y evaluar las operaciones de mayor importancia determinantes de los cambios fundamentales ocurridos durante el ejercicio correspondiente.

          Tratándose de los estados financieros básicos consolidados anuales, estos deberán presentarse para su aprobación al Consejo de Administración de la Sociedad dentro de los 60 días naturales siguientes al de cierre del ejercicio respectivo.

V.      Suscripción.

          Los estados financieros básicos consolidados, trimestrales y anuales de las Sociedades deberán estar suscritos, al menos, por el Director o Gerente General.

VI.     Fechas de publicación.

          Las Sociedades deberán hacer del conocimiento de sus Socios, mediante avisos colocados en lugar visible de sus sucursales su balance general y estado de resultados consolidados con cifras a marzo, junio y septiembre del ejercicio de que se trate, dentro del mes inmediato siguiente al de su fecha de cierre respectiva, así como los estados financieros anuales consolidados dictaminados por un auditor externo independiente, incluyendo sus notas, dentro de los 60 días naturales siguientes al de cierre del ejercicio de que se trate.

          Adicionalmente a lo señalado en el párrafo anterior, las Sociedades deberán hacer del conocimiento de sus socios, las notas aclaratorias a que se refiere la fracción III del presente artículo, el Nivel de Capitalización sobre activos sujetos a riesgo que se determine conforme a lo dispuesto por la Sección Segunda del Capítulo II del Título Tercero de las presentes disposiciones, así como el resultado de la calificación de su cartera crediticia en el formato que integra el Anexo F de las presentes disposiciones.

          El Comité de Supervisión Auxiliar elaborará una breve explicación del concepto de Nivel de Capitalización, así como de las categorías de capitalización a que se refiere el Artículo 77 de la Ley, a fin de incluirlos en los avisos en las sucursales con el fin de facilitar a los Socios su lectura e interpretación.

          En adición a lo anterior, las Sociedades deberán enviar dentro de los mismos plazos sus estados financieros a la Comisión, en términos de lo señalado por el Artículo 311 de las presentes disposiciones, a fin de que ésta los publique a través de su página de Internet.

VII.    Correcciones.

          La Comisión o el Comité de Supervisión Auxiliar, podrán ordenar correcciones a los estados financieros básicos que mediante avisos colocados en lugar visible de sus sucursales, se hayan hecho del conocimiento de sus Socios, así como aquellos que reciba la Comisión con el fin de publicarlos en su página de Internet, en el evento de que existan hechos que se consideren relevantes de conformidad con los criterios de contabilidad para las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV.

          Los estados financieros respecto de los cuales la Comisión o el Comité de Supervisión Auxiliar ordenen correcciones y que ya hubieren sido publicados deberán ser nuevamente publicados con las modificaciones correspondientes dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación de la resolución correspondiente, indicando las correcciones que se efectuaron, su impacto en las cifras de los estados financieros y las razones que las motivaron.

VIII.   Entrega y presentación de información.

          Las Sociedades deberán entregar al Comité de Supervisión Auxiliar y a la Comisión, dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha en que se hubieren presentado para la aprobación del Consejo de Administración los estados financieros básicos consolidados dictaminados de cierre del ejercicio correspondiente, copia certificada del acta de la junta de dicho consejo en que hayan sido aprobados los estados financieros, así como el informe del Consejo de Vigilancia y un informe anual del Director o Gerente General de la Sociedad.

El informe anual a que hace referencia el párrafo anterior, deberá incluir los comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la Sociedad, el cual deberá contener información que facilite el análisis y la comprensión de los cambios importantes ocurridos en los resultados de operación y en la situación financiera de la Sociedad y deberá estar suscrito al menos, por el Director o Gerente General de la Sociedad, incluyendo al calce la leyenda siguiente:

“El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de mis funciones, prepare la información relativa a la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo contenida en el presente informe anual, la cual, a mi leal saber y entender, refleja razonablemente su situación”.

La información que deberá incluirse en dicho informe es la que no aparece expresamente en los estados financieros básicos consolidados, por lo que no solo deberá mencionar cuánto crecieron o decrecieron los distintos rubros que integran los estados financieros básicos consolidados, sino la razón de estos movimientos, así como aquellos eventos conocidos por la administración que puedan provocar que la información difundida no sea indicativa de los resultados de operación futuros y de la situación futura de la Sociedad.

Al respecto, en el informe se deberá identificar cualquier tendencia, compromiso o acontecimiento conocido que pueda afectar significativamente la liquidez de la Sociedad, sus resultados de operación o su situación financiera, tales como cambios en la participación de mercado, incorporación de nuevos competidores, modificaciones normativas, lanzamiento y cambio en productos, entre otros. También identificará el comportamiento reciente en los siguientes conceptos:

a)    Intereses, comisiones y tarifas.

b)    Resultado por intermediación.

c)     Gastos de administración y promoción.

d)    Descripción de las fuentes internas y externas de liquidez, así como una breve descripción de cualquier otra fuente de recursos importante aún no utilizada.

e)    Política de pagos de excedentes o reinversión de los mismos que la sociedad pretenda seguir en el futuro.

f)     Políticas que rigen la tesorería de la Sociedad.

g)    Principales características y restricciones del fondo de reserva

h)    Monto y el destino de los recursos prescritos a su favor en términos del Artículo 24 de la Ley.

i)      Hasta el punto que se considere relevante, la Sociedad deberá explicar los cambios ocurridos en los principales rubros del balance general del último ejercicio, así como una explicación general en la evolución de los mismos en los últimos tres ejercicios.

Capítulo IV

Auditores externos independientes e informes de auditoría

Sección Primera

Disposiciones generales

Artículo 203.- Las Sociedades deberán contratar para la dictaminación de sus estados financieros básicos consolidados, los servicios de un despacho. Al efecto, las Sociedades, los despachos y los auditores externos independientes, deberán apegarse a las disposiciones establecidas en el presente capítulo.

Artículo 204.- El Consejo de Administración de la Sociedad deberá aprobar la contratación del despacho, así como los servicios adicionales a los de auditoría que, en su caso, preste el referido despacho.

Las Sociedades deberán informar a la Comisión y al Comité de Supervisión Auxiliar, la clase de servicios adicionales que, en su caso, hubiera contratado con el despacho, así como el monto de la remuneración que se pague por dichos servicios adicionales, exponiendo las razones por las cuales ello no afecta la independencia del auditor, tomando en cuenta para esto último, la relevancia potencial que el resultado del servicio prestado pudiera tener en los estados financieros básicos consolidados de la Sociedad, así como la remuneración que por dichos servicios se pague en relación con la de auditoría. La información de que se trata, deberá proporcionarse a la Comisión y al Comité de Supervisión Auxiliar dentro de los 30 días hábiles posteriores a la sesión del Consejo de Administración en que se apruebe la citada contratación, y con anterioridad a la prestación de los servicios adicionales a que se refiere este párrafo.

Sección Segunda

De las características y requisitos que deberán cumplir los despachos de auditoría externa y los auditores externos independientes

Artículo 205.- El auditor externo que dictamine los estados financieros básicos consolidados de las Sociedades, así como el despacho al que pertenezca, deberán ser independientes a la fecha de celebración del contrato de prestación de servicios y durante el desarrollo de la auditoría. Se considerará que no existe independencia cuando la persona o despacho de que se trate, se ubique en alguno de los supuestos siguientes:

I.        Los ingresos que perciba el despacho, provenientes de la Sociedad, sus subsidiarias, asociadas o afiliadas, derivados de la prestación de sus servicios, representen en su conjunto el 10 por ciento o más de los ingresos totales del despacho durante el año inmediato anterior a aquel en que pretenda prestar el servicio.

II.       El auditor externo, el despacho en el que labore o algún socio o empleado del despacho haya sido cliente o proveedor importante de la Sociedad, sus subsidiarias, asociadas o afiliadas, durante el año inmediato anterior a aquel en que pretenda prestar el servicio.

          Se considera que un cliente o proveedor es importante cuando sus ventas o, en su caso, compras a la Sociedad, sus subsidiarias, asociadas o afiliadas, representen en su conjunto el 20 por ciento o más de sus ventas totales o, en su caso, compras totales.

III.      El auditor externo o algún socio del despacho en el que labore, sean o hayan sido durante el año inmediato anterior a su designación como auditor, consejero, director o gerente general o empleado que ocupe un cargo dentro de los dos niveles inmediatos inferiores a este último en la Sociedad, sus subsidiarias, asociadas o afiliadas.

IV.     El auditor externo, el despacho en el que labore, algún socio o empleado del mismo, el cónyuge, la concubina, el concubinario o dependiente económico de las personas físicas anteriores, tengan inversiones en certificados de aportación emitidos por la Sociedad por más del 1 por ciento de su capital social, así como inversiones en títulos de sus subsidiarias, asociadas o afiliadas.

V.      El auditor externo, el despacho en el que labore, algún socio o empleado del mismo, el cónyuge, la concubina, el concubinario o dependiente económico de las personas físicas anteriores, mantenga con la Sociedad, sus subsidiarias, asociadas o afiliadas, deudas por préstamos o créditos de cualquier naturaleza, salvo que se trate de adeudos por tarjeta de crédito, por financiamientos destinados a la compra de bienes de consumo duradero y por créditos hipotecarios para la adquisición de inmuebles, siempre y cuando estos sean otorgados en condiciones de mercado.

VI.     La Sociedad, sus subsidiarias, afiliadas o asociadas tengan inversiones en el despacho que realiza la auditoría.

VII.    El auditor externo, el despacho en el que labore, o algún socio o empleado del despacho, proporcione a la Sociedad, adicionalmente al de auditoría, cualquiera de los servicios siguientes:

a)    Preparación de la contabilidad, de los estados financieros básicos consolidados de la Sociedad, sus subsidiarias, asociadas o afiliadas, así como de los datos que utilice como soporte para elaborar los mencionados estados financieros básicos consolidados o alguna partida de estos.

b)    Operación, directa o indirecta, de los sistemas de información financiera de la Sociedad, o bien, administración de su red local.

c)     Operación, supervisión, diseño o implementación de los sistemas informáticos (hardware y software) de la Sociedad, que concentren datos que soportan los estados financieros básicos consolidados o generen información significativa para la elaboración de estos.

d)    Valuaciones, avalúos o estimaciones que en lo individual o en su conjunto sean relevantes para los estados financieros básicos consolidados dictaminados por el auditor externo, excepto aquellos relacionados con precios de transferencia para fines fiscales.

Se considera que las valuaciones, avalúos o estimaciones son relevantes para los estados financieros básicos consolidados de la Sociedad, cuando el monto de estos, en lo individual o en su conjunto, representan el 10 por ciento o más de sus activos totales consolidados, al cierre del ejercicio inmediato anterior en que se pretenda prestar dicho servicio.

e)    Administración, temporal o permanente, participando en las decisiones de la Sociedad.

f)     Auditoría interna relativa a estados financieros básicos consolidados y controles contables.

g)    Reclutamiento y selección de personal de la Sociedad para que ocupen cargos de Director o Gerente General o de los dos niveles inmediatos inferiores al de este último.

h)    Contenciosos ante tribunales o cuando el auditor externo, el despacho en el que labore, o algún socio o empleado del mismo, cuente con poder general con facultades de dominio, administración o pleitos y cobranzas otorgado por la Sociedad.

i)      Elaboración de opiniones que, conforme a las leyes que regulan el sistema financiero mexicano, requieran ser emitidas por licenciados en derecho.

j)      Cualquier otro que implique o pudiera implicar conflictos de interés respecto al trabajo de auditoría externa.

VIII.   Los ingresos que el auditor externo perciba o vaya a percibir por auditar los estados financieros de la Sociedad, dependan del resultado de la propia auditoría o del éxito de cualquier operación realizada por la Sociedad que tenga como sustento el dictamen de los estados financieros del auditor externo.

IX.     El auditor externo, el despacho, algún socio o empleado del mismo, se ubique en alguno de los supuestos que prevea el Código de Etica Profesional del colegio profesional reconocido por la Secretaría de Educación Pública al cual pertenezca o, a falta de este, el emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., o el que lo sustituya, como causales de parcialidad en el juicio para expresar su opinión y que no se encuentren previstos en el presente capítulo.

X.      El despacho del que sea socio el auditor externo, tenga cuentas pendientes de cobro con la Sociedad por honorarios provenientes del servicio de auditoría o por algún otro servicio.

Artículo 206.- El auditor externo independiente que dictamine los estados financieros básicos consolidados de las Sociedades deberá reunir los requisitos siguientes:

I.        Ser socio del despacho contratado por la Sociedad para prestar los servicios de auditoría externa. A este respecto, el citado despacho deberá ajustarse a lo previsto en los Artículos 209 y 210 de las presentes disposiciones.

II.       Contar con registro vigente ante la Administración General de Auditoría Fiscal Federal de la Secretaría.

III.      Contar con experiencia profesional mínima de 5 años en labores de auditoría externa relacionada con entidades del sector financiero, o bien, 10 años en otros sectores.

Artículo 207.- El auditor externo independiente adicionalmente, a la fecha de celebración del contrato de prestación de servicios y durante el desarrollo de la auditoría, deberá cumplir con los requisitos siguientes:

I.        No haber sido expulsado, o bien, encontrarse suspendido de sus derechos como miembro de la asociación profesional a la que, en su caso, pertenezca.

II.       No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o doloso que haya ameritado pena corporal.

III.      No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como quebrado o concursado sin que haya sido rehabilitado.

IV.     No tener antecedentes de suspensión o cancelación de alguna certificación o registro que para fungir como auditor externo independiente se requiera, por causas imputables a la persona y que hayan tenido su origen en conductas dolosas o de mala fe.

V.      No haber sido, ni tener ofrecimiento para ser consejero o directivo de la Sociedad, sus subsidiarias, asociadas o afiliadas.

VI.     No tener litigio alguno pendiente con la Sociedad, sus subsidiarias, asociadas o afiliadas.

Artículo 208.- El auditor externo independiente, en su condición de socio, así como el gerente y el encargado de la auditoría que laboren en el despacho, no podrán participar en esta o dictaminar los estados financieros básicos consolidados de la misma Sociedad, por más de 5 años consecutivos, pudiendo ser designados nuevamente después de una interrupción mínima de 2 años.

Adicionalmente, se deberá rotar a juicio del auditor externo independiente encargado de la dictaminación, al personal involucrado en la práctica de auditoría.

Artículo 209.- El despacho deberá contar con un manual de políticas y procedimientos, que incluya un apartado específico para auditoría de entidades del sector financiero, que le permitan mantener un adecuado control de calidad en la prestación del servicio de auditoría y vigilar el cumplimiento de los requisitos de independencia a que hace referencia el Artículo 205 de estas disposiciones. Al respecto, las políticas y procedimientos deberán diseñarse e implementarse para asegurar que todos los trabajos de auditoría que realice el personal de los despachos, se efectúen de acuerdo con las normas a que se refiere el primer párrafo del Artículo 218 de las presentes disposiciones, así como con los lineamientos del Código de Etica Profesional a que se refiere la fracción IX del Artículo 205 de estas disposiciones.

El manual de políticas y procedimientos sobre control de calidad deberá prever cuando menos lo siguiente:

I.        Que las políticas y procedimientos son aplicables a todos los niveles del personal que realice trabajos de auditoría externa.

II.       Políticas para la conservación de los documentos probatorios que permitan demostrar su implementación.

III.      Políticas y procedimientos que determinen claramente las funciones y responsabilidades de los socios y empleados encargados de realizar la auditoría, en los que se incluyan la obtención de compromisos de confidencialidad por parte de dichas personas.

IV.     Programas internos de capacitación permanente para empleados y socios del despacho, que aseguren la obtención de los conocimientos técnicos, éticos y de independencia necesarios para llevar a cabo el trabajo de auditoría. Asimismo, deberá conservarse un registro de dichos programas con las observaciones necesarias que permitan identificar y dar seguimiento al desarrollo de cada empleado y socio.

V.      Sistemas que permitan a los socios y empleados contar con información periódica de las Sociedades respecto de las cuales deben mantener independencia.

VI.     Mecanismos de comunicación permanente con los socios o empleados, a fin de solicitarles información que le permita al despacho identificar el grado de apego a los criterios de independencia establecidos en las presentes disposiciones.

VII.    Procedimientos que permitan verificar que la información contenida en los papeles de trabajo y bases de datos, se encuentra reflejada adecuadamente en la opinión o informe emitido, así como la información financiera dictaminada.

VIII.   Procedimientos disciplinarios que aseguren el cumplimiento de las políticas señaladas en el presente artículo.

Artículo 210.- El despacho deberá participar en un programa de evaluación de calidad que contemple, al menos, lo siguiente:

I.        El grado de apego a las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, “International Auditing and Assurance Standards Board” de la Federación Internacional de Contadores, “International Federation of Accountants”, así como a la Norma de Control de Calidad, el Marco de Referencia para Trabajos de Aseguramiento y las Normas para Atestiguar, Revisión y otros Servicios Relacionados emitidas por la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. a que hace referencia el Artículo 218 de estas disposiciones.

II.       El contenido y grado de apego al manual a que hace referencia el Artículo 209 de las presentes disposiciones.

El programa de evaluación de calidad a que hace referencia el presente artículo deberá ajustarse a las políticas, normas que al efecto establezca la Comisión mediante disposiciones de carácter general.

Asimismo, el auditor externo independiente y el despacho, deberán mantener un adecuado control de calidad en las auditorías que practiquen a las Sociedades, de conformidad con lo previsto, por lo menos, en la metodología contenida en la Norma Internacional de Auditoría 220 “Control de calidad de la auditoría de estados financieros”, o el que lo sustituya, de las emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, “International Auditing and Assurance Standards Board” de la Federación Internacional de Contadores, “International Federation of Accountants”.

Artículo 211.- El despacho será responsable de asegurarse de que su personal cumpla con las normas profesionales aplicables y los requisitos profesionales de calidad, capacidad técnica y para el desarrollo de su trabajo a que hace referencia el presente capítulo.

Artículo 212.- Las Sociedades deberán recabar de los funcionarios responsables de rubricar los estados financieros dictaminados de la Sociedad, en términos de lo dispuesto por el Capítulo III del Título Cuarto de las presentes disposiciones, una declaración bajo protesta de decir verdad en la que manifiesten lo siguiente:

I.        Que han revisado la información presentada en los estados financieros básicos consolidados dictaminados a que hacen referencia las presentes disposiciones.

II.       Que los citados estados financieros básicos consolidados dictaminados no contienen información sobre hechos falsos, así como que no han omitido algún hecho o evento relevante, que sea de su conocimiento, que pudiera resultar necesario para su correcta interpretación a la luz de las disposiciones bajo las cuales fueron preparados.

III.      Que los estados financieros básicos consolidados dictaminados antes mencionados y la información adicional a estos, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera y los resultados de las operaciones de la Sociedad.

IV.     Que se han establecido y mantenido controles internos, así como procedimientos relativos a la revelación de información relevante.

V.      Que se han diseñado controles internos con el objetivo de asegurar que los aspectos importantes y la información relacionada con la Sociedad, subsidiarias, afiliadas o asociadas se hagan del conocimiento de la administración.

VI.     Que han evaluado la eficacia de los controles internos con 90 días de anticipación a la fecha del dictamen financiero.

VII.    Que han revelado a los auditores externos y al Consejo de Vigilancia mediante comunicaciones oportunas todas las deficiencias detectadas en el diseño y operación del control interno que pudieran afectar de manera adversa, entre otras, a la función de registro, proceso y reporte de la información financiera.

VIII.   Que han revelado a los auditores externos y al Consejo de Vigilancia cualquier presunto fraude o irregularidad, que sea de su conocimiento e involucre a la administración o a cualquier otro empleado que desempeñe un papel importante relacionado con los controles internos.

La declaración a que hace referencia el presente artículo, deberá remitirse a la vicepresidencia de la Comisión encargada de su supervisión y al Comité de Supervisión Auxiliar, de manera conjunta con el dictamen del auditor externo independiente, así como los estados financieros dictaminados y sus notas, dentro de los 90 días naturales a partir del cierre del ejercicio al que corresponda el dictamen e información de que se trate.

Artículo 213.- Las Sociedades deberán recabar del auditor externo independiente, una declaración bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que cumple con los requisitos siguientes:

I.        Que es contador público o licenciado en contaduría pública y es socio del despacho contratado para la prestación profesional de servicios de auditoría externa.

II.       Que tanto él como el despacho de auditoría externa en el que labora, cuentan con registro vigente expedido por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal de la Secretaría, señalando los números de registro y las fechas de su expedición.

III.      Que cuenta con experiencia profesional mínima de 5 años en labores de auditoría externa relacionada con entidades del sector financiero, o bien, 10 años en otros sectores.

IV.     Que cumple con los requisitos de independencia a que se refieren los Artículos 205 y 208, así como que el despacho se ajusta a lo previsto en los Artículos 205, 209 y 210, en relación con el Artículo 218, todos de las presentes disposiciones.

V.      Que no ha sido expulsado o se encuentra suspendido de sus derechos como miembro de la asociación profesional a la que, en su caso, pertenezca.

VI.     Que no se le ha impuesto condena por sentencia irrevocable por delito patrimonial doloso que haya ameritado pena corporal.

VII.    Que no está inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano, ni ha sido declarado como quebrado o concursado sin que haya sido rehabilitado.

VIII.   Que no ha tenido antecedentes de suspensión o cancelación de alguna certificación o registro que para fungir como auditor externo independiente se requiera, por causas imputables a la persona y que hayan tenido su origen en conductas dolosas o de mala fe.

IX.     Que no ha sido, ni tiene ofrecimiento para ser consejero o directivo de la Sociedad, sus subsidiarias, asociadas o afiliadas.

X.      Que no tiene litigio alguno pendiente con la Sociedad, sus subsidiarias, asociadas o afiliadas.

XI.     Que se ha apegado al manual de políticas y procedimientos del despacho, lo cual le ha permitido mantener un adecuado control de calidad durante el desarrollo de la auditoría.

XII.    Que el despacho cuenta con un programa de evaluación de calidad que se ajusta a los requisitos que se contemplan en el Artículo 210 de las presentes disposiciones, haciendo mención para tal efecto de las normas de auditoría que se utilizan y que contempla el grado de apego al manual de políticas y procedimientos.

El auditor externo independiente al formular la declaración bajo protesta a que se refiere el presente artículo, otorgará su consentimiento expreso para proporcionar a la Comisión y al Comité de Supervisión Auxiliar, la información que le requieran a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos anteriores, así como para quedar obligado a conservar la información que ampare su cumplimiento, en sus oficinas, físicamente o a través de imágenes en formato digital, en medios ópticos o magnéticos, por un plazo mínimo de 5 años contado a partir de que concluya la auditoría.

La declaración de que se trata y el documento en el que conste el consentimiento de quedar obligado en los términos del párrafo anterior, deberá remitirse a la Vicepresidencia Jurídica de la Comisión y al Comité de Supervisión Auxiliar, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato de prestación de servicios que corresponda.

Artículo 214.- Las Sociedades deberán remitir a la vicepresidencia de la Comisión encargada de su supervisión y al Comité de Supervisión Auxiliar, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la contratación del despacho para la prestación del servicio de auditoría externa, copia autentificada por el secretario del Consejo de Administración, relativa al acuerdo por el cual dicho órgano aprueba la citada contratación.

Artículo 215.- La sustitución del auditor externo independiente, o bien, del despacho encargado de la auditoría, realizada por alguna Sociedad, deberá ser aprobada por su Consejo de Administración e informada a la Comisión y al Comité de Supervisión Auxiliar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la sesión del Consejo de Administración en que se hubiere aprobado, exponiendo las razones que la motivan y anexando la documentación procedente para dar cumplimiento a las presentes disposiciones. En este caso, la propia Comisión o el Comité de Supervisión Auxiliar podrán realizar consulta con el auditor externo independiente o el despacho de auditoría externa correspondiente, para conocer su punto de vista respecto a las razones que motivan su sustitución.

Artículo 216.- La Comisión o el Comité de Supervisión Auxiliar podrán observar al auditor externo independiente de las Sociedades las omisiones o desviaciones a las presentes disposiciones.  Asimismo, la Comisión podrá ordenar la sustitución del auditor externo independiente y, en su caso, del despacho encargado de la auditoría, cuando se deje de cumplir de manera grave o reiterada con lo establecido en el presente capítulo.

Artículo 217.- La Sociedad deberá proporcionar a la vicepresidencia de la Comisión encargada de su supervisión y al Comité de Supervisión Auxiliar, copia del contrato de auditoría en el que se señale el ejercicio por el cual el despacho de auditoría externa le prestará sus servicios. Dicho contrato deberá presentarse debidamente rubricado por el representante legal del despacho de auditoría externa, así como por el funcionario autorizado para la celebración de este tipo de contratos por parte de la Sociedad.

Las Sociedades deberán presentar la documentación a que se hace referencia en el párrafo anterior dentro de los 30 días hábiles posteriores a la celebración del contrato de prestación de servicios correspondiente.

Sección Tercera

Del trabajo de los despachos de auditoría externa y de los auditores externos independientes

Artículo 218.- La realización del trabajo de auditoría externa se deberá apegar, por lo menos, a las Normas Internacionales de Auditoría, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, “International Auditing and Assurance Standards Board” de la Federación Internacional de Contadores, “International Federation of Accountants”, así como con la Norma de Control de Calidad, el Marco de Referencia para Trabajos de Aseguramiento y las Normas para Atestiguar, Revisión y otros Servicios Relacionados, emitidas por la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., y a los procedimientos específicos que atiendan a las características particulares de operación de las Sociedades.

Las opiniones y el informe a que se refieren los incisos a) y b) de la fracción II del Artículo 220 de las presentes disposiciones, deberán elaborarse de conformidad, por lo menos, con la metodología contenida en la Norma Internacional de Auditoría 805 “Consideraciones especiales – Auditorías de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero”  o el que lo sustituya de las Normas Internacionales de Auditoría, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, “International Auditing and Assurance Standards Board” de la Federación Internacional de Contadores “International Federation of Accountants”,  el Boletín 11010 “Informe del contador público sobre el resultado de la aplicación de procedimientos convenidos” y el Boletín 7030 “Informe sobre el examen del control interno relacionado con la preparación de la información financiera”, respectivamente, o los que los sustituyan, de las Normas para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados, emitidas por la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

La Sociedad cuyo auditor externo independiente pretenda utilizar una metodología diversa a la señalada en el párrafo anterior, deberá obtener la previa autorización de la Comisión, para lo cual deberá recabar del auditor externo independiente y acompañar a los documentos que al efecto emita este último, la información que evidencie las diferencias que resultarían de la aplicación de las normas, procedimientos o metodologías alternativas y el apego a la normativa mínima de referencia establecida en las presentes disposiciones, incluyendo lo siguiente:

I.        Una declaración bajo protesta de decir verdad, asentando que las normas, procedimientos o metodologías alternativas utilizadas:

a)    Son vigentes con carácter definitivo.

b)    Gozan de aceptación generalizada en el país de origen.

c)     No se contraponen a los conceptos generales establecidos en las Normas Internacionales de Auditoría, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, “International Auditing and Assurance Standards Board” de la Federación Internacional de Contadores, “International Federation of Accountants”, así como con la Norma de Control de Calidad, el Marco de Referencia para Trabajos de Aseguramiento y las Normas para Atestiguar, Revisión y otros Servicios Relacionados, emitidas por la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

II.       Un estudio sobre el empleo de las normas, procedimientos o metodologías diversos, especificando pormenorizada y comparativamente tales normas, procedimientos o metodologías, en relación con las establecidas como el referente mínimo, señalando con criterios técnicos la razón por la cual existe equivalencia entre estas y las referidas en las Normas citadas en el tercer párrafo del Artículo 210 de estas disposiciones y los párrafos primero y segundo del presente artículo.

En caso de obtenerse la autorización correspondiente, adicionalmente a los documentos que emita el auditor externo independiente, se deberá acompañar un análisis comparativo entre los resultados del empleo de las normas, procedimientos o metodologías utilizadas alternativamente y aquellos que, en su caso, resultarían de las identificadas como el mínimo establecido, evidenciando el beneficio del empleo de las primeras.

La Comisión podrá establecer requerimientos adicionales que deban satisfacer las auditorías externas, atendiendo a la problemática particular que presente la Sociedad.

Artículo 219.- La documentación y papeles de trabajo propiedad de la Sociedad que soporten el dictamen de los estados financieros, deberán conservarse en sus oficinas, físicamente o a través de imágenes en formato digital, en medios ópticos o magnéticos, por un plazo mínimo de 5 años contado a partir de que concluya la auditoría.

Durante el transcurso de la auditoría y dentro del plazo señalado de 5 años, los auditores externos independientes estarán obligados a poner a disposición de la Comisión y del Comité de Supervisión Auxiliar los documentos y papeles de trabajo que soporten la elaboración de su dictamen. En su caso, dichos documentos serán revisados conjuntamente con el auditor externo independiente, para lo cual la propia Comisión o el Comité de Supervisión Auxiliar podrán requerir la presencia del auditor externo independiente a fin de que este le suministre o amplíe los informes o elementos de juicio que sirvieron de base para la formulación de su opinión o informe.

Sección Cuarta

De las opiniones e informes de auditoría externa independiente

Artículo 220.- Las Sociedades deberán presentar a la vicepresidencia de la Comisión encargada de su supervisión y al Comité de Supervisión Auxiliar el dictamen del auditor externo independiente, incluyendo los estados financieros básicos consolidados dictaminados, elaborados, aprobados y suscritos de conformidad con lo señalado en el Capítulo III del Título Cuarto de las presentes disposiciones y sus notas relativas, así como las opiniones, informes y comunicados que emita el auditor y que a continuación se describen, los cuales deberán incorporar, por lo menos, lo siguiente:

I.        Los ajustes de auditoría propuestos por el auditor externo independiente, con independencia de que se hubieren o no incorporado a los estados financieros dictaminados.

II.       Las opiniones, informes y comunicados que a continuación se mencionan:

a)    Opinión respecto a lo siguiente:

1.     La razonabilidad de la determinación de la participación de los trabajadores en las utilidades diferida que mantenga la Sociedad de que se trate, incluyendo la viabilidad sobre la materialización en el activo reconocido por este concepto de conformidad con los Criterios de Contabilidad, así como la presentación de los efectos en los resultados del ejercicio de acuerdo a la partida que le dio origen.

2.     El adecuado reconocimiento y determinación con base en estudios actuariales del pasivo por beneficios a los empleados, de los ajustes que se deriven de la reducción y/o liquidación anticipada de las obligaciones, de la valuación de los activos constituidos por cada tipo de plan de beneficios al retiro, y, en su caso, opinión respecto de la creación de la provisión para otros beneficios al retiro, como pueden ser los de protección a la salud, de conformidad con los Criterios de Contabilidad, así como del destino de los recursos del fondo exclusivamente al pago de los beneficios a los empleados.

3.     El apego y cumplimiento a las disposiciones establecidas, así como a la razonabilidad de la clasificación y valuación de las inversiones en valores y de las transferencias efectuadas entre categorías y alcance de su revisión.

b)    Opinión e informe, mediante los cuales:

1.     Informe, de acuerdo al programa de auditoría externa, cuál fue el alcance final de su examen de la cartera de crédito, especificando el porcentaje examinado y el criterio de selección de la muestra utilizado.

        Adicionalmente, emita opinión sobre el estado que guarda la cartera crediticia, parámetros y metodología para la consecuente razonabilidad de la estimación preventiva para riesgos crediticios constituida a la fecha del informe.

2.     Informe, en su caso, las conductas ilícitas u operaciones prohibidas que haya detectado, cometidas en perjuicio del patrimonio de la Sociedad, independientemente de que tengan o no efectos en su información financiera. Adicionalmente, deberán señalarse aquellas operaciones celebradas por la Sociedad en que hubiere otorgado créditos a terceros en contravención a su régimen autorizado.

Asimismo, emita opinión respecto a si el otorgamiento de los créditos que hubieren efectuado es consistente con las políticas y procedimientos que para ello hubieren sido establecidas por la Sociedad de que se trate.

3.     Informe de la documentación que la Sociedad presentó, en su caso, durante el ejercicio a la Secretaría, y a la Comisión, es congruente con los registros contables. Este informe estará basado en las pruebas selectivas que al efecto lleve a cabo el auditor.

4.     Informe final de observaciones y sugerencias presentado a la Sociedad, incluyendo las observaciones en materia de control interno.

La entrega del dictamen del auditor externo independiente a la Comisión, incluyendo los estados financieros básicos consolidados, sus notas relativas, así como los informes, opiniones y comunicados a que se refiere el presente artículo, deberá realizarse dentro de los 90 días naturales siguientes al cierre del ejercicio.

Los estados financieros básicos consolidados dictaminados y sus notas relativas, deberán presentarse para su aprobación a la Asamblea General de Socios.

La Comisión o el Comité de Supervisión Auxiliar, en su caso, podrán formular a las Sociedades requerimientos de información sobre la labor de los auditores externos independientes. Asimismo, la Comisión podrá efectuar a los propios auditores externos independientes, requerimientos de información adicional específica relacionada con sus labores.

Artículo 221.- Los auditores externos independientes, en todo caso, cuando en el curso de la auditoría encuentren irregularidades o cualquier otra situación que, con base en su juicio profesional, pongan en peligro la estabilidad, liquidez o solvencia de la Sociedad auditada, o bien, haya sido cometida en detrimento del patrimonio de la Sociedad, con independencia de que tenga o no efectos en la información financiera de la misma, sin perjuicio de las penas o sanciones a las que se haga acreedora la Sociedad de conformidad con la legislación aplicable, deberán presentar de inmediato al presidente del Consejo de Administración, al Consejo de Vigilancia y, en su caso, al Auditor Interno correspondiente, así como a la vicepresidencia de la Comisión encargada de su supervisión y al Comité de Supervisión Auxiliar, un informe detallado sobre la situación observada.

Se considerarán de manera enunciativa mas no limitativa a los siguientes hechos detectados como irregularidades: incumplimiento de la normatividad aplicable; destrucción, alteración o falsificación de registros contables físicos o electrónicos; realización de actividades no permitidas por la legislación aplicable, entre otros.

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo dará lugar a la sustitución del auditor externo independiente.

Artículo 222.- Las Sociedades con Niveles de Operaciones I y II, estarán exentas de auditar sus estados financieros anuales, siempre y cuando el valor de sus activos sea inferior a lo que determine el Código Fiscal de la Federación en su Artículo 32-A como supuesto para no encontrarse obligadas a dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales en los términos del Artículo 52 del propio código.

Capítulo V

Microfilmación y digitalización de documentos relacionados con las operaciones activas, pasivas y de servicios

Sección Primera

De la Microfilmación y Grabación en general

Artículo 223.- Las Sociedades deberán apegarse a las bases técnicas establecidas en el presente capítulo para la Microfilmación o Grabación de los libros, registros y documentos relativos a las operaciones activas, pasivas y de servicios de dichas Sociedades, así como para los demás documentos relacionados con su contabilidad.

Artículo 224.- Las Sociedades, al conservar todos aquellos libros, registros y documentos en general que obren en su poder, relativos a sus operaciones activas, pasivas, de servicios y demás documentos relacionados con su contabilidad, podrán utilizar la Microfilmación, Grabación, o bien, cualquier otro medio que para tal efecto les autorice la Comisión.

La Microfilmación o Grabación que lleven a cabo las Sociedades, deberá sujetarse a los procedimientos de control interno y a las bases técnicas que se contienen en los Anexos G y H de las presentes disposiciones, según corresponda.

La utilización de sistemas o medios para la conservación de libros, registros y documentos en general, distintos a la Microfilmación o Grabación, o cuando estos no cumplan con las bases técnicas a que se refiere el presente capítulo, requerirán de autorización de la Comisión a fin de estar en condiciones de llevar a cabo dichos procesos en cumplimiento a lo previsto en el Artículo 33 de la Ley, acompañando a la solicitud respectiva las especificaciones de las bases técnicas que utilizarán para la conservación o manejo de la información que corresponda.

Las Sociedades en los procesos a que se refiere el presente artículo, deberán ajustarse, adicionalmente, a lo establecido en los numerales 4.3, 4.4 y 5 y al apéndice normativo de la Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2002, Prácticas comerciales-Requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2002 o la que la sustituya. Lo anterior, una vez que dicha norma haya entrado en vigor conforme a lo previsto en su Artículo Unico Transitorio.

Las Sociedades deberán asegurar la inalterabilidad de los datos, cifras y, en su caso, características de literalidad de los libros, registros y documentos originales objeto de Microfilmación o Grabación, mediante la tecnología que al efecto utilicen y corroborar que estos correspondan fielmente con su original.

Artículo 225.- Las Sociedades para la Microfilmación o Grabación, podrán aplicar la tecnología estándar existente en el mercado, siempre que reúna los requisitos de seguridad que se establecen en los Anexos G y H de las presentes disposiciones, según corresponda.

El proceso de Microfilmación deberá prever la generación de un índice de los documentos objeto de dichos procesos, en donde se indique, por lo menos, el nombre de este; el lugar de almacenamiento; el tamaño; la fecha y la hora de creación; el número de imágenes y una referencia descriptiva de su contenido, así como la clave del medio en donde se microfilmó la documentación. El índice deberá tener como encabezado, el nombre de la Sociedad y al pie de página contendrá el nombre del operador y del funcionario que verificó la preparación de los documentos, así como el lugar y la fecha en que se realizó la Microfilmación.

Tratándose de los procesos de Grabación, se deberá generar un archivo que contenga los datos antes señalados. Asimismo, se anotará el total de directorios o subdirectorios existentes, el espacio total del medio de almacenamiento y el espacio total ocupado sin considerar el que, en su caso, ocupe el archivo del índice que también sea grabado.

El índice a que se refiere este artículo, deberá constar en un acta firmada por los funcionarios responsables del proceso de Microfilmación o Grabación, la cual deberá ser almacenada como imagen, dentro del medio que se hubiere utilizado. Por otra parte, el medio físico en que se contenga dicha información deberá estar debidamente identificado, conteniendo al menos, el nombre de la Sociedad; el lugar y la fecha de almacenamiento, la clave de control interno, así como el nombre y la firma del operador y del funcionario verificador.

Sección Segunda

De la conservación de documentos

Artículo 226.- Las Sociedades solo estarán obligadas a conservar el original de los libros, registros y documentación, relativos a sus operaciones activas, pasivas y de servicios, así como aquella relacionada con su contabilidad, no obstante haber utilizado la Microfilmación, Grabación o cualquier otro medio autorizado para tal efecto por la Comisión, en los casos de excepción expresa a lo previsto por el Artículo 33 de la Ley, que la legislación federal o la propia Comisión mediante disposiciones de carácter general determinen, y por el plazo que, en su caso, las mismas señalen.

Las Sociedades no podrán destruir, aun cuando se hubieren Microfilmado o Grabado, los originales de los documentos públicos relativos a su contabilidad, la escritura constitutiva y sus modificaciones, las actas de asambleas generales de Socios, sesiones del Consejo de Administración, y sus comités, los estados financieros, la documentación de apoyo a dichos estados financieros, el dictamen del auditor externo, así como la que ampare la propiedad de bienes propios o de terceros cuyo original se encuentre bajo su custodia. En todo caso, dicha información deberá conservarse durante los plazos que establecen las disposiciones legales en materia mercantil y fiscal aplicables.

Asimismo, tampoco podrán destruirse los documentos de valor histórico que, en su caso, correspondan a la Sociedad o que aquella mantenga en custodia.

Artículo 227.- Las Sociedades estarán obligadas a conservar los negativos originales de cámara obtenidos por el sistema de Microfilmación, así como la primera copia que se obtenga de los discos ópticos o magnéticos con imágenes digitalizadas, de todos aquellos libros, registros y documentos que consten en dichos sistemas, durante los plazos que, para la conservación de la contabilidad y correspondencia, establecen las disposiciones legales en materia mercantil y fiscal aplicables.

Asimismo, deberán contar con el conjunto de programas (hardware y software), procedimientos y datos del sistema que permitan conocer el contenido de los discos ópticos o magnéticos a que se refiere el párrafo anterior y, en su caso, los que se requieran en tratándose de procesos de Microfilmación.

Artículo 228.- Los negativos originales de cámara obtenidos por el sistema de Microfilmación y la primera copia que se obtenga de los discos ópticos o magnéticos con imágenes digitalizadas, de los libros, registros y documentos que consten en dichos sistemas, así como las impresiones logradas con base en esa tecnología, debidamente certificadas por personal autorizado de la Sociedad respectiva, tendrán en juicio el mismo valor probatorio que los libros, registros y documentos originales, conforme a lo previsto en el Artículo 33 de la Ley.

Sección Tercera

Políticas y lineamientos de privacidad

Artículo 229.- Las Sociedades deberán contar con políticas internas que tengan por objeto establecer lineamientos y procedimientos relativos al manejo y, en su caso, destrucción de libros, registros, documentos y demás información relativa a su contabilidad, que hayan sido o vayan a ser objeto de Microfilmación o Grabación. Dichas políticas deberán ser elaboradas por el Consejo de Administración de la Sociedades, el cual se podrá apoyar de algún comité para dichos efectos.

Adicionalmente, al elaborar los lineamientos y procedimientos a que se refiere este artículo, las Sociedades deberán prever supuestos para:

I.        Garantizar el adecuado manejo y control de los documentos que contengan la información confidencial de los Socios, a fin de asegurar que exclusivamente accedan a ella las personas que por sus funciones deban conocerla, con independencia de que sea objeto o no de los procesos de Microfilmación o Grabación a que se refiere el presente capítulo.

II.       Cumplir, en todo momento, con las disposiciones aplicables en materia de secreto bancario y fiduciario respecto de la información relativa a las operaciones activas, pasivas y de servicios de sus Socios  de conformidad con el Artículo 69 de la Ley, estableciendo controles estrictos para evitar la sustracción de información relacionada con los libros, registros y documentos en general.

III.      Evitar proporcionar a terceras personas, información que las Sociedades obtengan con motivo de la celebración de operaciones con sus Socios, para la comercialización de productos o servicios por parte de dichas personas, salvo que cuenten con el consentimiento expreso de sus Socios , atento a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley.

IV.     Implementar mecanismos que aseguren que la información pueda ser proporcionada en tiempo y forma a las autoridades financieras competentes, cuando así se lo soliciten.

V.      Obtener copias de toda aquella información que hubiere sido objeto de Microfilmación o Grabación en cualquiera de los sistemas o medios que al efecto utilicen, a fin de que pueda ser utilizada ante la eventual pérdida de los negativos originales de cámara o, en su caso, de la primera copia que se hubiere obtenido de los discos ópticos o magnéticos.

TITULO QUINTO

DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS

Capítulo I

Categorías atendiendo al Nivel de Capitalización de las Sociedades

Artículo 230.- El Comité de Supervisión Auxiliar clasificará a las Sociedades en cualquiera de las categorías a que se refiere el Artículo 231 de las presentes disposiciones, con base en el Nivel de Capitalización que las Sociedades mantengan, de conformidad con la información que mensualmente envíen en términos del Capítulo II del Título Octavo de estas disposiciones.

Artículo 231.- La clasificación de las Sociedades en categorías se llevará a cabo de conformidad con lo siguiente:

I.        Serán clasificadas en la categoría 1, las Sociedades que presenten un Nivel de Capitalización igual o superior al 150 por ciento.

II.       Serán clasificadas en la categoría 2, las Sociedades que presenten un Nivel de Capitalización igual o mayor al 100 por ciento y menor al 150 por ciento.

III.      Serán clasificadas en la categoría 3, las Sociedades que presenten un Nivel de Capitalización igual o mayor al 50 por ciento y menor al 100 por ciento.

IV.     Serán clasificadas en la categoría 4, las Sociedades que presenten un Nivel de Capitalización menor al 50 por ciento.

Artículo 232.- El Comité de Supervisión Auxiliar dará a conocer la categoría en que las Sociedades hayan sido clasificadas, sus modificaciones y la fecha a la que corresponde el Nivel de Capitalización utilizado para llevar a cabo la clasificación, a través de su página en la red electrónica mundial denominada Internet, dentro de los 5 días hábiles siguientes al cierre del mes inmediato siguiente al que corresponda la información. Para fines de mayor difusión la Comisión publicará a través de su página en la red electrónica mundial Internet, en el sitio http://www.cnbv.gob.mx, la última clasificación disponible en el Boletín Estadístico de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de la propia Comisión. Para tales efectos, el Comité de Supervisión Auxiliar deberá proporcionar a la Comisión la clasificación correspondiente, en forma simultánea a que lo haga del conocimiento del público en general conforme a lo previsto en el presente artículo.

En caso de que la Comisión hubiere efectuado la verificación del Nivel de Capitalización a que se refieren los artículos 28, 54, 94 y 139 de las presentes disposiciones, deberá dar a conocer al Comité de Supervisión Auxiliar los cómputos definitivos a efecto de que modifique la clasificación que corresponda.

Capítulo II

De las Medidas Correctivas

Artículo 233.- La Comisión deberá ordenar la aplicación de las Medidas Correctivas Mínimas correspondientes a la categoría en que hubiese sido clasificada cada Sociedad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 232 de las presentes disposiciones.

La Comisión también podrá ordenar la aplicación de Medidas Correctivas Especiales Adicionales.

El Comité de Supervisión Auxiliar y la Comisión deberán verificar que las Sociedades cumplan con las Medidas Correctivas que les correspondan.

Artículo 234.- La Comisión deberá notificar por escrito a las Sociedades clasificadas en las categorías 2 a 4, la categoría en que hayan sido clasificadas, así como las Medidas Correctivas Mínimas y, en su caso, las Medidas Correctivas Especiales Adicionales que deberán observar y los términos y plazos para su cumplimiento previstos en el presente capítulo, así como aquellas Medidas Correctivas Mínimas que por virtud de la modificación en su clasificación dejen de serles aplicables.

El escrito de notificación a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser enviado por la Comisión a las Sociedades, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que le hayan dado a conocer el Nivel de Capitalización de que se trate, debiendo hacerlo del conocimiento también del Comité de Supervisión Auxiliar.

La Comisión no estará obligada a notificar mensualmente a una Sociedad su clasificación, cuando esta no presente variaciones respecto del período inmediato anterior.

Artículo 235.- A las Sociedades que hayan sido clasificadas en la categoría 1, no les será aplicable Medida Correctiva alguna.

Capítulo III

De las Medidas Correctivas Mínimas

Artículo 236.- A las Sociedades que hayan sido clasificadas en la categoría 2, les serán aplicables las Medidas Correctivas Mínimas siguientes:

I.        Informar a su Consejo de Administración la categoría en que fue clasificada en un plazo que no deberá exceder de 20 días hábiles, contados a partir de la fecha en que la Sociedad recibió la notificación a la que se refiere el primer párrafo del Artículo 234 de las presentes disposiciones.

          Asimismo, deberá informar a su Consejo de Administración en sesión previamente convocada, las causas que motivaron un deterioro en su Nivel de Capitalización que llevó a la Sociedad a ser clasificada en esta categoría, para lo cual deberá presentar un informe detallado de evaluación integral sobre su situación financiera, que señale el cumplimiento al marco regulatorio e incluya la evolución de los 2 últimos años de los principales indicadores que reflejen el grado de estabilidad y solvencia de la Sociedad, así como las observaciones que, en su caso, le hayan dirigido el Comité de Supervisión Auxiliar y la Comisión.

          La Sociedad de que se trate deberá presentar por escrito al Comité de Supervisión Auxiliar y a la Comisión, el informe citado en el párrafo anterior presentado al Consejo de Administración a más tardar a los 10 días hábiles de celebrada la sesión de dicho órgano.

II.       Abstenerse de celebrar operaciones que las lleven a ser clasificadas dentro de una categoría inferior.

III.      Ajustar en el pago inmediato siguiente las cuotas de seguro de depósitos conforme a lo dispuesto por el Artículo 264 de las presentes disposiciones.

Artículo 237.- A las Sociedades que hayan sido clasificadas en la categoría 3, además de las Medidas Correctivas Mínimas prevista en el Artículo 236 de las presentes disposiciones, les serán aplicables las Medidas Correctivas Mínimas siguientes:

I.        Suspender las aportaciones al fondo de obra social.

II.       Suspender el pago de excedentes o cualquier otro mecanismo que implique una transferencia de beneficios patrimoniales a los Socios, distintos a los derivados de rendimientos de los ahorros, retiro e inversión de depósitos.

III.      En un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a que reciba la notificación a que se refiere el primer párrafo del Artículo 234 de estas disposiciones, presentar para la aprobación del Comité de Supervisión Auxiliar, un plan de restauración de capital que tenga como resultado un incremento en el Nivel de Capitalización, el cual podrá contemplar un programa de mejora en eficiencia operativa, racionalización de gastos e incremento en la rentabilidad, la realización de aportaciones al capital social y límites a las operaciones que la Sociedad de que se trate pueda realizar en cumplimiento a su objeto social o, a los riesgos derivados de dichas operaciones. El plan de restauración de capital deberá ser aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de que se trate antes de ser presentado al Comité de Supervisión Auxiliar.

          La Sociedad deberá determinar en el plan de restauración de capital correspondiente metas periódicas, así como el plazo en el que dicha Sociedad obtendrá el Nivel de Capitalización requerido del 100 por ciento conforme a las disposiciones aplicables y el 150 por ciento en este indicador que se establece para la categoría 1.

          El Comité de Supervisión Auxiliar deberá resolver lo que corresponda sobre el plan de restauración de capital que le haya sido presentado, en un plazo máximo de 30 días naturales contados a partir de la fecha de presentación del plan.

          Lo anterior, sin perjuicio de que, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, el Comité de Supervisión Auxiliar podrá solicitar a la Sociedad las modificaciones que estime convenientes respecto del mismo, siendo necesario para su aprobación que la Sociedad presente la ratificación del Consejo de Administración en un plazo no mayor a 15 días naturales.

          Las Sociedades a las que resulte aplicable lo previsto en esta fracción, deberán dar cumplimiento al plan de restauración de capital dentro del plazo en él previsto, el cual en ningún caso podrá exceder de 270 días naturales contados a partir del día siguiente al que se notifique a la Sociedad la aprobación del referido plan. Para la determinación del plazo para el cumplimiento del plan de restauración de capital, el Comité de Supervisión Auxiliar deberá tomar en consideración, entre otros aspectos, la categoría en que se encuentra clasificada la Sociedad, su situación financiera, así como las condiciones que en general prevalezcan en el sector. La Comisión podrá prorrogar por única vez este plazo por un período que no excederá de 90 días naturales, considerando las mejoras observadas en la Sociedad y las razones que hayan justificado el retraso en el cumplimiento del plan.

          La prórroga a que se refiere el párrafo anterior deberá solicitarse mediante escrito dirigido a la Comisión, con por lo menos 30 días hábiles de anticipación a la fecha que se hubiese fijado originalmente en el plan para la restauración de capital. La solicitud de prórroga deberá ser previamente acordada por el Consejo de Administración de la Sociedad.

IV.     Suspender el pago de las compensaciones y bonos extraordinarios adicionales al salario del Director o Gerente General y de los funcionarios del nivel inmediato inferior a este, hasta en tanto la Sociedad cumpla con los Niveles de Capitalización requeridos de conformidad con la regulación aplicable. Esta previsión deberá contenerse en los contratos y demás documentación que regulen las condiciones de trabajo con estas personas.

          Lo previsto en la presente fracción también será aplicable respecto de pagos que se realicen a personas morales distintas a la Sociedad de que se trate, cuando dichas personas morales efectúen los pagos a los funcionarios de la Sociedad.

          Esta medida es sin perjuicio de los derechos laborales adquiridos a favor de las personas que conforme a la misma puedan resultar afectadas.

          Adicionalmente, se deberán suspender las gratificaciones o compensaciones a los miembros de los Consejos de Administración y Consejo de Vigilancia de la Sociedad hasta en tanto la Sociedad cumpla con los Niveles de Capitalización requeridos de conformidad con la regulación aplicable.

V.      Abstenerse de otorgar créditos a las personas consideradas como relacionadas en términos del Artículo 26 de la Ley, o bien, de convenir incrementos en los montos vigentes en los créditos celebrados con dichas personas,

VI.     Deberán solicitar la autorización de la Comisión para llevar a cabo nuevas inversiones en activos no financieros, abrir sucursales o realizar nuevas actividades distintas a las operaciones que habitualmente realiza la Sociedad como parte de su operación ordinaria.

Artículo 238.- El plan de restauración de capital deberá comprender, al menos, los elementos siguientes:

I.        Identificar claramente las fuentes de recursos para incrementar su capital y/o reducir sus activos sujetos a riesgo.

II.       Señalar el plazo en el cual la Sociedad pretende alcanzar un Nivel de Capitalización igual o superior a 100 por ciento, así como igual o superior al 150 por ciento.

III.      Presentar un calendario con los objetivos que la Sociedad alcanzaría en cada periodo. El calendario deberá contener las fechas o etapas en las que la Sociedad pretenda llevar a cabo cada una de las acciones necesarias para restaurar el capital.

IV.     Presentar una relación detallada de la información que la Sociedad deberá remitir periódicamente al Comité de Supervisión Auxiliar que le permita a esta dar seguimiento al cumplimiento del plan de restauración.

Artículo 239.- A las Sociedades que hayan sido clasificadas en la categoría 4, les será aplicable lo dispuesto por el Artículo 78 de la Ley.

Artículo 240.- El Comité de Supervisión Auxiliar deberá informar a la Comisión y al Consejo de Administración de la Sociedad respectiva, cuando en términos del presente Título, la Sociedad de que se trate hubiese subsanado sus deficiencias conforme al plan de restauración aprobado al efecto. Para efectos de lo anterior, se entenderá que la Sociedad ha subsanado sus deficiencias cuando su Nivel de Capitalización sea igual o superior al 100 por ciento y se mantenga así por lo menos durante un período de 6 meses consecutivos.

Capítulo IV

De las Medidas Correctivas Especiales Adicionales

Artículo 241.- La Comisión, mediante una o varias notificaciones por escrito, podrá ordenar en cualquier momento la aplicación de Medidas Correctivas Especiales Adicionales, atendiendo a la situación particular de la Sociedad de que se trate.

La Comisión, para la aplicación de las Medidas Correctivas Especiales Adicionales, tomará en cuenta la categoría en que se hubiere clasificado a la Sociedad de que se trate y podrá además, considerar los elementos siguientes:

I.        Su situación financiera integral.

II.       El cumplimiento al marco regulatorio.

III.      La tendencia del Nivel de Capitalización de la Sociedad y de los principales indicadores que reflejen el grado de estabilidad y solvencia.

IV.     La calidad de la información contable y financiera que presenta la Sociedad a la Comisión, así como el cumplimiento en la entrega de dicha información.

V.      La calidad y cumplimiento en la entrega de la información que las Sociedades deban proporcionar al Comité de Supervisión Auxiliar para determinar su categoría conforme a lo dispuesto en el Artículo 230 de las presentes disposiciones.

Artículo 242.- A las Sociedades que hayan sido clasificadas en la categoría 2, además de las Medidas Correctivas Mínimas establecidas en los Artículos 236 y 238 de las presentes disposiciones; la Comisión podrá ordenarles una o varias de las Medidas Correctivas Especiales Adicionales siguientes:

I.        Definir las acciones concretas que deberá llevar a cabo con el objeto de evitar el deterioro de su Nivel de Capitalización.

          Para tales efectos, la Sociedad deberá elaborar un informe detallado que contenga una descripción sobre la forma y términos en que llevará a cabo la administración de los activos sujetos a riesgo totales, así como, en su caso, de la estrategia que seguirá para fortalecer y estabilizar su Nivel de Capitalización. El informe a que se refiere este párrafo deberá presentarse al Consejo de Administración de la Sociedad de que se trate, así como a la Vicepresidencia de la Comisión encargada de su supervisión, a más tardar a los 20 días hábiles siguientes a la notificación del oficio de la Comisión mediante el cual se le solicite la elaboración del informe a que se refiere este párrafo.

          Las Sociedades deberán informar a la Comisión, a solicitud de esta y con la periodicidad que la propia Comisión determine, los avances sobre las acciones a que se refiere esta fracción.

II.       Contratar los servicios de auditores externos u otros terceros especializados para la realización de auditorías especiales sobre cuestiones específicas. Para tal efecto, la Comisión determinará las áreas en las que deberán llevarse a cabo dichas auditorías y su alcance, así como los plazos para realizarlas. Los informes de resultados de estas auditorías deberán ser enviados a la Comisión dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo que esta hubiere determinado para que dichas auditorías se realicen.

          En los procedimientos para la contratación de los servicios de auditoría a que se refiere esta fracción, las Sociedades deberán observar, en todo tiempo, lo dispuesto por el Capítulo IV del Título Cuarto de las presentes disposiciones, en todo aquello que resulte aplicable. Los servicios de auditores externos que las Sociedades deban contratar en términos de lo dispuesto en esta fracción deberán contar con la opinión favorable de la Comisión previo a la celebración del contrato de prestación de servicios.

III.      Convocar a sesión del Consejo de Administración o a la Asamblea General de Socios, en términos de lo dispuesto por el Artículo 65 de la Ley, a la cual a las cuales deberá asistir un representante del Comité de Protección al Ahorro Cooperativo.

Artículo 243.- A las Sociedades que hayan sido clasificadas en la categoría 3, además de las Medidas Correctivas Mínimas establecidas en los Artículos 236, 237 y 238 de las presentes disposiciones; la Comisión podrá ordenarles una o varias de las Medidas Correctivas Especiales Adicionales siguientes:

I.        Limitar el crecimiento de los activos en riesgo de la Sociedad, para lo cual deberán limitar la celebración de nuevas operaciones que, a juicio del Comité de Supervisión Auxiliar o de la Comisión, puedan causar un aumento en los activos sujetos a riesgo y/o provocar un deterioro mayor en el Nivel de Capitalización.

II.       Invertir por lo menos el 50% de la captación de nuevos pasivos en valores gubernamentales.

III.      Condicionar la celebración de nuevas operaciones activas a la obtención de garantías reales, a por lo menos el equivalente del principal del crédito.

IV.     Abstenerse de convenir incrementos en los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados en general, exceptuando las revisiones salariales convenidas y respetando en todo momento los derechos laborales adquiridos.

          Lo previsto en la presente fracción también será aplicable respecto de pagos que se realicen a personas morales distintas a la Sociedad de que se trate, cuando dichas personas morales efectúen los pagos a los empleados o funcionarios de la Sociedad;

V.      Abstenerse de otorgar bonos o compensaciones adicionales o extraordinarios al salario de sus funcionarios distintos de los señalados en la fracción IV del Artículo 237 de estas disposiciones, cuyo otorgamiento sea discrecional para la Sociedad; respetando en todo momento los derechos laborales adquiridos.

VI.     Solicitar en la celebración de nuevas operaciones de crédito la suscripción de certificados de capital excedentes o voluntarios.

VII.    Reducir los gastos de administración y promoción, así como otros gastos.

VIII.   Las demás que determine con base en el resultado de las funciones de supervisión auxiliar realizadas por el Comité de Supervisión Auxiliar, el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, así como en las sanas prácticas financieras.

IX.     Sustituir funcionarios, miembros del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia o auditores externos,

X.      Llevar a cabo las acciones necesarias para reducir la exposición a riesgos derivados de la celebración de operaciones que se aparten significativamente de las políticas y operación habitual de la Sociedad y que, a juicio de la Comisión, generen un alto riesgo de mercado. Adicionalmente, la Comisión podrá ordenar a la Sociedad que se abstenga de celebrar nuevas operaciones que generen un alto riesgo de mercado.

XI.     Modificar las políticas que haya fijado la Sociedad respecto de tasas de interés que se paguen sobre aquellos depósitos y pasivos cuyo rendimiento se encuentre por encima del nivel de riesgo que la Sociedad habitualmente asume en dichas operaciones y que la Comisión, en sus funciones de inspección y vigilancia, así lo hubiere detectado. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que procedan conforme a lo dispuesto por el Artículo 93 de la Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 244.- A las Sociedades que hayan sido clasificadas en la categoría 4, les será aplicable lo dispuesto por el Artículo 78 de la Ley.

Artículo 245.- La aplicación del presente Título así como de las Medidas Correctivas Mínimas y Medidas Correctivas Especiales Adicionales, es sin perjuicio de las facultades que se le atribuyen a la Comisión y al Comité de Supervisión Auxiliar en la Ley, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, las señaladas en los Artículos 62, 66 y 80 de la propia Ley.

El Comité de Supervisión Auxiliar informará por escrito a la Comisión y al Comité de Protección al Ahorro Cooperativo dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes, el nombre y las circunstancias en que se encuentren las Sociedades que hubieren sido clasificadas en las categorías de capitalización 3 y 4, así como, en su caso, respecto del cumplimiento que estén dando a las Medidas Correctivas Mínimas y Medidas Correctivas Especiales Adicionales.

Lo anterior, sin perjuicio de que conforme a lo dispuesto por el Artículo 93 de la Ley, el incumplimiento de las Medidas Correctivas a que se refieren las presentes disposiciones, será sancionado en términos de lo previsto por el citado artículo.

TITULO SEXTO

DEL COMITE DE SUPERVISION AUXILIAR

Capítulo I

De las políticas, lineamientos y planes de trabajo relativos a la supervisión auxiliar

Artículo 246.- La supervisión auxiliar de las Sociedades será ejercida por el Comité de Supervisión Auxiliar.

El Comité de Supervisión Auxiliar deberá elaborar y someter a la aprobación de la Comisión, el manual de supervisión auxiliar que contendrá las políticas, lineamientos e indicadores mínimos de supervisión para llevar a cabo el proceso de dicha supervisión, observando lo dispuesto en el presente capítulo.

Artículo 247.- La supervisión auxiliar tendrá por objeto revisar, verificar, comprobar y evaluar los recursos, obligaciones y patrimonio de las Sociedades, así como las operaciones, funcionamiento, sistemas de control y, en general, todo lo que pudiendo afectar la posición financiera y situación legal de las Sociedades, conste o deba constar en sus registros, a fin de que se ajusten a la Ley, a las presentes disposiciones y a las sanas prácticas y usos imperantes entre las Sociedades.

Los objetivos generales de la supervisión auxiliar serán los que se enuncian a continuación:

I.        Verificar el grado de cumplimiento de la Sociedad respecto de la normatividad vigente emitida por las autoridades.

II.       Evaluar la condición financiera de la Sociedad.

III.      Evaluar el grado y perfil de riesgo de las operaciones que realiza la Sociedad, incluyendo las políticas de administración integral de riesgos.

IV.     Evaluar los procesos, sistemas y controles internos de la Sociedad, verificando el cumplimiento de las políticas establecidas por los órganos de gobierno de la misma, incluyendo el proceso crediticio y las medidas para evitar operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

V.      Detectar posibles irregularidades en la operación de la Sociedad, incluyendo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Artículo 248.- Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Artículo 247 de estas disposiciones, el proceso de supervisión auxiliar se realizará de conformidad con las políticas, lineamientos y planes de trabajo establecidos por el Comité Técnico y aprobados por la Comisión, según lo señalado en el Artículo 246 de las presentes disposiciones, cumpliendo como mínimo con lo establecido en estas últimas, y se dividirá en las dos fases siguientes:

I.        Supervisión Extra-situ.

II.       Supervisión In-situ.

En su desarrollo, estas fases deberán encontrarse estrechamente vinculadas para coadyuvar a que el proceso de supervisión auxiliar se lleve a cabo con continuidad y eficiencia. Los documentos elaborados como parte de la Supervisión Extra-situ deberán hacerse del conocimiento de los Supervisores Auxiliares encargados de la Supervisión In-situ y viceversa.

Artículo 249.- Los Supervisores Auxiliares llevarán a cabo las funciones de Supervisión Extra-situ utilizando la información enviada por las Sociedades a solicitud de la Comisión y del Comité de Supervisión Auxiliar.

Las labores de seguimiento consistirán en mantener una vigilancia continua de los aspectos más relevantes del desempeño de las Sociedades, con la finalidad de que los Supervisores Auxiliares puedan determinar con oportunidad la existencia de incumplimientos a la regulación aplicable, el uso de prácticas financieras poco sanas, o bien, la presencia de inconsistencias o dificultades financieras.

Las labores de análisis consistirán en examinar y comparar periódicamente los principales indicadores financieros de las Sociedades, así como en realizar estudios más detallados de la situación financiera de la Sociedad, con el fin de que los Supervisores Auxiliares cuenten con una evaluación objetiva de la condición financiera que mantienen las Sociedades bajo supervisión auxiliar.

Artículo 250.- De manera enunciativa y no limitativa, las principales tareas que llevarán a cabo los Supervisores Auxiliares dentro de la fase de Supervisión Extra-situ, son las siguientes:

I.        Verificar que las Sociedades entreguen en tiempo y forma, de acuerdo con la normatividad aplicable, la información requerida por las autoridades, realizando todas las acciones necesarias para coadyuvar a dicho cumplimiento.

II.       Verificar la exactitud, integridad y consistencia de la información entregada por las Sociedades, instruyendo las correcciones necesarias y asegurando su cumplimiento.

III.      Verificar que la administración cumpla cabalmente con las obligaciones legales tales como avisos, actas, publicaciones, otorgamiento y cancelación de poderes.

IV.     Revisar mensualmente el cumplimiento de los límites legales contenidos en la Ley, la regulación prudencial y las demás disposiciones aplicables. En caso de incumplimiento de algún límite legal, el Comité de Supervisión Auxiliar deberá formular observaciones y recomendaciones a las Sociedades.

V.      Examinar en forma permanente el desempeño y evolución de la Sociedad, a fin de conocer la situación de la misma y detectar con oportunidad posibles anomalías, incumplimientos tanto legales como administrativos o situaciones problemáticas o riesgosas.

VI.     Dar seguimiento a todas las observaciones derivadas tanto de las actividades de Supervisión In-situ como de las actividades de la Supervisión Extra-situ.

VII.    Realizar una evaluación periódica de la condición financiera global y el perfil de riesgos de la Sociedad.

VIII.   Realizar un seguimiento mensual de la situación de la Sociedad, mediante el estudio individual y comparativo contra el nivel de operaciones correspondiente a la misma, del valor y la tendencia de las principales razones financieras de la Sociedad, cubriendo aspectos de Nivel de Capitalización, liquidez, morosidad, provisionamiento de cartera, gastos de administración y rentabilidad.

IX.     Detectar puntos específicos de preocupación, sujetos a ser revisados durante la Supervisión In-situ, así como proponer la realización de visitas de inspección extraordinarias para atender algún problema observado.

X.      Elaborar, al menos, los documentos siguientes:

a)    Un archivo consolidado mensual de cada Sociedad sujeta a supervisión auxiliar, observando como mínimo el cumplimiento a los requerimientos cuantitativos establecidos en el Título Tercero de las presentes disposiciones (capital mínimo, Nivel de Capitalización, provisionamiento de cartera crediticia, coeficiente de liquidez, diversificación de riesgos), así como en las políticas, lineamientos y planes de trabajo establecidos por el Comité Técnico.

b)    Un informe trimestral de Supervisión Extra-situ de cada Sociedad sujeta a supervisión auxiliar, el cual deberá incluir el análisis financiero de los últimos 5 trimestres con que se cuente al momento de su elaboración que incluya el seguimiento de las observaciones derivadas de todo el proceso de supervisión auxiliar, tanto de Supervisión Extra-situ como de Supervisión In-situ.

c)     Un informe por evento de supervisión Extra-situ respecto de aquellas Sociedades que se ubiquen en las categorías 2 a 4 a que se refiere el Artículo 77 de la Ley, en el que se indique al menos las causas por las que la Sociedad se ubicó en esa categoría, así como las acciones que se están llevando a cabo para el fortalecimiento de su capital neto.

Los resultados de las tareas a que se refiere el presente artículo deberán estar debidamente documentados en papeles de trabajo, expedientes o registros, así como en informes, reportes, notas y diversos escritos que se elaboren como producto de los procesos de supervisión.

El informe a que se refiere el inciso c) de la fracción X del presente artículo, se deberá presentar a la Comisión dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha límite de entrega de la información a que se refiere el Artículo 311 de las presentes disposiciones.

Artículo 251.- La Supervisión In-situ será realizada con la presencia física de los Supervisores Auxiliares directamente en las instalaciones de la Sociedad, mediante la realización de visitas de inspección en las oficinas, sucursales y demás establecimientos de la misma. Los Supervisores Auxiliares llevarán a cabo las funciones de Supervisión In-situ utilizando la información enviada por las Sociedades a solicitud de la Comisión y del Comité de Supervisión Auxiliar y toda aquella información adicional que se considere necesario requerir específicamente para realizar la visita de inspección.

La Supervisión In-situ estará compuesta por dos etapas sucesivas, la planeación de la visita y la visita de inspección.

La finalidad de la etapa de planeación será que los Supervisores Auxiliares determinen, antes de iniciar la inspección, cuál será la finalidad, estrategia, alcance, duración, organización y control de la visita. En esta etapa los Supervisores Auxiliares incorporarán los resultados proporcionados por la Supervisión Extra-situ y, en su caso, detectarán posibles puntos específicos de preocupación con base en la información disponible sobre la Sociedad y los resultados de visitas previas.

La etapa de la visita de inspección tendrá por objeto que los Supervisores Auxiliares obtengan un conocimiento detallado y objetivo de las actividades de administración, operación y comercialización de la Sociedad, así como de sus operaciones, procedimientos, sistemas, controles internos y grado de cumplimiento de la regulación vigente.

Artículo 252.- De manera enunciativa y no limitativa, a continuación se señalan las principales tareas que llevarán a cabo los Supervisores Auxiliares dentro de la fase de Supervisión In-situ:

I.        Revisar el procedimiento de generación de información, verificando la correcta aplicación de los Criterios de Contabilidad vigentes para el registro, valuación, revelación y presentación de operaciones.

II.       Corroborar la existencia de una adecuada documentación que respalde las operaciones activas, pasivas y de servicios de la Sociedad.

III.      Verificar el cumplimiento de la regulación prudencial y otras disposiciones legales aplicables en cuanto a operaciones, límites y procedimientos, entre otros.

IV.     Revisar la estructura organizacional de la Sociedad, verificando que esta se apegue a la normatividad aplicable y a las políticas internas de la propia Sociedad, y corroborar que los funcionarios de esta última se encuentren debidamente acreditados y cumplan los requisitos establecidos en las normas aplicables.

V.      Verificar la existencia de sistemas adecuados de control interno y de los manuales correspondientes, revisando el apego a dichos controles y manuales, así como la observancia de sanas prácticas en la operación y funcionamiento de las Sociedades.

VI.     Examinar los procedimientos y sistemas internos de la Sociedad, con especial énfasis en los aspectos relativos a la gobernabilidad, el proceso crediticio, la administración de riesgos y la prevención de operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

VII.    Verificar que los sistemas automatizados y el soporte informático con que cuente la Sociedad sean confiables y adecuados a las características de las operaciones que realice la misma.

VIII.   Comprobar que las observaciones realizadas y las anomalías detectadas ya sea por la Supervisión Extra-situ o por anteriores visitas de inspección, hayan sido debidamente atendidas o corregidas.

IX.     Investigar los asuntos específicos planteados por la Supervisión Extra-situ o derivados del proceso de planeación, así como las operaciones relacionadas con quejas o denuncias.

X.      Elaborar, al menos, los documentos siguientes:

a)    Un reporte de avance mensual del programa anual de visitas que incluya, en su caso, las desviaciones respecto del programa y las causas que originaron dichas desviaciones.

b)    Un informe de inspección de cada visita realizada a una Sociedad sujeta a supervisión auxiliar, observando los estándares mínimos fijados en las políticas, lineamientos y planes de trabajo establecidos por el Comité Técnico.

Los resultados de las tareas a que se refiere el presente artículo deberán estar debidamente documentados en papeles de trabajo, expedientes o registros, así como en los informes, reportes, notas y diversos escritos que se elaboren como producto de los procesos de supervisión auxiliar.

Artículo 253.- Todos los documentos y materiales de soporte derivados de la Supervisión que realicen los Supervisores Auxiliares, así como los sistemas automatizados, registros, técnicas, herramientas y demás elementos pertinentes para su realización, deberán encontrarse disponibles para la consulta o revisión por parte de la Comisión.

Artículo 254.- Para cumplir con las tareas y objetivos señalados por los Artículos 251 y 252 de las presentes disposiciones, el Comité de Supervisión Auxiliar estará facultado para programar y realizar visitas de distinta naturaleza o tipo. Dichas visitas serán las siguientes:

I.        Visita de inspección ordinaria integral: Se entenderá como tal aquella durante la cual se revisen, cuando menos, todos los aspectos señalados por la Comisión en las presentes disposiciones, así como en las políticas, lineamientos y planes de trabajo establecidos por el Comité Técnico y los asuntos específicos detectados durante la Supervisión Extra-situ y la planeación de la visita, o bien, derivados de visitas anteriores. Estas visitas se programarán previamente considerando el nivel de operaciones, la situación financiera, así como el perfil de riesgos y tendencia de las Sociedades bajo supervisión auxiliar.

II.       Visita de inspección ordinaria específica: Se entenderá como tal aquella durante la cual la revisión se limita al examen exhaustivo y la comprobación detallada de algunos aspectos particulares. Estas visitas se programarán previamente con base en la problemática detectada en los diagnósticos de Supervisión Extra-situ y las visitas anteriores.

III.      Visita de inspección extraordinaria: Se entenderá como tal aquella realizada fuera del programa regular de visitas con la finalidad de revisar situaciones problemáticas observadas por el Comité de Supervisión Auxiliar, o bien, las ordenadas por la Comisión. Estas visitas serán motivadas cuando durante la supervisión auxiliar del Comité de Supervisión Auxiliar o durante la supervisión directa de la Comisión se detecte algún riesgo excepcional en alguna Sociedad, entendiéndose como riesgo excepcional la presencia de algún aspecto que afecte o pueda afectar de manera significativa la estructura financiera de dicha Sociedad y la atención de quejas o denuncias provenientes de la administración de la misma o las autoridades competentes.

Los resultados correspondientes a cada una de las visitas anteriormente descritas deberán registrarse en un informe de inspección.

El Comité de Supervisión Auxiliar deberá elaborar un programa anual de visitas de inspección ordinarias (integrales y específicas) y, en su caso, podrá realizar las modificaciones posteriores a este, explicando las causas que originaron dichos cambios. Será responsabilidad del Comité de Supervisión Auxiliar enviar a la Comisión tanto el programa anual mencionado como sus modificaciones, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha en que sean aprobados por dicho Comité. El programa anual deberá enviarse a la Comisión en el mes de enero de cada año con la opinión del Comité de Protección al Ahorro Cooperativo.

Anualmente, el Comité de Supervisión Auxiliar deberá realizar a las Sociedades, cuando menos, una visita ordinaria específica, así como las visitas extraordinarias que juzgue necesarias.

En todos los casos, será responsabilidad del Comité de Supervisión Auxiliar presentar ante la Comisión los informes de inspección dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha en que se cierre la visita de inspección correspondiente.

Artículo 255.- En la realización de las visitas de inspección a que se refieren los Artículos 251 y 252 de las presentes disposiciones, los Supervisores Auxiliares que el Comité de Supervisión Auxiliar designe al efecto, deberán cumplir, como mínimo, con las reglas de protocolo de conducta establecidas en  las políticas, lineamientos y planes de trabajo establecidos por el Comité Técnico, a fin de garantizar que su actuación se ajuste a las atribuciones propias de su función y que las Sociedades colaborarán con los Supervisores Auxiliares conforme lo señala la Ley.

La Comisión, en ejercicio de sus facultades de supervisión, podrá participar cuando lo considere oportuno o conveniente en la realización de las visitas de inspección a que se refieren los Artículos 251 y 252 de las presentes disposiciones, informando tal determinación al Comité de Supervisión Auxiliar, y designando a los funcionarios que acompañarán a los Supervisores Auxiliares.

Capítulo II

De los requisitos de los Miembros del Comité de Supervisión Auxiliar

Artículo 256.- El Comité Técnico deberá evaluar y verificar en forma previa a la designación de los Miembros del Comité de Supervisión Auxiliar, que cumplan con los requisitos establecidos por la Ley, para lo cual deberán requerirles la información y documentación siguiente:

I.        Sus datos generales y, en su caso, de su cónyuge e hijos en los que se incluya la información relativa a su identidad, domicilio, acta de nacimiento, estado civil, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Unica de Registro de Población, nacionalidad o calidad migratoria. En todo momento, la información deberá estar sustentada en documentos emitidos por autoridad competente, salvo el caso de domicilio, donde bastará cualquier instrumento que así lo acredite.

II.       Reporte emitido por una Sociedad de Información Crediticia, que contenga antecedentes de por lo menos 5 años anteriores a la fecha en que se pretenda inicie el ejercicio del cargo, o del periodo que comprenda la información con la que, en su caso, cuente la Sociedad de Información Crediticia de que se trate, cuya fecha de emisión no exceda de 180 días naturales con relación a la fecha de presentación de los mismos ante el Comité Técnico.

III.      Dos referencias personales expedidas por personas físicas o morales que los recomienden por su honorabilidad, expresando los datos necesarios a fin de corroborar dichas referencias y tener por acreditado el presente requisito.

          Las citadas referencias deberán ser emitidas por personas con las que el interesado haya tenido relaciones laborales o comerciales, sin que en ningún caso las puedan expedir el cónyuge o las personas que tengan parentesco por consanguinidad hasta el segundo grado, afinidad hasta el primer grado o civil con dicha persona.

IV.     Copia del título o cédula profesional.

V.      Cartas de recomendación expedidas por personas morales en las que la persona haya prestado servicios profesionales cuyo desempeño requiera conocimientos en materia financiera y administrativa, o bien, en actividades de auditoría, durante un mínimo de 3 años, siendo dicho plazo anterior a la fecha de su presentación ante el Comité Técnico.

VI.     Una certificación expedida por una institución especializada reconocida por la Comisión.

VII.    Declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad, en la que manifiesten lo siguiente:

a)    No mantener nexos patrimoniales, de responsabilidad o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o civil con algún miembro del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia o con el Director o Gerente General de alguna Sociedad o con el gerente general o miembros del Comité Técnico.

b)    No ser asesor o consultor de alguna Sociedad.

c)     No tener litigio pendiente o adeudos vencidos con alguna Sociedad.

d)    No tener ningún otro empleo, cargo, o comisión, con excepción de aquellos que se refieran a actividades docentes, de investigación, culturales o de beneficencia.

e)    No haber sido sentenciado por delitos intencionales patrimoniales.

f)     No estar sujeto a concurso o declarado en quiebra, o encontrarse inhabilitado para ejercer el comercio, o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el sector público Federal, Estatal o Municipal, así como en el sistema financiero mexicano.

g)    No ser funcionario de las dependencias gubernamentales encargadas de la supervisión y vigilancia de las Sociedades.

h)    No ejercer algún cargo público de elección popular o de dirigencia partidista o sindical.

i)      Que la documentación e información presentada es verídica y auténtica.

Artículo 257.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 256 de las presentes disposiciones, el Comité Técnico establecerá políticas que les permitan evaluar el reporte o historial crediticio de las personas previsto en la fracción II de dicho artículo, basados en la información que obtengan de las Sociedades de Información Crediticia. Al efecto, dichas políticas tomarán en cuenta, cuando menos:

I.        Criterios para valorar el contenido de los informes proporcionados por las Sociedades de Información Crediticia, que permitan calificar el perfil crediticio del candidato, en el evento de que cuenten con adeudos vencidos u otro tipo de antecedentes crediticios que reflejen la generación de quebrantos a terceros o exista evidencia de conductas abusivas en la reestructuración de créditos.

II.       La información adicional que se requeriría a las personas que se ubiquen en los casos previstos en la fracción anterior.

III.      Los supuestos en los que procedería o no designar a las personas que se ubiquen en las situaciones previstas en la fracción I anterior.

Artículo 258.- El Comité Técnico deberá integrar por cada Miembro del Comité de Supervisión Auxiliar un expediente que contendrá la documentación e información a que se refiere el Artículo 256 de las presentes disposiciones.

Artículo 259.- El Comité Técnico deberá establecer mecanismos de comunicación permanente que le permita verificar en forma continua el cumplimiento de los requisitos, así como la inexistencia de impedimentos para que los Miembros del Comité de Supervisión Auxiliar puedan continuar en el desempeño de sus funciones.

Artículo 260.- El Comité Técnico deberá obtener la opinión de la Comisión, respecto de los candidatos propuestos como Miembros del Comité de Supervisión Auxiliar, previo a su designación, manifestando expresamente que los mismos cumplen con los requisitos establecidos en el presente capítulo, acompañando en sobre cerrado el formato que conforma el Anexo I de las presentes disposiciones.

Artículo 261.- Una vez que se cuente con la opinión favorable de la Comisión, el Comité Técnico deberá informar a la Vicepresidencia Jurídica y a la vicepresidencia encargada de su supervisión de la Comisión, los nombramientos de los Miembros del Comité de Supervisión Auxiliar, dentro de los 15 días hábiles posteriores a su designación.

El Comité Técnico dará a conocer anualmente a la Comisión, durante el mes de mayo, los resultados de las gestiones que lleven a cabo en cumplimiento de lo previsto por el Artículo 259 de estas disposiciones.

Asimismo, el Comité Técnico deberá obtener la previa opinión de la Comisión, a fin de estar en posibilidad de remover a los miembros del Comité de Supervisión Auxiliar, así como a los miembros de las oficinas regionales.

En caso de renuncia de los Miembros del Comité de Supervisión Auxiliar, el Comité Técnico deberá notificarlo a la Comisión dentro de los 15 días hábiles posteriores a que estos ocurran.

Artículo 262.- El Comité Técnico deberá designar al gerente general como el responsable de la integración de los expedientes a que se refiere el presente capítulo, así como de implementar los mecanismos de comunicación permanente y de proporcionar la información a que el mismo capítulo alude.

Artículo 263.- En todo caso, la Comisión podrá solicitar al Comité Técnico la información que juzgue conveniente relativa a los expedientes a que hace referencia el Artículo 258 de estas disposiciones.

TITULO SEPTIMO

DEL COMITE DE PROTECCION AL AHORRO COOPERATIVO

Capítulo I

Del cálculo de las aportaciones y régimen de inversión

Artículo 264.- Las cuotas mensuales que deberán cubrir las Sociedades se determinarán tomando en consideración el riesgo a que se encuentren expuestas, con base en el Nivel de Capitalización y en los pasivos totales, de cada Sociedad.

Dichas cuotas serán de entre 1 y 3 al millar anual sobre los saldos al último día del mes de sus depósitos de dinero a que se refiere el inciso a) de la fracción I del Artículo 19 de la Ley, del mes de que se trate.

Artículo 265.- Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 264 de las presentes disposiciones, las Sociedades deberán observar lo siguiente:

I.        Se determinará el importe total de los depósitos que mantengan al cierre del último día del mes, tomando en consideración el saldo total de las cuentas de depósitos de exigibilidad inmediata y depósitos a plazo.

II.       Tratándose de depósitos denominados en UDIS, se considerará el valor de dicha unidad de inversión al cierre del día correspondiente.

Artículo 266.- El Comité de Protección al Ahorro Cooperativo, de conformidad con lo previsto en el presente capítulo y en función del saldo al último día del mes de los depósitos de dinero que las Sociedades reporten al propio Comité, efectuará los cálculos para la determinación de las cuotas correspondientes al mes de que se trate.

Artículo 267.- El Comité de Protección al Ahorro Cooperativo deberá informar a las Sociedades el importe de las cuotas que les correspondan cubrir al Fondo de Protección, a más tardar el décimo día hábil del mes inmediato siguiente a aquel respecto del cual deba efectuarse el pago.

La Sociedad deberá cubrir al Fondo de Protección el importe mensual de la cuota correspondiente, el primer día hábil del segundo mes siguiente a aquel respecto del cual deba efectuarse el pago, en los términos previstos por el Fondo de Protección.

En caso de que el Comité de Protección al Ahorro Cooperativo no informe a la Sociedad el importe de la cuota a cubrir dentro del plazo señalado en el primer párrafo del presente artículo, la Sociedad deberá pagar a más tardar el último día hábil del mes inmediato siguiente a aquel respecto del cual debe efectuarse el pago, la misma cantidad pagada con respecto al mes inmediato anterior.

No obstante lo anterior, una vez que el Comité de Protección al Ahorro Cooperativo informe a las Sociedades la cuota a cubrir respecto del periodo que corresponda, estas deberán, en su caso, efectuar el ajuste o compensación correspondiente para la aportación siguiente.

Artículo 268.- El pago de las cuotas deberá realizarse mediante abono o transferencia de recursos a la cuenta del Fondo de Protección que lleve alguna institución de banca de desarrollo. La Sociedad deberá enviar al Comité de Protección al Ahorro Cooperativo copia del comprobante respectivo.

Artículo 269.- Los recursos que integran el Fondo de Protección, deberán invertirse en Valores Gubernamentales de amplia liquidez o en títulos representativos del capital social de sociedades de inversión en Instrumentos de Deuda, de conformidad con lo siguiente:

I.        Deberá invertirse por lo menos el 30 por ciento y hasta el 100 por ciento, directamente en Valores Gubernamentales, o bien, indirectamente en dichos valores a través de sociedades de inversión que inviertan exclusivamente en instrumentos emitidos por el Gobierno Federal.

II.       Podrá invertirse hasta el 70 por ciento, en títulos representativos del capital social de sociedades de inversión en Instrumentos de Deuda, distintas a las que se señalan en la fracción I de este artículo, que cuenten con calificación de Grado de Inversión AAA conforme al Anexo J de las presentes disposiciones y, cuya duración promedio de su portafolio de inversiones o cartera de valores no sea mayor a 3 años.

III.      Podrá invertirse hasta un 30 por ciento, en títulos representativos del capital social de sociedades de inversión en Instrumentos de Deuda, distintas a las que se señalan en la fracción I de este artículo, que cuenten con calificación de Grado de Inversión AA conforme al Anexo J de las presentes disposiciones y, cuya duración promedio de su portafolio de inversiones o cartera de valores no sea mayor a 3 años.

Para efectos de liquidez, el Fondo de Protección deberá invertir cuando menos un 25 por ciento de su activo total en valores que puedan ser enajenados y liquidados en un plazo máximo de 60 días.

Artículo 270.- El Comité de Protección al Ahorro Cooperativo, apegándose al régimen de inversión previsto en el presente capítulo, determinará las políticas y estrategias de inversión de los recursos del Fondo de Protección, así como los instrumentos y títulos que serán adquiridos y vendidos, debiendo levantarse al efecto un acta pormenorizada en cuanto a los acuerdos y justificaciones de dicho Comité, así como las variantes respecto de los acuerdos tomados con anterioridad.

El Comité de Protección al Ahorro Cooperativo deberá informar al presidente del Consejo de Administración de las Sociedades interesadas, sobre las resoluciones acordadas conforme a lo señalado en el párrafo anterior, enviándoles copia del acta respectiva. En todo momento, el Comité de Protección al Ahorro Cooperativo deberá mantener dichas actas a disposición del Consejo de Administración de las Sociedades señaladas.

Capítulo II

Del pago de obligaciones garantizadas

Artículo 271.- El Fondo de Protección tendrá como fin primordial procurar cubrir los depósitos de dinero de los Socios ahorradores, considerando el monto del principal y accesorios, hasta por una cantidad equivalente a 25,000 UDIS por Socio, cualquiera que sea el número y clase de depósitos a su favor y a cargo de una misma Sociedad, de conformidad con lo que establece la Ley.

Artículo 272.- Para determinar el monto a pagar a cada persona por Sociedad, se calculará en UDIS el monto de las obligaciones objeto de protección, con base en el saldo del principal y accesorios que tengan las referidas obligaciones en la fecha en que se hubiere declarado la disolución y liquidación de la Sociedad, o decretado su concurso mercantil. Para efectos de lo anterior, las obligaciones a plazo se considerarán vencidas con los intereses acumulados a dicha fecha.

El valor de la UDI que se tomará en cuenta para realizar el cálculo del monto a pagar a cada persona, será el que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, en la fecha en que se cubra el pago correspondiente.

En caso de que los recursos resultaran insuficientes para el pago de las obligaciones objeto de protección, el Comité de Protección al Ahorro Cooperativo determinará el monto a pagar a cada persona prorrateando el monto de los recursos existentes en el Fondo de Protección a la fecha en que se hubiere declarado la disolución y liquidación de la Sociedad, o decretado su concurso mercantil.

Para determinar el monto a pagar a cada persona por Sociedad, se dividirá el monto de las obligaciones objeto de protección a favor de cada persona entre el monto total de las obligaciones a cargo de la Sociedad; el resultado de la operación anterior se multiplicará por el monto de los recursos existentes.

Artículo 273.- Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 271 de las presentes disposiciones, en el supuesto de que una persona tenga más de una Cuenta Colectiva o una Cuenta Individual en una misma Sociedad, el Comité de Protección al Ahorro Cooperativo sumará todos los saldos a favor de dicha persona derivados de cada una de las Cuentas Colectivas y Cuentas Individuales en las que sea Cotitular o titular, para efectos de lo dispuesto en el Artículo 61 de la Ley.

Artículo 274.- El Comité de Protección al Ahorro Cooperativo determinará el monto que corresponde a cada uno de los Cotitulares de una Cuenta Mancomunada, conforme al procedimiento siguiente:

I.        Dividirá el monto total de la Cuenta Mancomunada, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los Cotitulares en la documentación que ampare la operación de que se trate.

II.       En el supuesto de que no se haya establecido un porcentaje según se señala en la fracción inmediata anterior, se dividirá el monto total de la Cuenta Mancomunada en tantas partes iguales como Cotitulares existan.

Artículo 275.- Tratándose de Cuentas Solidarias, cada uno de los Cotitulares podrá solicitar en lo individual el pago de la totalidad del saldo que resulte en la cuenta en la que participe como Cotitular solidario, con base en el saldo del principal y accesorios a la fecha en que se hubiere declarado la disolución y liquidación de la Sociedad, o decretado su concurso mercantil, descontando de dicha cantidad, el monto total de los créditos insolutos que, en su caso, el solicitante tenga con la Sociedad de que se trate.

El pago de las Cuentas Solidarias se sujetará a lo siguiente:

I.        El pago hecho a uno de los Cotitulares solidarios, extingue totalmente la deuda.

II.       Salvo convenio en contrario entre los Cotitulares, el Fondo de Protección se libera de su obligación, pagando al Cotitular que haya presentado en primer lugar su solicitud, en términos de lo previsto en el presente capítulo.

III.      De conformidad con lo previsto en el Artículo 61 de la Ley, se descontará al saldo de la Cuenta Solidaria, el saldo de los créditos insolutos con respecto de los cuales sea titular el solicitante.

Tratándose de Cuentas Mancomunadas, lo señalado en la fracción III anterior, será igualmente aplicable respecto de cada Cotitular.

Artículo 276.- Para recibir el pago en el plazo mencionado en el Artículo 285 de las presentes disposiciones, los ahorradores deberán presentar, en forma individual, dentro de los 180 días siguientes a la fecha en que se haga pública la resolución relativa a la disolución y liquidación o concurso mercantil de la Sociedad, de conformidad con las leyes aplicables, una solicitud de pago que se apegue a lo previsto en el presente capítulo.

Artículo 277.- El Comité de Protección al Ahorro Cooperativo deberá informar a los ahorradores, mediante avisos colocados en un lugar visible de las sucursales o ventanillas de atención de la Sociedad declarada en disolución y liquidación o de la que se hubiese decretado su concurso mercantil, los horarios en que las sucursales de dicha Sociedad mantendrán sus puertas abiertas para efectos de la recepción de la solicitud de pago a que se refiere el Artículo 279 de las presentes disposiciones. Asimismo, podrá habilitar locales distintos a los señalados para fines de recepción de las solicitudes mencionadas, en cuyo caso, también deberá colocar los avisos correspondientes.

Artículo 278.- Los funcionarios de las sucursales de la Sociedad de que se trate, recibirán y validarán en primera instancia la solicitud de pago, le asignarán un número de folio y expedirán al Interesado un acuse de recibo el cual deberá incluir la fecha y hora de presentación de la solicitud respectiva.

Artículo 279.- La solicitud de pago deberá presentarse en cualquiera de las sucursales que permanezcan abiertas de la Sociedad declarada en disolución y liquidación o de la que se hubiese decretado su concurso mercantil, o bien, de las oficinas determinadas para tal fin, detallando los aspectos siguientes:

I.        Nombre del titular o titulares de la cuenta o cuentas, ya sea Cuentas Individuales o Cuentas Colectivas, que se mantengan en la Sociedad de la que se hubiere hecho pública la resolución relativa a la disolución y liquidación o concurso mercantil.

II.       Domicilio y, en su caso, número telefónico en el que se pueda localizar al Interesado.

III.      Número de la cuenta o Cuentas Individuales o Cuentas Colectivas en que participe el Interesado.

IV.     Monto estimado de los depósitos conforme al último estado de cuenta recibido, incluyendo los intereses devengados, a la fecha en que se hubiere hecho pública la resolución relativa a la disolución y liquidación o concurso mercantil de la Sociedad de que se trate y, en su caso, los créditos que se tengan con dicha Sociedad. Lo anterior, sin perjuicio de la información con que cuente esta última.

V.      Forma en que se desea recibir el pago, de conformidad con lo previsto en el Artículo 286 de las presentes disposiciones.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, las Sociedades deberán dar aviso tanto al Comité de Protección al Ahorro Cooperativo como a la Comisión, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la declaración de disolución y liquidación o concurso mercantil, según corresponda, la ubicación de las sucursales que permanecerán abiertas al público u oficinas en las que se dará atención a los Socios. En todo caso, deberá haber por lo menos una sucursal u oficina en cada plaza en la que la Sociedad hubiere operado. Asimismo, en las sucursales abiertas se deberá informar al público a través de carteles, la ubicación del resto de sucursales abiertas u oficinas.

El Comité de Protección al Ahorro Cooperativo elaborará los formatos en donde se solicite la información anterior, mismos que deberán ser enviados por correo al domicilio que aparezca en el estado de cuenta del titular o titulares de la operación y que deberán tenerse a disposición de los Interesados en las sucursales de la Sociedad.

Asimismo, deberá acompañarse copia de los contratos, estados de cuenta, títulos de crédito u otros justificantes de las operaciones a que se refiere el Artículo 271 de estas disposiciones, así como copia de una identificación que acredite su personalidad o el carácter con el que comparece a solicitar el pago, la cual podrá ser alguna de las siguientes: la credencial para votar, el pasaporte, la cédula profesional, la cartilla del servicio militar nacional, el certificado de matrícula consular, la tarjeta única de identidad militar, la tarjeta de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, las credenciales y carnets expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la licencia para conducir, las credenciales emitidas por autoridades federales, estatales y municipales y las demás identificaciones que, en su caso, apruebe la Comisión.. En caso de no contar con alguno de los documentos de identificación antes mencionados, deberá presentarse con su acta de nacimiento, acompañado por dos testigos que cuenten con alguna de las identificaciones anteriores.

En el caso de socios personas morales, deberá presentarse copia certificada de la escritura pública de la sociedad.

Artículo 280.- En la solicitud de pago el Interesado deberá indicar todas aquellas operaciones celebradas con la Sociedad por virtud de las cuales resulte acreedor de la misma y que se consideren obligaciones objeto de protección en términos del Artículo 271 de las presentes disposiciones. En este sentido, cada Interesado deberá presentar en una misma solicitud la reclamación de pago respecto del monto total de las obligaciones objeto de protección a su favor, considerando los saldos tanto de las Cuentas Individuales como de las Cuentas Colectivas, en la parte que le corresponda en términos de lo dispuesto en el presente capítulo.

Respecto de las Cuentas Mancomunadas, cada Cotitular deberá solicitar de manera individual el monto que le corresponde o bien, el monto total de la operación, en caso de ser representante común de los ahorradores mancomunados; lo anterior, deberá preverse en los contratos correspondientes. Tratándose de Cuentas Solidarias, se estará a lo previsto en el Artículo 275 de las presentes disposiciones.

Artículo 281.- La Sociedad tomará como referencia los documentos que en su caso se presenten en términos del Artículo 279 de las presentes disposiciones, para efectos de comprobar que se trata de una Cuenta Colectiva y determinar el monto correspondiente a cada uno de los Cotitulares de la misma.

En caso de existir alguna discrepancia entre los documentos presentados y aquellos con que cuente la Sociedad, a estos últimos se les considerará como vigentes y aplicables para efectos del pago de las obligaciones objeto de protección, salvo que los Cotitulares acrediten fehacientemente, haber notificado a la Sociedad y presentado pruebas suficientes, en tiempo y forma, de alguna situación diferente a la contenida en los documentos con que cuenta la Sociedad, siempre y cuando dicha notificación y la presentación de las pruebas correspondientes hubieren sido realizadas con anterioridad a la fecha en que se haga pública la resolución relativa a la declaración de disolución y liquidación o concurso mercantil de la Sociedad.

Artículo 282.- En el caso de que el trámite de solicitud de pago de las obligaciones objeto de protección se realice a través de representantes, los titulares deberán otorgar el poder que se requiera conforme a la legislación aplicable, de acuerdo con lo siguiente:

I.        Podrá otorgarse en escrito privado firmado ante dos testigos, sin que sea necesaria la previa ratificación de las firmas, cuando el monto de las operaciones que se reclamen como obligaciones objeto de protección no exceda de 500 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de otorgarse, debiendo acompañar dicho escrito con la copia fotostática de una identificación oficial del otorgante, los testigos y del apoderado, o bien, escritura pública o en carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y los testigos ante fedatario público, ante la autoridad judicial o administrativa, según corresponda, cuando el monto de las obligaciones objeto de protección que se reclamen sea igual o superior al equivalente a 500 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de otorgarse.

II.       Tratándose de poderes otorgados en el extranjero o cualesquiera otros distintos a los señalados en la fracción anterior, se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable.

Sin perjuicio de lo anterior, los titulares podrán designar al momento de la celebración del contrato de depósito correspondiente, a la o las personas que podrán representarlos para efectos de lo previsto en este capítulo.

Los Interesados deberán acreditar su identidad de acuerdo con lo que prevé el último párrafo del Artículo 279 de las presentes disposiciones.

Artículo 283.- El Comité de Protección al Ahorro Cooperativo supervisará y validará los cálculos de los montos que la Sociedad haya efectuado, respecto del importe neto de las obligaciones objeto de protección a pagar por cuenta del Fondo de Protección descontando los créditos que se hayan otorgado, así como la procedencia del pago de conformidad con lo establecido en la Ley y en el presente capítulo.

Para efectos de lo anterior, la oficina matriz de la Sociedad deberá remitir al Comité de Protección al Ahorro Cooperativo los cálculos respectivos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud correspondiente.

El Comité de Protección al Ahorro Cooperativo enviará a cada sucursal y oficina matriz de la Sociedad, cuando menos en forma semanal, reportes con la información siguiente:

I.        Relación de las solicitudes que se hayan considerado total o parcialmente procedentes.

II.       Relación de las solicitudes que se hayan considerado improcedentes.

III.      Las fechas en que procederá a efectuar el pago de aquellas solicitudes a que se refiere la fracción I anterior.

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 69 de la Ley en dichas relaciones únicamente se hará referencia al Interesado por el número de folio correspondiente a su solicitud. Tales relaciones deberán ubicarse en un lugar visible en las sucursales de la Sociedad de que se trate, para su consulta por los Interesados.

El Comité de Protección al Ahorro Cooperativo resolverá, de conformidad con lo anterior, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la información correspondiente por parte de la Sociedad, la procedencia de toda solicitud que se presente, por lo que únicamente aquellas solicitudes que se encuentren en revisión no se relacionarán en los reportes antes señalados.

Artículo 284.- En caso de fallecimiento del titular de una Cuenta Individual o de una Cuenta Colectiva, el o los beneficiarios deberán presentar el acta de defunción del titular y la documentación que conforme a la legislación aplicable acredite su carácter de beneficiario. La solicitud de pago deberá presentarse de manera individual por cada uno de los beneficiarios, por el monto que les corresponda en términos de las disposiciones aplicables.

En el supuesto de fallecimiento de uno o más Cotitulares de una Cuenta Mancomunada, el Comité de Protección al Ahorro Cooperativo dividirá entre sus beneficiarios el monto total que, de acuerdo con el Artículo 274 de las presentes disposiciones, le correspondería al Cotitular que hubiere fallecido, conforme al porcentaje establecido expresamente y por escrito por dicho Cotitular en la documentación que ampare la operación de que se trate.

En las Cuentas Mancomunadas en las que no se hayan designado de manera específica los beneficiarios de cada uno de los Cotitulares de dichas Cuentas, se entenderá que los beneficiarios lo son respecto de la Cuenta Colectiva en general, por lo que en caso de fallecimiento de uno de los Cotitulares, cada beneficiario podrá solicitar de manera individual el pago de la parte que le corresponda de conformidad con lo estipulado expresamente en el contrato o, en su defecto, de la parte que resulte de dividir en partes iguales, el monto total que le hubiere correspondido al Cotitular fallecido, entre el número total de beneficiarios.

Tratándose de Cuentas Solidarias, si falleciere alguno de los Cotitulares dejando más de un heredero, cada uno de los coherederos solo tendrá derecho de exigir o recibir la parte del depósito que le corresponda en proporción a su haber hereditario. En este caso, todos los coherederos serán considerados como un solo Cotitular solidario, en relación a los otros Cotitulares de la cuenta.

En caso de no haberse designado beneficiario o beneficiarios, el pago de las obligaciones objeto de protección deberá efectuarse en los términos previstos por la legislación común, observando lo dispuesto por la Ley y por el presente capítulo.

Artículo 285.- La institución de banca de desarrollo que se desempeñe como fiduciaria en términos del contrato constitutivo del Fondo de Protección, deberá realizar el pago dentro de los 45 días naturales siguientes a partir de la fecha en que se haya recibido la información, siempre y cuando la solicitud de pago haya sido presentada dentro del plazo previsto en el Artículo 276 de las presentes disposiciones.

La fiduciaria deberá constituir una reserva hasta por un monto equivalente a la suma de las cantidades que conforme al presente capítulo le hubiere correspondido a aquellas personas que, de conformidad con la documentación, registros y libros de la Sociedad, tengan derecho a reclamar el pago de sus depósitos en términos de este capítulo y que no lo hayan solicitado.

La fiduciaria deberá mantener dicha reserva por un plazo de hasta 3 años, contado a partir de la fecha en que hubiere vencido el plazo previsto en el Artículo 276 de las presentes disposiciones. Durante este periodo podrá solicitarse el pago de los depósitos, sujeto al procedimiento que en esta regulación se establece, considerando además los rendimientos que se hubieren generado desde el día en que se constituyó la reserva, hasta la fecha en que efectivamente se efectúe el pago del principal e intereses que se hubieran generado por la inversión de la reserva.

Al vencimiento del plazo de 3 años previsto en este artículo, la fiduciaria deberá aplicar los recursos remanentes de la reserva a la cuenta de seguro de depósitos, observando al efecto los criterios de contabilidad aplicables a dicha institución fiduciaria.

Artículo 286.- La institución de banca de desarrollo fiduciaria, efectuará el pago de las obligaciones objeto de protección mediante cheque nominativo, transferencia electrónica a una cuenta que mantenga el ahorrador en una entidad financiera, o bien, en efectivo, según lo haya estipulado el propio Interesado en su solicitud.

El Interesado, previa acreditación de identidad, podrá recibir el pago que le corresponda conforme al presente capítulo mediante el cheque o el efectivo respectivo y el comprobante de la transferencia, en la sucursal de la Sociedad en donde se hubiere presentado la solicitud, así como el estado de cuenta que ampare el cálculo del importe pagado por la institución de banca de desarrollo fiduciaria.

Artículo 287.- Por el solo pago de las obligaciones objeto de protección, la institución de banca de desarrollo fiduciaria del Fondo de Protección se subrogará en los derechos de cobro, en la liquidación o concurso mercantil de la Sociedad, con los privilegios correspondientes a las personas a las que se hubiere efectuado dicho pago, hasta por el monto cubierto, siendo suficiente comprobante el documento en que conste el pago referido.

Artículo 288.- El monto excedente de las obligaciones objeto de protección que no hubiese sido cubierto por el Fondo de Protección, podrá ser reclamado por las personas a las que se efectuó el pago de dichas obligaciones, directamente a la Sociedad de que se trate conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

Artículo 289.- Si alguna persona no está de acuerdo en recibir del Fondo de Protección el monto correspondiente a las obligaciones objeto de protección a su favor, calculado conforme a lo dispuesto por la Ley y el presente capítulo, o bien, si no presenta su solicitud en el plazo previsto por los Artículos 276 y 284 de las presentes disposiciones, podrá reclamar la cantidad relativa a la totalidad de dichas obligaciones directamente a la Sociedad, de acuerdo con el contrato o título respectivo, así como en términos de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

Artículo 290.- Los límites y condiciones para efectuar el pago de los depósitos de dinero a cargo de las Sociedades, así como la forma y términos en que se cubrirán las cantidades que correspondan a cada ahorrador a que se refiere el presente capítulo, deberán ser previstas en los contratos de depósito que las Sociedades celebren con sus Socios.

Capítulo III

De los requisitos de los miembros del Comité de Protección al Ahorro Cooperativo

Artículo 291.- El Comité Técnico deberá evaluar y verificar en forma previa a la designación de los miembros del Comité de Protección al Ahorro Cooperativo, que cumplan con los requisitos establecidos por la Ley, para lo cual deberá requerirles la información y documentación siguiente:

I.        Sus datos generales y, en su caso, de su cónyuge e hijos en los que se incluya la información relativa a su identidad, domicilio, acta de nacimiento, estado civil, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Unica de Registro de Población, nacionalidad o calidad migratoria. En todo momento, la información deberá estar sustentada en documentos emitidos por autoridad competente, salvo el caso de domicilio, donde bastará cualquier instrumento que así lo acredite.

II.       Reporte emitido por una Sociedad de Información Crediticia que contenga antecedentes de por lo menos 5 años anteriores a la fecha en que se pretenda inicie el ejercicio del cargo, o del periodo que comprenda la información con la que, en su caso, cuente la Sociedad de Información Crediticia de que se trate, y cuya fecha de emisión no exceda de 180 días naturales con relación a la fecha de presentación del mismo ante el Comité Técnico.

III.      Tres referencias personales expedidas por personas físicas o morales que los recomienden por su honorabilidad, expresando los datos necesarios a fin de corroborar dichas referencias y tener por acreditado el presente requisito.

Las citadas referencias deberán ser emitidas por personas con las que el interesado haya tenido relaciones laborales o comerciales, sin que en ningún caso las puedan expedir el cónyuge o las personas que tengan parentesco por consanguinidad hasta el segundo grado, afinidad hasta el primer grado o civil con dicha persona.

IV.     Copia del título o cédula profesional.

V.      Cartas de recomendación expedidas por personas morales en las que la persona haya prestado servicios profesionales cuyo desempeño requiera conocimientos y experiencia en materia financiera y administrativa, durante un mínimo de 3 años, siendo dicho plazo anterior a la fecha de su presentación ante el Comité Técnico.

VI.     Declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad, en la que manifiesten lo siguiente:

a)    No haber sido condenados por sentencia irrevocable por delito intencional que les imponga pena por más de un año de prisión y, tratándose de delitos patrimoniales cometidos intencionalmente, cualquiera que haya sido la pena.

b)    No tener litigio pendiente con alguna Sociedad o con el Fondo de Protección.

c)     No estar sujeto a concurso o declarado en quiebra, o encontrarse inhabilitado para ejercer el comercio, o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el sector público Federal, Estatal o Municipal, así como en el sistema financiero mexicano.

d)    No ser funcionario de las dependencias gubernamentales encargadas de la supervisión y vigilancia de las Sociedades, o realizar funciones de regulación, inspección o vigilancia de las Sociedades o del Fondo de Protección; ni que su cónyuge, concubina o concubinario o sus parientes por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, realicen dichas funciones.

e)    No desempeñar un cargo público de elección popular o dirigencia partidista o sindical.

f)     No presentar un conflicto de interés en su desempeño como miembros del Comité de Protección al Ahorro Cooperativo, por sus relaciones patrimoniales o de responsabilidad respecto de la Sociedades y el propio Fondo de Protección.

g)    No mantener nexos patrimoniales, de responsabilidad o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o civil con algún miembro del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia o con el Director o Gerente General de alguna Sociedad o con el gerente general o miembros del Comité Técnico.

        En caso de que la persona designada sí mantenga los nexos patrimoniales a los que se refiere este inciso, deberá manifestarlo especificando el nombre de la persona y el tipo de nexo patrimonial que mantiene con esta última.

h)    Que la documentación e información presentada es verídica y auténtica.

Artículo 292.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 291 de las presentes disposiciones, el Comité Técnico establecerá políticas que les permitan evaluar el reporte o historial crediticio de las personas previsto en la fracción II de dicho artículo, basados en la información que obtengan de las Sociedades de Información Crediticia. Al efecto, dichas políticas tomarán en cuenta, cuando menos:

I.        Criterios para valorar el contenido de los informes proporcionados por las Sociedades de Información Crediticia, que permitan calificar el perfil crediticio del candidato, en el evento de que cuenten con adeudos vencidos u otro tipo de antecedentes crediticios que reflejen la generación de quebrantos a terceros o exista evidencia de conductas abusivas en la reestructuración de créditos.

II.       La información adicional que se requeriría a las personas que se ubiquen en los casos previstos en la fracción anterior.

III.      Los supuestos en los que procedería o no designar a las personas que se ubiquen en las situaciones previstas en la fracción I anterior.

Artículo 293.- El Comité Técnico deberá integrar por cada miembro del Comité de Protección al Ahorro Cooperativo, un expediente que contendrá la documentación e información a que se refiere el Artículo 291 de las presentes disposiciones.

Artículo 294.- El Comité Técnico deberá establecer mecanismos de comunicación permanente que le permita verificar en forma continua, el cumplimiento de los requisitos, así como la inexistencia de impedimentos para que los miembros del Comité de Protección al Ahorro Cooperativo puedan continuar en el desempeño de sus funciones.

Artículo 295.- El Comité Técnico deberá informar a la Vicepresidencia Jurídica y a la vicepresidencia encargada de su supervisión de la Comisión, los nombramientos de los miembros del Comité de Protección al Ahorro Cooperativo, dentro de los 15 días hábiles posteriores a su designación, manifestando expresamente que los mismos cumplen con los requisitos establecidos por el presente capítulo, acompañando en sobre cerrado el formato que conforma el Anexo K de las presentes disposiciones.

El Comité Técnico dará a conocer anualmente a la Comisión, durante el mes de mayo, los resultados de las gestiones que lleven a cabo en cumplimiento de lo previsto por el Artículo 294 de estas disposiciones.

En caso de renuncia, remoción o destitución de los miembros del Comité de Protección al Ahorro Cooperativo, el Comité Técnico deberá notificar a la Comisión dichos eventos, así como el motivo de los mismos, dentro de los 15 días hábiles posteriores a que estos ocurran.

Artículo 296.- El Comité Técnico deberá designar al gerente general como el responsable de la integración de los expedientes a que se refiere el presente capítulo, así como de implementar los mecanismos de comunicación permanente y de proporcionar la información a que el mismo capítulo alude.

Artículo 297.- En todo caso, la Comisión podrá solicitar al Comité Técnico la información que juzgue conveniente relativa a los expedientes a que hace referencia el Artículo 293 de estas disposiciones.

TITULO OCTAVO

DEL ENVIO DE INFORMACION

Capítulo I

Del Registro de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Artículo 298.- El Fondo de Protección, a través del Comité de Supervisión Auxiliar, deberá notificar a la Comisión de la incorporación de alguna Sociedad en el Registro dentro del mes siguiente a aquel en que se haya llevado a cabo la incorporación. Esta notificación deberá realizarse conforme a la información prevista en la Sección I del Anexo L y podrá realizarse agrupando la información de más de una Sociedad y con el apoyo de archivos electrónicos.

Artículo 299.- El Comité de Supervisión Auxiliar deberá incluir dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de inscripción al Registro por parte de cada Sociedad, al menos la información que se señala en el Anexo L.

Artículo 300.- El Comité de Supervisión Auxiliar deberá establecer los mecanismos necesarios a fin de estar en posibilidad de realizar las actualizaciones y adecuaciones que correspondan en el caso de existir modificaciones en la información de las Sociedades que integran el Registro que no conste en los estados financieros periódicos que se presenten al Comité de Supervisión Auxiliar y, en su caso, a la Comisión, considerando al menos la actualización de los datos a que hace referencia el Anexo L. La actualización de datos del Registro que se menciona, deberá incorporarse al menos dentro del semestre siguiente a aquel en que el Comité de Supervisión Auxiliar haya tomado conocimiento.

Artículo 301.- La información del Registro que el Comité de Supervisión Auxiliar deberá hacer pública mediante la red mundial denominada “Internet”, deberá contener respecto de cada una de las Sociedades que integren dicho Registro, al menos la información siguiente:

 

Capítulo II

De los Reportes Regulatorios que deberá presentar el Fondo de Protección a la Comisión

Artículo 302.- El Fondo de Protección deberá proporcionar a la Comisión la información a que se refiere el presente capítulo, utilizando los formularios del Anexo M que se adjuntan a las presentes disposiciones, los cuales se encuentran divididos en la serie y tipos de reportes que se indican a continuación:

Serie R31 Información del Fondo de Protección.

A – 3111      Situación Financiera del Fondo de Protección.

B – 3112      Desagregado de las Aportaciones de Cuotas al Fondo de Protección para cuenta de Seguro de Depósitos.

C – 3113      Desagregado de Aportaciones de Cuotas al Fondo de Protección por Supervisión Auxiliar.

D – 3114      Desagregado de Apoyos del Fondo de Protección a Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

E – 3115      Desagregado de Inversiones en Valores de la cuenta de Seguro de Depósitos

F – 3116      Desagregado de las Visitas Realizadas.

G - 3117       Desagregado de Clasificación de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo por Categoría de Capitalización.

H - 3118       Desagregado de Requerimientos de Notificación de Registro.

Artículo 303.- El Fondo de Protección proporcionará mensualmente a la Comisión la información a que se refieren los reportes A – 3111, B – 3112, C – 3113, D – 3114, E – 3115 y F – 3116 de la Serie R31; a más tardar el último día del mes inmediato siguiente al que corresponda. Asimismo, el Fondo de Protección deberá proporcionar a la Comisión la información a que se refiere el reporte G – 3117 de la Serie R31 dentro de los 5 días naturales del último día del mes inmediato siguiente al que correspondan.

Artículo 304.- El Fondo de Protección entregará semestralmente a la Comisión la información a que se refiere el reporte H – 3118 de la Series R31 con cifras a los meses de  junio y diciembre, a más tardar el último día del mes inmediato siguiente al de su fecha.

Artículo 305.- El Fondo de Protección deberá enviar a la Comisión la información que se menciona en el presente capítulo, mediante su transmisión vía electrónica utilizando el SITI.

La información deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne todas las características requeridas, en virtud de lo cual no podrá ser modificada, debiendo generar el SITI un acuse de recibo electrónico.

Una vez recibida la información será revisada y de no reunir la calidad y características exigibles o ser presentada de forma incompleta, se considerará como no cumplida la obligación de su presentación y, en consecuencia, se procederá a la imposición de las sanciones correspondientes de conformidad con las disposiciones legales que resulten aplicables.

El Fondo de Protección deberá notificar por escrito a la unidad administrativa denominada Dirección General Adjunta de Diseño y Recepción de Información o a la unidad administrativa homóloga facultada para tales efectos, de la Comisión, el nombre de la persona responsable de proporcionar la información, así como de resultar procedente, la relativa a la persona responsable por reporte o reportes, a que se refiere el presente capítulo, en la forma que como modelo se adjunta como Anexo N. Las designaciones deberán recaer en funcionarios que se encuentren dentro de las dos jerarquías inferiores a la del Gerente General, Presidente del Comité de Supervisión Auxiliar o del Presidente Comité de Protección al Ahorro Cooperativo, que tengan a su cargo la responsabilidad del manejo de la información. Asimismo, podrán designar como responsables a más de una persona, en función del tipo de información de que se trate.

En caso de renuncia, remoción o destitución de los funcionarios responsables del Fondo de Protección, deberán notificar a la Comisión su sustitución en los términos del párrafo anterior, dentro de los 3 días hábiles posteriores a que esta ocurra.

Artículo 306.- Sin perjuicio de la obligación de realizar el envío conforme a lo señalado en el Artículo 303 de las presentes disposiciones, la situación financiera del Fondo de Protección a que se refiere el reporte A – 3111 de la Serie R31 deberán remitirse en pesos, con cifras a los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, dentro del mes inmediato siguiente al de su fecha. La situación financiera  deberá entregarse en forma impresa debidamente suscrita al menos por el gerente general y el Contralor Normativo del Fondo de Protección, al Director General Adjunto de Diseño y Recepción de Información o a la unidad administrativa homóloga facultada para tales efectos de la Comisión.

Capítulo III

De los Reportes Regulatorios que deberán presentar las Sociedades a la Comisión y al Comité de Supervisión Auxiliar

Artículo 307.- Las Sociedades deberán proporcionar a la Comisión y al Comité de Supervisión Auxiliar su información financiera, utilizando los formularios que se adjuntan como Anexo Ñ a las presentes disposiciones, los cuales se encuentran divididos en las series y tipos de reportes que se indican a continuación:

Serie R01       Catálogo mínimo.

A 0111             Catálogo mínimo.

Serie R03       Inversiones en valores.

I 0391              Desagregado de Títulos en Inversiones en Valores y Reporto.

Serie R04       Cartera de crédito.

A 0417             Calificación de la cartera de crédito y estimación preventiva para riesgos crediticios.

C 0451            Desagregado de créditos para el consumo, la vivienda y comerciales.

C 0453            Desagregado de Cartera de Crédito Castigada.

Serie R08       Captación.

A 0811             Desagregado de Captación tradicional de préstamos bancarios y de otros organismos.

Serie R20       Indicadores.

A 2011             Desagregado del Coeficiente de liquidez.

Serie R21       Capitalización.

A 2112             Desagregado de Requerimientos de capital por riesgos.

Serie R30       Inclusión financiera.

A 3011             Desagregado de Inclusión Financiera.

(Continúa en la Tercera Sección)